Las amistades, el poder y la memoria selectiva de Feijóo
Hay historias que parecen sacadas de una serie de televisión. Y otras que, cuando uno conoce sus antecedentes, hacen que la ficción resulte sorprendentemente familiar.
Hace algún tiempo disfruté de una estupenda serie que puede verse en Netflix: Vivir sin permiso. José Coronado interpreta magistralmente a Nemo Bandeira, un poderoso empresario gallego cuya fortuna tiene sus raíces en actividades ilegales. A su lado aparece Ferro, interpretado por un magnífico Luis Zahera, su inseparable hombre de confianza, dispuesto a resolver cualquier problema que amenace los intereses de su jefe.
La serie es ficción, naturalmente. Pero al repasar determinadas noticias sobre la Galicia de los años ochenta y noventa, sus redes de contrabando, sus narcotraficantes y sus relaciones con algunos círculos de poder, me ha venido inevitablemente a la memoria.
De ahí el título de este artículo.
Y no porque pretenda identificar a personas reales con aquellos personajes, sino porque la serie retrata un ambiente de relaciones personales, negocios, influencias y silencios que encuentra ciertos paralelismos en episodios documentados de nuestra historia reciente.
Galicia es una tierra maravillosa. Una tierra de extraordinaria belleza, de gentes trabajadoras, con una identidad y una idiosincrasia muy particulares. Pero también es un territorio donde, especialmente en determinadas comarcas y círculos de influencia, todo el mundo parece conocerse.
Y en aquellos años había personajes cuyas actividades resultaban suficientemente notorias como para preguntarse hasta qué punto podían pasar inadvertidas para quienes frecuentaban sus ambientes.
Porque una cosa es no conocer todos los negocios de alguien y otra, bastante distinta, ignorar por completo quién es.
Y aquí empieza nuestra historia.
De los cadeneros franquistas a los despachos de la Xunta
Uno de los personajes más interesantes de esta historia es Manuel Cruz López.
En abril de 2015, el periodista Aníbal Malvar publicó en Público una investigación sobre su pasado y sus conexiones políticas.
Según aquel reportaje, en el Ferrol de los años setenta era conocido como «Cruz Gamada», un apodo relacionado con su ideología ultraderechista.
La investigación lo vinculaba con los llamados cadeneros, jóvenes próximos a los Guerrilleros de Cristo Rey que protagonizaron agresiones contra estudiantes, trabajadores, sindicalistas y demócratas durante los últimos años del franquismo.
Se les llamaba así porque utilizaban cadenas de bicicleta para atacar a sus víctimas.
La escritora Ánxela Loureiro relató al periodista cómo fue agredida en febrero de 1975. Identificó a Cruz entre los agresores, denunció los hechos y aseguró que fueron condenados.
En aquel mismo entorno, según la investigación, también militaba Arsenio Fernández de Mesa, quien décadas después llegaría a dirigir la Guardia Civil.
Lo verdaderamente llamativo es la evolución posterior de algunas de aquellas trayectorias.
Según el citado reportaje, Manuel Cruz y Fernández de Mesa terminaron integrándose en Alianza Popular, la formación fundada por Manuel Fraga.
Y Manuel Cruz acabó trabajando como chófer de importantes responsables de la Xunta de Galicia.
Entre ellos, José Manuel Romay Beccaría, consejero del Gobierno de Fraga, posteriormente ministro de Sanidad con José María Aznar y uno de los principales impulsores de la carrera política de Alberto Núñez Feijóo.
Curiosa evolución, desde luego.
De un pasado vinculado, según testimonios periodísticos, a grupos que combatían violentamente a quienes reclamaban democracia, a frecuentar los despachos de quienes administraban las instituciones democráticas.
Pero la historia de Manuel Cruz no termina aquí.
El hombre que conectaba dos mundos
Una investigación publicada por El País el 3 de abril de 2013 describía a Manuel Cruz como una pieza relevante dentro del entramado empresarial de Marcial Dorado.
Cruz mantenía relaciones de confianza con destacados políticos gallegos y, simultáneamente, participaba en negocios del conocido contrabandista.
Su nombre aparecía relacionado con la compra de Astilleros Hércules y con empresas vinculadas al suministro de carburantes, entre ellas Petrogalicia y Xatevín.
El entramado de Dorado llegó a comprender unas cuarenta sociedades, según aquella investigación.
Resulta interesante detenerse en esta circunstancia.
Mientras Cruz frecuentaba los despachos de la Xunta y mantenía relaciones de confianza con dirigentes políticos, también participaba en los negocios de uno de los contrabandistas más conocidos de las Rías Baixas.
Y fue precisamente ese hombre quien presentó a Alberto Núñez Feijóo y Marcial Dorado a finales de 1994.
No hablamos de una conjetura. El propio Feijóo reconoció que Manuel Cruz fue quien los presentó.
Así comenzó una relación que años después terminaría ocupando las portadas de los periódicos.
Una amistad que no cabía en una fotografía
En marzo de 2013, El País publicó las conocidas fotografías de Feijóo y Marcial Dorado compartiendo actividades de ocio durante los años noventa.
Las imágenes mostraban a ambos disfrutando de una jornada en una embarcación.
Pero la relación no se limitaba a aquella fotografía.
Hubo viajes a diferentes destinos, encuentros y estancias compartidas.
Feijóo reconoció públicamente esa relación personal, aunque negó haber participado en actividades ilícitas o haber favorecido económicamente a Dorado.
Y conviene aclararlo sin rodeos: no existe una condena judicial que atribuya a Feijóo participación en los delitos cometidos por Marcial Dorado.
Pero hay un detalle que considero especialmente significativo.
Cuando ambos comenzaron a relacionarse, Dorado ya había sido detenido en 1983 por asuntos relacionados con el contrabando de tabaco. También había sido detenido durante la Operación Nécora de 1990, aunque aquella detención no terminó en una condena por narcotráfico contra él.
Su posterior condena por tráfico de drogas llegaría años después.
Feijóo sostuvo en 2013 que, cuando lo conoció, desconocía sus actividades y sus antecedentes.
Sin embargo, durante la campaña electoral de julio de 2023, reconoció que Dorado había sido contrabandista, insistiendo en que no sabía que estuviera relacionado con el narcotráfico.
Y aquí vuelvo a aquella reflexión sobre la Galicia de los noventa.
¿Resulta creíble que alguien que ocupaba importantes responsabilidades públicas desconociera los antecedentes de una persona tan conocida en determinados ambientes gallegos?
Puede que sí.
Pero también me parece legítimo plantear la pregunta.
Porque el desconocimiento de una actividad concreta no equivale necesariamente al desconocimiento de los antecedentes de quien la desarrollaba.
Y porque la responsabilidad política exige algo más que demostrar que no se ha cometido un delito.
Baltasar Garzón y la Operación Nécora
Hay otro nombre que me viene a la memoria cuando recuerdo aquella Galicia: Baltasar Garzón.
El 12 de junio de 1990 comenzó la Operación Nécora, una de las mayores actuaciones policiales y judiciales desarrolladas hasta entonces contra las organizaciones del narcotráfico gallego.
Garzón fue el juez instructor.
La operación supuso un punto de inflexión porque no se limitó a intervenir cargamentos de droga, sino que trató de investigar las estructuras organizadas que sostenían aquel negocio.
El proceso culminó en septiembre de 1994 con una sentencia que combinó condenas y absoluciones.
Aquella investigación mostró una realidad que durante años había causado enormes daños sociales.
Las madres gallegas que se movilizaron contra la droga, las familias destrozadas y quienes combatieron aquellas organizaciones forman parte de una historia que nunca debería quedar eclipsada por la notoriedad de los narcotraficantes.
Y aquí aparece una circunstancia que, personalmente, me invita a reflexionar.
Años después, en febrero de 2012, Baltasar Garzón fue condenado a once años de inhabilitación por ordenar escuchas de conversaciones entre investigados y abogados en el caso Gürtel.
Es importante precisar que aquella condena no estuvo relacionada con la Operación Nécora.
Pero la historia judicial tuvo una continuación.
En 2021, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que el procedimiento contra Garzón había vulnerado derechos fundamentales y reclamó una reparación efectiva.
Y todavía más recientemente, en mayo y junio de 2026, el Tribunal Supremo rechazó que aquel dictamen permitiera revisar por la vía planteada los acuerdos de expulsión de la carrera judicial.
La inhabilitación no fue anulada.
Es decir, el juez que había encabezado una investigación histórica contra los grandes clanes gallegos terminó fuera de la carrera judicial por un procedimiento completamente diferente, pese al posterior pronunciamiento del organismo de Naciones Unidas.
No establezco una relación causal entre aquellos acontecimientos, porque no está acreditada.
Pero la trayectoria resulta suficientemente singular como para recordar que la lucha contra la delincuencia organizada, la persecución de la corrupción y la garantía de independencia judicial han atravesado episodios extraordinariamente controvertidos en nuestra democracia.
Los negocios, las adjudicaciones y los documentos
Volvamos a Feijóo y Marcial Dorado.
Las investigaciones periodísticas también abordaron los contratos y ayudas que empresas relacionadas con Dorado habían recibido de distintas administraciones gallegas.
En 2013, el Gobierno autonómico facilitó documentación sobre determinados pagos y adjudicaciones correspondientes a diferentes etapas de gobierno, incluidas administraciones de distinto signo político.
Sin embargo, los grupos de la oposición reclamaron también los contratos de suministros energéticos, carburantes e informática de hospitales y dependencias sanitarias durante los años noventa.
Se trataba de un periodo en el que Feijóo había desempeñado importantes responsabilidades en la sanidad gallega.
La documentación proporcionada entonces no permitió esclarecer completamente las cuestiones planteadas sobre aquellos suministros.
Además, en noviembre de 2013 se conoció que cinco expedientes relacionados con empresas de Dorado habían sido destruidos, según la Xunta, como consecuencia de inundaciones que afectaron a su archivo.
Aquellos cinco expedientes eran distintos de los contratos hospitalarios que reclamaba la oposición.
Es preciso distinguirlos para no construir conclusiones falsas.
Tampoco está acreditado que Feijóo adjudicara irregularmente contratos a Dorado.
Pero hay una cuestión que me parece elemental.
La transparencia administrativa no consiste únicamente en negar haber cometido irregularidades.
Consiste también en permitir que las actuaciones públicas puedan comprobarse con documentos.
Y cuando las explicaciones no van acompañadas de toda la documentación requerida, siempre queda espacio para las dudas.
Dos barcos y una memoria selectiva
Hay un episodio que me parece particularmente interesante por lo que revela sobre la exigencia de responsabilidades políticas.
En febrero de 2009, durante la campaña de las elecciones gallegas, se publicó una fotografía del entonces vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, a bordo del yate del empresario Jacinto Rey.
Feijóo exigió explicaciones y consideró justificado que el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, destituyera a Quintana por aquella relación.
Cuatro años después se publicaron las fotografías del propio Feijóo en el barco de Marcial Dorado.
No pretendo presentar ambos episodios como si fueran idénticos, porque no lo eran.
Pero sí me interesa la diferencia de criterio.
Cuando la relación personal comprometía a un adversario político, Feijóo consideraba que merecía explicaciones y podía justificar una destitución.
Cuando las fotografías afectaron a su propia trayectoria, defendió que no había cometido ninguna ilegalidad y rechazó dimitir.
Cabe preguntarse si el criterio de ejemplaridad política debería ser distinto según quién aparezca en el barco.
Porque una cosa es la responsabilidad penal, que requiere pruebas y corresponde determinar a los tribunales, y otra la responsabilidad política, que también se relaciona con la transparencia, la coherencia y la confianza pública.
Galicia no era el narcotráfico
No quisiera terminar sin hacer una precisión que considero imprescindible.
Galicia no puede identificarse con los contrabandistas ni con los narcotraficantes que operaron en sus costas.
Aquella tierra sufrió profundamente las consecuencias de la droga.
Hubo miles de familias afectadas, madres que lucharon contra los clanes, ciudadanos que se enfrentaron a organizaciones poderosas, policías, jueces y fiscales que desempeñaron un papel fundamental.
La verdadera historia de Galicia no la escribieron únicamente quienes acumularon fortunas mediante actividades ilegales.
La escribieron también quienes se negaron a aceptar que aquel fuera el destino de sus pueblos y de sus hijos.
Pero reconocerlo no significa ignorar las relaciones de influencia que algunas organizaciones criminales desarrollaron.
Y ahí vuelve a aparecer, inevitablemente, el recuerdo de Vivir sin permiso.
Aquella magnífica serie no es un documental, pero plantea una cuestión que trasciende la ficción: qué ocurre cuando las relaciones personales, los negocios y las instituciones se entremezclan hasta dificultar la distinción entre los intereses privados y las responsabilidades públicas.
En una democracia, esa separación debe ser clara.
Y si alguna vez deja de estarlo, la ciudadanía tiene derecho a pedir explicaciones.
Vivir sin permiso
Al final, lo que me interesa de esta historia no es la fotografía de un político en un barco.
Es algo bastante más profundo.
Es la facilidad con la que determinados episodios pueden desaparecer de la conversación pública sin que todas las preguntas hayan encontrado respuesta.
Es la distinta exigencia de ejemplaridad que a veces aplicamos a nuestros adversarios y a quienes consideramos próximos.
Es la costumbre de confundir la ausencia de responsabilidad penal con la inexistencia de cualquier responsabilidad política.
Y es, sobre todo, la memoria selectiva.
No pretendo que los delitos de Marcial Dorado se atribuyan a Feijóo por haber sido su amigo.
Sería injusto.
Tampoco afirmo que conocer a un contrabandista demuestre haber participado en sus negocios.
Lo que sostengo es que las relaciones personales de quienes ejercen responsabilidades públicas pueden merecer explicaciones cuando concurren circunstancias que plantean preguntas legítimas sobre la transparencia y la ejemplaridad.
Quien tiene derecho a exigirlas a los demás debe estar dispuesto a ofrecerlas cuando le afectan personalmente.
Porque nadie necesita permiso para elegir sus amistades.
Pero ejercer el poder, o aspirar a ejercerlo, implica someterse al escrutinio de los ciudadanos.
Y ese escrutinio debería ser el mismo para todos.
Tal vez por eso aquella serie tele
visiva me ha vuelto a la memoria.
En la ficción, algunos personajes se acostumbran a vivir convencidos de que su posición les permite escapar de las consecuencias de sus actos.
En una democracia, por el contrario, el poder debería llevar aparejada una responsabilidad mayor, nunca menor.
Y así llegamos a la pregunta que verdaderamente me interesa.
¿Exigimos transparencia y ejemplaridad porque creemos en ellas, o solamente cuando sirven para señalar a quienes no piensan como nosotros?
Porque quizá el problema no sea únicamente que algunos pretendan vivir sin dar explicaciones.
Quizá el problema sea que los demás hayamos terminado acostumbrándonos a no exigírselas.
Fuentes y documentación
- El País, 3 de abril de 2013 — «Chófer, testaferro y amigo de Feijóo».
- Público, 12 de abril de 2015 — Investigación de Aníbal Malvar sobre Manuel Cruz y los cadeneros.
- Maldita.es, 21 de julio de 2023 — Cronología de la relación entre Feijóo y Marcial Dorado.
- El País, 3 de abril de 2013 — Contactos telefónicos entre Feijóo y Dorado posteriores al año 2000.
- RTVE, 11 de junio de 2025 — 35 años de la Operación Nécora.
- Naciones Unidas, 26 de agosto de 2021 — Dictamen sobre los procesos contra Baltasar Garzón.
- Agencia EFE, 27 de mayo de 2026 — El Supremo rechaza la readmisión judicial de Garzón.
- elDiario.es, 15 de noviembre de 2013 — Contratos de la Xunta con empresas de Dorado y documentación del Sergas.
- El País, 19 de noviembre de 2013 — Destrucción de cinco expedientes.
- Europa Press, 25 de febrero de 2009 — Exigencias de Feijóo sobre la fotografía de Anxo Quintana.
El Rincón de Kurro — Opinión y reflexión personal a partir de hechos documentados, investigaciones periodísticas y resoluciones judiciales.
