Doce promesas, una firma solemne y una letra pequeña que quizá no conozcamos hasta después de las elecciones.
El Rincón de Kurro — 20 de octubre de 2026
Alberto Núñez Feijóo acaba de presentar solemnemente su «Contrato con España». Doce compromisos, cuatro páginas, una firma y una escenografía cuidadosamente preparada para transmitir seriedad, responsabilidad y confianza. No faltan las grandes palabras: regeneración democrática, unidad, prosperidad, esfuerzo, bienestar, respeto a las instituciones y amor a España.
Todo muy solemne. Todo muy patriótico. Y, permítanme decirlo, todo muy electoral.
Reconozco que lo primero que me ha llamado la atención no ha sido tanto el contenido como el nombre elegido. ¿Un contrato? ¿De verdad estamos ante un contrato?
Porque, hasta donde alcanza mi experiencia, los contratos contienen obligaciones suficientemente concretas, condiciones, plazos y consecuencias por incumplimiento. No todos establecen penalizaciones expresas, naturalmente, pero existen reglas que permiten exigir lo pactado o reclamar responsabilidades cuando una de las partes deja de cumplir.
Este, sin embargo, parece pertenecer a una categoría bastante singular: una parte lo firma, la otra debe confiar y, si lo prometido no se cumple, nadie puede exigir judicialmente su ejecución por el mero hecho de aquella firma.
Y aquí comienza mi primera reflexión.
No hay que imaginar que Feijóo nos invita a firmar su contrato. Ya nos está pidiendo que lo suscribamos con nuestro voto. Algunos ciudadanos lo harán, legítimamente, convencidos de que sus doce promesas representan el futuro que desean para España.
Feijóo ha puesto su firma sobre el papel. Sus electores pondrán la suya en las urnas.
Y es entonces cuando me viene a la memoria el viejo pacto literario con el diablo, aquel que se rubricaba con la propia sangre.
Naturalmente, hablo metafóricamente. Pero no me parece una imagen desacertada.
Porque cuando los ciudadanos depositamos nuestra confianza electoral no entregamos simplemente una papeleta. Ponemos en manos de quienes eventualmente nos gobernarán decisiones que afectan a nuestros salarios, nuestras pensiones, nuestra sanidad, la educación de nuestros hijos, nuestros derechos sociales y las condiciones de vida de las generaciones futuras.
Nos jugamos bastante más que una firma.
Y algunos suscribirán ese contrato convencidos, otros esperanzados y quizá no pocos sin haberse detenido a examinar suficientemente su letra pequeña.
Lo paradójico es que, mientras los ciudadanos asumiremos las consecuencias reales de las políticas que se apliquen, el firmante no establece en su documento ninguna penalización contractual por incumplirlas.
¿No tiene todo esto algo de lo que, en sentido figurado, podríamos llamar un contrato leonino?
Una parte asume las consecuencias. La otra conserva un amplio margen para interpretar sus compromisos.
Una entrega la confianza. La otra administra las condiciones.
Y si las cosas salen mal, siempre habrá una crisis, una dificultad presupuestaria, una coyuntura internacional imprevista o una herencia recibida que permita explicar por qué aquello que parecía irrenunciable ha dejado de ser posible.
Eso sin contar con que Feijóo ya tiene cierta experiencia en estas ceremonias.
En febrero de 2009 firmó otro documento muy parecido, entonces denominado «Contrato con Galicia». Aquel contenía catorce compromisos y también se presentó entre banderas, fotografías y promesas de rendición de cuentas. Incluso anunció que aspiraba a obtener una calificación no inferior a sobresaliente.
La realidad posterior fue bastante más discutida que la solemnidad de aquella ceremonia.
En 2016, el candidato socialista gallego Xoaquín Fernández Leiceaga denunció que doce de los catorce compromisos habían quedado incumplidos. Era, naturalmente, una valoración de la oposición y no una auditoría independiente. Tampoco sería justo ignorar que hubo medidas ejecutadas y circunstancias económicas extraordinarias que condicionaron los resultados.
Pero precisamente ahí reside el problema.
Entre aquellos compromisos figuraba convertir la lucha contra el desempleo en una máxima prioridad. Sin embargo, según el Instituto Gallego de Estadística, la tasa media de paro pasó del 12,4 % en 2009 al 20,5 % en 2012.
La crisis económica explica buena parte de aquel deterioro, pero no convierte automáticamente una prioridad proclamada en un objetivo alcanzado.
¿Se cumplió el contrato? ¿Se incumplió? ¿Quién realizó una evaluación independiente? ¿Qué consecuencias prácticas tuvo?
Y, sobre todo, ¿qué garantía adicional ofrece Feijóo ahora para que su nuevo documento sea algo más que aquel de 2009?
No pretendo negar la legitimidad de formular compromisos electorales. Todo lo contrario. Considero imprescindible que quien aspire a gobernar explique qué pretende hacer y se someta posteriormente al juicio de los ciudadanos.
Lo que me cuesta aceptar es que una colección de promesas, redactadas con suficiente amplitud como para admitir interpretaciones muy diferentes, adquiera la categoría de contrato simplemente porque su autor decida denominarla así.
España es un país social, económica, territorial y políticamente complejo. Sus problemas no caben en doce titulares, por muy atractivos que resulten.
Las pensiones están relacionadas con el empleo, los salarios, la productividad y las cotizaciones. La sanidad depende de la financiación, los profesionales y la organización. La vivienda condiciona la emancipación juvenil, la formación de familias y la movilidad laboral. La educación repercute en la igualdad de oportunidades y en el desarrollo económico.
Y todo ello se encuentra condicionado por una realidad europea e internacional que ningún Gobierno controla completamente.
Reducir semejante complejidad a doce grandes compromisos puede ser un recurso legítimo de comunicación política. Pero presentarlo como una fórmula magistral para resolver los problemas de España tiene, desde mi punto de vista, algo de alquimia electoral.
Se mezclan doce promesas atractivas, se añaden unas dosis de patriotismo, regeneración y grandes palabras, se agita cuidadosamente el recipiente y se ofrece el resultado como remedio para nuestros males.
Y siempre habrá alguien dispuesto a comprar el producto sin preguntar demasiado por sus ingredientes.
Por ejemplo, Feijóo promete construir al menos un millón de viviendas. Magnífico. Pero ¿en qué plazo, dónde, con qué financiación y cuántas serán públicas o estarán destinadas a alquileres verdaderamente asequibles?
También promete actualizar las pensiones conforme al IPC. Una declaración tranquilizadora, sin duda, aunque conviene recordar que esa garantía ya está recogida en nuestra legislación desde la reforma de 2021.
Lo verdaderamente interesante sería conocer qué medidas adicionales propone para asegurar la suficiencia y sostenibilidad futura de nuestro sistema público de pensiones.
Pero hay una promesa que merece especial atención: bajar impuestos.
¿A quién no le gustaría pagar menos?
A mí también, naturalmente.
Sin embargo, desde mi manera de entender la sociedad y la función del Estado, una rebaja fiscal no puede valorarse únicamente por la cantidad que dejamos de pagar.
Necesito saber qué impuestos se reducirán, en qué cuantía, quiénes obtendrán mayores beneficios y cuánto dejarán de ingresar las administraciones públicas.
Y, especialmente, cómo se compensará esa eventual pérdida de recursos.
Porque los impuestos no son simplemente dinero que sale de nuestros bolsillos. También son hospitales, colegios, universidades, dependencia, infraestructuras, pensiones y servicios públicos que muchos ciudadanos no podrían costearse individualmente.
Por supuesto, no considero que todos los impuestos sean intocables ni que cualquier gasto público esté justificado. Creo en la eficiencia administrativa, en combatir el despilfarro y en un sistema fiscal que no castigue injustamente el trabajo.
Pero también creo que la justicia tributaria exige contribuir de acuerdo con la capacidad económica de cada uno y disponer de servicios públicos de calidad con independencia de la fortuna personal.
Esa es, en buena medida, la esencia de mi concepción socialdemócrata.
Por eso me preocupa que se hable tanto de cuánto dejaremos de pagar y tan poco de lo que podríamos dejar de recibir.
Porque quien dispone de elevados ingresos puede contratar seguros sanitarios privados, pagar determinados servicios educativos o complementar su jubilación mediante inversiones.
Quien vive de un salario modesto o de una pensión necesita especialmente que la sanidad pública, la educación y la protección social funcionen.
Y si una rebaja fiscal beneficia principalmente a quienes más tienen, mientras la pérdida de ingresos termina deteriorando los servicios públicos, el resultado puede ser bastante menos atractivo de lo que sugería el anuncio.
No afirmo que necesariamente vaya a suceder. Dependerá del diseño concreto de las medidas.
Precisamente por eso quisiera conocerlo.
Porque las rebajas fiscales también pueden tener letra pequeña, y lo que algunos se ahorran individualmente puede terminar costándonos mucho más colectivamente.
Hay otra información reciente que me ha hecho reflexionar.
Alberto Nadal, responsable económico del PP, ha planteado revisar la participación del Estado en empresas privadas y limitarla fundamentalmente a los ámbitos de defensa, seguridad nacional y servicios públicos esenciales.
De prosperar esa orientación, podrían revisarse participaciones estatales en compañías como Telefónica, Talgo, Duro Felguera o CaixaBank, aunque por ahora no existe una decisión firme anunciada de venderlas.
La propuesta presenta ciertas semejanzas con la orientación privatizadora impulsada por Javier Milei en Argentina, sin que ello signifique que ambos proyectos sean idénticos.
Y vuelven a surgir las preguntas.
¿Qué empresas considera el PP estratégicas? ¿Cuáles dejarían de justificar una participación pública? ¿Quién adquiriría esas acciones? ¿A qué precio? ¿Qué dividendos futuros dejaría de percibir el Estado y qué capacidad de influencia perdería en sectores importantes?
No sostengo que toda participación estatal deba mantenerse indefinidamente. Pero tampoco comparto la idea de que la presencia pública en determinadas actividades económicas sea necesariamente un problema.
En ocasiones permite proteger intereses estratégicos, mantener capacidad de decisión o atender objetivos que el mercado, por sí solo, no siempre garantiza.
Por eso quisiera conocer si los ingresos de eventuales ventas se destinarían a reducir deuda, financiar inversiones, compensar rebajas fiscales o atender otras necesidades.
Porque vender patrimonio público puede proporcionar ingresos inmediatos, pero también significa desprenderse de activos que pueden generar valor e influencia durante muchos años.
Y me pregunto si semejante propuesta no merecería figurar, con toda su letra pequeña, en un contrato que pretende comprometer el futuro de España.
Pero llegamos a una cuestión que considero todavía más importante.
Feijóo ha firmado su contrato. ¿Quién garantiza que pueda cumplirlo si necesita gobernar con Vox?
No estoy anticipando un resultado electoral. Nadie conocerá la composición definitiva del Congreso hasta que se abran las urnas el próximo 29 de noviembre.
Sin embargo, podemos examinar las estimaciones publicadas por algunas empresas demoscópicas privadas.
40dB. atribuyó 132 diputados al PP y 66 a Vox. GAD3 estimó 133 y 65, respectivamente. Y Sigma Dos, en su sondeo del 19 de octubre, sitúa al PP entre 132 y 137 escaños y a Vox entre 65 y 68.
Son encuestas, no resultados electorales. Y sabemos que pueden equivocarse, especialmente cuando existe incertidumbre sobre la movilización y la participación.
Pero estas proyecciones permiten analizar una circunstancia concreta: Vox representaría aproximadamente un tercio de los diputados obtenidos conjuntamente por ambas formaciones.
Un tercio.
Eso no significa que le correspondiera automáticamente un tercio de los ministerios ni que su influencia pudiera calcularse mediante una sencilla regla de tres.
La capacidad negociadora depende de muchas circunstancias, especialmente de las alternativas parlamentarias disponibles.
Pero tampoco parece razonable suponer que una formación con semejante representación hipotética renunciaría sin más a defender su propio programa y a obtener responsabilidades gubernamentales.
Porque hay algo que no deberíamos olvidar: Vox también tendría compromisos con sus electores y difícilmente entraría en un Gobierno para olvidarse de todos ellos.
Y sus propuestas no son exactamente las mismas que las del PP.
Ambos partidos comparten parte del espacio político conservador, pero no son intercambiables. Podríamos decir, recurriendo al arcoíris político, que unos se presentan de azul y otros ocupan una tonalidad bastante más próxima al ultravioleta.
Y los matices, especialmente cuando afectan a derechos y políticas públicas, importan mucho.
Vox ha defendido importantes reducciones fiscales, cambios estructurales en la organización territorial del Estado, modificaciones de normas laborales, revisión de políticas de igualdad, medidas migratorias más restrictivas y una profunda reducción de regulaciones administrativas.
También ha planteado reformas del sistema de pensiones, incluida una mayor presencia de mecanismos de capitalización.
No todas esas propuestas son incompatibles con las del Partido Popular. Tampoco podemos afirmar que todas acabarían incorporándose a un hipotético acuerdo.
Pero sí parece legítimo preguntarse hasta dónde podría evolucionar el programa de Feijóo como consecuencia de una negociación con Abascal.
¿Qué ocurriría con las pensiones? ¿Se mantendría íntegramente el actual sistema público de reparto y su garantía de actualización conforme al IPC?
¿Qué sucedería con la reforma laboral, los convenios colectivos, los derechos sindicales o determinadas obligaciones empresariales?
¿Qué cambios podrían introducirse en las políticas de igualdad, inmigración, educación o protección social?
¿Y cómo se financiarían las rebajas fiscales defendidas por ambos partidos sin comprometer los servicios públicos?
No estoy afirmando que esas modificaciones vayan necesariamente a producirse.
Precisamente porque no lo sabemos, considero imprescindible que se expliquen las posiciones y los límites de cada formación antes de que los ciudadanos depositen su voto.
Y quizá alguien piense que exagero al preguntarme por el alcance de una eventual coalición.
Pero tenemos experiencias autonómicas recientes que merecen ser examinadas.
En Andalucía, tras las elecciones de mayo de 2026, Juanma Moreno necesitó pactar con Vox para formar Gobierno. El PP había obtenido 53 diputados y Vox 15.
El nuevo Ejecutivo mantuvo trece consejerías, pero incorporó tres vicepresidencias y amplió su estructura en trece altos cargos, pasando de 301 a 314.
En Castilla y León, el pacto de 2026 dio lugar a una estructura de al menos 105 altos cargos previstos, frente a los 96 del anterior Gobierno del PP en solitario. La prensa estimó el incremento de las retribuciones correspondientes en aproximadamente 700.000 euros anuales.
En Extremadura se establecieron dos vicepresidencias, una para cada partido, y se reorganizaron consejerías. Aragón también distribuyó vicepresidencias y responsabilidades entre ambas formaciones.
Son situaciones diferentes y no conviene confundirlas.
Tampoco puedo asegurar que todos los nuevos puestos respondan exclusivamente a la necesidad de acomodar dirigentes de uno u otro partido. Algunos pueden corresponder a competencias nuevas o necesidades organizativas reales.
Pero, permítanme, la coincidencia merece una reflexión.
¿No resulta paradójico que partidos que proclaman su intención de adelgazar las administraciones terminen ampliando determinados niveles de dirección después de negociar un gobierno de coalición?
En Andalucía, además, me gustaría conocer exactamente qué funciones desempeñan los trece puestos adicionales, quiénes los ocupan, qué coste representan y qué razones justifican su creación.
Porque si responden a necesidades administrativas reales, podrán explicarse. Y si obedecen principalmente al reparto político, también debería conocerse.
No afirmo que toda ampliación administrativa sea negativa. Una Administración puede necesitar más profesionales, más medios e incluso nuevos órganos cuando sus funciones lo justifican.
Pero no deberíamos confundir el fortalecimiento de los servicios públicos con la multiplicación de puestos de dirección política.
Personalmente, prefiero que cualquier incremento de recursos destinado a mejorar la sanidad se traduzca, siempre que sea posible, en más médicos, enfermeras, profesionales sanitarios y medios asistenciales, antes que en una estructura directiva más amplia cuya utilidad no haya sido suficientemente acreditada.
Y aquí regreso al compromiso de Feijóo de reducir ministerios, altos cargos y asesores.
¿Qué sucedería si, para integrar a Vox en un Gobierno de coalición, hubiera que redistribuir ministerios, crear nuevas secretarías de Estado o ampliar determinadas estructuras administrativas?
¿Aceptaría el PP reducir sus propias posiciones para cederlas al socio?
¿O buscarían una fórmula que permitiera acomodar a ambos sin que ninguno perdiera demasiados espacios de poder?
Los precedentes autonómicos no permiten asegurar cuál sería la respuesta, pero sí justifican la pregunta.
Porque, además, el reparto no se limita a los despachos.
Una coalición también exige negociar políticas.
En Castilla y León, por ejemplo, el acuerdo de 2026 incorporó compromisos programáticos sobre cuestiones sociales, administrativas y económicas. Y algunas de las decisiones posteriores muestran que la participación de Vox puede traducirse en actuaciones concretas dentro de las competencias que administra.
Un ejemplo reciente es la modificación de las condiciones para conceder determinadas ayudas a producciones cinematográficas, incorporando restricciones relacionadas con lo que la Consejería de Cultura considera adoctrinamiento ideológico.
No pretendo juzgar aquí la totalidad de esa regulación, pero sí señalar algo evidente: las competencias atribuidas a un socio de coalición pueden convertirse en decisiones administrativas que afectan directamente a los ciudadanos.
Por tanto, no hablamos únicamente de quién ocupa cada despacho.
Hablamos de qué políticas se aplican desde ellos.
Y desde mi perspectiva socialdemócrata, esta cuestión tiene una importancia especial.
No considero que el Estado deba intervenir en todo ni que la iniciativa privada sea incompatible con el interés general. Una economía moderna necesita empresas competitivas, inversión, innovación y seguridad jurídica.
Pero también necesita protección social suficiente, servicios públicos universales, derechos laborales efectivos y mecanismos de redistribución que impidan que el lugar donde uno nace o la fortuna de su familia determinen todas sus oportunidades.
No comparto la idea de que reducir la intervención pública constituya siempre una mejora, ni que toda regulación sea una traba innecesaria.
Hay normas que complican injustificadamente la actividad económica y deberían simplificarse. Pero también las hay que protegen la seguridad de los trabajadores, el medio ambiente, la igualdad de oportunidades y los derechos de los consumidores.
La cuestión no consiste simplemente en contar cuántas normas se eliminan, sino en analizar cuáles son prescindibles y cuáles garantizan derechos efectivos.
Lo mismo sucede con los impuestos.
Para mí, la prosperidad de un país no puede medirse únicamente por la reducción de la presión fiscal o por los beneficios empresariales.
También debe medirse por la posibilidad real de acceder a una vivienda, disponer de una sanidad de calidad, recibir una educación adecuada, trabajar con dignidad y alcanzar la jubilación sin miedo a la pobreza.
No creo que esta forma de entender la sociedad sea patrimonio exclusivo de ningún partido, pero sí constituye un criterio esencial desde el que examino las propuestas políticas.
Y por eso me interesan mucho más las consecuencias concretas de las decisiones que la grandilocuencia de las ceremonias electorales.
Hay, además, otra cuestión que me inquieta especialmente.
Gobernar implica enfrentarse a dificultades imprevistas. Una crisis internacional, una recesión, un conflicto bélico o una catástrofe pueden alterar cualquier programa.
Es lógico que los gobiernos tengan que adaptar sus decisiones.
Pero existe una diferencia fundamental entre explicar responsablemente por qué no se ha podido cumplir un compromiso y utilizar cualquier contratiempo como coartada para abandonarlo.
Y cuando se gobierna en coalición aparece una explicación adicional extraordinariamente cómoda: la culpa puede ser del socio.
Imaginemos que Feijóo debe renunciar a alguna de sus promesas porque Vox exige una medida incompatible con ella.
¿Nos diría que quiso cumplir, pero que las circunstancias parlamentarias se lo impidieron?
¿Y si fuera Vox quien tuviera que renunciar a una parte de su programa? ¿Atribuiría a Feijóo la responsabilidad?
No afirmo que eso vaya a suceder. Pero tampoco me parece una hipótesis tan extravagante como para descartarla.
La experiencia demuestra que las coaliciones necesitan negociar y transigir. Eso es legítimo, como también lo es gobernar mediante acuerdos parlamentarios.
Lo que cuestiono es presentar compromisos personales con apariencia de garantías absolutas cuando su cumplimiento podría depender de acuerdos posteriores que todavía desconocemos.
Y aquí encuentro la gran paradoja del documento.
Feijóo firma hoy un contrato con España, pero el programa de gobierno verdaderamente determinante podría terminar escribiéndolo mañana con Abascal.
Ese hipotético segundo documento tendría una importancia enorme. Podría definir ministerios, presupuestos, prioridades económicas, reformas laborales, políticas sociales, inmigración, educación y muchas otras cuestiones que afectan directamente a nuestra vida cotidiana.
Y nosotros habríamos votado antes de conocerlo.
Por cierto, no se trata únicamente de especulaciones sobre futuras relaciones entre ambos partidos. Feijóo ha confirmado este mismo 20 de octubre conversaciones con Vox para estudiar fórmulas de colaboración electoral en el Senado.
Esas conversaciones no constituyen un acuerdo para gobernar España, pero muestran que ambas formaciones ya están explorando posibles entendimientos.
De manera que tampoco parece una extravagancia preguntarse qué condiciones podrían negociar en el Congreso si la aritmética parlamentaria exigiera sus apoyos recíprocos.
Y aquí aparece otra cuestión.
¿Compromete el contrato a Feijóo?
Políticamente, sí. Jurídicamente, no como un contrato ordinario.
¿Compromete a Abascal?
No.
¿Compromete a los hipotéticos ministros de Vox o a sus diputados?
Tampoco por el simple hecho de haberlo firmado Feijóo.
¿Y qué sucedería si alguno de los compromisos chocara con las condiciones de un acuerdo de coalición?
Esa es precisamente la letra pequeña que todavía desconocemos.
Naturalmente, no se puede exigir a un candidato que anticipe todas las circunstancias de su futuro Gobierno ni que conozca el resultado de unas negociaciones que aún no se han producido.
Pero sí se le puede pedir que explique públicamente cuáles son sus compromisos irrenunciables, qué medidas estaría dispuesto a negociar y qué consecuencias económicas tendrían sus propuestas.
Especialmente cuando utiliza la palabra contrato para revestirlas de una solemnidad extraordinaria.
No quiero terminar esta reflexión dando la impresión de que considero ilegítima una eventual coalición entre PP y Vox. Si se alcanzara conforme a las reglas de nuestra democracia parlamentaria, tendría la legitimidad institucional que corresponde a cualquier Gobierno constituido legalmente.
Mi preocupación no consiste en negar esa posibilidad, sino en conocer sus condiciones y consecuencias.
Tampoco pretendo sostener que Feijóo vaya necesariamente a incumplir aquello que ahora promete.
Lo que digo es que una firma, por solemne que sea, no sustituye a las garantías, la transparencia ni la rendición de cuentas.
Y que el antecedente de Galicia invita, cuando menos, a examinar con prudencia la diferencia entre los compromisos anunciados y los resultados finalmente obtenidos.
Al final vuelvo al título de esta reflexión.
¿Contrato con España o contrato con el diablo?
No porque identifique literalmente a nadie con el diablo, naturalmente. Se trata de una metáfora literaria que me sirve para expresar una preocupación: la posibilidad de que los ciudadanos aceptemos un pacto sin conocer suficientemente todas sus condiciones.
En aquellos viejos relatos, el diablo solía esconderse en la letra pequeña.
Aquí lo inquietante es que una parte importante de esa letra pequeña quizá ni siquiera esté escrita todavía.
Y lo verdaderamente singular es que Feijóo nos está pidiendo que suscribamos su contrato ahora, mediante nuestro voto, aunque el documento que finalmente determine las políticas de un hipotético Gobierno de coalición pudiera negociarse después del 29 de noviembre.
Algunos lo firmarán convencidos de lo que han leído.
Otros quizá confiando en que las promesas se cumplirán íntegramente.
Y otros puede que ni siquiera se hayan planteado cuánto costarán, quién las financiará o hasta dónde podrán modificarse.
Todos estarán ejerciendo legítimamente su derecho al voto.
Pero las consecuencias de las decisiones que se adopten después afectarán también a quienes no hayan suscrito aquel contrato.
Porque los compromisos electorales pueden ser particulares de un partido, pero las políticas de un Gobierno tienen consecuencias colectivas.
Y esas consecuencias las pagamos, o las disfrutamos, todos.
Por eso, antes de rubricar metafóricamente con nuestra sangre, considero razonable preguntar cuánto cuesta lo prometido, quién lo financia, qué garantías existen y qué condiciones podría imponer quien todavía no ha firmado nada.
Quizá la cuestión sea mucho más sencilla de lo que parece.
Feijóo pone la firma. Abascal podría negociar las condiciones. Y los españoles asumiríamos las consecuencias.
No sé si finalmente habrá contrato, pacto de coalición o gobierno en solitario. Eso lo decidirán los ciudadanos con sus votos y, después, nuestros representantes conforme a las reglas parlamentarias.
Pero me gustaría que, llegado ese momento, nadie pretendiera presentarnos como inevitable aquello que hoy no se ha explicado con suficiente claridad.
Porque gobernar consiste en administrar intereses, recursos y derechos reales, no en representar una ceremonia.
Y la confianza de los ciudadanos merece algo más que una firma ante las cámaras.
La confianza se solicita. Las garantías se acreditan. Y los compromisos se demuestran cumpliéndolos.
O, dicho de otra manera:
¿Estamos ante un contrato con España o ante uno cuya verdadera letra pequeña conoceremos cuando ya hayamos votado?
Quizá no sea necesario invocar al diablo.
Pero sí sería prudente asegurarnos de que, cuando llegue la hora de cumplir lo prometido, no descubramos que nosotros pusimos la sangre mientras otros se reservaron el derecho de cambiar las cláusulas.
El Rincón de Kurro
20 de octubre de 2026
Fuentes y documentación
