La libertad de prensa no consiste en que los periodistas nos den la razón, sino en que puedan incomodar al poder sin convertirse en sus enemigos.
Una imagen que dice mucho más de lo que parece
Hay acontecimientos que, considerados aisladamente, podrían parecer simples episodios de la habitual confrontación política. Un vídeo electoral, unas declaraciones polémicas, una protesta institucional y un comunicado de una asociación profesional.
Pero cuando se examinan conjuntamente, permiten plantear preguntas bastante más profundas sobre nuestra democracia.
El Partido Popular de Madrid ha difundido un vídeo en el que presenta distintas características de lo que considera un Gobierno autoritario. Al referirse al supuesto control de los medios públicos, utiliza la imagen de Silvia Intxaurrondo, presentadora de La hora de La 1, vinculándola visualmente con RTVE y la censura.
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha denunciado públicamente ese señalamiento y ha reclamado la intervención de la Asociación de la Prensa de Madrid.
La APM ha respondido advirtiendo de que el vídeo coloca a una periodista en la posición de adversaria política y reclamando respeto a los profesionales de la información.
Hasta aquí, los hechos.
Pero lo verdaderamente importante no es solamente lo ocurrido. Es lo que revela sobre la relación entre los partidos políticos y un periodismo que no siempre se acomoda a sus intereses.
Cuando una pregunta se convierte en una ofensa
Silvia Intxaurrondo no es una dirigente política. No se presenta a unas elecciones, no encabeza una candidatura y no forma parte de un Gobierno.
Es periodista.
Su obligación profesional no consiste en facilitar entrevistas cómodas, sino en preguntar, contrastar afirmaciones y exigir explicaciones cuando encuentra contradicciones.
Recordemos su conocida entrevista a Alberto Núñez Feijóo en julio de 2023.
Durante aquella conversación, el entonces candidato del Partido Popular realizó afirmaciones sobre la revalorización de las pensiones que la periodista cuestionó con datos históricos.
La controversia fue ampliamente difundida y se convirtió en uno de los episodios más comentados de aquella campaña electoral.
Podemos discutir el tono de una entrevista, la selección de preguntas o incluso la oportunidad de una intervención periodística. Todo eso forma parte del debate legítimo.
Pero conviene distinguir entre discutir una actuación profesional y transformar al profesional en un objetivo político.
Un periodista no está para confirmar lo que dice un dirigente. Está, precisamente, para comprobarlo.
Y si esa comprobación incomoda, la respuesta democrática debería consistir en aportar mejores argumentos, no en desacreditar personalmente a quien formula la pregunta.
«Acabar con las Intxaurrondos»: el problema de las palabras
La polémica adquiere otra dimensión cuando recordamos las recientes declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo.
La diputada del Partido Popular habló de acabar «con las Intxaurrondos» en el contexto de su denuncia de una supuesta colonización partidista de las instituciones.
Es importante reconocer ese contexto para no desvirtuar sus palabras.
La cuestión, sin embargo, permanece: ¿por qué convertir el apellido de una periodista en una categoría política que debe desaparecer?
Si lo que se pretende es reformar el modelo de gobernanza de RTVE, modificar sus mecanismos de nombramiento o reforzar su independencia institucional, existen propuestas legislativas y procedimientos parlamentarios para hacerlo.
Si se considera que una información es incorrecta, existen mecanismos de rectificación, derecho de réplica y vías de reclamación.
Pero utilizar el nombre de una periodista como representación de aquello que un partido promete combatir introduce una dimensión personal innecesaria.
Y ahí aparece una pregunta inquietante:
¿Se pretende cambiar las reglas de funcionamiento de los medios públicos o cambiar a quienes hacen preguntas que no gustan?
No son objetivos equivalentes.
Telemadrid: un antecedente que merece ser examinado
José Pablo López ha relacionado el episodio con lo ocurrido en Telemadrid.
La comparación no es casual.
López dirigió la radiotelevisión pública madrileña desde 2017 hasta 2021, cuando fue destituido tras una reforma legislativa promovida durante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Aquella reforma modificó el modelo de dirección de la cadena y abrió una importante controversia sobre su independencia.
Sus defensores argumentaron la necesidad de reorganizar la institución. Sus críticos denunciaron una intervención política que debilitaba la autonomía de la radiotelevisión pública.
No es necesario aceptar automáticamente ninguna de esas interpretaciones para reconocer que existe un problema institucional de fondo.
Cuando una mayoría parlamentaria modifica las reglas de gobierno de una radiotelevisión pública, debe poder justificar que esas modificaciones favorecen su independencia y no simplemente la capacidad de influencia del Ejecutivo correspondiente.
Y esa exigencia debe aplicarse igualmente a RTVE, Telemadrid y cualquier otra corporación pública.
Porque la independencia informativa no debería cambiar de significado según el partido que controle la administración.
La televisión pública no pertenece al Gobierno
Conviene recordar una obviedad que, a fuerza de confrontación, parece haberse olvidado.
RTVE no es propiedad de Pedro Sánchez.
Como tampoco Telemadrid pertenece a Isabel Díaz Ayuso ni las televisiones autonómicas a sus respectivos presidentes.
Son servicios públicos sostenidos mediante recursos públicos y sujetos a obligaciones de pluralismo, independencia y servicio a la ciudadanía.
Eso significa que deben estar sometidos a escrutinio.
Sus presupuestos pueden cuestionarse. Sus responsables deben rendir cuentas. Sus criterios editoriales pueden analizarse. Sus informaciones deben ser contrastadas y sus errores corregidos.
Nada de eso constituye un ataque a la libertad de prensa.
Lo que sí merece una reflexión distinta es la pretensión de identificar a determinados profesionales con el partido que gobierna y tratarlos, por esa razón, como adversarios políticos.
Porque entonces dejamos de discutir cómo funciona una institución para empezar a decidir qué periodistas resultan aceptables.
Y ese es un terreno especialmente delicado.
Los medios públicos no deben ser instrumentos de propaganda gubernamental, pero tampoco pueden convertirse en instituciones cuyos profesionales deban superar un examen de afinidad política cada vez que cambia el Gobierno.
El comunicado de la APM: una advertencia necesaria
La Asociación de la Prensa de Madrid ha intervenido para reclamar mesura y respeto.
Su planteamiento contiene una distinción fundamental: los periodistas pueden recibir críticas, como cualquier otro profesional, pero no deberían ser utilizados como adversarios en las campañas políticas.
La precisión importa.
Nadie reclama inmunidad para los periodistas.
Una información falsa debe rectificarse. Una entrevista manipuladora puede denunciarse. Una conducta profesional cuestionable puede ser examinada.
Pero criticar una información exige identificar qué información es incorrecta, qué dato ha sido tergiversado o qué norma profesional se ha vulnerado.
La mera incomodidad de un dirigente ante determinadas preguntas no demuestra parcialidad periodística.
Tampoco demuestra independencia, por sí sola, la dureza con la que se entrevista a un político.
La independencia debe valorarse mediante criterios profesionales, verificables y aplicados con coherencia.
Por eso resulta tan importante que las asociaciones periodísticas mantengan una posición exigente con todos los poderes, sin excepciones partidistas.
Su autoridad moral dependerá precisamente de esa coherencia.
La peligrosa confusión entre información y propaganda
Vivimos en una época en la que resulta extraordinariamente sencillo desacreditar una noticia sin discutir su contenido.
Basta con descalificar al medio que la publica.
Si una información perjudica a un partido, se acusa al periodista de servir al adversario.
Si una entrevista descubre una contradicción, se habla de persecución.
Si un dato desmiente un discurso, se cuestiona la intención de quien lo presenta.
Es una forma de desplazar el debate desde los hechos hacia las supuestas motivaciones personales del informador.
Y el resultado puede ser profundamente perjudicial.
Porque cuando los ciudadanos dejan de preguntarse si una noticia es cierta y comienzan a preguntarse únicamente quién la publica, la información pierde terreno frente a la identidad partidista.
No importa entonces la calidad de las pruebas, sino la simpatía que inspire quien las presenta.
La verdad no debería necesitar un carné político para ser reconocida.
Y una falsedad no se convierte en cierta porque la pronuncie alguien con quien coincidimos ideológicamente.
El riesgo de convertir al periodista en enemigo
Existe otra consecuencia que no debería despreciarse.
Cuando desde posiciones de influencia política se identifica reiteradamente a determinados periodistas como enemigos, puede contribuirse a crear un clima de hostilidad hacia ellos.
Eso no significa atribuir automáticamente a los autores de un vídeo la responsabilidad de cualquier agresión o amenaza posterior.
Las responsabilidades deben acreditarse individualmente.
Pero tampoco sería razonable ignorar que el lenguaje político tiene efectos sobre el ambiente en el que los profesionales desarrollan su trabajo.
Las palabras de quienes representan a miles o millones de ciudadanos poseen una repercusión que supera la conversación privada.
Por eso cabe exigirles una responsabilidad proporcional a su influencia.
La discrepancia puede ser rotunda sin convertirse en hostigamiento personal.
Y la crítica puede ser durísima sin presentar a un periodista como enemigo al que hay que eliminar del escenario público.
Una cuestión de coherencia democrática
Llegados a este punto, conviene ampliar el foco.
No estamos ante un principio que deba aplicarse exclusivamente al Partido Popular.
Si mañana el PSOE, Sumar, Vox o cualquier otra formación utilizara la imagen de un periodista para convertirlo en símbolo de un enemigo político, merecería exactamente el mismo examen crítico.
Si un Gobierno tratara de condicionar nombramientos, presionar redacciones o castigar informaciones incómodas, debería encontrar la misma resistencia.
La independencia periodística no puede defenderse solamente cuando el periodista cuestiona a nuestros adversarios.
Debe defenderse también cuando cuestiona a quienes apoyamos.
Porque una prensa que solo puede incomodar a una parte del espectro político no es plenamente independiente.
Y una ciudadanía que solo tolera las preguntas difíciles dirigidas a sus contrarios termina renunciando a una de sus principales herramientas de control democrático.
La paradoja de invocar la libertad para cuestionar al periodista
El episodio contiene una contradicción que merece especial atención.
El vídeo del PP de Madrid pretende denunciar prácticas autoritarias y falta de independencia informativa.
Es perfectamente legítimo que un partido formule esas acusaciones y trate de sustentarlas.
Pero cuando la denuncia del supuesto control político de los medios se ilustra mediante el señalamiento de una periodista concreta, surge inevitablemente una pregunta sobre la coherencia del procedimiento.
¿No sería más convincente demostrar la existencia de interferencias mediante decisiones documentadas, instrucciones editoriales, mecanismos de nombramiento o casos verificables de censura?
¿Por qué recurrir a la imagen de una profesional determinada?
Las acusaciones institucionales requieren pruebas institucionales.
La independencia de RTVE merece un debate serio, con datos, propuestas y garantías de pluralismo.
Reducirlo a una confrontación con determinados rostros televisivos empobrece precisamente ese debate.
La libertad de prensa se demuestra cuando incomoda
Una democracia no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones.
También se mide por la posibilidad real de fiscalizar al poder, cuestionar sus decisiones, investigar sus contradicciones y exigir explicaciones públicas.
El periodismo participa de esa función.
No sustituye a los tribunales, no representa a los ciudadanos en el Parlamento y tampoco está exento de errores, intereses o responsabilidades.
Pero constituye una herramienta indispensable para que la sociedad pueda conocer y evaluar la actuación de quienes gobiernan y de quienes aspiran a hacerlo.
Por eso la independencia informativa no es un privilegio corporativo de los periodistas.
Es una garantía para los ciudadanos.
Cuando un periodista puede preguntar libremente, quien gana no es necesariamente ese periodista.
Ganamos quienes tenemos derecho a escuchar la pregunta y conocer la respuesta.
Cuando una entrevista pone de manifiesto una contradicción, no debería importar tanto si perjudica al Gobierno o a la oposición.
Debería importar si la contradicción existe.
Y cuando un político considera que una pregunta es injusta, tiene todo el derecho a rebatirla públicamente.
Lo que no debería pretender es que la pregunta desaparezca junto con quien la formula.
Una última reflexión
Quizá la pregunta más importante de toda esta controversia no sea qué piensa el Partido Popular de Silvia Intxaurrondo.
Ni siquiera qué piensa Silvia Intxaurrondo del Partido Popular.
La cuestión verdaderamente relevante es qué modelo de relación entre poder político y periodismo queremos para nuestra democracia.
Uno en el que los partidos acepten ser interrogados, contrastados y contradichos.
O uno en el que cada cambio de mayoría política abra la posibilidad de señalar, desacreditar o apartar a los profesionales considerados incómodos.
La libertad de expresión ampara la crítica a los periodistas.
La libertad de prensa exige que esa crítica no se transforme en una herramienta de presión destinada a condicionar su trabajo.
Ambas libertades deben convivir.
Y precisamente por eso es necesario distinguir entre fiscalizar el periodismo y pretender domesticarlo.
Porque el verdadero problema de una democracia no es que un periodista haga preguntas incómodas.
El problema comienza cuando alguien considera que tiene derecho a decidir qué preguntas pueden hacerse y quién debe dejar de hacerlas.
El Rincón de Kurro — 26 de octubre de 2026
Fuentes y documentación para incorporar al blog
El Televisero: denuncia de RTVE y respuesta de la APM. Recoge el contenido de la polémica y las declaraciones de las partes.
Vertele: antecedentes y declaraciones de José Pablo López. Incluye el contexto de Telemadrid y las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo.
Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal. Marco jurídico de la función de servicio público y la independencia de RTVE.
Constitución Española, artículo 20. Libertad de expresión, derecho a la información y garantías de pluralismo en los medios públicos.
