LAS TRAGEDIAS NO TIENEN SIGLAS; LA DOBLE MORAL, SÍ
De Angrois a la DANA y los accidentes ferroviarios de 2026: hechos, declaraciones y responsabilidades políticas en la España democrática.
El Rincón de Kurro | 30 de octubre de 2026
Las tragedias, la memoria y las responsabilidades
Cada vez que España sufre una gran tragedia, junto al dolor de las víctimas y sus familias aparece inevitablemente el debate sobre las responsabilidades.
Es lógico que así sea. Las administraciones públicas tienen obligaciones de prevención, vigilancia, protección y respuesta. Cuando se produce una catástrofe, corresponde investigar si esas obligaciones se cumplieron y qué consecuencias deben derivarse de las actuaciones u omisiones acreditadas.
Sin embargo, la historia reciente de España ofrece una circunstancia que merece examinarse: las exigencias políticas formuladas ante distintas tragedias no siempre han seguido los mismos criterios.
Para comprobarlo, conviene acudir a los hechos: qué ocurrió, quién gobernaba, qué competencias tenía cada administración, qué revelaron las investigaciones, qué dijeron los responsables políticos y qué consecuencias asumieron.
Especialmente interesante resulta comparar las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo cuando presidía la Xunta de Galicia durante la investigación del accidente de Angrois, su defensa de Ana Pastor, su actitud ante Carlos Mazón tras la DANA valenciana y sus actuales exigencias de responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez por los accidentes ferroviarios de 2026.
No se trata de equiparar tragedias diferentes ni de atribuir responsabilidades por el mero hecho de ocupar un cargo público. Tampoco de eximir a nadie de ellas.
Se trata de examinar hechos documentados, distinguir las responsabilidades políticas de las penales y observar cómo han reaccionado nuestros dirigentes cuando las tragedias afectaban a gobiernos propios o ajenos.
Angrois: la prudencia que reclamaba Feijóo
El 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló en las proximidades de Santiago de Compostela. Murieron 80 personas.
Mariano Rajoy presidía el Gobierno de España, Ana Pastor era ministra de Fomento y Alberto Núñez Feijóo presidía la Xunta de Galicia. Los tres pertenecían al Partido Popular.
La investigación identificó el exceso de velocidad del maquinista, pero también suscitó cuestiones sobre la evaluación de riesgos, la señalización y los mecanismos de seguridad de la infraestructura.
Las asociaciones de víctimas reclamaron durante años que se investigaran todas las circunstancias del accidente.
En enero de 2014, Feijóo rechazó una comisión parlamentaria de investigación en Galicia y defendió que debía dejarse trabajar a la Justicia. Cuestionó, además, que la tragedia pudiera utilizarse para atribuir responsabilidades políticas al Gobierno socialista que había impulsado la infraestructura.
Dos años después, en julio de 2016, cuando la Agencia Ferroviaria Europea cuestionó la independencia de la investigación técnica española, Feijóo salió nuevamente en defensa de Ana Pastor.
Su argumento fue que la ministra no había construido ni inaugurado la línea ferroviaria, puesto que cuando se ejecutó era diputada de la oposición.
Ana Pastor no dimitió a consecuencia del accidente.
En enero de 2026, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena al maquinista y absolvió al antiguo director de Seguridad en la Circulación de Adif, con un voto particular discrepante.
La resolución penal no impide examinar las obligaciones de supervisión, mantenimiento y prevención desde una perspectiva técnica o política.
El argumento utilizado entonces por Feijóo plantea una cuestión que conserva toda su actualidad: ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad de un ministro sobre una infraestructura construida antes de su llegada al cargo?
La DANA: El Ventorro, los WhatsApp y la continuidad de Mazón
El 29 de octubre de 2024, unas inundaciones devastadoras causaron centenares de víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.
Pedro Sánchez presidía el Gobierno de España y Carlos Mazón, del Partido Popular, la Generalitat Valenciana.
AEMET había emitido avisos rojos y existían mecanismos de vigilancia hidrológica. Sin embargo, la alerta masiva ES-Alert no se remitió a los teléfonos móviles hasta las 20:11, cuando numerosas localidades ya estaban gravemente afectadas.
Durante parte de aquella tarde, Mazón permaneció en el restaurante El Ventorro, donde había acudido a comer con la periodista Maribel Vilaplana.
La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) comenzó a las 17:00.
A las 17:37, la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, informó telefónicamente a Mazón sobre las inundaciones en Utiel.
Según las declaraciones conocidas durante la investigación, el presidente valenciano abandonó el restaurante aproximadamente entre las 18:30 y las 19:00.
La cuestión no es simplemente que estuviera comiendo, sino su disponibilidad, la información que recibió y cómo ejerció sus responsabilidades institucionales mientras la emergencia se agravaba.
Los mensajes entre Feijóo y Mazón
Los WhatsApp intercambiados entre ambos dirigentes durante aquella jornada, posteriormente aportados al juzgado de Catarroja, permiten conocer parte de sus comunicaciones.
A las 19:59, Feijóo ofreció su solidaridad y ayuda a Mazón.
A las 20:09, el presidente valenciano le comunicó que la situación empeoraba rápidamente.
A las 20:26, Feijóo le recomendó que liderara la comunicación pública, como había hecho durante el incendio de Campanar.
Posteriormente, preguntó por la existencia de muertos, desaparecidos y daños materiales.
A las 23:25, Mazón le comunicó que estaban apareciendo víctimas mortales en Utiel.
Los mensajes muestran que Feijóo se interesó por la emergencia, ofreció ayuda y formuló recomendaciones sobre la comunicación institucional (El Relato).
No demuestran por sí solos que participara en las decisiones operativas de protección civil. Pero sí constituyen documentación relevante sobre su actuación política durante aquellas horas.
La dimisión que Feijóo no exigió
Feijóo no reclamó públicamente la dimisión inmediata de Carlos Mazón.
Posteriormente explicó que había considerado necesario mantener la dirección de la emergencia durante sus primeros días.
Mazón permaneció al frente de la Generalitat durante más de un año, hasta anunciar su dimisión el 3 de noviembre de 2025.
Según fuentes de la dirección nacional del PP citadas entonces por distintos medios, Feijóo no había previsto exigirle directamente que abandonara la presidencia, sino comunicarle que no volvería a ser candidato.
En febrero de 2026, Feijóo compareció ante la comisión de investigación de la DANA del Congreso. Defendió su actuación, sostuvo que el Gobierno central debería haber declarado la emergencia de interés nacional y reconoció que las administraciones no habían estado a la altura, incluida la Generalitat Valenciana.
La investigación judicial sobre la gestión de la emergencia continúa abierta.
En marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó abrir una causa penal contra Mazón en los términos entonces planteados.
Esa decisión no supone una declaración judicial de que su gestión política fuera correcta. Del mismo modo, cuestionar esa gestión tampoco equivale a atribuirle un delito.
Adamuz y Urda: las exigencias de responsabilidades en 2026
En enero y octubre de 2026, España ha sufrido dos graves tragedias ferroviarias.
El accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero, causó 46 fallecidos.
El de Urda, ocurrido el 28 de octubre, presenta un balance provisional de 69 víctimas mortales, según la información disponible a fecha de publicación.
Las investigaciones deben esclarecer las causas de ambos accidentes, las condiciones de seguridad de las infraestructuras y las posibles responsabilidades.
En el caso de Urda se examinan cuestiones relacionadas con los sistemas de supervisión ferroviaria, las comunicaciones y las decisiones de circulación, sin que puedan darse por establecidas conclusiones técnicas definitivas.
Alberto Núñez Feijóo ha reclamado responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente.
Vox también ha formulado graves acusaciones contra el Ejecutivo y ha acudido a los tribunales.
Conviene recordar que la presentación de una querella no acredita por sí misma los hechos denunciados.
Óscar Puente ha reconocido el deterioro de la confianza ciudadana en la seguridad ferroviaria y ha defendido su actuación. Según las informaciones publicadas el 30 de octubre, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, quien le pidió continuar.
La investigación deberá determinar qué riesgos eran conocidos, qué medidas preventivas existían, qué decisiones se adoptaron y cuáles eran las competencias de cada responsable.
Tres situaciones, distintas respuestas
En Angrois, Feijóo defendió a Ana Pastor y argumentó que la ministra no había construido ni inaugurado la infraestructura.
Durante la DANA, no exigió públicamente la dimisión inmediata de Carlos Mazón, pese a la controversia sobre su actuación durante las horas decisivas de la emergencia.
Ante los accidentes ferroviarios de 2026, ha reclamado responsabilidades políticas al Gobierno central y al ministro Óscar Puente.
Las circunstancias y competencias son diferentes.
También lo son las posiciones políticas documentadas.
La comparación permite examinar qué criterios se aplicaron en cada caso.
Despolitizar Renfe y Adif: una propuesta que merece atención
El 30 de octubre de 2026, elDiario.es publicó una información sobre las propuestas de varios antiguos responsables de Renfe y del Ministerio de Fomento nombrados durante gobiernos del Partido Popular.
Juan Alfaro, Julio Gómez-Pomar y Berta Barrero defendieron, con distintos matices, una mayor independencia institucional de Renfe y Adif, la profesionalización de sus órganos directivos y una menor dependencia de los cambios políticos.
Entre ellos figura Julio Gómez-Pomar, que presidía Renfe cuando se produjo el accidente de Angrois en julio de 2013 y posteriormente fue secretario de Estado de Infraestructuras durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Berta Barrero, por su parte, figura entre los expertos a los que Feijóo ha recurrido para analizar la situación ferroviaria tras la tragedia de Urda.
La propuesta plantea una cuestión que trasciende a los partidos: cómo garantizar la continuidad de las políticas de seguridad, mantenimiento e inversión con independencia de quién gobierne.
También invita a examinar cómo se nombraban los responsables de estas empresas públicas durante los distintos gobiernos y qué autonomía tenían sus órganos de dirección.
La independencia técnica y la responsabilidad política no son incompatibles.
Una empresa pública puede disponer de directivos profesionales y autonomía de gestión sin que desaparezcan las obligaciones de supervisión y control de la Administración.
La cuestión resulta especialmente pertinente cuando quienes ahora defienden esa profesionalización desempeñaron anteriormente responsabilidades en las mismas estructuras institucionales.
Otras tragedias, otros gobiernos
El examen de las responsabilidades no puede limitarse a los accidentes ferroviarios recientes ni a las administraciones del Partido Popular.
La historia democrática española ofrece ejemplos bajo gobiernos de distinto signo.
Spanair: 154 fallecidos bajo un Gobierno socialista
El 20 de agosto de 2008, un avión de Spanair se estrelló durante el despegue en Madrid-Barajas. Murieron 154 personas.
Gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y Magdalena Álvarez era ministra de Fomento.
La investigación técnica identificó errores de la tripulación y deficiencias relacionadas con los procedimientos y mecanismos de seguridad.
La causa penal contra los técnicos de mantenimiento investigados fue archivada.
Años después, una comisión parlamentaria señaló responsabilidades políticas y de gestión, incluida la de la ministra.
En su Sentencia 108/2025, el Tribunal Constitucional desestimó un recurso relacionado con las conclusiones de aquella comisión.
La resolución no constituye una condena penal de Magdalena Álvarez ni acredita judicialmente todas las conclusiones del dictamen parlamentario.
La ministra no dimitió inmediatamente a consecuencia del accidente.
Metro de Valencia: 43 fallecidos
El 3 de julio de 2006, el descarrilamiento de un convoy del metro de Valencia causó 43 muertos.
La Generalitat estaba presidida por Francisco Camps, del Partido Popular, mientras que el Gobierno central correspondía al PSOE.
Durante años, la explicación se concentró en el exceso de velocidad del maquinista fallecido.
Las asociaciones de víctimas reclamaron investigaciones más amplias sobre las condiciones de seguridad y las decisiones de gestión.
En 2020, cuatro antiguos directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana aceptaron condenas mediante un acuerdo de conformidad.
Yak-42: 62 militares fallecidos
El 26 de mayo de 2003, 62 militares españoles murieron al estrellarse en Turquía el avión Yak-42 que los trasladaba desde Afganistán.
Gobernaba José María Aznar y Federico Trillo era ministro de Defensa.
A las controversias sobre las condiciones del transporte se añadió la identificación errónea de los restos de 30 militares, que dio lugar a condenas penales.
En 2017, catorce años después, el Ministerio de Defensa reconoció la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Trillo no dimitió como ministro a consecuencia del accidente.
Prestige: las decisiones de una emergencia
En noviembre de 2002, el petrolero Prestige sufrió una avería y terminó hundiéndose frente a las costas gallegas.
Gobernaba José María Aznar.
La decisión de alejar el buque, la coordinación de la emergencia y la información pública ofrecida provocaron una intensa controversia política.
El movimiento Nunca Máis expresó la indignación de numerosos ciudadanos.
Las consecuencias ambientales y los litigios derivados del desastre se prolongaron durante décadas.
El 28 de octubre de 2026, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictó una nueva resolución relacionada con el conflicto entre España, Francia y la aseguradora del petrolero.
El 11-M: terrorismo, prevención e información pública
El 11 de marzo de 2004, España sufrió los atentados terroristas de Madrid.
La autoría criminal correspondió al terrorismo yihadista.
La Comisión de Investigación del Congreso examinó también el funcionamiento de los servicios de inteligencia, la coordinación policial y la información ofrecida por el Gobierno de José María Aznar durante los días posteriores.
El Ejecutivo mantuvo inicialmente la hipótesis de ETA mientras aparecían indicios de autoría yihadista.
La responsabilidad de los terroristas no excluye el examen de la prevención, la coordinación institucional y la comunicación pública.
Una mirada a toda la etapa democrática
Las grandes tragedias españolas no pertenecen a un único periodo político.
Durante los gobiernos de UCD se produjeron, entre otros, los accidentes aéreos de Dan-Air en Tenerife y Spantax en Málaga.
Durante gobiernos socialistas ocurrieron las tragedias aéreas de Avianca, la colisión de Barajas, el accidente de monte Oiz y el de Spanair.
Durante gobiernos del Partido Popular se produjeron, entre otros, el accidente de Pauknair, el desastre del Prestige, el Yak-42, Chinchilla y Angrois.
El metro de Valencia ocurrió bajo una Generalitat del PP y un Gobierno central socialista.
La DANA valenciana de 2024 también afectó a administraciones gobernadas por partidos diferentes.
Los accidentes de Adamuz y Urda se han producido bajo el actual Gobierno socialista.
Esta relación no pretende ser exhaustiva.
Tampoco sería riguroso sumar fallecidos y atribuir el resultado a unas siglas.
Las causas de los accidentes son diferentes, los periodos de gobierno tienen distinta duración y las competencias administrativas no siempre corresponden al Ejecutivo central.
Lo que sí puede compararse es la respuesta institucional y política ante cada tragedia.
Qué se investigó.
Qué información se ofreció.
Qué decisiones se adoptaron.
Qué responsabilidades se reconocieron.
Y qué criterios utilizaron nuestros dirigentes cuando esas responsabilidades afectaban a sus compañeros o a sus adversarios.
Responsabilidad política no es responsabilidad penal
La responsabilidad penal exige acreditar la comisión de un delito y la participación de las personas investigadas.
La responsabilidad política puede derivarse de decisiones, omisiones, deficiencias de gestión o incumplimientos de las obligaciones de supervisión, aunque no exista una condena penal.
Pero tampoco debe presumirse automáticamente por ocupar un cargo público cuando ocurre un accidente.
Es necesario examinar las competencias, la información disponible, las decisiones adoptadas y las medidas preventivas que razonablemente podían exigirse.
La ausencia de condena penal no demuestra necesariamente que una gestión fuera adecuada.
Y una acusación política tampoco demuestra que existiera una negligencia.
Una dimisión, por otra parte, no sustituye a la investigación de las causas ni a la corrección de los problemas detectados.
Las mismas preguntas
La historia de las grandes tragedias españolas ofrece abundante documentación para estudiar cómo han reaccionado los responsables públicos ante situaciones de enorme gravedad.
En Angrois, Feijóo defendió a Ana Pastor frente a las peticiones de dimisión.
Durante la DANA, intercambió mensajes con Carlos Mazón, le ofreció ayuda y recomendaciones sobre la comunicación pública y no exigió su salida inmediata.
Ante los accidentes ferroviarios de 2026, ha reclamado responsabilidades políticas al Gobierno central y al ministro Óscar Puente.
También existen antecedentes bajo gobiernos socialistas en los que se formularon exigencias de responsabilidad política que no desembocaron en dimisiones inmediatas.
Cada episodio tiene circunstancias propias y exige una investigación individualizada.
Pero las declaraciones públicas, las decisiones institucionales y las consecuencias políticas también forman parte de los hechos.
¿Se han aplicado siempre los mismos criterios para exigir responsabilidades?
Las fechas, las declaraciones y las decisiones están documentadas.
Las tragedias no tienen siglas.
Las responsabilidades deben investigarse y exigirse cuando correspondan, con independencia de quién gobierne.
Y las conclusiones sobre la coherencia de nuestros dirigentes pertenecen a cada lector.
Fuentes documentales y periodísticas
- El País, 23 de enero de 2014. Feijóo rechaza investigar Angrois para no cargar las responsabilidades sobre el PSOE.
- Europa Press, 8 de julio de 2016. Declaraciones de Feijóo en defensa de Ana Pastor.
- El País, 14 de julio de 2016. Posición de Feijóo sobre la repetición de la investigación de Angrois.
- Audiencia Provincial de A Coruña. Resolución de enero de 2026 sobre el accidente de Angrois.
- RTVE, enero de 2026. Publicación de los mensajes entre Feijóo y Mazón durante la DANA.
- Congreso de los Diputados. Comparecencia de Alberto Núñez Feijóo ante la comisión de investigación de la DANA, 2 de febrero de 2026.
- AEMET. Documentación técnica de la DANA del 29 de octubre de 2024.
- Tribunal Constitucional. Sentencia 108/2025, ECLI:ES:TC:2025:108.
- Ministerio de Defensa, 4 de mayo de 2017. Reconocimiento de responsabilidad patrimonial por el Yak-42.
- Consejo de Estado. Dictamen 481/2016, relativo al Yak-42.
- Tribunal Supremo del Reino Unido. Procedimiento sobre el Prestige.
- Congreso de los Diputados. Comisión de Investigación del 11-M, julio de 2005.
- elDiario.es, 30 de octubre de 2026. Ex altos cargos del PP que dirigieron Renfe piden despolitizar Adif.
- RTVE y Europa Press. Informaciones sobre Adamuz, Urda y las declaraciones políticas de octubre de 2026.
El Rincón de Kurro
