La noticia ha caído como una bomba en los cimientos de la gestión sanitaria, aunque para quienes observamos de cerca el modelo de colaboración público-privada, es solo la confirmación de una sospecha latente: cuando la salud entra en el mercado, el paciente se convierte en un estorbo para el beneficio económico.
Una denuncia interna de directivos del Hospital de Torrejón ha puesto al descubierto las tripas del grupo Ribera Salud. Según correos y audios filtrados, la orden desde la cúpula era meridiana: rentabilidad por encima de la clínica.
No hablamos de optimizar recursos, hablamos de prácticas que hielan la sangre:
- Selección de pacientes: Priorizar cirugías sencillas y "rentables" mientras se postergan o derivan los casos complejos y costosos.
- Reutilización extrema: Se denuncia el plan para reutilizar catéteres de un solo uso hasta en diez ocasiones. Un ahorro de céntimos a cambio de un riesgo incalculable de infección.
- Triaje económico: Atender consultas para cumplir la estadística, pero evitar las cirugías que "no encajan" en el presupuesto.
El modelo del PP en la Comunidad de Madrid se basa en un canon: la administración paga 581€ por habitante. Para una empresa con ánimo de lucro como Ribera Salud (propiedad del gigante francés Vivalto Santé), ese dinero no es un presupuesto para curar, es un margen de negocio.
Si tu tratamiento cuesta más de esa cifra, ya no eres un paciente, eres un pasivo financiero. La solución no es curarte mejor, sino gastar menos en ti o derivarte a otros centros. Es la salud convertida en una mercancía de saldo.
Lo más alarmante es la respuesta política. Ante pruebas de directivos admitiendo que se "atenderán consultas pero no se harán cirugías", la administración responde con auditorías que dicen que "todo está en orden".
Esta situación guarda una relación directa con la deshumanización por protocolo que ya denunciamos en 7291: Juramentos falsos, muertes ciertas. En ambos casos, vemos cómo criterios de rentabilidad o "recuperabilidad" se imponen sobre el derecho a la vida.
Este caso no es una anécdota, es el síntoma de una salud maltrecha por la ideología. Cuando se defiende que "la gestión privada es más eficiente", hay que preguntar: ¿eficiente para quién?
Para el accionista, desde luego. Para el paciente que espera una operación que no llega porque "no es rentable", es una condena. La salud tenía un precio, y ya sabemos quién está pagando la factura con su propia integridad.
¿Es este el modelo de excelencia que nos prometieron o estamos ante el desmantelamiento ético de nuestra sanidad?
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