AYER COMO HOY: EL PAN, LOS SACRIFICIOS Y EL «QUE SE JODAN»

El Rincón de Kurro | Opinión | 17 de octubre de 2026

Hay frases que nunca deberían olvidarse. No porque constituyan por sí solas la definición ideológica de un partido, sino porque, pronunciadas en determinados momentos, permiten reflexionar sobre la consideración que algunos responsables políticos tienen hacia quienes sufren las consecuencias de sus decisiones.

Corría julio de 2012. España atravesaba una de las mayores crisis económicas de su historia reciente. El paro castigaba a millones de familias y Mariano Rajoy anunciaba en el Congreso nuevos recortes, entre ellos la reducción de las prestaciones por desempleo.

Desde la bancada del Partido Popular, entre aplausos, la diputada Andrea Fabra gritó: «¡Que se jodan!». A su lado se escuchó también un «¡Ya era hora!».

Después explicó que el insulto iba dirigido a los diputados socialistas y no a los desempleados. Sea como fuere, aquellas palabras quedaron asociadas a uno de los momentos más dolorosos para miles de familias españolas.

Pero no era la única frase que merecía pasar a la memoria política de nuestro país.

En mayo de 2010, Cristóbal Montoro, que ya había sido ministro de Hacienda con Aznar y volvería a serlo con Rajoy, protagonizó otro episodio memorable.

Según denunció Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, Montoro le había espetado, intentando que votara contra las medidas de ajuste del Gobierno de Zapatero: «Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros».

Cuando Rubalcaba se lo recordó en el Congreso en julio de 2012, Montoro, lejos de negar expresamente aquella conversación, justificó su actuación afirmando que entonces trabajaba en una alternativa política.

La frase tiene una carga política extraordinaria. No se trataba simplemente de querer sustituir a un Gobierno, aspiración completamente legítima en democracia. Lo verdaderamente preocupante era la posibilidad de aceptar el deterioro de la situación del país como precio para alcanzar el poder.

Y el tiempo nos ha deparado una circunstancia que invita, cuando menos, a la ironía.

Aquel ministro, responsable de las finanzas públicas, ha terminado investigado judicialmente por su presunta participación en una trama destinada a conseguir modificaciones fiscales favorables a determinadas empresas, a través del despacho Equipo Económico, que él mismo había fundado.

Por supuesto, hablamos de una investigación judicial, no de una condena. La presunción de inocencia debe respetarse siempre.

Pero la imagen resulta inevitable: el presunto cocinero de leyes a la carta para distinguidos comensales.

Mientras a millones de ciudadanos se les servía el menú de los recortes, la justicia investiga si determinados intereses empresariales podían encargar platos fiscales especialmente preparados para ellos.

En mayo de 2018 llegaría otra expresión difícil de olvidar. Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación del Gobierno de Rajoy, fue grabada refiriéndose a unos pensionistas que protestaban en Alicante:

«¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!».

Pidió disculpas después, pero aquellas palabras también quedaron para la historia.

Tres episodios, tres circunstancias y una pregunta común: ¿qué consideración merecen los ciudadanos corrientes cuando sus necesidades incomodan al poder?

Y llegamos al presente

Han pasado los años, han cambiado los protagonistas y las circunstancias económicas son distintas. Pero seguimos asistiendo a debates políticos en los que resulta imprescindible preguntarse quién asume los sacrificios y quién recibe los beneficios.

Recordemos que, durante varios ejercicios del Gobierno de Rajoy, las pensiones se revalorizaron apenas un 0,25 %, desvinculadas del IPC. Cuando los precios crecían por encima de ese porcentaje, los pensionistas perdían poder adquisitivo.

En noviembre de 2022, PP y Vox votaron contra los gravámenes extraordinarios a la banca, las energéticas y las grandes fortunas.

En octubre de 2026, PP, Vox y Junts rechazaron dos decretos sobre vivienda que incluían medidas de protección de los inquilinos y prórrogas de alquileres.

Todos ellos defendieron sus razones económicas y jurídicas. Naturalmente, tienen derecho a hacerlo. Pero los ciudadanos también tenemos derecho a valorar las consecuencias sociales de sus decisiones y a preguntarnos qué intereses quedan mejor protegidos.

No todas las votaciones son iguales: el pasado 16 de octubre, por ejemplo, el PP sí respaldó las ayudas para afrontar las consecuencias de la DANA y la crisis energética, mientras Vox votó en contra.

Precisamente por eso hay que examinar cada decisión y no quedarse exclusivamente en los discursos.

Y ahora Alberto Núñez Feijóo nos anuncia que quiere presidir un Gobierno que nos pida sacrificios.

El Partido Popular asegura que habla de esfuerzo personal, no de recortes. Bien. Pero después de conocer determinadas experiencias históricas, parece razonable exigir que se concrete qué sacrificios se pretenden pedir, a quiénes y con qué finalidad.

Porque los sacrificios no significan lo mismo para quien vive de su trabajo o de una pensión que para quien dispone de un patrimonio considerable.

El pan y quienes lo untan

Hay una expresión popular que resume bastante bien una realidad de la vida: cada cual sabe por qué lado tiene untado el pan.

Y, en política, quizá deberíamos preguntarnos también quién unta ese pan y a quién se le sirve la mejor parte.

Las decisiones de los gobiernos y los parlamentos nunca son socialmente neutras. Reducir determinados impuestos, modificar las condiciones laborales, intervenir o no en el mercado de la vivienda, actualizar las pensiones o exigir mayores contribuciones a las grandes fortunas son decisiones que afectan de manera diferente a cada sector de la sociedad.

Las derechas defienden, legítimamente, un modelo económico en el que conceden especial importancia a la iniciativa privada, la propiedad y la reducción de determinadas cargas fiscales.

Mi discrepancia surge cuando, a mi juicio, esas prioridades terminan colocando la protección de intereses económicamente poderosos por delante de las necesidades del pueblo llano.

Y todavía me preocupa más una forma de ejercer la oposición que convierte el desgaste del Gobierno en un objetivo tan importante que puede acabar relegando los problemas concretos de los ciudadanos.

Oponerse es democrático. Fiscalizar al Gobierno es imprescindible. Denunciar sus errores es una obligación de cualquier oposición responsable.

Pero una cosa es querer que caiga un Gobierno y otra muy distinta aceptar que el país sufra para facilitar esa caída.

España no es Pedro Sánchez, como tampoco lo fue José Luis Rodríguez Zapatero.

España somos quienes trabajamos, quienes hemos trabajado toda una vida, quienes buscan empleo, quienes necesitan una vivienda y quienes dependen de una sanidad, una educación y unas pensiones públicas dignas.

Y nuestras necesidades no deberían convertirse en instrumentos de una batalla partidista.

Una reflexión final

No afirmo que todos los dirigentes de derecha piensen igual ni que todos sus votantes compartan estas expresiones. Sería injusto y, además, falso.

Tampoco sostengo que cualquier medida de un Gobierno progresista sea necesariamente acertada. Hay decisiones que deben ser corregidas, errores que deben reconocerse y responsabilidades que deben exigirse.

Lo que cuestiono es una determinada manera de hacer política, documentada en declaraciones y decisiones concretas, que me lleva a desconfiar cuando los sacrificios se reclaman insistentemente a la ciudadanía mientras se defienden ventajas fiscales para determinados sectores económicos.

Porque tengo la impresión de que, con demasiada frecuencia, el pan se unta por arriba y los sacrificios se reparten por abajo.

Y ahí es donde vuelve a resonar aquel desagradable «¡Que se jodan!», aunque hayan cambiado los tiempos y los protagonistas.

La oposición no está para hacer que los ciudadanos vivan peor y así tener más posibilidades de gobernar. Está para demostrar que sabe cómo conseguir que vivan mejor.

Porque gobernar un país no debería consistir en decidir quién tiene que joderse para que otros puedan seguir disfrutando de la mejor parte del pastel.

Y porque España no necesita que nadie la deje caer para después prometer que la levantará.

Necesita que quienes aspiran a gobernarla contribuyan, también desde la oposición, a mantenerla en pie.