29N: LA FUERZA DE LA RAZÓN O LA RAZÓN DE LA FUERZA
¿Están dispuestos todos los partidos a aceptar una derrota electoral legítima? Las sospechas, los señalamientos y la responsabilidad de quienes tienen un altavoz público.
Hay una pregunta que considero especialmente importante ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
No es quién va a ganar. Tampoco quién podrá formar gobierno ni qué acuerdos parlamentarios serán necesarios.
Es otra, aparentemente más sencilla:
¿Están dispuestos todos los partidos a reconocer una derrota electoral legítima?
Puede parecer una pregunta innecesaria en una democracia consolidada. Al fin y al cabo, las elecciones consisten precisamente en aceptar que los ciudadanos decidan quién debe gobernar.
Pero hay declaraciones políticas que aconsejan no dar esa aceptación por supuesta.
Y hay experiencias históricas que demuestran que sembrar dudas sobre la legitimidad de unas elecciones puede tener consecuencias que van mucho más allá de una controversia electoral.
El fraude que se anuncia antes de votar
El 5 de octubre, Santiago Abascal recomendó a los ciudadanos votar presencialmente y expresó públicamente su desconfianza hacia lo que pudiera hacer Pedro Sánchez.
Ese mismo día, Isabel Díaz Ayuso también desaconsejó el voto por correo.
Posteriormente, otros dirigentes del PP y Vox manifestaron reservas sobre distintos aspectos del proceso electoral. Se cuestionó la confianza que merecía la dirección de Correos, se habló de posibles irregularidades en el censo y se reclamaron garantías adicionales.
No todas aquellas declaraciones tenían el mismo alcance. Pedir supervisión electoral es legítimo; insinuar que el adversario puede manipular unas elecciones exige un fundamento distinto.
Y tampoco todos los dirigentes de un mismo partido mantuvieron posiciones idénticas. Borja Sémper, por ejemplo, defendió públicamente las garantías del voto por correo.
Pero las advertencias no terminaron en octubre.
Durante las semanas siguientes, Abascal continuó expresando sospechas sobre la limpieza de las elecciones.
El 15 de noviembre, en un mitin celebrado en Cornellà de Llobregat, volvió a advertir sobre posibles trampas y violencia, reclamando una movilización masiva de sus simpatizantes.
La intervención tuvo lugar apenas dos semanas antes de la votación.
Aquí surge una cuestión que merece toda nuestra atención:
¿Qué pruebas concretas permiten sostener públicamente que el adversario puede manipular unas elecciones que todavía no se han celebrado?
Porque recomendar una modalidad de voto por comodidad o preferencia personal es perfectamente legítimo.
Otra cosa es hacerlo sugiriendo que una modalidad legalmente establecida puede resultar insegura por la actuación del adversario político.
Y otra, todavía más delicada, es instalar la sospecha de que una eventual victoria de ese adversario podría ser fruto de un fraude.
¿Qué ocurre cuando una persona escucha repetidamente que el Gobierno puede manipular unas elecciones?
¿Con qué disposición recibirá una eventual victoria de ese Gobierno?
¿La considerará expresión de la voluntad popular o confirmación de un fraude que llevaba semanas esperando?
Las elecciones tienen garantías, no propietarios
La limpieza de unas elecciones no puede depender de la confianza personal que merezca quien ocupa la Presidencia del Gobierno.
Precisamente para evitarlo existe una legislación electoral.
En España, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General regula la composición de las mesas, la presencia de representantes de las candidaturas, las operaciones de votación, el escrutinio y los procedimientos de reclamación.
El artículo 95 establece que el escrutinio de las mesas es público.
El artículo 103 dispone que el escrutinio general corresponde a las juntas electorales y también tiene carácter público.
Y el artículo 108 regula las reclamaciones y recursos relacionados con el escrutinio.
El voto por correo también dispone de procedimientos de identificación, documentación, custodia y entrega a las mesas electorales.
¿Significa eso que ninguna irregularidad puede producirse?
Naturalmente que no.
Significa que existen mecanismos para prevenirlas, detectarlas, denunciarlas y resolverlas.
Una democracia no exige confianza ciega en sus instituciones. Exige que las acusaciones se sometan a comprobación.
Porque desconfiar puede ser legítimo. Convertir una sospecha sin pruebas en una certeza pública es algo muy diferente.
Cuando las palabras preparan el terreno
No podemos conocer las intenciones ocultas de quienes cuestionan anticipadamente la limpieza de unas elecciones. Tampoco necesitamos conocerlas para examinar las consecuencias que pueden tener sus declaraciones.
Porque las palabras de un dirigente político no se pierden en el aire.
Encuentran altavoces, titulares, tertulias y redes sociales que multiplican su alcance.
Se repiten, se interpretan y, en ocasiones, terminan convertidas en certezas para quienes las escuchan.
Cuando se insinúa reiteradamente que unas elecciones pueden ser manipuladas, sin aportar pruebas que justifiquen semejante sospecha, existe el riesgo de alimentar una desconfianza que después resulte difícil contener.
No hace falta llamar a desconocer los resultados para contribuir a crear un clima en el que determinados ciudadanos lleguen a considerar ilegítima una derrota electoral.
Y ahí reside una responsabilidad que no puede ignorarse.
Quien dispone de una poderosa caja de resonancia pública debería ser especialmente cuidadoso con lo que afirma, con lo que insinúa y con aquello que deja en el terreno de la sospecha.
Porque una cosa es denunciar irregularidades acreditadas, exigir transparencia y defender todas las garantías electorales.
Y otra muy distinta es instalar preventivamente la idea de que una victoria del adversario podría ser fruto de un fraude.
El problema de alimentar la desconfianza es que, una vez extendida, nadie puede garantizar que quienes la han asumido acepten después una explicación, una rectificación o un resultado electoral adverso.
Señalar no es ejecutar, pero señalar tampoco es inocuo
Quienes vivimos los años del terrorismo de ETA recordamos que no siempre resultaba sencillo establecer una relación directa entre quien señalaba públicamente a una persona y quien terminaba amenazándola o agrediéndola.
Algo semejante ocurría con determinadas actuaciones de la kale borroka: la responsabilidad de cada hecho debía acreditarse, pero eso no impedía examinar el clima de intimidación, los mensajes que lo alimentaban y las conexiones que pudieran existir.
No se trata de equiparar situaciones históricas distintas ni de atribuir a los dirigentes políticos actuales responsabilidades que no están demostradas.
ETA fue una organización terrorista responsable de asesinatos, secuestros y extorsiones. Esa realidad histórica no debe confundirse con la confrontación política actual.
Lo que sí merece examinarse es un mecanismo que puede aparecer en contextos diferentes: el señalamiento reiterado de personas o colectivos como enemigos a los que se considera legítimo hostigar.
La ausencia de una orden expresa no convierte automáticamente en irrelevante el discurso que precede a una agresión.
No toda palabra hostil conduce a la violencia. Pero tampoco debemos esperar a que aparezca la violencia para preocuparnos por los discursos que pueden contribuir a justificarla.
Núcleo Nacional: cuando la violencia deja de ser una abstracción
La investigación judicial sobre Núcleo Nacional proporciona un motivo adicional para prestar atención a estos fenómenos.
El 6 de noviembre, la Policía Nacional detuvo a catorce personas vinculadas a esta organización de extrema derecha en una investigación por presuntos delitos de odio y asociación ilícita, entre otros.
Los registros permitieron intervenir más de veinte armas de fuego, munición, armas blancas y diverso material.
Según la investigación policial, la organización desarrollaba actividades de captación de jóvenes y menores, así como presuntas actuaciones de intimidación y violencia ideológica.
El 12 de noviembre, una jueza acordó cautelarmente el cese de sus actividades, el cierre de sus sedes y el bloqueo de contenidos de sus perfiles digitales.
También se investigan posibles actividades de formación paramilitar en Ucrania. La atribución de esa formación a una unidad militar ucraniana concreta ha sido desmentida por la embajada de aquel país.
Las actuaciones judiciales continúan abiertas y corresponde respetar la presunción de inocencia.
No afirmo que exista una relación causal demostrada entre las declaraciones de un determinado dirigente político y las actividades investigadas de Núcleo Nacional.
Pero tampoco creo que debamos ignorar una pregunta:
¿Qué ocurre cuando determinados grupos dejan de considerar al adversario político como alguien a quien hay que convencer y empiezan a contemplarlo como alguien contra quien puede emplearse la fuerza?
Ahí aparece una frontera que ninguna democracia debería cruzar.
La democracia permite defender proyectos políticos radicalmente diferentes. Permite cuestionar gobiernos, reclamar cambios constitucionales y organizar movilizaciones.
Lo que no permite es sustituir la decisión de los ciudadanos por la intimidación o la violencia.
Porque cuando se abandona la fuerza de la razón, aparece la tentación de imponer la razón de la fuerza.
Estados Unidos: una advertencia histórica
El 6 de enero de 2021, una multitud asaltó el Capitolio de Estados Unidos mientras el Congreso se disponía a certificar la victoria electoral de Joe Biden.
Aquellos acontecimientos tuvieron antecedentes.
Durante semanas, Donald Trump había difundido acusaciones de fraude sobre las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
Las impugnaciones no demostraron un fraude capaz de alterar el resultado.
Posteriormente, una comisión de investigación de la Cámara de Representantes concluyó que la difusión de acusaciones falsas y las actuaciones dirigidas a impedir la certificación electoral desempeñaron un papel central en la crisis.
Las conclusiones de una comisión parlamentaria no deben confundirse con una sentencia penal.
Pero los acontecimientos permiten observar un riesgo democrático real: que una parte de la ciudadanía llegue a considerar ilegítimo un resultado electoral porque sus dirigentes le han asegurado que la derrota solo puede explicarse mediante un fraude.
No todos quienes creyeron aquellas acusaciones participaron en actos violentos.
Y no existe fundamento para afirmar que España vaya a reproducir necesariamente aquellos acontecimientos.
Sin embargo, el precedente demuestra por qué merece atención la deslegitimación anticipada de unas elecciones.
La pregunta es sencilla: si alguien está convencido de que las urnas han sido manipuladas, ¿qué medios considerará legítimos para corregir lo que cree una injusticia?
Cuando la sospecha se convierte en certeza
Una mentira repetida no se convierte en verdad.
Pero puede terminar siendo aceptada como tal por quienes dejan de contrastarla.
Y el problema adquiere otra dimensión cuando cualquier prueba que contradiga una acusación pasa a considerarse parte de la supuesta conspiración.
Si una institución descarta el fraude, se desconfía de la institución.
Si un tribunal rechaza una denuncia, se cuestiona al tribunal.
Si el adversario gana, se sospecha del resultado.
En esas condiciones, ¿qué prueba podría convencer a quien ha decidido de antemano que solamente aceptará una victoria propia?
No todos los ciudadanos reaccionan igual ante esos mensajes. Tampoco podemos deducir que quien cuestiona unas elecciones esté dispuesto a recurrir a la violencia.
Pero sí debemos preguntarnos qué responsabilidad corresponde a quienes tienen capacidad para alimentar masivamente esas sospechas.
Las palabras de un ciudadano y las de un dirigente político están amparadas por la libertad de expresión.
Su alcance, sin embargo, puede ser muy diferente.
Quien dispone de un altavoz público tiene motivos para considerar no solamente lo que pretende d44recir, sino también las interpretaciones previsibles de sus mensajes.
Y la responsabilidad democrática no comienza cuando se conocen los resultados.
Comienza mucho antes.
El 29N: saber ganar y saber perder
No voy a fingir una neutralidad política que no tengo.
Tengo mis preferencias, mis convicciones y una idea bastante definida del país que deseo.
Pero precisamente porque creo en la democracia, considero indispensable que las reglas sean las mismas para todos.
Si gana la opción que prefiero, exigiré que gobierne respetando la Constitución, las leyes y los derechos de quienes no la votaron.
Y si pierde, tendré que aceptar que otros ciudadanos han decidido legítimamente otra cosa.
Podré discrepar, criticar, movilizarme y defender alternativas.
Lo que no podré hacer es convertir mi decepción en una prueba de fraude.
Y esa misma exigencia debería alcanzar a todos los partidos.
Ninguno tiene derecho a proclamarse propietario de España.
Ninguno puede arrogarse la representación exclusiva de los españoles.
Ninguno debería presentar una victoria ajena como ilegítima sin aportar pruebas suficientes.
Por eso me gustaría escuchar, antes del 29 de noviembre, un compromiso inequívoco de todos los dirigentes:
Reconoceremos los resultados legítimos, sean cuales sean, sin renunciar a denunciar y recurrir las irregularidades que puedan acreditarse.
No parece una exigencia extraordinaria.
Es una de las condiciones elementales de la convivencia democrática.
Porque una democracia no se demuestra únicamente cuando ganan los nuestros.
Se demuestra, especialmente, cuando ganan los otros y seguimos reconociendo su derecho a gobernar.
La fuerza de la razón consiste en defender nuestras ideas y aceptar que los demás puedan rechazarlas. La razón de la fuerza comienza cuando alguien pretende imponer lo que no ha conseguido convencer.
Y el 29N no solamente estará en juego quién gobierna España.
También tendremos una nueva oportunidad de demostrar que, por encima de nuestras diferencias, seguimos reconociendo a los ciudadanos el derecho a decidir.
Porque la democracia no consiste solamente en aceptar que podemos ganar.
Consiste, sobre todo, en reconocer que los demás también tienen derecho a hacerlo.
Fuentes y documentación
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Artículos 95, 103 y 108. BOE y Junta Electoral Central.
- RTVE, 15 de noviembre de 2026. Crónica del mitin de Santiago Abascal en Cornellà de Llobregat.
- Europa Press TV, 15 de noviembre de 2026. Grabación del mitin de Cornellà y declaraciones sobre movilización, trampas y violencia.
- EFE / Europa Press, 12 de noviembre de 2026. Información sobre las medidas cautelares acordadas en la investigación judicial de Núcleo Nacional.
- Cámara de Representantes de Estados Unidos. Informe final del comité especial de investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.