Rumbo a la idiocracia: cuando pensar empieza a ser una molestia

La democracia no corre peligro solamente cuando alguien pretende silenciar a quienes piensan diferente. También se debilita cuando conseguimos que nadie quiera escucharlos.

De la ficción a una realidad inquietante

En 2006, la película Idiocracia, dirigida por Mike Judge, imaginaba un futuro disparatado en el que la ignorancia había terminado por imponerse al conocimiento, la vulgaridad al razonamiento y el espectáculo al pensamiento.

Era una comedia. Una caricatura deliberadamente exagerada que pretendía hacernos reír.

Veinte años después, algunas de sus escenas pueden suscitar una sonrisa bastante más incómoda.

No porque estemos viviendo literalmente aquella ficción, sino porque resulta inquietante comprobar cómo determinados mecanismos que la película ridiculizaba encuentran paralelismos en nuestro debate público.

El grito se impone al argumento. La ocurrencia desplaza a la explicación. El insulto consigue más atención que una propuesta razonada. Y no faltan quienes han descubierto que, para obtener adhesiones, puede resultar más rentable despertar resentimientos que ofrecer soluciones.

Tengo la inquietante sensación de que estamos caminando hacia una sociedad en la que pensar críticamente empieza a resultar incómodo y en la que razonar corre el riesgo de convertirse en una actividad casi extravagante.

No porque seamos menos inteligentes que nuestros antepasados. Ni siquiera porque estemos menos informados.

Paradójicamente, nunca habíamos tenido tanto conocimiento al alcance de la mano y, sin embargo, pocas veces me había preocupado tanto la facilidad con la que un eslogan puede imponerse a un razonamiento.

Estamos rodeados de información, pero eso no significa que estemos mejor informados. Y mucho menos que seamos más capaces de distinguir entre lo verdadero, lo falso y lo simplemente conveniente.

Quizás lo verdaderamente preocupante no sea que existan dirigentes dispuestos a explotar la ignorancia, sino que estemos dejando de exigirles que la combatan.

Porque cuando una sociedad deja de hacer preguntas, quienes pretenden gobernarla pueden terminar considerando innecesario dar respuestas.

La extraordinaria rentabilidad del mensaje simplón

Explicar un problema exige conocerlo. Proponer una solución requiere estudiar sus causas, valorar alternativas, calcular consecuencias y reconocer dificultades.

Pero todo ese esfuerzo puede ahorrarse con una frase contundente, una acusación escandalosa o una promesa suficientemente atractiva.

¿Que las pensiones plantean importantes desafíos de financiación? No hace falta explicar la demografía, las cotizaciones, los salarios, la productividad o los ingresos públicos. Basta con prometer que eliminando determinados gastos sobrará dinero para todo.

¿Que los servicios públicos necesitan más recursos? Prometamos bajar impuestos sin explicar cómo sostendremos la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

¿Que la vivienda se ha convertido en un problema para millones de personas? Busquemos un culpable al que señalar, aunque las causas sean mucho más complejas.

¿Que la realidad contradice nuestro discurso? Peor para la realidad.

La demagogia tiene una ventaja extraordinaria sobre la pedagogía: no necesita demostrar que sus soluciones funcionan. Le basta con conseguir que su público quiera creerlas.

Y cuanto más simple sea el mensaje, más fácil resultará repetirlo, compartirlo y convertirlo en una supuesta verdad colectiva.

No importa tanto que la propuesta sea razonable como que resulte emocionalmente atractiva.

Y ahí comienza el verdadero problema.

Primero se desacredita, después se deshumaniza

Hay algo que me preocupa todavía más que la simplificación de los problemas: la progresiva normalización del desprecio hacia quien piensa de manera diferente.

Ya no basta con discrepar de las ideas del adversario. Parece necesario presentarlo como un ser despreciable, indigno, peligroso o moralmente inferior.

No se combate su argumento: se ataca su persona.

No se rebate una propuesta: se insulta a quien la formula.

No se discuten sus decisiones: se cuestiona hasta su derecho a participar en el debate.

Y así se consigue algo extraordinariamente peligroso.

Cuando previamente has convencido a alguien de que su adversario es despreciable, ya no necesitas demostrar que sus argumentos son falsos. Has conseguido que no quiera escucharlos.

El insulto deja entonces de ser una simple manifestación de mala educación. Se convierte en un instrumento para desautorizar al adversario antes de que pueda abrir la boca.

Y si alguien intenta introducir un matiz, aportar un dato o plantear una reflexión, enseguida puede ser señalado como cómplice del enemigo.

Ya no se trata de convencer. Se trata de dividir el mundo entre los nuestros y los otros.

Esa es, a mi juicio, una de las formas más eficaces de empobrecer una democracia.

Porque el pensamiento crítico no consiste únicamente en cuestionar lo que dicen nuestros adversarios. Consiste también, y especialmente, en someter a examen aquello que dicen quienes nos resultan simpáticos, próximos o ideológicamente afines.

Y eso, reconozcámoslo, cuesta bastante más.

El gran circo de las emociones

Las redes sociales han proporcionado un escenario formidable para esta transformación.

Un razonamiento elaborado necesita tiempo y atención. Un insulto apenas necesita unos segundos.

Una explicación económica puede exigir varios párrafos. Un vídeo de diez segundos, convenientemente recortado, puede provocar miles de reacciones.

Una rectificación razonada rara vez despierta tanto entusiasmo como una acusación escandalosa.

Y así vamos convirtiendo el debate público en una competición por nuestra atención.

La indignación, el miedo, el resentimiento y la ira se convierten en poderosos instrumentos de movilización emocional.

Hay quienes ya ni siquiera necesitan explicar por qué deberíamos apoyar sus propuestas. Les basta con convencernos de que debemos rechazar, despreciar o temer a quienes tienen enfrente.

El problema no es sentir emociones. Son consustanciales a nuestra humanidad y tienen un papel legítimo en la política.

El problema aparece cuando dejamos que las emociones sustituyan al razonamiento, en lugar de acompañarlo.

Cuando dejamos de preguntarnos si algo es cierto y comenzamos a valorar únicamente si confirma lo que ya creíamos.

Cuando compartimos una noticia porque perjudica a quien detestamos, sin molestarnos en comprobarla.

Cuando disculpamos en los nuestros aquello que condenamos indignados en los demás.

O cuando aceptamos cualquier disparate, siempre que lo pronuncie alguien de nuestro bando.

Entonces dejamos de ser ciudadanos que opinan y corremos el riesgo de convertirnos en simples seguidores que aplauden.

Dirigentes que ya no necesitan explicar nada

Imaginemos por un momento el escenario ideal para un dirigente político poco interesado en rendir cuentas.

Un público que aplaude sus afirmaciones sin pedir pruebas.

Que recibe sus promesas sin exigir cifras.

Que justifica sus contradicciones sin solicitar explicaciones.

Que interpreta cualquier crítica como un ataque de sus enemigos.

Y que considera una traición escuchar argumentos procedentes del otro lado.

¿Qué necesidad tendría ese dirigente de elaborar propuestas rigurosas?

¿Para qué explicar de dónde saldrá el dinero, cuáles serán las consecuencias de sus decisiones o qué sacrificios exigirán?

¿Para qué comparecer ante preguntas incómodas si basta con denunciar una conspiración, señalar a un enemigo o lanzar una consigna?

El poder sin espíritu crítico enfrente encuentra muchas menos dificultades para convertirse en arbitrariedad.

Y esto no debería preocuparnos únicamente cuando gobiernan quienes rechazamos.

Tendría que preocuparnos, sobre todo, cuando gobiernan aquellos con quienes simpatizamos.

Porque una democracia no mejora cuando dejamos de fiscalizar a los nuestros. Se debilita.

La democracia necesita gobiernos responsables, oposiciones exigentes y ciudadanos capaces de distinguir entre la crítica legítima y la descalificación sistemática.

No necesita hinchas políticos que perdonen cualquier cosa a los suyos y condenen exactamente lo mismo cuando lo hacen los contrarios.

¿Y nosotros? ¿No tenemos responsabilidad?

Sería demasiado cómodo atribuir toda la culpa a los políticos, los medios de comunicación o los algoritmos.

Nosotros también participamos en ese escenario.

Cada vez que difundimos algo sin comprobarlo.

Cada vez que preferimos una respuesta ingeniosa a una explicación verdadera.

Cada vez que confundimos la contundencia con la razón.

Cada vez que aplaudimos un insulto porque va dirigido contra alguien que no nos gusta.

O cada vez que rechazamos una información, no porque sea falsa, sino porque contradice nuestras convicciones.

No estoy diciendo que todas las opiniones tengan el mismo fundamento ni que debamos mantener una equidistancia artificial entre la verdad y la mentira.

Precisamente lo contrario.

Se trata de recuperar la exigencia de pruebas, la honestidad intelectual y la capacidad de reconocer que también podemos equivocarnos.

No todas las ideas son igual de razonables. No todos los argumentos resisten una comprobación.

Pero para distinguirlos hace falta algo más que indignación y consignas.

Hace falta pensar.

Y, en ocasiones, tener el valor de llevarles la contraria a los nuestros.

La idiocracia no necesita imponerse por la fuerza

Cuando hablo de idiocracia no me refiero a una sociedad poblada por personas carentes de inteligencia.

Me refiero a algo bastante más inquietante: una sociedad en la que la inteligencia crítica deja de tener prestigio, el conocimiento se desprecia cuando resulta incómodo y la ignorancia exhibida con suficiente seguridad puede confundirse con liderazgo.

Una sociedad en la que el que pregunta molesta, el que matiza parece débil y el que rectifica es considerado un perdedor.

Mientras tanto, el que grita, insulta y promete soluciones milagrosas puede presentarse como alguien valiente que dice las cosas claras.

Y no.

Decir barbaridades con aplomo no es sinónimo de sinceridad.

Como tampoco hablar muy alto demuestra que se tenga razón.

La idiocracia no necesita prohibir los libros si consigue que nadie quiera leerlos.

No necesita censurar los argumentos si logra que nadie quiera escucharlos.

Y no necesita eliminar el pensamiento crítico si consigue que pensar resulte menos atractivo que dejarse llevar.

En la película, aquella sociedad era una exageración humorística.

En nuestra realidad, el riesgo no consiste en que todos terminemos comportándonos como sus personajes, sino en que acabemos aceptando como normales algunos de los mecanismos que la ficción pretendía ridiculizar.

Todavía podemos cambiar de dirección

No creo que estemos condenados inexorablemente a ese destino. Pero tampoco pienso que podamos evitarlo simplemente lamentándonos.

Necesitamos recuperar una costumbre que nunca debimos perder: exigir explicaciones.

Que quien prometa bajar impuestos explique cuánto, a quién y con qué consecuencias.

Que quien anuncie recortes detalle qué servicios se verán afectados.

Que quien acuse aporte pruebas.

Que quien gobierne rinda cuentas.

Que quien aspire a gobernar presente algo más que una relación interminable de culpables.

Y que quienes participamos en el debate público seamos capaces de escuchar, discrepar, contrastar y rectificar.

No se trata de renunciar a nuestras convicciones. Se trata de defenderlas con argumentos y de estar dispuestos a revisarlas cuando los hechos lo justifiquen.

Porque la democracia no consiste en que todos pensemos lo mismo.

Consiste, entre otras cosas, en que podamos pensar libremente y discutir nuestras diferencias sin convertirnos en enemigos.

Quizás el mayor triunfo de quienes explotan el enfrentamiento no sea conseguir que odiemos a nuestros adversarios, sino conseguir que dejemos de pensar por nosotros mismos.

Y entonces ya no necesitarán convencernos de nada.

Bastará con decirnos a quién debemos odiar, qué debemos temer y qué tenemos que aplaudir.

Y lo haremos.

No porque nos hayan arrebatado la libertad de pensar, sino porque habremos renunciado a ejercerla.

Esa sería, a mi entender, la verdadera idiocracia.

Y lo más inquietante es que podría llegar sin que nadie la impusiera, sin que se prohibiera un solo libro, sin que se cerrara un periódico y sin que nadie nos ordenara guardar silencio.

Simplemente habríamos dejado de hacernos preguntas.

Por eso, antes de reírnos demasiado de aquella película, quizás deberíamos preguntarnos algo:

¿Nos estamos riendo de una sociedad absurda imaginada hace veinte años o estamos empezando a reconocer algunos de nuestros propios comportamientos?

Y, sobre todo:

¿Estamos dispuestos a seguir pensando por nosotros mismos, aunque eso signifique, de vez en cuando, descubrir que quienes nos llevan la contraria tienen razón?

El Rincón de Kurro
19 de octubre de 2026

LA PARADOJA DEL PENSIONISTA MASOKA

Cuando las lágrimas de la nostalgia nos impiden ver la realidad.

Hay cosas que, por mucho que uno se esfuerce, resultan difíciles de comprender.

Por ejemplo, la del pensionista que desconfía profundamente de un Gobierno que ha recuperado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, pero pone la mano en el fuego por PP y Vox, convencido de que jamás pondrán en peligro sus derechos.

Y eso que tenemos memoria suficiente para recordar aquel famoso 0,25 %, el incremento anual al que quedaron reducidas las pensiones durante varios años bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

No hablamos de una sospecha, una interpretación malintencionada ni una promesa electoral. Hablamos de algo que ocurrió.

Conviene precisar que aquella política fue responsabilidad del PP, no de Vox, que entonces no gobernaba. Pero ese antecedente debería servir, como mínimo, para exigir garantías a quienes hoy aspiran a dirigir el país.

Y, sin embargo, nuestro protagonista no alberga la menor duda.

Los hechos le generan desconfianza, mientras que las promesas le inspiran una fe inquebrantable.

Es la curiosa paradoja de quien parece dispuesto a poner en riesgo sus propios intereses con tal de ver satisfechas sus preferencias políticas. O, peor aún, de quien termina prestando más atención a los insultos, los eslóganes y las emociones que a las razones, los argumentos y los hechos comprobables.

Pero creo que detrás de esa contradicción puede esconderse algo más profundo, más humano y, probablemente, más frecuente de lo que imaginamos.

LAS LÁGRIMAS DE LA NOSTALGIA EMPAÑAN LA MIRADA E IMPIDEN VER LA REALIDAD.

Con los años tendemos a recordar con especial cariño determinados momentos de nuestro pasado. Y es comprensible. La memoria tiene esa maravillosa capacidad de conservar lo que nos hizo felices y, a veces, de suavizar aquello que nos hizo sufrir.

Añoramos nuestra juventud, nuestro primer amor, la fuerza y el vigor de aquellos años. Añoramos aquella sensación de poder con todo, de comernos el mundo, de no necesitar a nadie ni depender de nada.

Añoramos nuestra familia al completo. A nuestros padres, a nuestros hermanos, a quienes compartieron nuestra vida y hoy ya no están.

Añoramos a nuestros hijos pequeños, sus primeras palabras, sus juegos, sus abrazos. Aquella casa llena de vida, de proyectos, de alegrías y también de preocupaciones que hoy recordamos con una sonrisa.

Añoramos momentos maravillosos que ya no volverán.

Y es perfectamente comprensible. Yo diría que hasta hermoso.

Pero hay algo que quizá olvidamos: muchos de aquellos momentos felices transcurrieron en un escenario social, económico y político que distaba mucho de ser halagüeño.

En una España con menos libertades, menos derechos, mayores desigualdades y unas condiciones de vida que hoy difícilmente aceptaríamos.

Y ahí aparece la gran trampa de la nostalgia.

Confundimos lo hermosa que fue nuestra juventud con lo bueno que supuestamente era el mundo en el que la vivi4mos.

No necesariamente añoramos aquella sociedad. Añoramos lo que fuimos, lo que tuvimos y a quienes nos acompañaban.

A veces no echamos de menos aquellos tiempos. Echamos de menos a las personas que éramos entonces.

Y esa diferencia es fundamental.

Porque nuestra juventud pudo ser maravillosa sin que aquella España lo fuera.

Y LLEGA EL MOMENTO EN QUE LA VIDA NOS CAMBIA LA PERSPECTIVA.

Cuando alcanzamos la jubilación, lamentablemente, ya hemos dejado atrás buena parte de aquella juventud, de aquel vigor y de aquella sensación de que podíamos comernos el mundo.

No lo digo desde el edadismo, que rechazo profundamente. Cumplir años no significa perder capacidades, independencia, ilusiones ni ganas de vivir. Hay personas mayores con una vitalidad y una autonomía admirables.

Pero tampoco podemos ignorar una realidad: con el paso de los años pueden aumentar nuestras necesidades de atención sanitaria, cuidados, protección económica y apoyo social.

Y entonces adquiere todavía mayor importancia algo que quizá en nuestra juventud no valorábamos suficientemente: la solidaridad colectiva.

Esa solidaridad que ayudamos a construir con décadas de trabajo, cotizaciones, impuestos y esfuerzo.

La que permite que hoy percibamos una pensión y que mañana nuestros hijos puedan percibir la suya.

La que sostiene los hospitales públicos, la atención a la dependencia y los servicios que necesitamos cuando nuestras fuerzas, nuestras circunstancias o nuestra salud dejan de ser las de antes.

Porque nuestro sistema público de pensiones no funciona como una hucha individual donde cada cual retira exclusivamente lo que ingresó. Es un pacto de solidaridad entre generaciones.

Nosotros contribuimos a sostener a quienes nos precedieron y las generaciones que hoy trabajan contribuyen a sostenernos a nosotros.

Esa es una de las grandes conquistas de nuestra sociedad.

Y por eso resulta especialmente paradójico que alguien que ya disfruta de esa protección colectiva pueda dejarse seducir por discursos que desprecian lo público, cuestionan la solidaridad o prometen reducir impuestos sin explicar suficientemente cómo seguirán financiándose los derechos sociales.

No se trata de exigir a nadie que renuncie a sus simpatías políticas, a sus convicciones ni a los recuerdos de su juventud.

Se trata de no confundir esas simpatías, ni la nostalgia que nos lleva a idealizar tiempos pasados, con las garantías reales que hoy protegen nuestros derechos.

Las pensiones públicas, su revalorización, la sanidad universal, la educación pública y los derechos laborales no son regalos caídos del cielo ni concesiones graciosas de ningún gobernante.

Son conquistas sociales, fruto de décadas de trabajo, reivindicaciones, sacrificios y decisiones políticas.

Derechos que no siempre existieron y que tampoco debemos considerar eternamente garantizados.

Por eso, cuando alguien promete proteger nuestras pensiones, me parece estupendo. Pero habrá que preguntarle cómo piensa hacerlo, con qué recursos, mediante qué compromisos y con qué garantías.

Porque prometer bajadas de impuestos, mejores prestaciones y que nada se recortará es relativamente sencillo.

Lo verdaderamente difícil es explicar cómo se financiará todo ello sin debilitar los servicios públicos ni las bases de nuestro Estado del bienestar.

Las promesas electorales no pueden valer más que los hechos comprobables.

Y tampoco debería pesar más nuestra antipatía hacia un gobernante que la valoración objetiva de sus decisiones.

Se puede criticar a Pedro Sánchez, discrepar de su gestión y desear legítimamente otro Gobierno. Pero eso no debería impedir reconocer las medidas favorables que se hayan aprobado, como tampoco debería llevarnos a aceptar sin examen cualquier promesa de sus adversarios.

Porque los derechos no se defienden con actos de fe, sino con leyes, financiación suficiente y compromisos verificables.

Y aquí reside la verdadera paradoja de nuestro pensionista masoka: desconfía de una protección que ya existe, olvida lo que ocurrió con aquel 0,25 % y deposita toda su confianza en promesas cuyo cumplimiento todavía está por demostrar.

Quizá porque los insultos le llegan más que las explicaciones. Quizá porque las emociones vencen a las razones. O quizá porque la nostalgia ha terminado por convertir los recuerdos personales en convicciones políticas.

No sé si llamarlo ingenuidad, memoria selectiva, nostalgia mal entendida o masoquismo político.

Pero sí tengo algo bastante claro.

La nostalgia es un sentimiento legítimo, entrañable y profundamente humano. Convertirla en criterio político puede salir muy caro.

Especialmente cuando lo que está en juego es nuestra pensión, nuestra sanidad, nuestros derechos y el futuro de nuestros hijos y nietos.

Porque recordar con cariño el pasado no debería hacernos olvidar cuánto hemos avanzado, cuánto nos costó conseguirlo y cuánto nos queda todavía por defender.

Podemos añorar profundamente nuestra juventud sin desear que nuestros nietos tengan que vivir en la España de nuestra juventud.

Y podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos trabajado, luchado y contribuido sin olvidar que hoy también necesitamos preservar aquella solidaridad que ayudamos a construir.

Porque una cosa es echar de menos los años en que podíamos comernos el mundo y otra muy distinta permitir que, por nostalgia, terminen comiéndose los derechos que conquistamos.

EL ESPEJO DE CASADO Y LA CONCIENCIA DE FEIJÓO

De las promesas de moderación a las malas compañías. Una reflexión sobre el poder, la coherencia y el difícil ejercicio de mirarse a uno mismo.

¿Os acordáis de aquella fotografía de Pablo Casado, en mangas de camisa, con barba de varios días, apoyado sobre un lavabo y contemplándose fijamente en el espejo?

Fue en abril de 2020, en plena pandemia. Una imagen en blanco y negro, de gesto grave, que pretendía transmitir preocupación por la tragedia que estábamos viviendo.

Muchas veces me he preguntado qué estaría escrutando Casado en aquel cara a cara con su yo más íntimo.

¿Buscaba respuestas? ¿Examinaba su conciencia? ¿Trataba de reconocerse en aquel hombre que le devolvía la mirada? ¿O simplemente ensayaba una pose de estadista preocupado por los problemas de España?

Nunca lo sabremos.

Lo que sí sabemos es que, menos de dos años después, aquel hombre del espejo fue políticamente desfenestrado.

Y no precisamente por haber perdido unas elecciones generales.

Su caída llegó en medio de una extraordinaria crisis interna del Partido Popular, después de que su dirección cuestionara las explicaciones sobre los negocios del hermano de Isabel Díaz Ayuso relacionados con un contrato de mascarillas durante la pandemia.

Hubo acusaciones cruzadas, enfrentamientos, denuncias de espionaje y una auténtica rebelión interna. Finalmente, el liderazgo que terminó sucumbiendo fue el de Casado.

No deja de resultar curioso que quien reclamaba explicaciones acabara perdiendo el puesto.

Así es la política en ocasiones. Hay preguntas que pueden resultar más peligrosas para quien las formula que para quien debe responderlas.

Y entonces llegó Feijóo

Desde Galicia llegó Alberto Núñez Feijóo.

Un hombre de aparente sosiego, procedente de aquellas tierras donde la retranca constituye casi una institución cultural, con larga experiencia de gobierno y una imagen pública de moderación.

Venía, según proclamaba, a recuperar la serenidad, el diálogo, el respeto institucional y la buena política.

Hasta el punto de afirmar solemnemente, el 1 de abril de 2022:

«Yo no he venido a crispar ni a insultar. Creo en la moderación y la serenidad».

Y unas semanas antes había anunciado:

«No vengo a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganarle».

¡Qué hermosa declaración de intenciones!

Parecía que, después de la tormenta que había terminado con Casado, el Partido Popular se disponía a inaugurar una nueva etapa.

Una oposición firme, desde luego, pero constructiva. Una derecha capaz de discrepar sin convertir cada intervención en una batalla personal. Una alternativa que aspirase a gobernar convenciendo a los ciudadanos y no alimentando permanentemente el enfrentamiento.

Han transcurrido más de cuatro años.

Y no puedo evitar preguntarme qué ha quedado de aquellas promesas.

¿Dónde está aquella moderación? ¿Qué fue del compromiso de no crispar ni insultar? ¿Cómo se concilia aquel discurso de presentación con la dureza de determinadas expresiones y estrategias de confrontación posteriores?

Porque una cosa es hacer oposición, incluso muy dura, y otra bien distinta entender que cualquier recurso dialéctico resulta aceptable para desgastar al adversario.

Y las promesas políticas, al menos las que se formulan con tanta solemnidad, no deberían tener fecha de caducidad al día siguiente de pronunciarlas.

Las malas compañías generan malos hábitos

Ya lo dice el refranero: las malas compañías generan malos hábitos.

Y quizá, solo quizá, tanto competir con Vox por la contundencia del discurso haya terminado contagiando algunas de sus formas.

No pretendo afirmar que PP y Vox sean lo mismo. Tienen diferencias políticas que conviene reconocer.

Pero cuando la oposición se convierte en una competición por demostrar quién es más duro con el presidente del Gobierno, cabe preguntarse cuánto espacio queda para aquella moderación que Feijóo presentaba como su principal seña de identidad.

Porque la firmeza no exige malos modos. La discrepancia no necesita insultos. Y la oposición no obliga a convertir al adversario político en enemigo personal.

Se puede cuestionar la gestión de Pedro Sánchez, criticar sus decisiones, exigir responsabilidades y defender una alternativa de gobierno sin contribuir a un clima permanente de hostilidad.

Precisamente eso parecía defender Feijóo cuando llegó a Madrid.

Por eso me pregunto:

¿Será que, de tanto mirar hacia su derecha, ha dejado de mirarse a sí mismo?

Porque las malas compañías pueden explicar determinados hábitos, pero no eximen a nadie de la responsabilidad de adquirirlos.

La sombra de Casado

Y aquí es donde vuelvo a recordar aquella fotografía.

¿Se habrá colocado Feijóo alguna vez delante de un espejo como aquel?

¿Se habrá preguntado si sigue siendo el mismo político que desembarcó en Madrid proclamando que no venía a insultar a nadie?

¿O habrá descubierto que, en la política nacional, las convicciones personales pueden encontrarse con dificultades que no figuraban en el programa de viaje?

A veces pienso en el recuerdo de Casado.

Porque debe de resultar aleccionador llegar a presidir un partido, contemplar cómo se cuestiona tu liderazgo desde dentro y terminar abandonándolo en circunstancias tan traumáticas.

¿Puede ese precedente influir en las decisiones de quien le sucede?

No lo sé.

¿Podría Feijóo considerar que contrariar a determinados sectores de su partido entraña riesgos para su propio liderazgo?

Tampoco lo sé.

Sería aventurado afirmar que esa es la explicación de su conducta.

Pero me parece legítimo hacerse esas preguntas cuando uno observa el contraste entre las palabras que acompañaron su llegada y algunas de sus actuaciones posteriores.

Quizá sea una cuestión de convicciones. Quizá de estrategia. Quizá de supervivencia política.

O quizá, sencillamente, considere que está cumpliendo cuanto prometió.

Solo él puede saberlo.

Y es que el espejo tiene un pequeño inconveniente: no siempre devuelve la imagen que nos gustaría contemplar.

El regreso a la ribera del Miño

Y todavía me permito una última maldad, naturalmente irónica.

¿Y si Feijóo estuviera preocupado por la posibilidad de que, después de tantos años de política, tuviera que regresar a su tierra sin haber conseguido instalarse en La Moncloa?

Porque volver a la ribera del Miño, después de haber presidido Galicia durante tantos años, no debería constituir ninguna tragedia.

Galicia sigue siendo Galicia, con sus paisajes, sus gentes, sus ríos y su incomparable capacidad para contemplar las cosas con paciencia y retranca.

Pero claro, una vez que se ha probado el ambiente de la política nacional, quizá resulte difícil renunciar al sueño de presidir el Gobierno de España.

Siempre quedaría la jubilación, naturalmente.

Aunque, sin haber pasado por La Moncloa, quizá tuviera que conformarse con ella sin el complemento de algún sillón en el consejo de administración de una gasista, una eléctrica, una telefónica o cualquier otra gran empresa necesitada de experimentados exresponsables políticos.

¡Qué contrariedad!

Tener que jubilarse y vivir de la pensión, sin más.

Como hacemos millones de españoles.

Y, por cierto, algunos hasta conseguimos hacerlo sin necesidad de pedir sacrificios a los demás.

El espejo que todos deberíamos tener

Pero volvamos al principio.

A aquella fotografía de Casado, al lavabo, a las mangas de camisa y a la mirada perdida frente al espejo.

Quizá mi reflexión no tenga tanto que ver con Casado ni con Feijóo como con algo bastante más elemental: la necesidad de ser coherentes con nosotros mismos.

Todos cambiamos. Todos podemos rectificar. Todos podemos descubrir que determinadas convicciones necesitan ser revisadas.

Y los políticos, naturalmente, también.

Lo importante no es permanecer inmóviles, sino ser capaces de explicar por qué hemos cambiado, qué nos ha hecho cambiar y qué queda de aquellos principios que un día proclamamos públicamente.

Porque no es lo mismo evolucionar que acomodarse. Ni rectificar que renunciar silenciosamente a lo prometido.

Y porque gobernar, o aspirar a hacerlo, debería exigir algo más que conseguir el poder.

Debería exigir conservar la capacidad de reconocerse en las propias palabras.

Por eso sigo pensando en aquella fotografía.

Y me pregunto si el problema de algunos políticos será que han dejado de mirarse al espejo o que, cuando lo hacen, ya no reconocen a quien les devuelve la mirada.

Aunque quizá lo verdaderamente preocupante sea que se reconozcan perfectamente y que ya no les importe lo que ven.

El Rincón de Kurro — 17 de octubre de 2026

AYER COMO HOY: EL PAN, LOS SACRIFICIOS Y EL «QUE SE JODAN»

El Rincón de Kurro | Opinión | 17 de octubre de 2026

Hay frases que nunca deberían olvidarse. No porque constituyan por sí solas la definición ideológica de un partido, sino porque, pronunciadas en determinados momentos, permiten reflexionar sobre la consideración que algunos responsables políticos tienen hacia quienes sufren las consecuencias de sus decisiones.

Corría julio de 2012. España atravesaba una de las mayores crisis económicas de su historia reciente. El paro castigaba a millones de familias y Mariano Rajoy anunciaba en el Congreso nuevos recortes, entre ellos la reducción de las prestaciones por desempleo.

Desde la bancada del Partido Popular, entre aplausos, la diputada Andrea Fabra gritó: «¡Que se jodan!». A su lado se escuchó también un «¡Ya era hora!».

Después explicó que el insulto iba dirigido a los diputados socialistas y no a los desempleados. Sea como fuere, aquellas palabras quedaron asociadas a uno de los momentos más dolorosos para miles de familias españolas.

Pero no era la única frase que merecía pasar a la memoria política de nuestro país.

En mayo de 2010, Cristóbal Montoro, que ya había sido ministro de Hacienda con Aznar y volvería a serlo con Rajoy, protagonizó otro episodio memorable.

Según denunció Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, Montoro le había espetado, intentando que votara contra las medidas de ajuste del Gobierno de Zapatero: «Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros».

Cuando Rubalcaba se lo recordó en el Congreso en julio de 2012, Montoro, lejos de negar expresamente aquella conversación, justificó su actuación afirmando que entonces trabajaba en una alternativa política.

La frase tiene una carga política extraordinaria. No se trataba simplemente de querer sustituir a un Gobierno, aspiración completamente legítima en democracia. Lo verdaderamente preocupante era la posibilidad de aceptar el deterioro de la situación del país como precio para alcanzar el poder.

Y el tiempo nos ha deparado una circunstancia que invita, cuando menos, a la ironía.

Aquel ministro, responsable de las finanzas públicas, ha terminado investigado judicialmente por su presunta participación en una trama destinada a conseguir modificaciones fiscales favorables a determinadas empresas, a través del despacho Equipo Económico, que él mismo había fundado.

Por supuesto, hablamos de una investigación judicial, no de una condena. La presunción de inocencia debe respetarse siempre.

Pero la imagen resulta inevitable: el presunto cocinero de leyes a la carta para distinguidos comensales.

Mientras a millones de ciudadanos se les servía el menú de los recortes, la justicia investiga si determinados intereses empresariales podían encargar platos fiscales especialmente preparados para ellos.

En mayo de 2018 llegaría otra expresión difícil de olvidar. Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación del Gobierno de Rajoy, fue grabada refiriéndose a unos pensionistas que protestaban en Alicante:

«¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!».

Pidió disculpas después, pero aquellas palabras también quedaron para la historia.

Tres episodios, tres circunstancias y una pregunta común: ¿qué consideración merecen los ciudadanos corrientes cuando sus necesidades incomodan al poder?

Y llegamos al presente

Han pasado los años, han cambiado los protagonistas y las circunstancias económicas son distintas. Pero seguimos asistiendo a debates políticos en los que resulta imprescindible preguntarse quién asume los sacrificios y quién recibe los beneficios.

Recordemos que, durante varios ejercicios del Gobierno de Rajoy, las pensiones se revalorizaron apenas un 0,25 %, desvinculadas del IPC. Cuando los precios crecían por encima de ese porcentaje, los pensionistas perdían poder adquisitivo.

En noviembre de 2022, PP y Vox votaron contra los gravámenes extraordinarios a la banca, las energéticas y las grandes fortunas.

En octubre de 2026, PP, Vox y Junts rechazaron dos decretos sobre vivienda que incluían medidas de protección de los inquilinos y prórrogas de alquileres.

Todos ellos defendieron sus razones económicas y jurídicas. Naturalmente, tienen derecho a hacerlo. Pero los ciudadanos también tenemos derecho a valorar las consecuencias sociales de sus decisiones y a preguntarnos qué intereses quedan mejor protegidos.

No todas las votaciones son iguales: el pasado 16 de octubre, por ejemplo, el PP sí respaldó las ayudas para afrontar las consecuencias de la DANA y la crisis energética, mientras Vox votó en contra.

Precisamente por eso hay que examinar cada decisión y no quedarse exclusivamente en los discursos.

Y ahora Alberto Núñez Feijóo nos anuncia que quiere presidir un Gobierno que nos pida sacrificios.

El Partido Popular asegura que habla de esfuerzo personal, no de recortes. Bien. Pero después de conocer determinadas experiencias históricas, parece razonable exigir que se concrete qué sacrificios se pretenden pedir, a quiénes y con qué finalidad.

Porque los sacrificios no significan lo mismo para quien vive de su trabajo o de una pensión que para quien dispone de un patrimonio considerable.

El pan y quienes lo untan

Hay una expresión popular que resume bastante bien una realidad de la vida: cada cual sabe por qué lado tiene untado el pan.

Y, en política, quizá deberíamos preguntarnos también quién unta ese pan y a quién se le sirve la mejor parte.

Las decisiones de los gobiernos y los parlamentos nunca son socialmente neutras. Reducir determinados impuestos, modificar las condiciones laborales, intervenir o no en el mercado de la vivienda, actualizar las pensiones o exigir mayores contribuciones a las grandes fortunas son decisiones que afectan de manera diferente a cada sector de la sociedad.

Las derechas defienden, legítimamente, un modelo económico en el que conceden especial importancia a la iniciativa privada, la propiedad y la reducción de determinadas cargas fiscales.

Mi discrepancia surge cuando, a mi juicio, esas prioridades terminan colocando la protección de intereses económicamente poderosos por delante de las necesidades del pueblo llano.

Y todavía me preocupa más una forma de ejercer la oposición que convierte el desgaste del Gobierno en un objetivo tan importante que puede acabar relegando los problemas concretos de los ciudadanos.

Oponerse es democrático. Fiscalizar al Gobierno es imprescindible. Denunciar sus errores es una obligación de cualquier oposición responsable.

Pero una cosa es querer que caiga un Gobierno y otra muy distinta aceptar que el país sufra para facilitar esa caída.

España no es Pedro Sánchez, como tampoco lo fue José Luis Rodríguez Zapatero.

España somos quienes trabajamos, quienes hemos trabajado toda una vida, quienes buscan empleo, quienes necesitan una vivienda y quienes dependen de una sanidad, una educación y unas pensiones públicas dignas.

Y nuestras necesidades no deberían convertirse en instrumentos de una batalla partidista.

Una reflexión final

No afirmo que todos los dirigentes de derecha piensen igual ni que todos sus votantes compartan estas expresiones. Sería injusto y, además, falso.

Tampoco sostengo que cualquier medida de un Gobierno progresista sea necesariamente acertada. Hay decisiones que deben ser corregidas, errores que deben reconocerse y responsabilidades que deben exigirse.

Lo que cuestiono es una determinada manera de hacer política, documentada en declaraciones y decisiones concretas, que me lleva a desconfiar cuando los sacrificios se reclaman insistentemente a la ciudadanía mientras se defienden ventajas fiscales para determinados sectores económicos.

Porque tengo la impresión de que, con demasiada frecuencia, el pan se unta por arriba y los sacrificios se reparten por abajo.

Y ahí es donde vuelve a resonar aquel desagradable «¡Que se jodan!», aunque hayan cambiado los tiempos y los protagonistas.

La oposición no está para hacer que los ciudadanos vivan peor y así tener más posibilidades de gobernar. Está para demostrar que sabe cómo conseguir que vivan mejor.

Porque gobernar un país no debería consistir en decidir quién tiene que joderse para que otros puedan seguir disfrutando de la mejor parte del pastel.

Y porque España no necesita que nadie la deje caer para después prometer que la levantará.

Necesita que quienes aspiran a gobernarla contribuyan, también desde la oposición, a mantenerla en pie.

¿SE HA CANSADO ESPAÑA DE LA DEMOCRACIA?

El 29 de noviembre, entre la memoria, el desencanto y el futuro

Me resisto a creer que España se haya cansado de la democracia. Me resisto a pensar que una sociedad que tanto tuvo que recorrer para conquistar sus libertades haya decidido, de repente, abrazar mayoritariamente postulados ultraconservadores. No me lo creo. O, al menos, necesito encontrar una explicación más convincente.

Y, sin embargo, algo está ocurriendo.

El próximo 29 de noviembre tenemos una cita con las urnas que considero trascendental. No porque cualquier elección carezca de importancia, sino porque esta podría dar paso a una situación inédita en nuestra democracia constitucional: la incorporación de un partido situado en la ultraderecha al Gobierno de España, ocupando sus representantes los sillones azules del Congreso de los Diputados.

No hablo de una posibilidad remota inventada para infundir miedo. Hablo de un escenario contemplado por encuestas que atribuyen al Partido Popular y a Vox una representación conjunta próxima a los doscientos diputados, e incluso superior en algunas estimaciones.

Doscientos diputados. Conviene detenerse un momento en esa cifra.

Son muchos escaños, mucho poder parlamentario y una considerable capacidad para modificar leyes, aprobar presupuestos y orientar las políticas públicas. No es un poder ilimitado, naturalmente. La Constitución impone garantías que ninguna mayoría ordinaria puede eludir. Pero tampoco debemos confundir esas garantías con la imposibilidad de transformar profundamente nuestro modelo social.

Porque una cosa es no poder suprimir las comunidades autónomas sin una reforma constitucional y otra muy distinta es no poder modificar buena parte de la legislación que regula las relaciones laborales, la fiscalidad, la vivienda, la protección social o los servicios públicos.

Y aquí surge mi primera pregunta: ¿somos verdaderamente conscientes de lo que puede cambiar con una mayoría parlamentaria de semejante magnitud?

Durante los últimos ocho años, España ha conocido gobiernos presididos por Pedro Sánchez y, desde enero de 2020, gobiernos de coalición progresista. Un periodo atravesado por acontecimientos extraordinarios: la pandemia, la erupción volcánica de La Palma, la dana de Valencia y sucesivas crisis internacionales.

No han sido años fáciles. Tampoco han faltado errores, controversias, incumplimientos y motivos legítimos de crítica.

Pero sería igualmente injusto ignorar los avances.

España ha alcanzado cifras históricas de ocupación. En el segundo trimestre de 2026 se aproximaba a los 22,8 millones de personas empleadas y la tasa de paro descendía al 9,87 %. El salario mínimo interprofesional ha pasado de los 735,90 euros mensuales de 2018 a los 1.221 euros de 2026, en catorce pagas. Se ha reformado la legislación laboral, se han adoptado medidas de protección del empleo y se ha recuperado la actualización de las pensiones conforme al IPC.

No son opiniones. Son hechos contrastables.

¿Significa eso que todo marcha bien? Naturalmente que no.

La vivienda se ha convertido en un problema angustioso. Hay trabajadores que, aun teniendo empleo, encuentran enormes dificultades para independizarse. El encarecimiento de la vida reduce la percepción de las mejoras salariales. Y, según los datos de 2025, más de una cuarta parte de la población española continúa en riesgo de pobreza o exclusión social.

De poco sirve proclamar que la economía crece si quien escucha tiene dificultades para pagar el alquiler.

Pero precisamente por eso deberíamos ser capaces de distinguir entre lo conseguido, lo pendiente y lo que propone cada alternativa política.

¿Por qué, entonces, la mejora de tantos indicadores no se traduce necesariamente en una mayor confianza electoral?

Creo que una parte de la respuesta está en el clima político que hemos ido construyendo —o permitiendo que se construya— durante estos años.

La discrepancia, indispensable en democracia, ha ido acompañándose de una creciente confrontación personal. El adversario político deja de ser alguien que propone soluciones distintas y pasa a convertirse, para algunos discursos, en un enemigo al que hay que desacreditar.

El insulto sustituye al argumento. La sospecha suplanta a la prueba. El bulo viaja más deprisa que su desmentido. Y la repetición termina dando apariencia de certeza a afirmaciones que quizá nunca debieron superar el primer examen de veracidad.

No pretendo repartir responsabilidades por igual ni disculpar comportamientos concretos. Cada formación y cada dirigente deben responder por sus propias palabras y actuaciones.

Pero sí me preocupa que hayamos normalizado una manera de hacer política en la que parece importar más destruir la credibilidad del contrario que explicar las virtudes del proyecto propio.

En ese contexto, merece una reflexión particular la evolución del Partido Popular.

El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy perdió la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura aprobada por el Congreso, después de conocerse la sentencia del caso Gürtel. Fue un procedimiento plenamente constitucional.

Tengo la impresión de que aquel acontecimiento dejó una profunda herida política en el PP, aunque sería aventurado atribuir a esa circunstancia, por sí sola, toda su evolución posterior.

Lo que sí podemos observar son sus acuerdos con Vox y la creciente presencia de esta formación en el debate sobre las posibles mayorías de gobierno.

Un Partido Popular que históricamente aspiró a representar un amplio espacio de centroderecha se encuentra hoy ante el desafío de competir electoralmente con una derecha más radical y, al mismo tiempo, contemplarla como posible socio.

¿Hasta dónde puede llevar esa relación? ¿Qué parte de sus respectivos programas prevalecería en un eventual acuerdo de gobierno?

No son preguntas menores.

Vox ha defendido la sustitución del Estado autonómico por un Estado unitario, administrativamente descentralizado. Es una propuesta que afectaría a elementos esenciales de nuestra organización constitucional y que exigiría, para llevarse a cabo plenamente, una reforma de la Constitución.

Defender una reforma constitucional es legítimo. Pero también lo es examinar sus consecuencias y discrepar profundamente de ella.

Porque la democracia consiste precisamente en poder confrontar modelos de sociedad, no en dar por supuesto que todos son equivalentes.

Y aquí aparece otro fenómeno que considero extraordinariamente dañino: el mantra de que todos los políticos son iguales.

¡Cuántas veces lo habremos leído o escuchado!

Todos son iguales. Todos prometen. Todos engañan. Todos buscan lo mismo. Da igual quién gobierne.

A fuerza de repetirlo, esa afirmación puede terminar convirtiéndose en una explicación cómoda de cualquier frustración.

Si todos son iguales, ¿para qué interesarse por sus programas? ¿Para qué comprobar qué votan en el Parlamento? ¿Para qué distinguir entre quien aprueba una disposición y quien se opone a ella?

Y, finalmente, ¿para qué votar?

No estoy diciendo que el desencanto sea inventado. Hay motivos reales para la decepción política, y los gobernantes harían mal en ignorarlos.

Pero convertir la legítima desconfianza en la convicción de que ninguna decisión política puede cambiar nada equivale a privar a la ciudadanía de una parte fundamental de su poder democrático.

La abstención adquiere aquí una importancia extraordinaria.

Millones de personas no participan en las elecciones. Unas por desencanto, otras por desinterés, por protesta o por circunstancias personales. Sería injusto reducir todas esas conductas a indiferencia.

Pero el resultado práctico es que las decisiones terminan adoptándose con los votos de quienes sí participan.

No sabemos cómo votarían los abstencionistas si acudieran a las urnas, ni debemos atribuirles de antemano una determinada ideología. Lo que sí sabemos es que su ausencia también condiciona la representación parlamentaria.

Y me pregunto si hemos hecho lo suficiente para comprender por qué tantos ciudadanos han dejado de sentirse protagonistas de la vida pública.

En mis recorridos por las redes sociales encuentro, además, otro problema que me inquieta: el desconocimiento del funcionamiento de nuestras instituciones.

Es frecuente comprobar cómo se atribuyen al Gobierno central responsabilidades que corresponden principalmente a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. Y también sucede lo contrario.

Pensemos en los incendios forestales o en las inundaciones de Valencia.

Las comunidades autónomas tienen responsabilidades esenciales en la prevención y extinción de incendios y en la dirección ordinaria de muchas emergencias. El Estado, por su parte, dispone de competencias y medios de apoyo, coordinación y, en determinadas circunstancias, dirección nacional.

Son responsabilidades diferentes, aunque relacionadas.

Sin embargo, demasiadas veces la exigencia de responsabilidades parece depender menos de las competencias legales que de la simpatía o antipatía política hacia quien gobierna cada administración.

Si gobierna alguien de los míos, buscamos explicaciones. Si gobierna alguien de los otros, buscamos culpables.

Y así resulta muy difícil ejercer un control democrático verdaderamente informado.

Por eso considero que la cultura institucional debería ser una responsabilidad permanente del Estado, entendido en todos sus niveles: local, autonómico y estatal.

No para enseñar a nadie a pensar políticamente de una determinada manera, sino para enseñar cómo funciona nuestro sistema democrático.

Quién legisla. Quién ejecuta. Quién financia. Quién gestiona. Quién responde. Qué es una ley ordinaria, una ley orgánica o una reforma constitucional. Qué pueden hacer los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno de España.

Y, sobre todo, cómo podemos los ciudadanos exigir responsabilidades con conocimiento.

La democracia necesita electores, pero también necesita ciudadanos informados durante los cuatro años que transcurren entre unas elecciones y otras.

No basta con enseñar dónde se introduce una papeleta. Hay que comprender qué decisiones pueden adoptarse gracias a ella.

Y volvemos al principio.

No creo que España se haya cansado de ser democrática. Creo que una parte de la sociedad puede estar cansada, frustrada, desconfiada y, en ocasiones, insuficientemente informada sobre el alcance de sus propias decisiones políticas.

Tampoco creo que debamos interpretar automáticamente unas encuestas favorables a la derecha como la prueba de que España se ha convertido en una sociedad mayoritariamente ultraconservadora.

Hay desplazamientos de voto, desencanto, problemas materiales, diferencias generacionales, debates identitarios y muchos otros factores que merecen analizarse sin simplificaciones.

Pero el próximo 29 de noviembre habrá que convertir todas esas inquietudes en una decisión electoral.

No pretendo decirle a nadie a quién debe votar. Ni siquiera que tenga que compartir mis preocupaciones.

Lo que sí deseo es que conozca las diferencias entre los proyectos políticos, las consecuencias posibles de sus propuestas y los límites que establece nuestra Constitución.

Porque las urnas no deciden solamente quién aparece en la fotografía del próximo Consejo de Ministros. Determinan también quién podrá impulsar, mantener o modificar las leyes que ordenan buena parte de nuestra convivencia.

Y termino con una última reflexión.

Tal vez el problema no sea que hayamos dejado de apreciar la democracia.

Tal vez el problema sea que, entre tanto ruido, tanta descalificación y tanta frustración, estamos olvidando para qué sirve, cómo funciona y cuánto ha costado construirla.

El 29 de noviembre llegará, votaremos quienes decidamos hacerlo y las urnas hablarán.

Pero el verdadero examen democrático no estará solamente en aceptar su resultado. También estará en nuestra capacidad para comprenderlo, vigilar a quienes gobiernen y exigirles que respeten los derechos, las instituciones y las reglas de convivencia que nos pertenecen a todos.

Porque la democracia no es propiedad de quien gana unas elecciones. Ni deja de ser responsabilidad de quienes las pierden. Es patrimonio de toda la ciudadanía.

El Rincón de Kurro

La tumba interminable: la hipérbole de la derecha frente al Perro que no cae.

​Llevamos años escuchando que el fin está cerca. Que cada crisis, cada sobresalto y cada pleno del Congreso es la tumba definitiva de Pedro Sánchez. La oposición ha construido su estrategia sobre una profecía autocumplida que nunca llega a cumplirse: desde las emergencias sanitarias o las mociones estrafalarias con Ramón Tamames, hasta el desgaste por el entorno familiar y la deshumanización personal. Sin embargo, la aritmética aguanta y el "Perro", aunque acuse el cansancio, sigue demostrando que sabe morder cuando lo acorralan.

​El verdadero problema para el bloque de la derecha no es solo la resistencia del Gobierno, sino el monstruo retórico que han alimentado. En su afán por no dejarse adelantar por Vox, el PP ha asumido el lenguaje de la hipérbole y la trinchera. Lo hemos visto recientemente con la crisis de Ceuta: al calificar cualquier situación límite como "invasión" o "traición", la derecha tradicional busca la bala de plata
que nunca llega.  

​Pero la hiperventilación tiene un precio. Mientras Feijóo y sus portavoces elevan la temperatura parlamentaria al límite, la demoscopia deja una lección clara: cuanto más se enfurece el PP, más engorda Vox. Al renunciar al contraste de programas y fiarlo todo a la cacería política, la oposición se atrapa en su propia impaciencia. Llegará el día en que tengan que explicar un proyecto de país frente a un electorado cansado del ruido, y para entonces, el Perro —sin amo y con cicatrices— seguirá ahí, esperando en el barro. 

M

La soberanía acorralada: geopolítica, ciberguerra y la brecha interna

​Publicado el: 26 de agosto de 2026

Por: Kurro

Blog: El Rincón de Kurro

​La reciente filtración masiva de agentes de la inteligencia marroquí por parte del grupo de ciberseguridad Jabaroot y la permanente sombra del ciberespionaje a través de herramientas como Pegasus no son hechos aislados. Revelan un fenómeno cada vez más evidente: la convergencia entre presiones geopolíticas externas y el desgaste político irresponsable desde el ámbito interno sobre el gobierno progresista de coalición en España.

​No estamos ante meros episodios informativos o disputas diplomáticas menores; presenciamos una auténtica operación de tenaza que busca erosionar la autonomía estratégica del país e impedir la consolidación de un proyecto político de progreso.

​1. La presión en la frontera sur: la diplomacia del chantaje y las sombras de Pegasus

​Las tensiones en el entorno del Estrecho de Gibraltar y las fronteras de Ceuta y Melilla han dejado de responder a las dinámicas clásicas de la diplomacia tradicional. Hoy nos enfrentamos a una estrategia de guerra híbrida donde los flujos migratorios, las filtraciones opacas de datos de inteligencia y el uso de programas de espionaje avanzado como Pegasus son empleados como palancas de presión sobre un Estado soberano.

​Para determinados actores externos con visiones autocráticas o fuertemente pragmáticas, la presencia de un gobierno progresista en España resulta incómoda. Un Ejecutivo que defiende el multilateralismo, la legalidad internacional y un modelo de convivencia democrático e inclusivo es percibido como un interlocutor menos maleable y más proclive a resistir presiones que un gabinete conservador volcado hacia postulados más intransigentes o subordinados a acuerdos opacos.

​Las filtraciones masivas y las maniobras cibernéticas no solo buscan exponer a un aparato de seguridad extranjero; buscan también sembrar la duda en las instituciones españolas, condicionar la agenda exterior y chantajear la autonomía política del Estado.

​2. La pinza política: el patriotismo de trinchera y la derecha irresponsable

​Lo verdaderamente grave para el futuro de nuestra democracia no es únicamente la existencia de vectores de presión extranjera —algo previsible en el tablero geopolítico actual—, sino cómo esas maniobras encuentran eco y facilitación dentro de nuestras propias fronteras.

​Tradicionalmente, las cuestiones relativas a la seguridad nacional, la inteligencia y la política exterior requerían un suelo mínimo de consenso e institucionalidad. Sin embargo, la oposición articulada por el Partido Popular y Vox ha optado por dinamitar ese pacto implícito. En su afán por desgastar al gobierno de Pedro Sánchez e impedir la reedición y consolidación del bloque de investidura, la derecha ha emprendido una estrategia de acoso y derribo a cualquier precio.

​Se produce así una paradoja flagrante: quienes enarbolan con vehemencia la bandera del patriotismo terminan comprando y amplificando los marcos narrativos dictados por actores externos que buscan debilitar al Estado. Al calificar sistemáticamente al Ejecutivo legítimo como un «gobierno vendido» o «débil», la derecha actúa como un catalizador inestimable para las operaciones de injerencia, erosionando la credibilidad e imagen internacional de España para conseguir un rédito electoral a corto plazo.

​3. Hacia una respuesta verdaderamente progresista y democrática

​Frente a esta doble presión —externa e interna—, la respuesta de las fuerzas progresistas no puede ser la complacencia ni la mera postura defensiva. Es imperativo articular una defensa firme de la soberanía popular y de la calidad democrática:

​Fortalecimiento institucional y ciberseguridad: Garantizar la soberanía tecnológica del Estado y dotar al CNI y a los organismos de inteligencia de capacidades de vanguardia que prevengan el espionaje masivo y las interferencias opacas de terceros países.

​Transparencia frente al chantaje: Explicar con pedagogía y claridad a la ciudadanía los riesgos geopolíticos reales, evitando que la desinformación o la guerra psicológica dobleguen las políticas de Estado.

​Defensa firme del proyecto progresista: Demostrar que un gobierno con vocación social es la mejor garantía para defender el interés general, la integridad territorial y el respeto a los derechos humanos, sin ceder ante presiones autoritarias externas ni ante el ruido mediático y político interno.

​La soberanía de España no se defiende con discursos inflamados sobre fronteras o banderas, sino garantizando que la voluntad popular expresada en las urnas no sea tutelada ni por potencias extranjeras ni por oligarquías políticas incapaces de asumir las reglas del juego democrático.

Apagón general: cuando la luz de Cuba no la apaga el sol

​El silencio de las noches sin luz en Cuba ya no es un silencio tranquilo; es el rugido sordo de una crisis que consume a todo un país. Detrás de las cifras geopolíticas, las sanciones y las declaraciones oficiales, hay millones de vidas suspendidas en una penumbra cotidiana que asfixia, agota y desespera.

​Pensar en la Cuba de hoy no es pensar en un debate ideológico, sino en la realidad cruda de un hogar a oscuras. Imagina llevar más de veinte horas diarias sin electricidad en pleno calor caribeño, viendo cómo lo poco que lograste conseguir para alimentar a tu familia se echa a perder en una nevera apagada. Imagina no tener agua corriente porque las bombas necesitan una energía que simplemente no llega, o ver a un familiar enfermo sufrir sin poder conseguir los medicamentos más elementales en la farmacia de la esquina.

​En los hospitales, la situación roza lo inverosímil. Médicos con las manos atadas teniendo que suspender intervenciones quirúrgicas esenciales por falta de fluido eléctrico o de insumos básicos; salas de maternidad que operan bajo una tensión insostenible y enfermos crónicos que ven interrumpidos sus tratamientos vitales. No se trata solo de la falta de luz; se trata de la falta de margen para sobrevivir.

​Mientras la ayuda de emergencia de organismos internacionales gotea con lentitud —frenada por la propia parálisis logística de la isla y la falta de combustible—, la respuesta geopolítica global sigue atrapada en el ajedrez de siempre. Entre las presiones externas que asfixian aún más el flujo de recursos y las reformas internas que no terminan de aliviar el día a día de la gente, la población civil queda atrapada en el centro de una tormenta perfecta.

​La pregunta que resuena con dolor ante la mirada de un mundo que a menudo prefiere mirar hacia otro lado es evidente: ¿hasta cuándo la dignidad y el bienestar de millones de personas seguirán siendo el daño colateral de un conflicto interminable? Hoy, en cada esquina a oscuras de la isla, no solo falta corriente eléctrica; se está apagando, a fuego lento, la paciencia y la vida cotidiana de un pueblo.

El Pacto del Supremo

 ¿Justicia o Estrategia Electoral?

​Por: El Rincón de Kurro

​El juicio por el "Caso Mascarillas" ha quedado visto para sentencia, y lo que hemos presenciado en las últimas 14 sesiones no es solo un proceso judicial; es un tablero de ajedrez político donde las piezas se mueven con un ojo en el Código Penal y otro en las urnas del 17 de mayo.  

​1. El Alegato de Ábalos: "Sus respuestas le daban igual"

​José Luis Ábalos cerró el juicio con un dardo directo a la línea de flotación de la investigación. Su queja no fue solo técnica, sino existencial: el exministro sostiene que la UCO y el fiscal han construido un relato de parte donde su defensa era un mero trámite. "Me fui desesperanzado de mi declaración... es como si no hubiera habido nada", sentenció.

​Ábalos apunta a una justicia de autor, donde el investigado no es juzgado por sus actos, sino por quién es. Al denunciar que el fiscal ya tenía las respuestas escritas antes de preguntar, el exministro intenta desactivar la validez de una instrucción que lo sitúa en la cúspide de una trama criminal.

​2. El "Extraño" Idilio entre Aldama y el PP

​Lo más sangrante de este tramo final ha sido la orquestada rebaja de penas para Víctor de Aldama. Mientras la Fiscalía mantiene su petición de 7 años, la acusación popular —liderada por el Partido Popular— ha solicitado una rebaja de dos grados que, en la práctica, evitaría que el empresario pise la cárcel.  

​¿Por qué el PP querría salvar a Aldama? La respuesta parece clara: la colaboración de Aldama no ha sido con la "Justicia" en abstracto, sino con el relato político de la oposición. Sus declaraciones, dirigidas quirúrgicamente contra el núcleo duro del Gobierno, sugieren un acuerdo de "sangre por libertad". Si Aldama ofrece la cabeza política de Sánchez, el PP ofrece la llave de su celda. Es una estrategia de desgaste donde el investigado se convierte en el ariete de la acusación para derribar los muros de la Moncloa.  

​3. La Sombra del 17-M: Andalucía en el Punto de Mira

​No es casualidad que el juicio haya terminado ahora. El reloj judicial parece estar sincronizado con el cronómetro electoral de las Autonómicas de Andalucía.  

​La Sentencia Express: Existe la posibilidad real de que el tribunal dicte sentencia antes del 17 de mayo. Una condena (aunque sea recurrible) en plena recta final de campaña funcionaría como un "octubre rojo" para el socialismo andaluz.  

​Influencia Electoral: El PP sabe que el impacto emocional de una sentencia condenatoria contra el entorno de Ábalos es la mejor herramienta de movilización para su electorado y el golpe de gracia para un PSOE que intenta zafarse del estigma de la corrupción.

​Conclusión

​Estamos ante un escenario donde la verdad judicial corre el riesgo de quedar sepultada por la conveniencia política. Si Aldama se libra de la cárcel gracias a la mano tendida del PP y la sentencia llega justo para abrir los telediarios antes de ir a votar en Andalucía, nos encontraremos ante una de las maniobras de ingeniería política y judicial más sofisticadas de nuestra democracia reciente.

​En El Rincón de Kurro seguiremos vigilando. Porque cuando la justicia se acelera por el calendario electoral, quien sale perdiendo siempre es el ciudadano.

Las cuentas claras

El arte de la coartada en San Telmo.

​Hace falta tener poca memoria —o mucha desfachatez— para pedir el voto en Andalucía tras haber cuestionado nuestra capacidad intelectual. Aún resuenan aquellas palabras de Feijóo asegurando que los andaluces "no sabemos contar" porque no le dábamos la razón con los kilómetros de costa gallegos. O aquel Mediterráneo que, según él, baña las playas de Huelva.

​Pero tras la torpeza de Madrid, hay una estrategia medida en Sevilla. Juanma Moreno intenta esconder a su líder nacional para que sus "estupideces" no contaminen la marca. Juega a la endoestrategia: vender una gestión propia, casi ajena a las siglas, mientras prepara la coartada perfecta. Pide una mayoría absoluta no por convicción, sino para descargar su responsabilidad. Si acaba pactando con Vox —como todo apunta—, ya tiene al culpable: nosotros, por no haberle votado "lo suficiente".

​A los andaluces nos sobran kilómetros de costa y nos basta con dos dedos de frente para saber que el respeto no se negocia en las urnas.