Las familias, los negocios y esa curiosa costumbre de exigir a los demás lo que no siempre se exige a los propios.
En el Partido Popular quizá deberían empezar a hablar menos de estrategia y un poco más de daños colaterales.
Durante más de dos años, la actividad profesional de Begoña Gómez ha ocupado buena parte del discurso de la oposición. Su situación judicial merece, naturalmente, ser investigada y resuelta con todas las garantías. Pero una cosa es exigir responsabilidades por hechos acreditados y otra convertir cualquier circunstancia personal o familiar en munición política.
Miguel Tellado llegó a afirmar, en junio de 2024, que nada de lo que había hecho Begoña Gómez habría sido posible sin la colaboración de su marido. Una afirmación política de enorme alcance que trasladaba al presidente del Gobierno una responsabilidad que debía probarse, no darse por supuesta.
Y aquí comienza lo interesante.
Porque cuando se establece que la actividad de una persona permite cuestionar políticamente a su pareja, conviene pensar muy bien hasta dónde puede conducir semejante criterio.
Sobre todo cuando uno también tiene pareja.
Una empresaria que no necesita presentación
Eva Cárdenas, compañera de Alberto Núñez Feijóo, no es una desconocida en el mundo empresarial gallego.
Mucho antes de que su relación sentimental adquiriera notoriedad pública, ya había desarrollado una importante carrera profesional. Trabajó en multinacionales como L'Oréal y ocupó la dirección de Zara Home desde su creación en 2003 hasta 2018.
No estamos, por tanto, ante alguien que haya descubierto los negocios de repente ni cuya trayectoria profesional pueda explicarse únicamente por su relación con un político.
Reconocerlo es una cuestión de rigor.
Ahora bien, tampoco significa que sus negocios deban permanecer fuera de cualquier examen público cuando existen circunstancias que puedan afectar al interés general.
Tras abandonar Inditex, Eva Cárdenas constituyó en marzo de 2019 la sociedad inmobiliaria Niebla Azul, dedicada principalmente a la explotación y comercialización de inmuebles.
La empresa nació con un capital social de 3.000 euros y ese mismo año realizó ampliaciones hasta alcanzar los 778.000 euros.
Conviene aclarar que esas ampliaciones no equivalen a beneficios obtenidos: representan capital aportado a la sociedad.
Según las cuentas de 2025 recogidas por Economía Digital, la empresa dispone de activos por valor de 4,21 millones de euros, un patrimonio neto de 3,75 millones y unos beneficios de 284.401 euros, aproximadamente el doble que en 2024.
Los resultados son positivos, aunque buena parte del incremento de los beneficios procede de ingresos extraordinarios por operaciones con activos inmobiliarios.
¿Hay algo delictivo en esas cifras? No hay fundamento para afirmarlo.
¿Demuestran que Feijóo haya intervenido para favorecer los negocios de su pareja? Tampoco.
Pero sí plantean una pregunta política legítima: ¿con qué criterios debe examinarse la actividad empresarial de las personas vinculadas sentimentalmente a quienes ejercen el poder?
Una pregunta que debería tener la misma respuesta con independencia de quién ocupe la Moncloa o aspire a ocuparla.
La farmacia y las raíces de una fortuna familiar
Hay otro episodio, mucho más antiguo, que merece ser tratado con especial cuidado.
En julio de 2025, el periodista Antonio Maestre publicó en elDiario.es un artículo sobre los orígenes patrimoniales de la familia materna de Eva Cárdenas.
La historia nos lleva a Pontedeume, a la Guerra Civil y a una farmacia cuyo propietario, Antonio Díaz Zamorano, sufrió la represión franquista.
Según la reconstrucción histórica expuesta por Maestre, después del asesinato del farmacéutico y de otros miembros de su entorno familiar, la botica terminó provisionalmente en manos de Santiago Botas Blanco, abuelo materno de Eva Cárdenas, por decisión de las autoridades franquistas.
El periodista remitía a investigaciones locales y a documentación histórica sobre aquellos acontecimientos.
Es una historia que merece atención, especialmente por lo que revela sobre las relaciones entre represión política, propiedad y poder económico durante la dictadura.
Pero también conviene establecer una distinción imprescindible: no está demostrado que aquella farmacia forme parte de los negocios actuales de Eva Cárdenas ni que el patrimonio de Niebla Azul proceda de ella.
Y, desde luego, ninguna persona hereda la responsabilidad moral o penal de los posibles actos de sus antepasados.
Por eso mismo, sería un error utilizar esta historia como una acusación personal contra la empresaria.
Lo que sí invita a recordar es que las fortunas familiares tienen historias, que esas historias pueden investigarse y que la transparencia no debería resultar incómoda únicamente cuando afecta a determinadas familias.
La memoria histórica tampoco puede aplicarse con criterios de conveniencia partidista.
Moaña: cuando lo público llega hasta el jardín
Más reciente y directamente relacionado con el interés general es el conflicto administrativo por la vivienda de Eva Cárdenas en Moaña.
La controversia no gira simplemente alrededor de una propiedad privada, sino del uso de una parcela de dominio público marítimo-terrestre situada entre la vivienda y la playa de O Con.
Cárdenas solicitó una concesión para mantener hasta 2037 el uso de ese terreno. En mayo de 2025, Costas denegó la petición. Posteriormente, la empresaria recurrió esa decisión ante la Audiencia Nacional.
La Xunta, por su parte, defendió la legalidad de la vivienda, construida antes de la Ley de Costas de 1988.
Son cuestiones diferentes: una cosa es la legalidad de la edificación y otra el derecho a utilizar privadamente una porción de dominio público.
Precisamente por eso, la controversia merece explicaciones administrativas claras y una resolución conforme a derecho, sin necesidad de atribuir delitos que no están acreditados.
El asunto permite formular una reflexión sencilla: la playa es de todos, aunque algunos tengan la fortuna de vivir junto a ella.
Y esa condición de bien público no debería cambiar porque el propietario de la vivienda colindante sea una persona anónima, una empresaria conocida o la pareja de un dirigente político.
Montse Mínguez y la responsabilidad por los negocios de la pareja
Y mientras todo esto formaba parte de la actualidad, llegó la dimisión de Montse Mínguez.
El 16 de octubre, la dirigente socialista abandonó sus responsabilidades en la Ejecutiva Federal del PSOE y renunció a encabezar la candidatura por Lleida, después de hacerse públicas las actividades inmobiliarias de su pareja.
Las informaciones hablaban de una treintena de viviendas destinadas al alquiler y de procedimientos de desahucio.
El asunto merecía explicaciones, especialmente por la posición política de Mínguez en defensa del derecho a la vivienda. La coherencia entre lo que se defiende públicamente y las actividades económicas del entorno familiar puede ser objeto legítimo de debate.
El PP no tardó en denunciar esa supuesta incoherencia.
El propio Feijóo afirmó el 17 de octubre que al PSOE le había explotado en las manos su hipocresía en materia de vivienda.
Una metáfora curiosamente apropiada.
Porque su pareja también desarrolla una actividad inmobiliaria, aunque sus circunstancias sean distintas.
No hay motivo para equiparar automáticamente ambos negocios. No se han acreditado en Niebla Azul las mismas prácticas que se atribuyeron a las sociedades de la pareja de Mínguez.
Pero precisamente ahí reside la necesidad de razonar en lugar de limitarse a lanzar acusaciones.
¿Qué debe justificar una exigencia de responsabilidad política? ¿La existencia de un negocio inmobiliario? ¿Sus prácticas concretas? ¿Un conflicto de intereses demostrado? ¿La intervención del cargo público en beneficio de su pareja?
Son preguntas diferentes y sus respuestas también deberían serlo.
La proximidad familiar no puede constituir, por sí sola, una presunción de culpabilidad.
Ni en Ferraz ni en Génova.
La doctrina de Tellado y el problema del espejo
En este escenario aparece Miguel Tellado, uno de los principales portavoces de la ofensiva política contra Begoña Gómez.
Su planteamiento de junio de 2024 atribuía a Sánchez una colaboración necesaria en las actividades investigadas de su esposa.
Pero ¿qué sucedería si alguien aplicara esa misma lógica a los negocios de Eva Cárdenas?
¿Sería legítimo concluir que su trayectoria inmobiliaria se explica necesariamente por la intervención de Feijóo?
No lo sería.
Y esta es, a mi entender, la verdadera cuestión.
No se combate una presunción injusta fabricando otra de signo contrario. Se combate exigiendo hechos, pruebas y responsabilidades individualizadas.
La investigación judicial de Begoña Gómez, respecto de la cual se acordó en septiembre de 2026 la apertura de juicio oral, tiene una dimensión procesal que no existe en los asuntos empresariales aquí examinados de Eva Cárdenas.
Ignorar esa diferencia sería faltar al rigor.
Pero tampoco debería ignorarse otra: la diferencia entre pedir que la justicia investigue unos hechos y aprovechar cualquier oportunidad para extender la sospecha a toda una familia.
Cuando el debate político abandona esa distinción, se convierte en un terreno donde todos pueden acabar atrapados.
Las piedras no desaparecen
Lo verdaderamente preocupante de este episodio no es que ahora se hable de Eva Cárdenas.
Sus negocios, como los de cualquier ciudadano, merecen respeto mientras se desarrollen legalmente. Y cuando existen controversias que afectan a bienes públicos o posibles conflictos de intereses, merecen también las explicaciones correspondientes.
Lo preocupante es que llevemos tanto tiempo acostumbrándonos a utilizar las relaciones familiares como sustituto de las pruebas.
Primero se convierte a la pareja del adversario en objetivo de la confrontación. Después se extiende la sospecha al dirigente político. Finalmente, la mera existencia de una relación personal parece bastar para reclamar responsabilidades.
Hasta que las circunstancias cambian y el mismo procedimiento amenaza con volverse contra quien lo promovió.
No sé si en Génova habrán reparado en esa contradicción.
Quizá Miguel Tellado, tan aficionado a buscar responsabilidades políticas en el entorno familiar de Pedro Sánchez, podría dedicar algún tiempo a explicar dónde sitúa exactamente los límites de esa doctrina.
Y quizá todos, incluidos quienes no compartimos sus planteamientos, deberíamos evitar caer en la tentación de responderle con las mismas armas.
Porque la coherencia no consiste en reclamar para los nuestros la indulgencia que negamos a los demás.
Consiste en aplicar los mismos principios cuando hacerlo nos favorece y cuando nos incomoda.
De lo contrario, la política acaba reducida a una competición por encontrar el familiar más vulnerable del adversario.
Las piedras que se lanzan no siempre desaparecen.
Algunas regresan.
Y, cuando lo hacen, lo verdaderamente revelador no es el golpe.
Es la sorpresa de quienes pensaban que sus propias ventanas estaban hechas de un cristal diferente.
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