jueves, 12 de noviembre de 2026

EL TORNASOL POLÍTICO

EL TORNASOL POLÍTICO

La decepción del Perro

El Rincón de Kurro

I. ¿De qué rojo es Pedro Sánchez?

El tornasol tiene una propiedad singular: cambia de color según las características del medio en el que se encuentra.

En política sucede algo parecido, aunque con una diferencia importante: no siempre cambia quien observamos. A veces cambia el entorno. Otras, nuestra posición respecto a él. Y, en ocasiones, lo que cambia es nuestra manera de mirar.

Hay quienes aseguran que Pedro Sánchez ha llevado al PSOE demasiado a la izquierda. Otros, precisamente desde esa izquierda, le reprochan que no se haya acercado lo suficiente a sus posiciones.

Para unos es rehén de sus socios. Para otros, un socialista excesivamente moderado. Y para determinados votantes tradicionales del PSOE, representa una socialdemocracia que ya no reconocen.

En medio de tantas apreciaciones aparece el protagonista: Pedro Sánchez, el «Perro», aquel mote nacido con intención peyorativa que sus simpatizantes terminaron convirtiendo en un símbolo de complicidad y resistencia, y que el propio presidente hizo suyo cuando, el 9 de septiembre de 2026, respondió a Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso:

«A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo».

Una afirmación que encierra otra de las paradojas de nuestro tornasol político: el presidente que reivindica no tener amo es precisamente aquel al que sus adversarios reprochan estar sometido a las exigencias de sus socios parlamentarios.

Pero ¿de qué rojo es realmente Pedro Sánchez?

¿Del rojo de sus convicciones? ¿Del que le imponen las necesidades parlamentarias? ¿Del que sus electores esperan encontrar? ¿O del que parece tener cuando lo observamos desde posiciones ideológicas cada vez más distantes?

Quizá no exista una respuesta única.

Porque el rojo de Sánchez no depende solamente de Sánchez.

Hay cuatro protagonistas que influyen mutuamente en su tonalidad política: el propio presidente, sus socios, sus electores y la oposición.

Y ninguno actúa en el vacío.

II. El rojo de las convicciones y el rojo de las posibilidades

El PSOE tiene una larga tradición socialdemócrata, pero nunca ha sido ideológicamente uniforme.

En su interior han convivido distintas sensibilidades sobre la intervención del Estado, las relaciones laborales, la redistribución de la riqueza, la política territorial y la profundidad de las reformas sociales.

Pedro Sánchez tampoco escapa a esa diversidad.

Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre lo que un presidente quiere hacer y lo que realmente puede hacer.

Imaginemos un PSOE que obtiene una mayoría parlamentaria suficiente para desarrollar su proyecto sin depender de formaciones situadas a su izquierda.

¿Sería necesariamente menos progresista?

No tiene por qué.

Podría recuperar mayor autonomía programática y desarrollar una política más próxima a la socialdemocracia tradicional, sin que eso significara renunciar a los avances sociales.

También podría decidir impulsar reformas ambiciosas por convicción propia.

La autonomía parlamentaria no obliga a moderarse. Simplemente amplía la libertad para elegir.

Ahora imaginemos el escenario contrario: un PSOE que necesita a Sumar, a Podemos o a otras formaciones para alcanzar la investidura y sostener una mayoría.

Su programa dejaría de ser exclusivamente suyo.

Tendría que negociar prioridades, aceptar propuestas ajenas y renunciar a determinadas pretensiones.

Podría adquirir tonalidades más intensas en vivienda, fiscalidad, protección social o derechos laborales.

Pero también podría encontrarse con mayores dificultades para desarrollar esas políticas.

Porque un Gobierno aparentemente más rojo no es necesariamente un Gobierno con mayor capacidad transformadora.

Una cosa es la intensidad de las propuestas y otra conseguir convertirlas en leyes, presupuestos y mejoras efectivas para la ciudadanía.

III. Las tensiones telúricas de la coalición

La experiencia de la legislatura nos ha demostrado que reunir una mayoría suficiente para investir a un presidente no equivale a disponer de una mayoría estable para gobernar.

Sánchez ha tenido que administrar una España políticamente fragmentada, con intereses territoriales y sensibilidades ideológicas muy diferentes.

Cada formación que sostiene una mayoría parlamentaria conserva sus prioridades, sus compromisos electorales y sus líneas rojas.

Lo que para unos constituye una conquista imprescindible puede representar para otros una concesión inaceptable.

Y entonces aparecen las tensiones telúricas.

El Gobierno intenta satisfacer a unos sin contrariar a otros, pero puede terminar dejando insatisfechos a varios.

No se trata solamente de negociar entre distintas tonalidades de rojo. También intervienen partidos territoriales cuyas prioridades no siempre encajan en una clasificación convencional de izquierda y derecha.

La complejidad aumenta.

Y la estabilidad se resiente.

Pero existe una diferencia fundamental entre los socios que forman parte del Ejecutivo y aquellos que únicamente prestan apoyo parlamentario.

Los primeros comparten responsabilidades de gobierno. Los segundos conservan mayor libertad para discrepar, bloquear iniciativas o distanciarse públicamente de decisiones que consideran inconvenientes.

Los socios pueden elegir cuándo compartir los éxitos y cuándo alejarse de los fracasos. El presidente, en cambio, no puede dejar de ser presidente cuando las cosas vienen mal dadas.

Al final, la cara la pone quien la pone.

Y esa cara ha sido, fundamentalmente, la de Pedro Sánchez.

Esto no lo exonera de responsabilidad. Él eligió negociar esos apoyos y asumió los compromisos correspondientes.

Pero tampoco sería justo atribuirle exclusivamente todas las contradicciones de unas alianzas en las que cada participante mantiene intereses propios.

Quizá una de las mayores dificultades de Sánchez no haya sido conseguir los votos necesarios para llegar al Gobierno, sino conservar después los acuerdos necesarios para gobernar.

IV. El efecto Doppler: cuando cambia el observador

Hay otra manera de alterar el rojo que percibimos sin que necesariamente cambie el rojo original.

Basta con modificar el punto de referencia.

En física, el efecto Doppler describe cómo cambia la frecuencia percibida de una onda cuando existe movimiento relativo entre su fuente y quien la observa.

No pretendo convertir la política en una ciencia física. Utilizo la imagen como metáfora de nuestra percepción ideológica.

Si el PP se desplaza hacia posiciones más conservadoras y Vox intensifica sus planteamientos, la distancia respecto al PSOE puede aumentar.

Entonces Sánchez parecerá más rojo, aunque sus posiciones políticas permanezcan relativamente estables.

Pero el fenómeno también funciona desde la izquierda.

Si Podemos u otras formaciones endurecen sus exigencias o se desplazan hacia posiciones más alejadas de la socialdemocracia tradicional, ese mismo PSOE puede parecerles demasiado moderado, insuficientemente transformador o excesivamente próximo al centro.

Un mismo Pedro Sánchez puede resultar peligrosamente radical para unos y desesperadamente moderado para otros.

No necesariamente porque haya cambiado de posición, sino porque se han desplazado los puntos desde los que se le observa.

Y aquí aparece otro fenómeno: la centrifugación ideológica.

Cuando las fuerzas políticas se alejan unas de otras, el espacio intermedio queda sometido a presiones contradictorias.

No afirmo que todos los partidos se desplacen siempre hacia los extremos, ni que todas las diferencias ideológicas sean equivalentes.

Pero sí que el alejamiento de las posiciones políticas puede alterar profundamente la percepción de quienes permanecen entre ellas.

La derecha acusa a Sánchez de haberse entregado a la izquierda.

Una parte de esa misma izquierda lo acusa de no haber ido suficientemente lejos.

Y algunos socialistas tradicionales consideran que ha abandonado el lugar que debería ocupar.

El Perro puede ser demasiado rojo para unos, demasiado poco rojo para otros y de un rojo irreconocible para quienes añoran otro PSOE.

Quizá, antes de decidir cuánto ha cambiado Sánchez, debamos observar cuánto han cambiado también quienes lo juzgan.

V. ¿De qué rojo era Felipe González?

Hay una pregunta que resulta inevitable cuando hablamos de socialistas desencantados: ¿es Pedro Sánchez más o menos rojo que Felipe González?

No hablamos de un dirigente cualquiera. Hablamos del gran referente del socialismo español de la Transición, del presidente que contribuyó decisivamente a modernizar España y a consolidar nuestro Estado del bienestar.

Pero la comparación tiene una dificultad fundamental.

Felipe González pudo demostrar cuál era su verdadero tono de rojo sin necesidad de mezclarlo con otros tintes parlamentarios. Pedro Sánchez no ha disfrutado de esa posibilidad.

González obtuvo 202 diputados en 1982 y 184 en 1986. Gobernó durante años con mayorías absolutas y una autonomía parlamentaria que Sánchez nunca ha conocido.

No necesitaba negociar cada votación con una constelación de partidos de izquierda, nacionalistas y regionalistas.

Podía decidir hasta dónde quería llegar.

Y sus decisiones nos permiten conocer bastante bien cuál era su socialismo.

Un socialismo que impulsó avances fundamentales en sanidad, educación y protección social, pero que también desarrolló políticas económicas y laborales que provocaron importantes conflictos con los sindicatos.

Y, sin embargo, aquella autonomía no evitó que los sindicatos le convocaran la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988, una de las mayores movilizaciones obreras de nuestra democracia, ni la ruptura con Nicolás Redondo, secretario general de UGT y referente del socialismo español, que había renunciado a su escaño en 1987 por sus discrepancias con la política del Gobierno.

No fue la primera huelga general de la democracia, pero sí una movilización de extraordinaria trascendencia política y sindical.

Conviene recordar todo esto cuando se presenta aquella etapa como la expresión indiscutible de un socialismo más auténtico.

¿Era aquel el rojo del PSOE que algunos añoran? ¿O estamos confundiendo la autonomía para gobernar con la orientación socialista de las políticas que se aplican?

No se trata de negar los enormes avances sociales de los gobiernos de González, sino de recordar que también tuvieron contradicciones profundas, incluso con quienes representaban a los trabajadores.

Pedro Sánchez tampoco ha seguido una trayectoria ideológica invariable.

El 2 de septiembre de 2011, siendo diputado socialista, votó favorablemente la reforma del artículo 135 de la Constitución, acordada entre PSOE y PP, que incorporó el principio de estabilidad presupuestaria.

Aquella decisión forma parte de su trayectoria y no deberíamos olvidarla cuando analizamos su orientación económica.

Años después, ya como presidente, impulsó una reforma laboral que recuperó determinados derechos y fortaleció la negociación colectiva, aunque sin revertir completamente la legislación aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Se recuperó la prevalencia del convenio sectorial en materia salarial, se reforzó la ultraactividad de los convenios y se restringieron determinadas modalidades de contratación temporal.

Pero permanecieron aspectos importantes de la reforma anterior, especialmente en materia de despido e indemnizaciones.

Podemos reconocer esos avances y, al mismo tiempo, reprochar que la restauración de derechos laborales haya sido incompleta.

No hay contradicción en ello.

Lo que sí resulta contradictorio es utilizar una imagen idealizada del socialismo de González para descalificar sistemáticamente al de Sánchez, sin examinar las políticas concretas de ambos.

Y aquí aparece una segunda cuestión.

Felipe González, referente histórico para varias generaciones de socialistas, ha anunciado públicamente que votará en blanco el 29 de noviembre.

Ha explicado sus razones y ha afirmado que no hará campaña para pedir ese voto.

Pero ¿puede alguien con su trayectoria y notoriedad anunciar reiteradamente que votará en blanco sin influir en el comportamiento de quienes todavía lo consideran un referente?

No hace falta pronunciar las palabras «votad en blanco» para que una declaración pública tenga efectos políticos.

Una cosa es la intención que González atribuye a sus palabras y otra la influencia que puedan ejercer sobre una parte del electorado.

Y esa influencia merece ser examinada precisamente porque estamos hablando de un dirigente que conoce mejor que casi nadie las consecuencias de la aritmética parlamentaria.

Su desencanto es legítimo.

Sus críticas pueden estar fundamentadas en discrepancias reales.

Pero su decisión tampoco está exenta de consecuencias políticas.

Si suficientes electores socialistas siguieran su ejemplo, podrían debilitar al PSOE, aumentar su dependencia de otras fuerzas o facilitar una mayoría alternativa de derechas.

No sabemos cuál de esos resultados se produciría.

Lo que sí sabemos es que el voto en blanco no queda fuera del resultado electoral: expresa una posición política y puede influir en la distribución de la representación.

Por eso me pregunto si algunos de quienes añoran el socialismo de Felipe González no estarán confundiendo dos cosas muy diferentes: el rojo de sus políticas y la libertad parlamentaria de la que dispuso para aplicarlas.

Porque una mayoría absoluta permite mostrar el color propio con mucha mayor nitidez.

Una coalición, en cambio, obliga a mezclar pigmentos.

Y quizá estemos juzgando el rojo de Sánchez por una mezcla que nunca ha podido elaborar completamente a su gusto.

VI. La paradoja del socialista desencantado

Imaginemos a un votante socialista tradicional.

Alguien que ha apoyado al PSOE durante décadas, que se identifica con la socialdemocracia y que considera que Pedro Sánchez ha realizado demasiadas concesiones a sus socios.

Añora un PSOE más autónomo, menos condicionado por otras formaciones y más reconocible en sus políticas.

Su decepción puede ser sincera y estar razonadamente fundada.

Decide entonces retirar su voto al PSOE, abstenerse, votar en blanco o apoyar a una opción situada fuera de la izquierda.

Es una decisión perfectamente legítima.

Pero ¿ha considerado sus posibles consecuencias?

Si el PSOE pierde representación parlamentaria y, pese a ello, conserva posibilidades de formar Gobierno, podría necesitar todavía más intensamente a aquellos socios cuya influencia motivó el desencanto.

El elector habría intentado castigar una determinada orientación política y podría terminar reforzando las circunstancias que la hicieron posible.

Cuanto más castiga al PSOE por depender de sus socios, más dependiente de ellos puede llegar a ser.

Naturalmente, no es una ley matemática.

Todo dependerá del resultado electoral, de la distribución territorial de los votos y de la representación obtenida por cada formación.

Y existe una segunda posibilidad, mucho más trascendente.

Que la pérdida de apoyos socialistas no desemboque en otro Gobierno progresista más condicionado, sino en una mayoría alternativa de derechas.

En ese caso, el votante que pretendía recuperar el PSOE que añoraba podría contribuir, involuntariamente, a impedir que gobernara.

Y esto merece una reflexión.

¿Es consciente el socialista desencantado de que su voto no solamente expresa lo que rechaza, sino que también contribuye a determinar quién gobernará y de quién dependerá para hacerlo?

No pretendo cuestionar la libertad de voto ni negar el derecho a sentirse defraudado.

Tampoco sostengo que recuperar electores tradicionales obligaría automáticamente a Sánchez a adoptar posiciones más moderadas.

Pero sí podría proporcionarle una mayor autonomía parlamentaria, siempre que esa recuperación se tradujera en una representación suficiente.

Y quizá ahí se encuentre una de las grandes paradojas de nuestro tornasol político.

Algunos electores podrían estar intentando recuperar el PSOE que añoran mediante decisiones que terminan alejándolo todavía más de sus expectativas.

VII. Podemos: identidad, experiencia y responsabilidad

Aquí debo expresar una valoración personal.

Considero políticamente irresponsable que Podemos no otorgue suficiente importancia al riesgo de fragmentación electoral de la izquierda, especialmente cuando las consecuencias de las próximas elecciones pueden ir mucho más allá del reparto de escaños.

Podemos no es una formación sin experiencia.

Ha participado en un Gobierno de coalición y conoce las dificultades de negociar, acordar, ceder y asumir responsabilidades.

Tiene pleno derecho a defender su identidad política, concurrir por separado y discrepar del PSOE o de otras fuerzas progresistas.

Pero ese derecho no convierte automáticamente en acertada cualquier estrategia electoral.

Cuando la dispersión del voto puede perjudicar la representación parlamentaria, el interés particular de cada organización debería confrontarse con las consecuencias que sus decisiones pueden tener para el conjunto de la sociedad.

No significa que toda candidatura unitaria garantice mejores resultados. La participación, las circunscripciones y la capacidad de movilización también cuentan.

Y tampoco sería justo atribuir exclusivamente a Podemos los desacuerdos entre las fuerzas de izquierda.

El PSOE y las demás organizaciones tienen sus propias responsabilidades.

Pero hay una pregunta que no deberíamos eludir:

¿Puede una formación reivindicarse como defensora de un determinado modelo social y desentenderse de los riesgos que su estrategia electoral pueda representar para la continuidad de ese modelo?

Porque no está en juego solamente quién ocupará la bancada azul del Congreso de los Diputados.

Está en juego la orientación de un modelo social que España ha venido construyendo, con avances, contradicciones y retrocesos, desde la Transición democrática.

Un modelo de sanidad y educación públicas, pensiones, derechos laborales, libertades civiles, igualdad y protección social que no pertenece exclusivamente al PSOE ni a ninguna otra formación.

Es el resultado de décadas de decisiones democráticas, acuerdos, reivindicaciones y conquistas colectivas.

No es una obra terminada ni está libre de deficiencias.

Pero precisamente porque sigue necesitando reformas, importa quién gobierne y qué prioridades establezca.

Los gobiernos pasan, pero las consecuencias de sus decisiones pueden permanecer durante generaciones.

VIII. El rojo no es rubor

Llegados a este punto, quiero dejar clara mi posición.

Ninguno de los matices del rojo que hemos examinado debe confundirse con el rubor.

No considero que Pedro Sánchez tenga que avergonzarse de su trayectoria política.

Al contrario, creo que, aun con sus errores, contradicciones y sombras, ha demostrado cualidades de buen estadista.

Ha tenido que desenvolverse en una España políticamente fragmentada, marcada además por una profunda inestabilidad territorial que, especialmente en Cataluña, ha sabido reconducir en buena medida mediante el diálogo, la negociación y decisiones políticamente arriesgadas.

Y todo ello en un contexto internacional extraordinariamente complejo: una pandemia de alcance mundial, la invasión rusa de Ucrania, las tensiones geopolíticas, las crisis energéticas e inflacionarias, la guerra en Gaza, el deterioro del multilateralismo y un escenario europeo e internacional cada vez más condicionado por la incertidumbre, el auge de los nacionalismos excluyentes y el cuestionamiento de los consensos democráticos.

Gobernar en esas circunstancias no ha consistido solamente en administrar una mayoría parlamentaria precaria, sino también en tomar decisiones de Estado en un mundo sometido a profundas convulsiones.

Reconducir no significa resolver definitivamente.

Persisten discrepancias territoriales profundas y siguen existiendo razones legítimas para cuestionar determinadas decisiones.

Pero la reducción de la confrontación institucional respecto a los momentos más críticos del conflicto catalán constituye, a mi juicio, un resultado político relevante.

Y aquí encontramos otra contradicción de nuestro tornasol.

Algunas decisiones que considero propias de una visión de Estado son precisamente las que más desencanto han provocado entre determinados votantes socialistas.

Lo que para unos representa capacidad para desactivar un conflicto, para otros constituye una concesión excesiva.

Podemos discrepar sobre esas decisiones y sus consecuencias.

Pero una cosa es juzgarlas críticamente y otra confundir la voluntad de negociar con la ausencia de convicciones.

También debemos recordar que un presidente gobierna condicionado por circunstancias que no controla completamente: crisis económicas, acontecimientos internacionales, decisiones judiciales, compromisos europeos y una realidad social que no permanece inmóvil.

Nada de eso lo exime de sus errores.

La valoración de un estadista no consiste en absolverlo, sino en examinar su trayectoria completa, sus decisiones, sus resultados y las alternativas que realmente tenía a su alcance.

El rojo no es rubor. Y negociar no equivale necesariamente a claudicar.

IX. La decepción del Perro

Volvamos a nuestro protagonista.

¿Por qué decepciona Pedro Sánchez?

Porque algunos consideran que ha ido demasiado lejos en sus pactos.

Porque otros creen que debería haber impulsado transformaciones sociales más profundas.

Porque determinados electores cuestionan su liderazgo, sus decisiones o sus contradicciones.

Y porque también hay quienes, reconociendo sus logros, esperaban algo distinto.

No pretendo negar ninguna de esas decepciones.

Pero sí creo necesario distinguir entre lo que Sánchez ha decidido hacer, lo que sus socios le han exigido, lo que la oposición ha intentado impedir y lo que las mayorías parlamentarias le han permitido realizar.

Porque no todas las decepciones tienen el mismo origen.

Ni todas las formas de expresar ese desencanto producen las mismas consecuencias.

El socialista que desea recuperar un PSOE más autónomo debería preguntarse qué resultado electoral facilitaría realmente esa autonomía.

El elector situado más a la izquierda debería valorar hasta qué punto la fragmentación fortalece o debilita su capacidad para influir en las políticas públicas.

Los partidos progresistas deberían examinar si sus diferencias justifican cualquier coste electoral.

Y la oposición debería ser juzgada no solamente por la intensidad de sus críticas, sino por el modelo político y social que propone como alternativa.

Quizá el verdadero problema sea que cada cual observa a Sánchez desde su propia posición, ya sea desde la atalaya de quien cree contemplarlo todo con perspectiva o desde la trinchera de quien interpreta la política como una batalla, y exige que adopte exactamente el tono de rojo que considera correcto.

Pero ni la altura de la atalaya garantiza la objetividad ni la firmeza de la trinchera convierte una convicción en verdad absoluta.

Un Gobierno no es una muestra de pintura.

Es una institución que debe tomar decisiones para una sociedad diversa, con intereses muchas veces contradictorios.

Epílogo. El tornasol también nos retrata

Tal vez hayamos estado buscando el rojo de Pedro Sánchez en el lugar equivocado.

Lo hemos buscado en sus declaraciones, sus acuerdos, sus concesiones y sus contradicciones.

Y, sin embargo, una parte de la respuesta está en las urnas.

Sánchez puede elegir sus convicciones, pero no los votos que recibe.

Puede negociar con sus socios, pero no decidir por ellos.

Puede defender su proyecto frente a la oposición, pero no determinar desde qué posición ideológica será observado.

Y puede intentar conservar la confianza de sus electores, pero no impedir que algunos se sientan decepcionados.

El rojo de Sánchez no lo decide Sánchez en solitario. También lo deciden quienes le votan, quienes dejan de votarle, quienes lo apoyan y quienes se oponen a él.

Por eso, antes de lamentar que el PSOE ya no tenga el color que recordamos, quizá deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo, cada uno desde nuestra posición, para determinar el color que tendrá mañana.

Porque la democracia no funciona como una carta de colores en la que basta con señalar el tono preferido.

Después hay que contar los votos.

Y después, gobernar.

Puede que el Perro decepcione a algunos porque no es suficientemente rojo. A otros, porque lo es demasiado. Y a otros, porque ya no reconocen el rojo que un día les ilusionó.

Pero convendría no descubrir, cuando se abran las urnas el próximo 29 de noviembre, que de tanto discutir sobre los matices hemos olvidado lo que estaba en juego.

Quizá el tornasol político no sirva únicamente para descubrir de qué rojo es Pedro Sánchez. Quizá también nos permita descubrir de qué color son nuestras propias contradicciones.


miércoles, 11 de noviembre de 2026

LA REMODELACIÓN NACIONAL


Feijóo quiere reconstruir una España que no está destruida

Una reflexión sobre la «Reconstrucción Nacional», las propuestas del Partido Popular, la influencia de Vox y esa peligrosa tentación de confundir el Gobierno de España con la propiedad de España.

Hay palabras que no se eligen por casualidad. Y hay otras que, a fuerza de repetirlas, terminan construyendo una realidad en la conciencia de quienes las escuchan.

Reconstrucción Nacional.

Así ha decidido presentar Alberto Núñez Feijóo su proyecto político para España.

Reconstruir.

El verbo presupone que algo se ha destruido. Que existe un edificio derrumbado, unas instituciones reducidas a escombros, una sociedad devastada que necesita urgentemente la intervención de alguien dispuesto a levantarla de nuevo.

Pero ¿es esa la España en la que vivimos?

¿Un país destruido? ¿Una democracia derrumbada? ¿Un Estado incapaz de sostener sus instituciones?

Naturalmente que no.

España tiene problemas. Algunos graves, otros estructurales y demasiados pendientes de solución. Tenemos una crisis de acceso a la vivienda, dificultades en los servicios públicos, desigualdades persistentes, tensiones territoriales y una ciudadanía que contempla con creciente desconfianza el espectáculo político.

Pero una cosa es reconocer los problemas de un país y otra muy distinta declararlo en ruinas.

No pretenden reconstruir una España destruida, porque tal destrucción no existe. Pretenden remodelar una España que no se ajusta a su proyecto político.


Y esa diferencia no es simplemente semántica.

Es profundamente política.

I. El edificio sigue en pie

Lo más revelador es que el propio discurso programático del Partido Popular reconoce que el Estado continúa existiendo y funcionando.

Cuando un proyecto admite que el edificio institucional sigue en pie, pero insiste en presentarse como una operación de reconstrucción, resulta legítimo preguntarse qué pretende realmente reconstruir.

Porque las instituciones españolas no desaparecen cuando gobierna el PSOE.

La Constitución no deja de existir cuando Pedro Sánchez ocupa la Moncloa.

Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los tribunales, las universidades, los hospitales y las administraciones públicas no se convierten en escombros porque las elecciones produzcan una mayoría parlamentaria que no guste a la oposición.

Por supuesto, su funcionamiento puede y debe ser criticado. Hay decisiones gubernamentales discutibles, errores administrativos, problemas de gestión y responsabilidades políticas que exigir.

Pero criticar un Gobierno no equivale a declarar destruido el país que gobierna.

La reconstrucción es una necesidad cuando algo ha quedado arrasado.

La reforma, en cambio, es una opción política cuando se considera que algo debe funcionar de otra manera.

Y lo que Feijóo propone es, esencialmente, un conjunto de reformas orientadas hacia una determinada concepción económica, social e institucional de España.

Puede defenderlas. Está en su derecho.

Lo que cuestiono es que necesite presentar el país como una ruina para justificarlas.

II. Las reformas tienen ideología, aunque se disfracen de reparaciones

Cuando examinamos las propuestas que acompañan a esa denominada «Reconstrucción Nacional», aparecen decisiones que difícilmente pueden considerarse simples operaciones técnicas de reparación.

Las medidas relativas a inmigración, arraigo, prestaciones sociales, símbolos religiosos, políticas familiares o gestión de las incapacidades temporales responden a opciones políticas concretas.

Se puede defender una determinada política migratoria.

Se puede proponer modificar las condiciones de acceso a determinadas ayudas.

Se puede discutir el papel de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal.

Se puede promover un modelo de protección familiar diferente.

Pero nada de eso constituye, por sí mismo, la reconstrucción de un país destruido.

Son decisiones ideológicas que deben someterse al debate democrático, al examen de sus consecuencias y al respeto de los derechos fundamentales.

Por ejemplo, cuando se plantea reforzar los criterios de arraigo o contribución para acceder a determinadas prestaciones, no estamos ante la reparación de un muro derrumbado. Estamos ante una decisión sobre cómo distribuir recursos y establecer prioridades.

Cuando se propone contar a los concebidos no nacidos a determinados efectos de ayudas familiares, se está defendiendo una concepción concreta de la política familiar.

Y cuando se propone ampliar la intervención de las mutuas en la gestión de las bajas laborales, estamos ante una determinada orientación de la política sanitaria y laboral, cuyos efectos sobre trabajadores, empresas y servicios públicos deben analizarse.

Las propuestas pueden ser legítimas y, al mismo tiempo, profundamente discutibles.

Precisamente por eso deben presentarse como lo que son: opciones políticas.

No como reparaciones inevitables que cualquier ciudadano sensato estaría obligado a aceptar.

III. La mochila de Vox

Hay otra circunstancia que merece atención.

Algunas de las propuestas defendidas por el Partido Popular presentan coincidencias o proximidades con posiciones que Vox lleva tiempo promoviendo, especialmente en materia migratoria, identidad nacional y determinadas políticas sociales.

Eso no demuestra que exista un pacto secreto.

Tampoco significa que ambos partidos sean idénticos.

Pero sí permite preguntarse hasta qué punto el PP está adaptando su oferta política al espacio que ocupa Vox y a la posibilidad de necesitar sus votos para gobernar.

Porque una cosa es negociar después de unas elecciones y otra empezar a incorporar, antes de celebrarlas, parte del lenguaje y de las prioridades de quien podría convertirse en socio parlamentario.

Feijóo conoce perfectamente esa realidad.

Y sabe que una victoria electoral no garantiza por sí sola la Presidencia del Gobierno.

En España no basta con ser la lista más votada. Es necesario reunir los apoyos parlamentarios que permitan la investidura.

Por eso resulta razonable examinar la denominada Reconstrucción Nacional también desde la perspectiva de sus posibles alianzas.

La pregunta no es solamente qué propone Feijóo.

Es también qué parte de su proyecto responde a sus propias convicciones y qué parte anticipa las exigencias de un eventual entendimiento con Vox.

No tenemos una respuesta definitiva.

Pero tenemos motivos suficientes para formular la pregunta.

Y, como dice el refrán, sarna con gusto no pica. Aunque, en política, a veces termina mortificando a quienes no participaron en el acuerdo.

IV. Los salvadores de una patria que consideran suya

Sin embargo, hay algo que me preocupa todavía más que el contenido concreto de las propuestas.

Es la concepción de España que parece asomar detrás del lenguaje de la salvación nacional.

Lo preocupante no es que quieran cambiar España. Están en su derecho.

Lo preocupante es que pretendan presentar sus preferencias ideológicas como reparaciones imprescindibles de un país supuestamente arruinado.

Porque detrás de ese lenguaje parece asomar una concepción de la nación que merece ser examinada: la de quienes no se sienten simplemente candidatos a gobernar un país, sino llamados a rescatarlo.

Como si España les perteneciera de alguna manera.

Como si los gobiernos de distinto signo fueran ocupantes provisionales de una casa cuya propiedad legítima correspondiera siempre a los mismos.

Como si ganar unas elecciones no significara recibir un mandato temporal de los ciudadanos, sino recuperar algo que nunca debió salir de sus manos.

Y aquí quiero ser especialmente claro.

No puedo afirmar que Feijóo se considere propietario de España.

Pero estoy convencido de que su discurso de la Reconstrucción Nacional transmite una concepción patrimonial del poder: la de quienes parecen entender que, cuando gobiernan otros, España se pierde; y cuando gobiernan ellos, España se recupera.

Es una convicción política personal, naturalmente.

Pero no nace de la nada.

Nace de escuchar una y otra vez que España está rota, arruinada, sometida o necesitada de rescate.

Como si la alternancia democrática pudiera convertirse en una anomalía que exige reparación.

Como si la legitimidad de un Gobierno dependiera, más allá de la Constitución y del Parlamento, de que sus ideas coincidieran con una determinada concepción de la patria.

Y ahí está, a mi juicio, el verdadero peligro de la retórica de la salvación nacional.

Cuando alguien se considera el salvador de la patria, corre el riesgo de dejar de verse como su servidor.

Porque el salvador no suele presentarse como una opción entre otras.

Se presenta como una necesidad histórica.

No propone simplemente un programa.

Ofrece una redención.

Y cuando la política se transforma en una misión redentora, el adversario corre el riesgo de dejar de ser un competidor legítimo para convertirse en el responsable de una decadencia que solo el supuesto salvador puede corregir.

V. España no tiene escrituras de propiedad

La democracia tiene una virtud extraordinaria: permite que un país sea gobernado sucesivamente por personas y partidos con proyectos diferentes.

Y eso no constituye una desgracia nacional.

Constituye la esencia del sistema.

Los ciudadanos pueden votar a la derecha, a la izquierda, a partidos nacionalistas, regionalistas o a cualquier opción democrática que consideren adecuada.

Pueden cambiar de opinión.

Pueden castigar a un Gobierno.

Pueden devolverle su confianza.

Y pueden construir mayorías parlamentarias complejas que obliguen a negociar, pactar y alcanzar acuerdos.

Nada de eso significa que España haya sido secuestrada, destruida o arrebatada a sus legítimos propietarios.

Porque España no es una herencia política.

No tiene propietarios naturales.

No pertenece a quienes se envuelven con mayor entusiasmo en su bandera ni a quienes proclaman defenderla con mayor vehemencia.

España pertenece a todos sus ciudadanos, también a quienes no comparten el proyecto político de quienes aspiran a gobernarla.

Ningún partido, por muchos votos que obtenga, recibe las escrituras de propiedad del país.

Recibe un mandato democrático, limitado por la Constitución, las leyes, los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones.

Gobernar no es poseer.

Ganar unas elecciones no es recuperar una finca familiar.

Y perderlas no significa que alguien haya ocupado ilegítimamente la casa.

Conviene recordarlo en una época en la que demasiados discursos parecen confundir la patria con el partido y el interés general con la victoria de los propios.

VI. Reformar sin declarar la ruina

Quiero insistir en algo para evitar equívocos.

No sostengo que España funcione perfectamente.

Sería absurdo.

Tampoco sostengo que el Partido Popular carezca de derecho a proponer reformas profundas.

Todo lo contrario.

La democracia necesita alternativas, proyectos diferentes y una oposición capaz de ofrecer soluciones.

Pero también necesita honestidad en el diagnóstico.

Si la vivienda es inaccesible para buena parte de los jóvenes, hablemos de vivienda.

Si la sanidad pública tiene problemas de personal, organización o listas de espera, hablemos de sanidad.

Si existen desigualdades territoriales, dificultades económicas o deficiencias institucionales, discutamos cómo resolverlas.

Y hagámoslo con datos, propuestas y responsabilidades concretas.

No es necesario declarar España en estado de demolición para justificar un cambio de Gobierno.

Ni convertir al adversario en un destructor de la patria para defender un programa electoral.

La crítica política puede ser firme, incluso durísima, sin necesidad de negar la legitimidad democrática de quien gobierna.

Y las reformas pueden ser ambiciosas sin presentarse como operaciones de salvamento nacional.

VII. La casa común

Me gusta imaginar España como una casa grande, antigua, compleja, construida durante generaciones.

Una casa con habitaciones muy diferentes, con reformas pendientes, con goteras que deben repararse y con espacios que necesitan adaptarse a nuevas necesidades.

En ella convivimos personas con ideas, identidades, culturas e intereses distintos.

Unas veces elegimos a unos administradores.

Otras veces, a otros.

Unos prefieren ampliar determinadas estancias.

Otros quieren redistribuir los espacios.

Algunos proponen invertir más en los servicios comunes.

Otros consideran preferible reducir determinados gastos.

Ese es el debate democrático.

Pero ningún administrador puede llegar afirmando que la casa está destruida simplemente porque no le gusta cómo la organizaron sus antecesores.

Y mucho menos comportarse como si, por haber recibido las llaves, hubiera adquirido también la propiedad del inmueble.

La casa es de todos.

También de quienes votaron en contra.

También de quienes discrepan.

También de quienes no se sienten representados por el nuevo Gobierno.

Por eso, cuando escucho hablar de Reconstrucción Nacional, me pregunto si realmente pretenden reparar lo que no funciona o remodelar la casa para adaptarla a una determinada idea de España.

Porque no es lo mismo.

Y sus consecuencias tampoco lo son.

Epílogo. Las llaves y las escrituras

Señor Feijóo:

Puede usted aspirar legítimamente a presidir el Gobierno de España.

Puede defender su programa, criticar al Gobierno actual y solicitar el voto de los ciudadanos.

Puede proponer reformas profundas e incluso intentar alcanzar acuerdos parlamentarios con Vox, asumiendo las correspondientes responsabilidades políticas.

Todo eso forma parte de la democracia.

Pero no necesita presentar España como un país destruido para justificar sus aspiraciones.

Ni proclamarse, explícita o implícitamente, su rescatador.

Porque España no necesita propietarios.

Necesita gobernantes responsables, instituciones sólidas, servicios públicos que funcionen, derechos protegidos y ciudadanos capaces de convivir en la discrepancia.

Y necesita, sobre todo, que nadie confunda su proyecto político con la única España legítima.

No pretenden reconstruir una España destruida, porque tal destrucción no existe. Pretenden remodelar una España que no se ajusta a su proyecto político.

Esa es mi convicción.

Y por eso termino con una reflexión que resume todo lo anterior:

Señor Feijóo, los españoles podemos entregarle las llaves de la Moncloa durante cuatro años. Lo que nunca le entregaremos son las escrituras de propiedad de España.

Porque España no es suya.

Ni mía.

Es nuestra.

martes, 10 de noviembre de 2026

ESPAÑA A 120 DECIBELIOS

Cuando el ruido político nos impide pensar

Llevamos más de tres años —y podríamos remontarnos a 2018— soportando un ruido político que no ha dejado de crecer. Un ruido que ha ido ganando decibelios hasta alcanzar niveles ensordecedores.

Todas las mañanas, a mediodía, por la tarde y por la noche, aparece algún dirigente político, generalmente de la derecha, denunciando una nueva corrupción, una nueva traición, una nueva mentira o una nueva maniobra del presidente del Gobierno.

Y vuelta a empezar.

En ese permanente runrún se mezclan hechos, sospechas, investigaciones judiciales, interpretaciones interesadas, medias verdades, resentimientos, deseos de revancha y acusaciones que muchas veces se adelantan a cualquier prueba.

Todo acaba formando parte del mismo estruendo.


Lo verdaderamente preocupante no es que se critique al Gobierno. Es que el ruido termine sustituyendo a la información y la repetición ocupe el lugar de la prueba.

Cuando dejamos de escuchar y empezamos a repetir

«Hijo de puta», «traidor», «felón», «dictador», «cobarde», «asesino»...

Los calificativos se suceden con tal frecuencia que terminan perdiendo su carácter extraordinario. Se normalizan. Pasan de la tribuna parlamentaria al titular, del titular a la tertulia, de la tertulia a las redes sociales y de las redes sociales a nuestras conversaciones cotidianas.

Y ahí comienza el fenómeno más inquietante.

Nosotros mismos nos convertimos en transmisores.

Repetimos en casa, con nuestra familia; en el trabajo, con nuestros compañeros; y en el bar, con nuestros amigos, afirmaciones cuyo origen desconocemos, acusaciones que no hemos contrastado y conclusiones a las que nunca llegamos por nuestro propio razonamiento.

No siempre sabemos exactamente qué ha ocurrido, quién lo ha hecho o qué pruebas existen.

Pero lo hemos oído tantas veces que empieza a parecernos cierto.

El ruido ya no necesita que le prestemos atención. Ha conseguido que lo reproduzcamos.

Y cuando eso sucede, la contaminación deja de ser exclusivamente política para convertirse en social.

La deshumanización como consecuencia

Pedro Sánchez ha dejado de ser, para una parte de la sociedad, un presidente con el que discrepar, un adversario al que combatir electoralmente o un gobernante al que exigir responsabilidades.

Se ha convertido en una caricatura.

En alguien a quien no se le reconocen intenciones legítimas, capacidad de decisión ni siquiera, en ocasiones, la condición de interlocutor respetable.

Todo cuanto hace es sospechoso. Todo cuanto dice encierra una trampa. Todo acuerdo es una cesión inconfesable. Toda decisión responde a un supuesto interés personal.

Y cualquier acontecimiento desgraciado termina encontrando, por extraño que resulte el recorrido argumental, un camino hasta la responsabilidad del presidente.

Naturalmente, Sánchez puede equivocarse. Y se ha equivocado. Su Gobierno puede ser criticado y sus actuaciones deben someterse al escrutinio público. Las sospechas de corrupción merecen investigación, no indulgencia.

Pero investigar no es condenar, discrepar no es deshumanizar y exigir responsabilidades no equivale a convertir a una persona en culpable universal.

Cuando desaparecen esas distinciones, la democracia pierde algo esencial: la posibilidad de discutir racionalmente.

Queríamos pluralidad. Ahora llamamos traición al acuerdo.

Hay una contradicción española que me resulta especialmente llamativa.

Durante años criticamos el bipartidismo. Reclamábamos una representación política más plural, más próxima a la diversidad real de nuestra sociedad.

El 15M expresó, entre otras cosas, el agotamiento de una forma de entender la representación política.

Queríamos que las instituciones reflejaran mejor nuestras diferencias.

Y lo conseguimos.

El Parlamento dejó de organizarse exclusivamente alrededor de dos grandes partidos capaces de alternarse en el poder con mayorías suficientes.

Pero la pluralidad tiene consecuencias.

Cuando los ciudadanos distribuyen sus votos entre distintas fuerzas políticas, están obligando a sus representantes a hablar, negociar, ceder y alcanzar acuerdos.

Eso es el parlamentarismo.

Sin embargo, cuando Pedro Sánchez consigue reunir apoyos suficientes para gobernar, la negociación pasa a llamarse chantaje; el acuerdo, claudicación; y la mayoría parlamentaria, traición.

No comparto necesariamente todos esos acuerdos. Algunos me suscitan dudas y otros me parecen discutibles.

Pero una cosa es cuestionar su contenido y otra negar su legitimidad por el mero hecho de que los interlocutores políticos nos desagraden.

¿Queríamos un Parlamento plural o solamente uno que reprodujera nuestras propias preferencias?

Como decía aquella canción, «esta España mía, esta España nuestra».

Siempre inconforme. Incluso con aquello que decía desear.

El socialcomunismo que nunca termina de llegar

Una de las acusaciones más repetidas consiste en presentar a Sánchez como el dirigente de un supuesto proyecto socialcomunista dispuesto a destruir España, entregar el país a los independentistas y acabar con nuestro sistema político.

Pero basta examinar las políticas realmente aprobadas para comprobar que esa descripción resulta, cuando menos, profundamente exagerada.

Sánchez sigue siendo un político socialdemócrata.

Es cierto que la aritmética parlamentaria y la participación de fuerzas situadas a su izquierda han condicionado su acción de gobierno. También es cierto que se han producido avances sociales importantes.

Pero quienes aspirábamos a transformaciones más profundas sabemos que muchas se han quedado a medio camino.

La reforma laboral de 2021, por ejemplo, introdujo cambios relevantes en la contratación y en la negociación colectiva, pero no derogó íntegramente la reforma del Partido Popular de 2012.

Se han elevado el salario mínimo y determinadas prestaciones, se han adoptado medidas de protección social y se han impulsado reformas laborales y de pensiones.

Y, aun así, persisten problemas enormes: el acceso a la vivienda, la precariedad de determinados sectores, las desigualdades patrimoniales y las dificultades de muchas familias para llegar a fin de mes.

Para una parte de la izquierda, el giro ha sido insuficiente. Para una parte de la derecha, cualquier giro hacia la izquierda resulta intolerable.

Quizás ahí resida una de las grandes paradojas de estos años.

Un Gobierno que algunos consideran demasiado moderado es presentado por otros como una amenaza revolucionaria.

Los datos que el ruido no deja escuchar

Hay cifras que merecen ser examinadas, aunque no encajen en determinados relatos políticos.

En 2018, el salario mínimo interprofesional era de 735,90 euros mensuales. En 2026 alcanza los 1.221 euros, siempre en catorce pagas. Un incremento nominal cercano al 66 %, que no debe confundirse con una mejora equivalente del poder adquisitivo.

En octubre de 2026, España registró 22,62 millones de afiliados a la Seguridad Social, un máximo histórico. Pero ese mismo mes también aumentó el paro registrado en 43.128 personas.

Son datos que pueden y deben analizarse conjuntamente.

La reforma laboral de 2021, fruto del diálogo social, limitó determinadas modalidades de contratación temporal y modificó las reglas de negociación colectiva. Pero no derogó íntegramente la legislación laboral aprobada durante el Gobierno de Rajoy.

No estamos ante una revolución socialcomunista. Tampoco ante la solución definitiva de nuestros problemas estructurales.

Estamos ante una política socialdemócrata con avances comprobables, limitaciones evidentes y resultados que merecen ser evaluados sin consignas.

Porque los hechos no dejan de existir cuando el ruido consigue que nadie hable de ellos.

Un adversario al que no conviene dejar hablar

Considero que Pedro Sánchez posee una formación política, una capacidad parlamentaria y una proyección internacional superiores a las de sus principales antagonistas.

Es mi valoración, naturalmente, y puede discutirse.

Pero ha demostrado capacidad para desenvolverse en escenarios políticos extraordinariamente complejos, construir mayorías difíciles y sostener una acción de gobierno en circunstancias que habrían desbordado a otros dirigentes.

Y aquí aparece otra dimensión del ruido.

Cuando la confrontación se organiza alrededor de la descalificación permanente, el debate sobre las propuestas desaparece.

Ya no importa tanto lo que el adversario diga como la imagen previamente construida de quien lo dice.

No hace falta refutar sus argumentos si antes hemos conseguido que una parte del público desconfíe automáticamente de cualquier palabra que pronuncie.

Si no podemos silenciarlo, podemos intentar que nadie quiera escucharlo.

No afirmo que exista una única dirección coordinando todas las voces, ni que toda crítica responda a semejante propósito.

Pero el efecto acumulativo de determinadas estrategias de comunicación puede ser precisamente ese.

Convertir al adversario en alguien a quien se rechaza antes de escuchar.

Gobernar cuando todo parece una catástrofe

Tampoco podemos ignorar las circunstancias que han marcado estos años.

Una pandemia mundial. Las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. La crisis energética. La inflación. Las tensiones internacionales. La transformación del mercado laboral y las dificultades para acceder a una vivienda.

Acontecimientos que ningún presidente español podía controlar por sí solo.

Eso no exime al Gobierno de responder por sus decisiones. Pero obliga a distinguir entre los problemas que puede resolver, aquellos sobre los que puede influir y los que dependen de circunstancias internacionales.

La inflación, por ejemplo, tiene consecuencias muy concretas sobre la vida de las personas. Sería absurdo restar importancia al precio de los alimentos o a las dificultades de las familias.

Pero también sería injusto analizar esos precios sin considerar las causas externas, las medidas adoptadas para amortiguar sus efectos y la evolución comparada de los principales indicadores económicos.

El balance debe incluir tanto los aciertos como los errores.

Porque una oposición responsable no está obligada a respaldar al Gobierno, pero sí debería aspirar a ofrecer alternativas, reconocer los hechos y actuar con sentido de Estado cuando las circunstancias lo requieren.

La discrepancia no necesita convertirse permanentemente en una emergencia nacional.

El peligro de acostumbrarnos

Quizás lo más preocupante de todo sea nuestra progresiva adaptación al estruendo.

Nos hemos acostumbrado a que el insulto forme parte del debate público.

A que la sospecha equivalga a una condena.

A que las redes sociales recompensen la agresividad.

A que el adversario político sea presentado como un enemigo moral.

Y a que una conversación familiar pueda convertirse en una disputa irreconciliable por la simple mención de un nombre.

El problema ya no es solamente lo que dicen los políticos.

Es lo que estamos aprendiendo a hacer nosotros.

Porque una sociedad que deja de escuchar pierde también la capacidad de rectificar.

Y cuando la opinión se convierte en identidad, reconocer un error parece una rendición.

¿Y si un día desaparece el ruido?

No sé qué ocurrirá en las próximas elecciones.

No sé si Pedro Sánchez conseguirá mantener una mayoría parlamentaria suficiente o si España iniciará una etapa de gobierno conservador con participación o influencia decisiva de la extrema derecha.

En democracia, cualquiera de esos resultados debe resolverse mediante las urnas y las reglas parlamentarias.

Pero sí me preocupa que una parte de la ciudadanía termine votando no tanto a favor de un proyecto político como contra una figura previamente deshumanizada.

Que el rechazo acumulado durante años pese más que el examen de las alternativas.

Que la indignación sustituya al razonamiento.

Y que, si finalmente llega un Gobierno que recorte derechos o revierta avances sociales, descubramos demasiado tarde que algunas de las conquistas que considerábamos permanentes eran bastante más frágiles de lo que imaginábamos.

O quizás ni siquiera entonces lo reconozcamos.

El orgullo humano tiene una extraordinaria capacidad para justificar nuestras propias decisiones, incluso cuando sus consecuencias nos perjudican.

No pretendo que nadie deje de criticar a Pedro Sánchez.

Tampoco que se le conceda una confianza que no haya merecido.

Pido algo bastante más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil.

Que recuperemos la capacidad de escuchar antes de juzgar.

Que distingamos la noticia del comentario, la sospecha de la prueba, el error del delito y el adversario del enemigo.

Porque el mayor triunfo del ruido no consiste en impedirnos escuchar a Pedro Sánchez. Consiste en impedirnos escucharnos unos a otros.

Y puede que, cuando por fin se haga el silencio, descubramos que hemos perdido mucho más que unas elecciones.

lunes, 9 de noviembre de 2026

El PSOE remonta. ¿Y si el partido no estaba sentenciado?

El País publica una encuesta de 40dB que sitúa al PSOE a solo dos puntos del PP. La derecha conserva la mayoría absoluta, pero el escenario electoral dista mucho de estar cerrado.

9 de noviembre de 2026

Durante meses hemos escuchado que las próximas elecciones generales estaban prácticamente decididas. Que el desgaste del Gobierno era irreversible, que Pedro Sánchez había agotado su crédito político y que la llegada de PP y Vox al poder era poco menos que inevitable.

Pero las elecciones no se ganan en los titulares. Se ganan en las urnas.

Y hoy, 9 de noviembre, la encuesta de 40dB publicada por El País introduce un elemento que merece una reflexión: el PSOE avanza y se sitúa a solo dos puntos del Partido Popular.

¿Significa que la izquierda va a ganar las elecciones? No.

¿Significa que la victoria de la derecha está garantizada? Tampoco.

Una remontada que conviene medir

El PSOE alcanza el 29,9 % de estimación de voto, tras subir 1,8 puntos respecto a octubre. El PP se sitúa en el 31,9 %, después de retroceder medio punto.

La distancia entre ambos partidos queda reducida a dos puntos.

No estamos hablando de una victoria socialista, pero tampoco de ese hundimiento que algunos llevan meses anunciando.

Hay un detalle que ayuda a dimensionar el resultado: en las elecciones generales de julio de 2023, el PSOE obtuvo aproximadamente el 31,7 % de los votos.

Por tanto, todavía no ha recuperado aquel respaldo electoral, pero se encuentra mucho más cerca de conseguirlo.

La recuperación existe en la estimación de voto de esta encuesta. Lo que todavía debemos comprobar es si se consolida.

La paradoja de los escaños

Aquí aparece la principal advertencia.

Aunque el PSOE mejora su estimación de voto, 40dB le atribuye 119 diputados, dos menos de los que obtuvo en 2023.

El PP conseguiría 129 y Vox alcanzaría 61.

Entre ambos sumarían 190 diputados, catorce por encima de la mayoría absoluta.

Por tanto, sería un error presentar esta encuesta como el anuncio de una victoria de la izquierda.

Pero también sería un error considerar que la ventaja actual de PP y Vox convierte el resultado electoral en irreversible.

Las encuestas describen un escenario probable bajo determinadas condiciones. No certifican el futuro.


La izquierda tiene un problema que el PSOE no puede resolver solo

La encuesta pone de manifiesto una cuestión especialmente preocupante para quienes deseamos una mayoría progresista.

La fragmentación electoral de la izquierda situada más allá del PSOE puede traducirse en una pérdida considerable de representación parlamentaria.

El PSOE puede recuperar votos y, sin embargo, no conseguir que su bloque político mejore suficientemente.

En nuestro sistema electoral, la distribución territorial del voto y la aplicación de la fórmula D'Hondt en circunscripciones provinciales hacen que la dispersión electoral pueda tener consecuencias decisivas.

No basta con sumar porcentajes nacionales. Hay que conseguir diputados.

Y aquí aparece una responsabilidad política que no puede eludirse: las fuerzas progresistas deben decidir si sus diferencias justifican arriesgar una representación parlamentaria que podría resultar determinante.

No se trata de exigir que nadie renuncie a sus principios. Se trata de recordar que la política democrática también consiste en negociar, entenderse y alcanzar acuerdos.


Sánchez conserva una fortaleza que Feijóo no consigue superar

Hay otro dato que merece atención.

Según la encuesta, Pedro Sánchez es el preferido para presidir el Gobierno por el 30 % de los entrevistados, frente al 20 % de Alberto Núñez Feijóo.

La diferencia es considerable.

Esto no significa que todos esos ciudadanos vayan a votar al PSOE. Las preferencias personales y la intención de voto son indicadores distintos.

Pero sí cuestiona la idea de que Sánchez haya perdido completamente su capacidad de liderazgo.

El PP aventaja al PSOE en estimación electoral, mientras Feijóo queda por detrás de Sánchez en preferencia presidencial.

Esa contradicción aparente merece más atención de la que suele recibir.

El miedo no sustituye a un proyecto

Es posible que la perspectiva de un Gobierno compartido por PP y Vox esté contribuyendo a movilizar a una parte del electorado progresista.

Pero sería insuficiente construir toda una campaña sobre el temor al adversario.

Una mayoría social necesita motivos para votar a favor de algo, no únicamente razones para votar contra alguien.

Las pensiones, el empleo, los salarios, los servicios públicos, la vivienda y los derechos sociales deben ocupar el centro del debate.

Y junto a los avances conseguidos deben reconocerse los problemas que siguen sin resolverse.

Porque defender la gestión de un Gobierno no exige negar sus errores. Al contrario: reconocerlos puede reforzar su credibilidad.

¿Hay partido?

A mi juicio, sí.

Pero conviene explicar qué significa esa afirmación.

No significa que el PSOE tenga garantizada la victoria, ni que PP y Vox hayan perdido su ventaja parlamentaria.

Significa que, a veinte días de las elecciones del 29 de noviembre, existe margen para la movilización, para los cambios de preferencia electoral y para que el resultado final difiera de las proyecciones actuales.

También significa que nadie debería confundir una encuesta con una sentencia.

La política no es una carrera de caballos en la que baste con conocer quién encabeza la clasificación a pocos metros de la meta.

Es una confrontación democrática de proyectos, propuestas y formas de entender la sociedad.

Y el resultado depende, en última instancia, de lo que decidan los ciudadanos.

Una última reflexión

Llevamos demasiado tiempo instalados en una política de certezas absolutas.

Unos anuncian el final inevitable del Gobierno. Otros interpretan cualquier mejora demoscópica como el comienzo de una victoria segura.

Ambas posiciones tienen algo en común: sustituyen el análisis por el deseo.

La encuesta de hoy permite afirmar que el PSOE ha mejorado su posición y que la distancia respecto al PP se ha estrechado.

También obliga a reconocer que PP y Vox mantienen, por ahora, una mayoría absoluta holgada en la proyección de escaños.

Las dos cosas son ciertas.

Y precisamente por eso la conclusión no debería ser triunfalista ni derrotista.

Hay partido. Quedan veinte días. Y, afortunadamente, las elecciones todavía las deciden los ciudadanos, no los sondeos ni quienes pretenden convertirlos en resultados anticipados.



Fuente principal: El País, 9 de noviembre de 2026. Encuesta de 40dB, páginas 1, 16 y 17.

domingo, 8 de noviembre de 2026

Feijóo y Vox: la coalición vergonzante


De la moderación prometida a la dependencia de la extrema derecha. Los ciudadanos reparten los escaños; los dirigentes deciden los pactos. Y nadie debería eludir la responsabilidad de sus decisiones.


Hay declaraciones políticas que merecen atención por lo que dicen. Y otras que, por lo que cuidadosamente evitan decir, merecen todavía más.

Alberto Núñez Feijóo acaba de ofrecernos un ejemplo de estas últimas.

En una entrevista publicada por El País este domingo, 8 de noviembre de 2026, el presidente del Partido Popular afirma:

«Hacer una coalición de Gobierno con Vox no depende de mí».

Una frase aparentemente razonable. Serán los ciudadanos quienes determinen la composición del Congreso de los Diputados el próximo 29 de noviembre.

Pero contiene una omisión fundamental: los ciudadanos eligen representantes; no firman acuerdos de Gobierno.

Y esa diferencia, elemental en cualquier democracia parlamentaria, es precisamente la que Feijóo parece interesado en difuminar.

Las urnas pueden hacer necesario negociar. Lo que no hacen es obligar a pactar con Vox.

Las urnas reparten escaños, no ministerios

Los ciudadanos pueden configurar un Congreso en el que ninguna formación consiga gobernar sin negociar.

No estamos hablando de una hipótesis remota. Es precisamente lo que ha sucedido durante las últimas legislaturas de Pedro Sánchez, sostenidas mediante coaliciones y acuerdos parlamentarios con diferentes fuerzas políticas.

Y es justamente lo que el Partido Popular ha criticado con una intensidad extraordinaria, recurriendo en ocasiones a un lenguaje que, en mi opinión, ha sobrepasado los límites de la crítica razonable para adentrarse en la descalificación personal y la zafiedad.

Resulta llamativo que aquello que se ha presentado como una anomalía democrática cuando beneficiaba a Sánchez pueda convertirse en una consecuencia natural de las urnas cuando quien necesita los apoyos es Feijóo.

¿Los pactos son una traición a la voluntad popular cuando gobierna Sánchez y una expresión de esa misma voluntad cuando pretende gobernar Feijóo?

La legitimidad parlamentaria no cambia según quién ocupe La Moncloa.

Feijóo tiene derecho a negociar con Vox. Vox tiene derecho a presentar sus exigencias. Ambos cuentan con la legitimidad democrática que les otorgan sus votantes.

Pero esa legitimidad no convierte sus acuerdos en inevitables.

Si Feijóo acaba gobernando con Vox, será porque ambos partidos hayan decidido hacerlo. No porque los ciudadanos les hayan obligado.


Juanma Moreno: un argumento que ya escuchamos en Andalucía

La frase de Feijóo recuerda poderosamente a la utilizada por Juanma Moreno para explicar su relación con Vox.

Durante la campaña andaluza de 2026, Moreno reivindicaba su moderación y advertía de las complicaciones de depender políticamente de Vox.

Sin embargo, también dejaba abierta la posibilidad de pactar en función de los resultados.

Después llegó el acuerdo entre ambos partidos, justificado por la necesidad de reunir una mayoría suficiente para gobernar.

El razonamiento resulta revelador.

Primero se presenta a Vox como un socio que sería preferible evitar. Después se acepta su participación o influencia en el Gobierno. Y finalmente se presenta esa decisión como una consecuencia de la voluntad de los electores.

Pero las urnas no negocian consejerías.

Los ciudadanos no redactan programas de coalición ni deciden qué competencias corresponde asumir a cada partido.

Eso lo hacen sus dirigentes.

No cuestiono la legitimidad democrática de los acuerdos. Cuestiono la pretensión de convertir una decisión política voluntaria en una obligación impuesta por los resultados electorales.

Moreno ya recurrió a ese argumento en Andalucía. Ahora Feijóo lo reproduce a escala nacional.

María Guardiola: cuando las líneas rojas se vuelven negociables

El caso de María Guardiola, en Extremadura, constituye otro precedente especialmente ilustrativo.

En junio de 2023, la dirigente popular rechazaba incorporar a Vox a su Gobierno.

Había expresado discrepancias importantes con sus posiciones sobre la violencia machista, la inmigración y los derechos LGTBI.

El 20 de junio defendía públicamente que no gobernaría con Vox, incluso si ello suponía afrontar una repetición electoral.

Diez días después, PP y Vox anunciaban un acuerdo de coalición.

Vox obtenía una consejería y compromisos institucionales y programáticos.

¿Qué había cambiado?

No los resultados electorales, que seguían siendo los mismos.

Había cambiado la decisión política de quienes negociaban.

Guardiola tenía derecho a reconsiderar su posición. Lo que merece crítica es la facilidad con la que compromisos presentados como principios irrenunciables pueden transformarse en condiciones negociables cuando entra en juego el acceso al poder.

El precedente demuestra que una línea roja anunciada antes de gobernar no siempre resiste la negociación posterior.

Y eso nos obliga a examinar con particular atención las líneas rojas que Feijóo anuncia hoy.

El Senado: la colaboración empieza antes de las urnas

La relación entre PP y Vox tampoco pertenece exclusivamente al terreno de las hipótesis.

Los acuerdos electorales anunciados para el Senado de cara al 29 de noviembre muestran que ambas formaciones son capaces de coordinar candidaturas y estrategias para mejorar sus posibilidades de representación.

No se trata de una coalición de Gobierno ni debe confundirse automáticamente con una coalición electoral formal.

Pero constituye una colaboración política efectiva.

Y revela algo importante: los acuerdos entre PP y Vox no tienen por qué esperar a conocer los resultados electorales.

Ambos partidos pueden anticiparse, negociar y establecer compromisos cuando consideran que les resultan convenientes.

Podríamos hablar, en sentido político, de una pseudocoalición: una colaboración que no necesariamente adopta la forma jurídica de una coalición, pero que persigue objetivos compartidos.

Feijóo no puede presentar como completamente ajena a su voluntad una relación política que su propio partido ya está gestionando mediante acuerdos concretos.

La moderación que desembarcó en Madrid

Feijóo aspira a representar una derecha institucional, moderada y capaz de ofrecer estabilidad.

¿Les suena?

Es un discurso que recuerda poderosamente al que acompañó su llegada a Madrid en 2022, cuando asumió la dirección nacional del Partido Popular tras la crisis que terminó con el liderazgo de Pablo Casado.

Llegaba envuelto en una promesa de moderación, serenidad, diálogo y recuperación de la política institucional.

Aquella presentación alimentó la expectativa de una derecha menos crispada, capaz de confrontar proyectos políticos sin convertir permanentemente al adversario en un enemigo.

Han pasado más de cuatro años.

Y hoy merece preguntarse cuánto queda de aquella promesa.

Porque la moderación no consiste únicamente en utilizar un lenguaje menos estridente que el de Santiago Abascal.

También exige coherencia entre los principios que se defienden y los acuerdos que se está dispuesto a suscribir.

No se puede pedir al electorado que valore una candidatura por su supuesta moderación y, al mismo tiempo, dejar sin aclarar qué partes del programa de Vox podrían incorporarse a la acción de Gobierno.

Pero cabe una interpretación todavía más inquietante.

¿Y si esa ambigüedad no fuese una muestra de indecisión, sino una estrategia deliberada?

Feijóo conoce los antecedentes autonómicos, las posiciones de Vox y las exigencias que podría plantear Abascal.

También sabe que comprometerse antes de las elecciones a rechazar determinadas políticas limitaría su margen negociador después.

No podemos afirmar que exista un pacto secreto ni que todas las concesiones estén previamente decididas. No tenemos pruebas de ello.

Pero sí podemos señalar que mantener abiertas todas las posibilidades permite adaptar los acuerdos al escenario que resulte de las urnas.

La pregunta es inevitable:

¿Estamos ante un dirigente que todavía no sabe qué hará o ante uno que prefiere no decirlo hasta conocer cuánto necesita a Vox?

Abascal también tiene algo que decir

Hasta ahora hemos planteado una pregunta fundamental:

Si el PP necesita a Vox para alcanzar la Presidencia del Gobierno, ¿qué estará dispuesto a concederle?

Pero existe otra igualmente importante.

Si Vox resulta imprescindible para que Feijóo sea presidente, ¿por qué habría de renunciar a sus principales exigencias programáticas?

La negociación tiene dos protagonistas.

Si el PP queda cerca de la mayoría absoluta, su posición negociadora será relativamente fuerte y podría intentar conseguir apoyos mediante compromisos limitados.

Si necesita decisivamente a Vox, Abascal dispondrá de mayor capacidad de presión y podría exigir medidas legislativas, presupuestarias y programáticas de mayor alcance.

Y si Vox considera que su peso parlamentario justifica participar directamente en el Ejecutivo, podría reclamar ministerios y competencias de Gobierno.

También podría optar por facilitar la investidura desde fuera. Nada obliga a Vox a exigir ministerios ni garantiza que los consiga.

Pero ¿por qué deberíamos dar por supuesto que abandonará gratuitamente sus principales propuestas precisamente cuando su fuerza parlamentaria le permita negociarlas?

¿Renunciaría a sus posiciones sobre inmigración, igualdad, modelo territorial o determinadas políticas sociales?

¿A cambio de qué?

¿Y qué haría Feijóo si Vox condicionara su apoyo a medidas incompatibles con las líneas rojas que hoy anuncia?

Porque la influencia política de un partido no se mide exclusivamente por el número de ministros que ocupa, sino también por las decisiones que consigue imponer o condicionar.

Se puede evitar la fotografía de una coalición sin evitar sus consecuencias políticas.

La escalada: cuando la derecha de ayer se convierte en la moderación de mañana

Pero hay algo que me preocupa todavía más que una eventual coalición entre el PP y Vox.

Es la progresiva normalización de discursos que hace no tantos años habrían encontrado una resistencia mucho mayor.

Vox encontró su espacio político acusando al PP de representar una derecha acomplejada, incapaz de defender con suficiente contundencia determinadas posiciones ideológicas.

La famosa «derechita cobarde» era mucho más que un insulto: constituía una estrategia para disputar al Partido Popular la representación de la derecha española.

Y consiguió hacerse con un espacio electoral considerable.

El PP, en lugar de mantener siempre una frontera política inequívoca frente a esos planteamientos, ha terminado incorporando algunos de sus marcos discursivos, compartiendo gobiernos autonómicos y negociando políticas con Vox.

Pero la radicalización no tiene necesariamente un punto final.

Cuando una formación consigue normalizar determinadas posiciones, pueden surgir otras que consideren insuficiente su radicalidad.

Y aquí aparece Núcleo Nacional.

Una organización de orientación neonazi, con mensajes abiertamente racistas y referencias ideológicas que evocan algunos de los episodios más oscuros de la historia europea.

Su aparición y actividad no pueden explicarse exclusivamente por los acuerdos entre PP y Vox. Sería una simplificación injustificada.

Tampoco estamos hablando de organizaciones equivalentes. PP, Vox y Núcleo Nacional tienen naturalezas, programas y comportamientos diferentes.

Precisamente por eso resulta indispensable distinguirlas.

Pero también es legítimo examinar la dinámica por la que sectores situados todavía más a la derecha consideran insuficiente la radicalidad de Vox, del mismo modo que Vox había presentado al PP como una derecha demasiado débil.

¿Hasta dónde puede desplazarse el debate político cuando cada nueva radicalización acaba convirtiendo a la anterior en una aparente moderación?

Edulcorar el franquismo también tiene consecuencias

No hace falta compartir una ideología extremista para contribuir a normalizar algunos de sus referentes históricos o argumentos.

Y existen declaraciones públicas que justifican esta preocupación.

En junio de 2025, Esperanza Aguirre llegó a afirmar que, a la larga, la dictadura franquista había sido mejor que la Segunda República.

También hemos escuchado declaraciones de otros dirigentes del PP y de Vox que relativizan aspectos de la dictadura o eluden su condena expresa.

No todas esas manifestaciones tienen el mismo alcance. Reconocer una actuación concreta de un régimen tampoco equivale necesariamente a justificar todos sus crímenes.

Pero su acumulación merece una reflexión crítica.

Porque una cosa es estudiar las transformaciones económicas y sociales que se produjeron durante el franquismo y otra muy distinta utilizarlas para establecer una comparación favorable entre una dictadura y un régimen democrático.

Edulcorar el franquismo no requiere reivindicar abiertamente todos sus crímenes. También puede consistir en suavizar su recuerdo, minimizar su represión o presentar sus supuestas virtudes como contrapeso de la ausencia de libertades.

Y cuando ese discurso procede de personas con responsabilidades institucionales destacadas, sus consecuencias políticas merecen ser examinadas.

No afirmo que Esperanza Aguirre, Feijóo o el conjunto del PP compartan el ideario neonazi.

Sería una acusación injustificada.

Lo que sostengo es algo diferente: determinadas manifestaciones pueden contribuir a normalizar referencias autoritarias, incluso aunque quienes las realizan no pretendan promover organizaciones extremistas.

No hace falta demostrar que una declaración concreta haya provocado directamente el crecimiento del neonazismo para cuestionar sus consecuencias políticas y culturales.

No hace falta compartir una ideología extremista para contribuir a crear un ambiente en el que algunos de sus argumentos encuentren menos resistencia.

Y esa responsabilidad merece una reflexión mucho más profunda que la habitual confrontación partidista.

Cuando la polarización sustituye al pensamiento crítico

Existe un elemento que convierte esta evolución en algo todavía más peligroso: el deterioro del debate público.

Una democracia necesita ciudadanos capaces de escuchar, contrastar, disentir y reflexionar.

No exige que todos pensemos igual.

Al contrario, necesita que podamos pensar de manera diferente sin convertir al adversario en un enemigo.

Sin embargo, asistimos a una degradación preocupante del debate político.

La discrepancia se transforma en descalificación. El argumento se sustituye por el insulto. La información se selecciona según su utilidad partidista.

Ya no se pregunta qué ha dicho alguien, sino quién lo ha dicho.

Y cuando pertenece al bando contrario, su argumento puede quedar desacreditado antes incluso de ser escuchado.

La polarización no necesita destruir nuestra capacidad de pensar críticamente. Le basta con conseguir que dejemos de utilizarla frente a quienes consideramos de los nuestros.

Es precisamente en ese ambiente donde la edulcoración del autoritarismo adquiere una dimensión especialmente peligrosa.

Porque no hace falta que una sociedad abrace conscientemente ideas antidemocráticas para que algunos de sus miembros comiencen a tolerar discursos que antes rechazaban.

Basta con que determinadas afirmaciones se repitan, se relativicen y se incorporen progresivamente al lenguaje político habitual.

Basta con que la condena de una dictadura se convierta en una cuestión partidista, en lugar de constituir un principio democrático compartido.

Basta con que dejemos de examinar el contenido de las ideas porque quien las pronuncia pertenece a nuestro espacio político.

El ciudadano deja de ser alguien a quien convencer mediante argumentos y pasa a convertirse, demasiadas veces, en alguien a quien movilizar mediante emociones, miedos y antagonismos.

No pretendo sostener que toda la responsabilidad de la polarización corresponda a una sola fuerza política.

Pero tampoco acepto que esa responsabilidad deba repartirse automáticamente por igual.

Cada dirigente, cada organización y cada medio de comunicación debe responder por sus palabras, sus actuaciones y su contribución concreta al deterioro del debate público.

Y cuando ese deterioro coincide con la banalización de una dictadura, la deshumanización del adversario o la normalización de propuestas excluyentes, el riesgo adquiere una gravedad particular.

El mayor peligro para una democracia no es solamente que existan quienes desean debilitarla. Es que quienes deberían defender sus principios terminen aceptando, por fidelidad partidista o por simple costumbre, aquello que antes consideraban incompatible con ellos.

¿Por qué una coalición vergonzante?

No porque una coalición PP-Vox sea jurídicamente ilegítima.

Tampoco porque sus votantes carezcan de derecho a estar representados o a que sus partidos negocien acuerdos.

La expresión tiene otro significado.

Es vergonzante, en sentido político, la actitud de quien mantiene abierta una alianza, pero parece incómodo reconociendo las responsabilidades que comportaría.

De quien desea disponer de los votos de otro partido, pero prefiere evitar su presencia visible en el Gobierno.

De quien reivindica la moderación mientras se reserva la posibilidad de aceptar propuestas que podrían contradecirla.

Y, sobre todo, de quien presenta como una imposición de los resultados electorales lo que, llegado el momento, será una decisión propia.

Los antecedentes de Moreno y Guardiola muestran que las líneas rojas anunciadas pueden acabar siendo negociables.

Los acuerdos para el Senado muestran que PP y Vox pueden colaborar antes incluso de conocer los resultados.

Y la fuerza parlamentaria que obtenga Abascal determinará hasta qué punto podrá exigir concesiones.

Feijóo parece querer disfrutar de las ventajas parlamentarias de Vox sin asumir plenamente el coste político de aparecer asociado a sus posiciones más controvertidas.

Quiere los votos, pero no necesariamente la fotografía.

Y ese es precisamente el problema.

El 29 de noviembre también se vota sobre esto

Quedan tres semanas para las elecciones generales.

Durante este tiempo escucharemos propuestas económicas, promesas fiscales, compromisos sociales y numerosas acusaciones cruzadas.

Pero existe una pregunta que merece una respuesta particularmente clara.

Si Feijóo necesita a Vox para gobernar, ¿qué principios estará dispuesto a mantener incluso a costa de no ser presidente?

Y otra dirigida a Abascal:

Si Vox resulta imprescindible, ¿qué exigencias considerará irrenunciables?

Porque una democracia no se define únicamente por la celebración de elecciones.

También se define por la transparencia de sus acuerdos, la coherencia de sus dirigentes y la capacidad crítica de sus ciudadanos.

Feijóo no parece avergonzarse de necesitar los votos de Vox.

Lo que parece incomodarle es reconocer hasta dónde estaría dispuesto a llegar para conseguirlos.

Pero Abascal también tiene un programa, unos votantes y unas aspiraciones políticas. Y cuanto más imprescindible resulte, mayor será su capacidad para negociar.

Feijóo puede intentar mantener difusa la coalición antes de las elecciones. Lo que difícilmente podrá ocultar después serán las concesiones que acepte para hacerla posible.

Y no olvidemos la cuestión que trasciende a ambos dirigentes.

Cuando el discurso político se radicaliza, el autoritarismo se edulcora y la polarización sustituye a la reflexión, el peligro no consiste solamente en quién gobierna.

Consiste también en cuánto estamos dispuestos a tolerar para que gobiernen los nuestros.

Porque las democracias no se debilitan únicamente cuando alguien pretende derribar sus instituciones.

También pueden deteriorarse cuando sus ciudadanos dejan de examinar críticamente aquello que se hace en su nombre.

Las urnas decidirán quién tiene los votos.

Los dirigentes decidirán qué hacen con ellos.

Y la sociedad tendrá que decidir si continúa pensando por sí misma.


El Rincón de Kurro — 8 de noviembre de 2026

Artículo de opinión.

jueves, 5 de noviembre de 2026

CUANDO LOS MESÍAS FRACASAN, ¿QUIÉN PAGA LA FACTURA?


Del Brexit a Trump y Milei: tres experiencias de las que España debería aprender

Los británicos se creyeron especiales. Les convencieron de que Europa les costaba más de lo que les aportaba, de que recuperarían su soberanía y de que, libres de las ataduras comunitarias, volverían a ser una gran potencia.

Votaron Brexit.

Diez años después, las encuestas reflejan un profundo desencanto. Una mayoría considera que abandonar la Unión Europea fue un error y muchos desean recuperar la relación anterior.

La realidad ha terminado poniendo cifras a unas promesas que parecían irresistibles.

Les prometieron grandeza. Les entregaron una factura.


Al otro lado del Atlántico, Donald Trump prometió devolver a Estados Unidos una grandeza supuestamente perdida. «América primero», proclamaba.

También allí se agitó la bandera de la insolidaridad: Estados Unidos, decían, aportaba demasiado y recibía demasiado poco. Sus aliados se aprovechaban de su generosidad, los acuerdos internacionales perjudicaban sus intereses y otros países prosperaban a costa de los estadounidenses.

La solución parecía sencilla: cerrar filas, imponer aranceles, reducir compromisos y anteponer los intereses nacionales a cualquier proyecto compartido.

Otra vez el mismo mensaje: seremos más grandes cuando dejemos de compartir.

Los estadounidenses le dieron otra oportunidad.

Y en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026, una parte importante del electorado ha expresado su rechazo a esa política.

No significa que todos sus votantes se hayan arrepentido. Significa que una parte de la sociedad estadounidense está cuestionando las promesas de quien aseguró tener soluciones para todo.


En Argentina, Javier Milei llegó con una motosierra, prometiendo acabar con los privilegios de la política y liberar al país de todos sus males.

Casi tres años después, su Gobierno puede exhibir una importante reducción de la inflación, pero también una economía debilitada, un consumo castigado y millones de ciudadanos que siguen padeciendo enormes dificultades.

El desencanto alcanza a una parte considerable de la sociedad argentina, aunque Milei conserva apoyos.

El problema de los milagros políticos es que suelen exigir sacrificios muy reales a quienes menos tienen.


Y llegamos a España.


Aquí también tenemos nuestros vendedores de paraísos, nuestros salvadores de la patria, nuestros profetas de una prosperidad que llegará, aseguran, en cuanto les entreguemos el poder.

Feijóo y Abascal, cada uno con su discurso y sus propias ambiciones, parecen empeñados en importar recetas que otros países ya han puesto a prueba.

Meros imitadores iberizados de un mesianismo político que promete grandeza, agita el miedo, señala culpables y convierte la insolidaridad en una supuesta virtud patriótica.

Cambian los acentos, las banderas y los eslóganes, pero el argumento resulta sospechosamente familiar: nuestro país sería mucho más próspero si dejara de compartir tanto con los demás.

Y lo verdaderamente preocupante es que pretenden vendernos como una gran novedad lo que otros ciudadanos ya están cuestionando después de haberlo experimentado.

Feijóo promete una España imparable. Abascal ofrece una transformación todavía más profunda, cuestionando buena parte de los consensos políticos e institucionales existentes.

Sus propuestas no son idénticas. Pero en sus discursos aparecen, con distinta intensidad, reproches a los compromisos europeos, a determinadas políticas de cooperación, a la inmigración o a mecanismos de solidaridad territorial.

Especialmente en el discurso de Vox, la idea de que España da demasiado y recibe demasiado poco recuerda aquella retórica que alimentó el Brexit y el «América primero» de Trump.

Y aquí conviene hacerse una pregunta:

¿Desde cuándo la solidaridad, la cooperación y los acuerdos entre países son obstáculos para la prosperidad?

España no es una isla. Forma parte de una Unión Europea de la que recibe financiación, oportunidades comerciales, protección jurídica y capacidad de influencia internacional.

Su prosperidad no depende únicamente de lo que consiga por sí sola, sino también de lo que sea capaz de construir junto a otros.

Por supuesto que los acuerdos pueden mejorarse, que los recursos públicos deben administrarse correctamente y que los intereses españoles merecen una defensa firme.

Pero una cosa es defender esos intereses y otra muy distinta alimentar la ilusión de que estaremos mejor cuanto menos compartamos.

Los discursos de estos dirigentes comparten con aquellos experimentos una tentación: presentar la llegada al poder como la llave que abrirá las puertas de una prosperidad casi automática.

¿No nos suena?

La soberanía recuperada de los británicos. La grandeza restaurada de Trump. La libertad económica de Milei.

Distintos países, diferentes circunstancias y una misma pregunta:

¿Cuánto hay de solución real y cuánto de propaganda?

Porque gobernar no consiste en gritar más fuerte, encontrar culpables para todo o prometer que desaparecerán los problemas en cuanto cambie el inquilino del palacio presidencial.

Gobernar significa explicar qué se va a hacer, cuánto costará, quién asumirá los sacrificios y qué garantías existen de que los resultados serán mejores.

Y eso es precisamente lo que debemos exigir a quienes aspiran a gobernarnos.

No se trata de defender que el Gobierno actual lo haga todo bien. Ni mucho menos. Se trata de no confundir el legítimo deseo de cambio con la obligación de creer a quien promete milagros.

Los británicos ya han podido valorar su experiencia. Los estadounidenses acaban de expresar un importante rechazo electoral. Los argentinos están comprobando que reducir la inflación no resuelve por sí solo todos sus problemas.

España todavía puede observar, comparar y decidir.

¿Vamos a aprender de la experiencia ajena o necesitaremos equivocarnos nosotros también para descubrir que los mesías no hacen milagros y padecer en nuestras propias carnes lo que otros ya han padecido?

Porque las promesas las hacen los políticos, pero las consecuencias las pagan los ciudadanos.

Y algunas decisiones se toman en un día y tardan generaciones en corregirse.

¿De verdad necesitamos importar los errores ajenos, iberizarlos y sufrir sus consecuencias para aprender lo que otros ya están descubriendo?