El tablero político vuelve a estar revuelto. El PP ha anunciado que votará "no" al último decreto del Gobierno que incluye la revalorización de las pensiones.
Esta vez, la razón esgrimida: el rechazo a los "decretos ómnibus" para forzar el voto de la oposición. Pero, ¿es este un "no" a las formas o un "no" a los 10 millones de pensionistas que esperan su subida?
El Gobierno de Sánchez domina el arte del empaquetado legal, no le queda otra con el variopinto arco parlamentario. Sabe que si el PP tumba el decreto, el titular está escrito: "El PP castiga a los mayores". Es una táctica de presión agresiva que pone a la oposición ante un dilema ético: ¿Importan más los principios parlamentarios o el bolsillo del ciudadano? Para el pensionista que no llega a fin de mes, las quejas del PP sobre el "procedimiento legislativo" suenan a excusa lejana.
Para entender esa desconfianza de la calle, no hay mas que mirar atrás. El PP carga sobre sus espaldas aquella reforma de 2013. Bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se impuso un ridículo 0,25% de subida mínima, que en la práctica supuso una pérdida de poder adquisitivo de los mayores, en muchos casos, sostenedores de las familias de sus hijos durante años de inflación.
En aquel entonces, la bandera era la "sostenibilidad" y la "responsabilidad fiscal". Sin embargo, la realidad fue una marea de jubilados en las calles reclamando dignidad. Resulta irónico que fuera el propio Rajoy, por necesidad política y dejando a un lado esos "principios" que ahora le llevan al no, quien aprobara sus últimos presupuestos con el PNV en 2018 y tuviera que claudicar y volver a la senda del IPC en las pensiones.
Hoy, el PP intenta proyectar una "cara social" renovada, hablando de conciliación y vivienda. Pero al votar en contra de una revalorización directa, corre el riesgo de reactivar ese viejo estigma. 10 millones de pensionistas son muchos votos, pero sobre todo son 10 millones de realidades económicas que no entienden de tácticas de ajedrez en el Congreso.
La pregunta que nos hacemos millones de pensionistas que votamos es clara: ¿Puede el PP permitirse el lujo de ser visto otra vez como el partido que pone trabas a las pensiones?
El Gobierno usa estrategias de supervivencia parlamentaria, es cierto; pero la oposición debe ponderar si su batalla contra las formas de Sánchez vale el riesgo de desconectar, quizás definitivamente, de una generación que ya sufrió el 0,25%.
En política, como en la vida, a veces hay que elegir entre tener razón o ser útil. Y los abuelos de este país no comen de la "razón parlamentaria"
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