martes, 17 de noviembre de 2026

LA FUERZA DE LA RAZÓN O LA RAZÓN DE LA FUERZA

29N: LA FUERZA DE LA RAZÓN O LA RAZÓN DE LA FUERZA

¿Están dispuestos todos los partidos a aceptar una derrota electoral legítima? Las sospechas, los señalamientos y la responsabilidad de quienes tienen un altavoz público.

Hay una pregunta que considero especialmente importante ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

No es quién va a ganar. Tampoco quién podrá formar gobierno ni qué acuerdos parlamentarios serán necesarios.

Es otra, aparentemente más sencilla:

¿Están dispuestos todos los partidos a reconocer una derrota electoral legítima?

Puede parecer una pregunta innecesaria en una democracia consolidada. Al fin y al cabo, las elecciones consisten precisamente en aceptar que los ciudadanos decidan quién debe gobernar.

Pero hay declaraciones políticas que aconsejan no dar esa aceptación por supuesta.

Y hay experiencias históricas que demuestran que sembrar dudas sobre la legitimidad de unas elecciones puede tener consecuencias que van mucho más allá de una controversia electoral.

El fraude que se anuncia antes de votar

El 5 de octubre, Santiago Abascal recomendó a los ciudadanos votar presencialmente y expresó públicamente su desconfianza hacia lo que pudiera hacer Pedro Sánchez.

Ese mismo día, Isabel Díaz Ayuso también desaconsejó el voto por correo.

Posteriormente, otros dirigentes del PP y Vox manifestaron reservas sobre distintos aspectos del proceso electoral. Se cuestionó la confianza que merecía la dirección de Correos, se habló de posibles irregularidades en el censo y se reclamaron garantías adicionales.

No todas aquellas declaraciones tenían el mismo alcance. Pedir supervisión electoral es legítimo; insinuar que el adversario puede manipular unas elecciones exige un fundamento distinto.

Y tampoco todos los dirigentes de un mismo partido mantuvieron posiciones idénticas. Borja Sémper, por ejemplo, defendió públicamente las garantías del voto por correo.

Pero las advertencias no terminaron en octubre.

Durante las semanas siguientes, Abascal continuó expresando sospechas sobre la limpieza de las elecciones.

El 15 de noviembre, en un mitin celebrado en Cornellà de Llobregat, volvió a advertir sobre posibles trampas y violencia, reclamando una movilización masiva de sus simpatizantes.

La intervención tuvo lugar apenas dos semanas antes de la votación.

Aquí surge una cuestión que merece toda nuestra atención:

¿Qué pruebas concretas permiten sostener públicamente que el adversario puede manipular unas elecciones que todavía no se han celebrado?

Porque recomendar una modalidad de voto por comodidad o preferencia personal es perfectamente legítimo.

Otra cosa es hacerlo sugiriendo que una modalidad legalmente establecida puede resultar insegura por la actuación del adversario político.

Y otra, todavía más delicada, es instalar la sospecha de que una eventual victoria de ese adversario podría ser fruto de un fraude.

¿Qué ocurre cuando una persona escucha repetidamente que el Gobierno puede manipular unas elecciones?

¿Con qué disposición recibirá una eventual victoria de ese Gobierno?

¿La considerará expresión de la voluntad popular o confirmación de un fraude que llevaba semanas esperando?

Las elecciones tienen garantías, no propietarios

La limpieza de unas elecciones no puede depender de la confianza personal que merezca quien ocupa la Presidencia del Gobierno.

Precisamente para evitarlo existe una legislación electoral.

En España, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General regula la composición de las mesas, la presencia de representantes de las candidaturas, las operaciones de votación, el escrutinio y los procedimientos de reclamación.

El artículo 95 establece que el escrutinio de las mesas es público.

El artículo 103 dispone que el escrutinio general corresponde a las juntas electorales y también tiene carácter público.

Y el artículo 108 regula las reclamaciones y recursos relacionados con el escrutinio.

El voto por correo también dispone de procedimientos de identificación, documentación, custodia y entrega a las mesas electorales.

¿Significa eso que ninguna irregularidad puede producirse?

Naturalmente que no.

Significa que existen mecanismos para prevenirlas, detectarlas, denunciarlas y resolverlas.

Una democracia no exige confianza ciega en sus instituciones. Exige que las acusaciones se sometan a comprobación.

Porque desconfiar puede ser legítimo. Convertir una sospecha sin pruebas en una certeza pública es algo muy diferente.

Cuando las palabras preparan el terreno

No podemos conocer las intenciones ocultas de quienes cuestionan anticipadamente la limpieza de unas elecciones. Tampoco necesitamos conocerlas para examinar las consecuencias que pueden tener sus declaraciones.

Porque las palabras de un dirigente político no se pierden en el aire.

Encuentran altavoces, titulares, tertulias y redes sociales que multiplican su alcance.

Se repiten, se interpretan y, en ocasiones, terminan convertidas en certezas para quienes las escuchan.

Cuando se insinúa reiteradamente que unas elecciones pueden ser manipuladas, sin aportar pruebas que justifiquen semejante sospecha, existe el riesgo de alimentar una desconfianza que después resulte difícil contener.

No hace falta llamar a desconocer los resultados para contribuir a crear un clima en el que determinados ciudadanos lleguen a considerar ilegítima una derrota electoral.

Y ahí reside una responsabilidad que no puede ignorarse.

Quien dispone de una poderosa caja de resonancia pública debería ser especialmente cuidadoso con lo que afirma, con lo que insinúa y con aquello que deja en el terreno de la sospecha.

Porque una cosa es denunciar irregularidades acreditadas, exigir transparencia y defender todas las garantías electorales.

Y otra muy distinta es instalar preventivamente la idea de que una victoria del adversario podría ser fruto de un fraude.

El problema de alimentar la desconfianza es que, una vez extendida, nadie puede garantizar que quienes la han asumido acepten después una explicación, una rectificación o un resultado electoral adverso.

Señalar no es ejecutar, pero señalar tampoco es inocuo

Quienes vivimos los años del terrorismo de ETA recordamos que no siempre resultaba sencillo establecer una relación directa entre quien señalaba públicamente a una persona y quien terminaba amenazándola o agrediéndola.

Algo semejante ocurría con determinadas actuaciones de la kale borroka: la responsabilidad de cada hecho debía acreditarse, pero eso no impedía examinar el clima de intimidación, los mensajes que lo alimentaban y las conexiones que pudieran existir.

No se trata de equiparar situaciones históricas distintas ni de atribuir a los dirigentes políticos actuales responsabilidades que no están demostradas.

ETA fue una organización terrorista responsable de asesinatos, secuestros y extorsiones. Esa realidad histórica no debe confundirse con la confrontación política actual.

Lo que sí merece examinarse es un mecanismo que puede aparecer en contextos diferentes: el señalamiento reiterado de personas o colectivos como enemigos a los que se considera legítimo hostigar.


La ausencia de una orden expresa no convierte automáticamente en irrelevante el discurso que precede a una agresión.

No toda palabra hostil conduce a la violencia. Pero tampoco debemos esperar a que aparezca la violencia para preocuparnos por los discursos que pueden contribuir a justificarla.

Núcleo Nacional: cuando la violencia deja de ser una abstracción

La investigación judicial sobre Núcleo Nacional proporciona un motivo adicional para prestar atención a estos fenómenos.

El 6 de noviembre, la Policía Nacional detuvo a catorce personas vinculadas a esta organización de extrema derecha en una investigación por presuntos delitos de odio y asociación ilícita, entre otros.

Los registros permitieron intervenir más de veinte armas de fuego, munición, armas blancas y diverso material.

Según la investigación policial, la organización desarrollaba actividades de captación de jóvenes y menores, así como presuntas actuaciones de intimidación y violencia ideológica.

El 12 de noviembre, una jueza acordó cautelarmente el cese de sus actividades, el cierre de sus sedes y el bloqueo de contenidos de sus perfiles digitales.

También se investigan posibles actividades de formación paramilitar en Ucrania. La atribución de esa formación a una unidad militar ucraniana concreta ha sido desmentida por la embajada de aquel país.

Las actuaciones judiciales continúan abiertas y corresponde respetar la presunción de inocencia.

No afirmo que exista una relación causal demostrada entre las declaraciones de un determinado dirigente político y las actividades investigadas de Núcleo Nacional.

Pero tampoco creo que debamos ignorar una pregunta:

¿Qué ocurre cuando determinados grupos dejan de considerar al adversario político como alguien a quien hay que convencer y empiezan a contemplarlo como alguien contra quien puede emplearse la fuerza?

Ahí aparece una frontera que ninguna democracia debería cruzar.

La democracia permite defender proyectos políticos radicalmente diferentes. Permite cuestionar gobiernos, reclamar cambios constitucionales y organizar movilizaciones.

Lo que no permite es sustituir la decisión de los ciudadanos por la intimidación o la violencia.

Porque cuando se abandona la fuerza de la razón, aparece la tentación de imponer la razón de la fuerza.

Estados Unidos: una advertencia histórica

El 6 de enero de 2021, una multitud asaltó el Capitolio de Estados Unidos mientras el Congreso se disponía a certificar la victoria electoral de Joe Biden.

Aquellos acontecimientos tuvieron antecedentes.

Durante semanas, Donald Trump había difundido acusaciones de fraude sobre las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

Las impugnaciones no demostraron un fraude capaz de alterar el resultado.

Posteriormente, una comisión de investigación de la Cámara de Representantes concluyó que la difusión de acusaciones falsas y las actuaciones dirigidas a impedir la certificación electoral desempeñaron un papel central en la crisis.

Las conclusiones de una comisión parlamentaria no deben confundirse con una sentencia penal.

Pero los acontecimientos permiten observar un riesgo democrático real: que una parte de la ciudadanía llegue a considerar ilegítimo un resultado electoral porque sus dirigentes le han asegurado que la derrota solo puede explicarse mediante un fraude.

No todos quienes creyeron aquellas acusaciones participaron en actos violentos.

Y no existe fundamento para afirmar que España vaya a reproducir necesariamente aquellos acontecimientos.

Sin embargo, el precedente demuestra por qué merece atención la deslegitimación anticipada de unas elecciones.

La pregunta es sencilla: si alguien está convencido de que las urnas han sido manipuladas, ¿qué medios considerará legítimos para corregir lo que cree una injusticia?

Cuando la sospecha se convierte en certeza

Una mentira repetida no se convierte en verdad.

Pero puede terminar siendo aceptada como tal por quienes dejan de contrastarla.

Y el problema adquiere otra dimensión cuando cualquier prueba que contradiga una acusación pasa a considerarse parte de la supuesta conspiración.

Si una institución descarta el fraude, se desconfía de la institución.

Si un tribunal rechaza una denuncia, se cuestiona al tribunal.

Si el adversario gana, se sospecha del resultado.

En esas condiciones, ¿qué prueba podría convencer a quien ha decidido de antemano que solamente aceptará una victoria propia?

No todos los ciudadanos reaccionan igual ante esos mensajes. Tampoco podemos deducir que quien cuestiona unas elecciones esté dispuesto a recurrir a la violencia.

Pero sí debemos preguntarnos qué responsabilidad corresponde a quienes tienen capacidad para alimentar masivamente esas sospechas.

Las palabras de un ciudadano y las de un dirigente político están amparadas por la libertad de expresión.

Su alcance, sin embargo, puede ser muy diferente.

Quien dispone de un altavoz público tiene motivos para considerar no solamente lo que pretende d44recir, sino también las interpretaciones previsibles de sus mensajes.

Y la responsabilidad democrática no comienza cuando se conocen los resultados.

Comienza mucho antes.

El 29N: saber ganar y saber perder


No voy a fingir una neutralidad política que no tengo.

Tengo mis preferencias, mis convicciones y una idea bastante definida del país que deseo.

Pero precisamente porque creo en la democracia, considero indispensable que las reglas sean las mismas para todos.

Si gana la opción que prefiero, exigiré que gobierne respetando la Constitución, las leyes y los derechos de quienes no la votaron.

Y si pierde, tendré que aceptar que otros ciudadanos han decidido legítimamente otra cosa.

Podré discrepar, criticar, movilizarme y defender alternativas.

Lo que no podré hacer es convertir mi decepción en una prueba de fraude.

Y esa misma exigencia debería alcanzar a todos los partidos.

Ninguno tiene derecho a proclamarse propietario de España.

Ninguno puede arrogarse la representación exclusiva de los españoles.

Ninguno debería presentar una victoria ajena como ilegítima sin aportar pruebas suficientes.

Por eso me gustaría escuchar, antes del 29 de noviembre, un compromiso inequívoco de todos los dirigentes:

Reconoceremos los resultados legítimos, sean cuales sean, sin renunciar a denunciar y recurrir las irregularidades que puedan acreditarse.

No parece una exigencia extraordinaria.

Es una de las condiciones elementales de la convivencia democrática.

Porque una democracia no se demuestra únicamente cuando ganan los nuestros.

Se demuestra, especialmente, cuando ganan los otros y seguimos reconociendo su derecho a gobernar.

La fuerza de la razón consiste en defender nuestras ideas y aceptar que los demás puedan rechazarlas. La razón de la fuerza comienza cuando alguien pretende imponer lo que no ha conseguido convencer.

Y el 29N no solamente estará en juego quién gobierna España.

También tendremos una nueva oportunidad de demostrar que, por encima de nuestras diferencias, seguimos reconociendo a los ciudadanos el derecho a decidir.

Porque la democracia no consiste solamente en aceptar que podemos ganar.

Consiste, sobre todo, en reconocer que los demás también tienen derecho a hacerlo.


Fuentes y documentación

  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Artículos 95, 103 y 108. BOE y Junta Electoral Central.
  • RTVE, 15 de noviembre de 2026. Crónica del mitin de Santiago Abascal en Cornellà de Llobregat.
  • Europa Press TV, 15 de noviembre de 2026. Grabación del mitin de Cornellà y declaraciones sobre movilización, trampas y violencia.
  • EFE / Europa Press, 12 de noviembre de 2026. Información sobre las medidas cautelares acordadas en la investigación judicial de Núcleo Nacional.
  • Cámara de Representantes de Estados Unidos. Informe final del comité especial de investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

lunes, 16 de noviembre de 2026

PENSIONES: LO QUE SE ENSEÑA… Y LO QUE NO SE CUENTA.

PENSIONES: LO QUE SE ENSEÑA… Y LO QUE NO SE CUENTA.

Una disposición legal auténtica, una acusación televisiva y una pregunta que merece una respuesta completa: ¿puede el Gobierno congelar o recortar las pensiones ya reconocidas cuando las cuentas no cuadren?

El Rincón de Kurro | 16 de noviembre de 2026

Hay verdades que, cuando se presentan incompletas, pueden transmitir una idea muy distinta de la realidad.

No hace falta inventar una ley, falsificar un documento o atribuir a alguien palabras que nunca pronunció. A veces basta con seleccionar un párrafo, subrayar unas palabras y dejar que el espectador complete mentalmente lo que falta.

Y si hablamos de pensiones, el efecto puede ser considerable.

Porque detrás de cada pensión hay una persona. Alguien que ha trabajado durante décadas, que ha cotizado y que organiza su vida contando con unos ingresos que no son una concesión graciosa del Gobierno de turno.

Por eso, cuando un responsable político afirma ante millones de espectadores que una ley permite bajar las pensiones si las cuentas no cuadran, creo que tenemos derecho a exigirle algo más que un recorte del Boletín Oficial del Estado.

Tenemos derecho a conocer la disposición completa.

Y también a comprobar si lo que se afirma coincide realmente con lo que establece.

Este artículo no pretende que nadie tenga que creer a Juan Bravo, a Carlos Cuerpo ni a El Rincón de Kurro.

Pretende que cualquier lector pueda acudir a las fuentes originales, contrastar los argumentos y sacar sus propias conclusiones.

Yo también tengo las mías. Y no pienso esconderlas.

1. Un recorte del BOE en pleno debate electoral

El viernes 13 de noviembre, durante el debate económico de La Sexta, Juan Bravo, representante del Partido Popular, mostró un fragmento del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, aprobado durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

En él aparecía subrayada una referencia a la posibilidad de reducir el gasto en pensiones.

Bravo sostuvo, según recoge La Sexta:

«Pone que si las cuentas no les salen, a ustedes, pensionistas, les bajarán las pensiones».

Carlos Cuerpo, representante del PSOE, le reprochó que estuviera alarmando a los ciudadanos y defendió que el Gobierno garantizaba tanto la revalorización como la sostenibilidad del sistema.

Las posiciones quedaron enfrentadas.

Pero las afirmaciones de los políticos no son, por sí mismas, prueba de su veracidad.

El documento mostrado por Bravo es auténtico. La expresión sobre la reducción del gasto aparece efectivamente en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023.

Conviene reconocerlo sin rodeos.

Ahora bien, la pregunta decisiva no es si esas palabras aparecen en el BOE.

La pregunta es si significan lo que Bravo afirmó que significaban.

Y para responderla hay que leer algo más que las palabras subrayadas.

2. La disposición adicional segunda: lo que realmente establece

El Real Decreto-ley 2/2023 contiene una reforma del sistema público de pensiones que combina medidas destinadas a incrementar los ingresos, modificar determinadas reglas de cálculo y establecer mecanismos de vigilancia de la sostenibilidad financiera.

Su disposición adicional segunda regula el seguimiento de las proyecciones económicas del sistema.

No estamos ante una cláusula que ordene reducir pensiones cuando aparezca un déficit.

Estamos ante un procedimiento condicionado a determinadas evaluaciones.

El primer paso corresponde a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF.

Desde marzo de 2025, y con periodicidad trienal, debe evaluar el impacto de las medidas adoptadas para reforzar los ingresos y contrastarlo con las proyecciones de gasto público en pensiones para el periodo 2022-2050.

La norma contempla distintos umbrales dependiendo de los ingresos adicionales estimados.

Si se superan, el Gobierno debe solicitar a la AIReF un nuevo informe sobre posibles medidas correctoras.

Después viene una fase de negociación con los interlocutores sociales y la remisión de una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Y aquí encontramos el párrafo que apareció en televisión.

La ley contempla corregir el exceso mediante mayores cotizaciones, otras fórmulas de incremento de ingresos, una reducción del gasto en pensiones como porcentaje del PIB o una combinación de esas medidas.

Sí, la reducción del gasto aparece en la ley. Negarlo sería faltar a la verdad.

Pero también aparece el incremento de ingresos.

Y, sobre todo, aparece un procedimiento que no termina con la decisión unilateral de un ministro ni con la aplicación automática de una rebaja.

Si se opta por nuevas medidas, el Gobierno debe remitir un proyecto de ley al Parlamento.

Es decir, tendría que plantearse una nueva regulación, debatirse y tramitarse legislativamente.

La disposición no contiene una fórmula que permita a la Seguridad Social comunicar a un pensionista que su prestación se reduce porque la AIReF ha detectado una desviación.

Esa diferencia no es un matiz menor.

Es el centro de la cuestión.

3. La parte que no aparecía en el recorte

Hay otro apartado de la disposición adicional segunda que resulta especialmente revelador.

¿Qué sucede si se detecta un exceso de gasto y la correspondiente ley correctora no entra en vigor en el plazo previsto?

El apartado tercero establece un mecanismo subsidiario.

Y ese mecanismo consiste en aumentar progresivamente la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI, hasta compensar el exceso estimado o adoptar otras medidas equivalentes.

Por tanto, cuando la norma tiene que determinar expresamente qué ocurre si no se aprueba una nueva ley, la respuesta automática que establece es incrementar las cotizaciones, no reducir las pensiones reconocidas.

Esto no significa que cualquier incremento de cotizaciones sea inocuo.

Las cotizaciones tienen consecuencias económicas para trabajadores y empresas, y también deben ser objeto de debate.

Pero no es lo mismo aumentar las aportaciones destinadas a financiar el sistema que rebajar las mensualidades de quienes ya cobran una pensión.

Confundir ambas cosas impide comprender cómo funciona realmente el mecanismo.

Y omitir ese apartado cuando se pretende explicar la disposición completa deja fuera una información fundamental.


4. Reducir el gasto en pensiones no significa necesariamente reducir las pensiones

Aquí aparece una confusión económica que merece explicarse con palabras sencillas.

La disposición no habla simplemente de reducir una cantidad de euros.

Habla de reducir el gasto en pensiones en porcentaje del Producto Interior Bruto.

Y son cosas distintas.

Imaginemos un país cuyo PIB asciende a un billón de euros y que destina 130.000 millones al pago de pensiones.

Su gasto representa el 13 % del PIB.

Supongamos que, años después, el PIB aumenta hasta 1,2 billones y el gasto en pensiones crece hasta 144.000 millones.

¿Qué ha sucedido?

El país gasta 14.000 millones de euros más en pensiones.

Sin embargo, su peso sobre el PIB ha bajado del 13 % al 12 %.

Es decir, el gasto relativo se ha reducido mientras el gasto absoluto ha aumentado.

Este ejemplo no pretende reproducir las previsiones oficiales. Sirve para explicar por qué una variación porcentual no equivale necesariamente a una reducción de las prestaciones individuales.

También puede contenerse el gasto mediante cambios que afecten a futuras pensiones, modificaciones de determinados requisitos o medidas de carácter estructural.

Algunas de esas alternativas podrían perjudicar derechos o expectativas y merecerían una crítica severa.

Pero ninguna debe confundirse automáticamente con la reducción de una pensión ya reconocida.

La ley habla de una magnitud económica agregada. Bravo trasladó esa expresión a las mensualidades individuales de los pensionistas.

Ese salto interpretativo necesita una justificación jurídica que el fragmento mostrado no proporciona.

5. ¿Están protegidas las pensiones que ya se cobran?

Llegamos a la pregunta que más puede preocupar a los pensionistas.

¿Puede un Gobierno reducir una pensión ya reconocida?

La respuesta requiere distinguir la regulación actualmente vigente de las modificaciones que eventualmente pudieran aprobarse en el futuro.

El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social establece la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas.

Su apartado segundo regula la revalorización anual vinculada a la evolución media del Índice de Precios al Consumo.

Y su apartado tercero dispone que, cuando ese indicador resulte negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

Es decir, la legislación vigente contiene una garantía expresa de revalorización y evita que un IPC negativo provoque automáticamente una disminución de las pensiones.

De hecho, para 2026 se aprobó una revalorización general del 2,7 %.

¿Significa esto que ninguna ley futura podría modificar el sistema?

No.

El legislador puede reformar las normas de Seguridad Social, dentro de los límites constitucionales.

El artículo 41 de la Constitución obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad.

El artículo 50 se refiere expresamente a la suficiencia económica de las personas mayores mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.

Y el artículo 9.3 establece garantías como la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Estos preceptos constituyen referencias fundamentales para valorar cualquier eventual reforma.

Ahora bien, tampoco sería riguroso afirmar que la Constitución convierte cada cuantía individual de pensión en absolutamente intocable frente a cualquier modificación legislativa futura.

Los derechos ya devengados, las prestaciones reconocidas y las expectativas sobre prestaciones futuras plantean cuestiones jurídicas diferentes.

Una reforma que pretendiera reducir pensiones reconocidas exigiría un análisis específico de su contenido, sus efectos y su compatibilidad constitucional.

Lo que podemos afirmar con seguridad es que la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023 no establece por sí misma esa reducción.

Y eso es muy distinto de asegurar que ningún Gobierno podrá intentar jamás modificar las pensiones.

6. La AIReF: lo que dicen los números y lo que no dicen

Hasta aquí hemos analizado lo que podría ocurrir si se superasen los umbrales previstos.

Pero existe una pregunta todavía más interesante.

¿Se han superado?

La primera evaluación de la AIReF se publicó el 31 de marzo de 2025.

Su conclusión fue que se cumplía la regla de gasto establecida en la reforma.

En términos generales, el gasto neto estimado se situaba en torno al 13,2 % del PIB, por debajo del umbral de referencia del 13,3 %.

Por tanto, aquella evaluación no determinó la activación del mecanismo corrector.

Pero sería incompleto quedarse únicamente con esa conclusión favorable.

La propia AIReF advirtió que el cumplimiento de la regla no significaba que la sostenibilidad financiera a largo plazo estuviera garantizada.

También señaló que sus previsiones de crecimiento del gasto hasta 2050 habían empeorado respecto a las estimaciones anteriores.

Tenemos, por tanto, dos afirmaciones que pueden ser ciertas simultáneamente.

Primera: la regla legal de gasto se cumplía en la evaluación de 2025.

Segunda: seguían existiendo riesgos importantes para la sostenibilidad futura del sistema.

No hay contradicción.

Una regla de seguimiento puede cumplirse y, al mismo tiempo, existir problemas estructurales que merezcan atención.

El envejecimiento demográfico, la jubilación de las generaciones más numerosas, la evolución del empleo, los salarios, la productividad y los ingresos públicos condicionarán las cuentas de las próximas décadas.

Negar esos desafíos sería tan poco responsable como presentar una rebaja de las pensiones como una consecuencia inevitable de la ley.

Defender las pensiones públicas también exige hablar de cómo financiarlas.

No basta con prometer que siempre subirán. Hay que explicar cómo se sostendrá ese compromiso.

7. La memoria política también cuenta

En el debate de La Sexta apareció otra cuestión: quién ha protegido históricamente el poder adquisitivo de las pensiones.

Juan Bravo recordó la congelación de pensiones acordada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Es un antecedente real que no debemos borrar por razones partidistas.

En 2011 se suspendió la revalorización general de determinadas pensiones contributivas, con excepciones como las pensiones mínimas y las no contributivas.

Fue una decisión que merece ser examinada y criticada por sus consecuencias.

Pero tampoco puede olvidarse que, durante los gobiernos de Mariano Rajoy, el sistema de revalorización introducido en 2013 permitió incrementos del 0,25 % en ejercicios en los que la inflación fue superior.

En esas circunstancias, los pensionistas perdieron poder adquisitivo.

La reforma de 2021 recuperó la revalorización vinculada al IPC.

Y la reforma de 2023 sustituyó el anterior factor de sostenibilidad por un sistema basado en nuevas fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento.

Esto no convierte automáticamente en acertadas todas las decisiones de unos gobiernos ni en equivocadas todas las de otros.

Permite, sencillamente, comparar políticas reales.

Porque una cosa es lo que un partido promete cuando está en la oposición y otra lo que hace cuando tiene que aprobar presupuestos, afrontar dificultades económicas y adoptar decisiones.

Yo prefiero valorar ambas cosas.

Las declaraciones y los hechos.

Las promesas y las normas aprobadas.

Y también las consecuencias que esas normas tienen para los ciudadanos.

Un compromiso electoral que tampoco debe ignorarse

Pero hay un elemento adicional que no deberíamos dejar fuera de este análisis.

Pedro Sánchez se ha comprometido públicamente a promover una reforma constitucional para proteger el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC.

Y no se trata únicamente de unas palabras pronunciadas durante un mitin.

La propuesta figura expresamente en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

En concreto, su propuesta número 100, página 40, establece:

«Blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC, garantizando el derecho de las personas mayores a una pensión digna, suficiente y actualizada».

¿Significa esto que las pensiones ya están constitucionalmente blindadas?

No.

¿Garantiza que la reforma llegará a aprobarse?

Tampoco.

Pero sí constituye una declaración pública, concreta y documentada de las intenciones políticas del PSOE.

Y considero que debe tenerse en cuenta cuando se discute qué pretende hacer ese partido con las pensiones.

No es lo mismo prometer que se mantendrá una garantía establecida en una ley ordinaria que comprometerse a elevar su protección al rango constitucional.

Una reforma de la Constitución exigiría mayorías parlamentarias reforzadas. Por la vía ordinaria del artículo 167, se requiere, como regla general, una mayoría de tres quintos de cada Cámara. Además, existe un procedimiento agravado para determinados contenidos constitucionales.

Por tanto, no depende exclusivamente de la voluntad del presidente del Gobierno ni de su partido.

Necesitaría acuerdos parlamentarios suficientes.

Y habría que conocer la redacción definitiva para determinar exactamente qué quedaría protegido, con qué alcance y bajo qué condiciones.

Tampoco podemos olvidar que blindar constitucionalmente la revalorización conforme al IPC no equivale necesariamente a impedir cualquier modificación futura de todos los elementos del sistema de pensiones.

La edad de jubilación, los periodos de cotización, las bases reguladoras y otros aspectos seguirían planteando debates legislativos y económicos.

Pero la propuesta sí tiene un significado político verificable.

El PSOE está expresando su intención de reforzar jurídicamente la protección del sistema público y de la actualización de las pensiones.

Y eso merece ser mencionado.

Al igual que merece recordarse que el Partido Popular también ha manifestado durante esta campaña su compromiso con la actualización de las pensiones conforme al IPC.

Las diferencias entre los partidos deben analizarse atendiendo tanto a sus propuestas como a sus antecedentes y a los mecanismos concretos que ofrecen para llevarlas a cabo.

Por mi parte, no confundo una promesa electoral con una garantía jurídica ya vigente.

Pero tampoco considero que todas las promesas carezcan de valor.

Son compromisos públicos que permiten exigir responsabilidades políticas.

Las promesas no sustituyen a las leyes, pero permiten exigir coherencia entre lo que se anuncia, lo que se propone y lo que finalmente se hace.

Y cuando hablamos de pensiones, esa coherencia es especialmente importante.

8. Entonces, ¿qué demuestra realmente el papel que mostró Bravo?

Después de examinar la disposición completa, podemos ordenar las conclusiones.

Primera. El documento mostrado por Juan Bravo es auténtico. La referencia a la reducción del gasto en pensiones existe.

Segunda. La norma contempla distintas vías para corregir eventuales desviaciones, entre ellas aumentar ingresos o reducir el gasto relativo al PIB.

Tercera. No establece una reducción automática de las pensiones reconocidas.

Cuarta. Las eventuales nuevas medidas correctoras deben pasar por un procedimiento de evaluación, negociación y tramitación legislativa.

Quinta. Si no entra en vigor la ley correctora prevista, el mecanismo subsidiario consiste en incrementar cotizaciones mediante el MEI.

Sexta. La primera evaluación de la AIReF, publicada en 2025, concluyó que se cumplía la regla, aunque advirtió de riesgos de sostenibilidad a largo plazo.

Séptima. La legislación vigente mantiene la garantía de revalorización de las pensiones contributivas vinculada al IPC.

Octava. El programa electoral del PSOE para el 29N incorpora el compromiso de blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización, aunque esa propuesta todavía no constituye una garantía constitucional aprobada.

Por tanto, la frase según la cual la ley establece que, si las cuentas no cuadran, se bajarán las pensiones a quienes ya las cobran no describe fielmente el funcionamiento de la disposición.

Eso no convierte el sistema en inmune a futuras reformas.

Pero tampoco permite presentar como una reducción legalmente prevista y automática algo que exigiría decisiones normativas adicionales.

9. Mi parecer: cuando se enseña una parte de la verdad

No voy a ocultar mi posición política ni mis convicciones.

Defiendo el sistema público de pensiones, su suficiencia económica y el derecho de quienes han trabajado toda una vida a disfrutar de una jubilación digna.

Pero mis convicciones no me obligan a dar por buena cualquier afirmación de un Gobierno socialista, del mismo modo que mis discrepancias con el Partido Popular no me autorizan a negar lo que aparece escrito en el BOE.

Y precisamente por eso considero especialmente preocupante lo ocurrido en el debate.

A mi juicio, Juan Bravo utilizó un fragmento auténtico de una disposición legal para transmitir una conclusión que ese fragmento no permite sostener: que las pensiones reconocidas podrán ser rebajadas cuando las cuentas no cuadren, como consecuencia de esa misma previsión legal.

No necesito atribuirle intenciones que desconozco.

Me basta con examinar lo que mostró, lo que dijo y lo que establece realmente la norma.

Me preocupa que un asunto tan sensible como las pensiones pueda convertirse en un instrumento de confrontación electoral mediante interpretaciones que generan inquietud entre millones de ciudadanos.

Y también quiero dejar algo claro.

Si mañana un Gobierno socialista promoviera una reforma que perjudicase injustificadamente los derechos de los pensionistas, encontraría en mí la misma oposición que si la impulsara un Gobierno del Partido Popular.

No sería la primera vez que discrepara de decisiones adoptadas por quienes considero políticamente más próximos.

He defendido durante muchos años que los derechos laborales y sociales deben protegerse con independencia de quién gobierne.

Y no veo motivo para cambiar ahora de criterio.

Los derechos no son patrimonio de ningún partido. Son conquistas sociales que corresponde defender, gobierne quien gobierne.

También creo que los representantes políticos tienen una responsabilidad especial cuando hablan de las pensiones.

No están discutiendo únicamente una partida presupuestaria.

Están hablando de la seguridad económica de millones de personas.

De quienes pagan el alquiler, la luz, los medicamentos o ayudan a sus hijos y nietos con una pensión que, en ocasiones, apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas.

Por eso considero que el debate debe ser exigente, documentado y comprensible.

La sostenibilidad de las pensiones merece una discusión seria sobre empleo, salarios, cotizaciones, productividad, fiscalidad y prioridades presupuestarias.

Lo que no merece es quedar reducida a un párrafo subrayado en una pantalla de televisión.

Y respecto al compromiso electoral de blindar constitucionalmente las pensiones, mi posición es igualmente clara.

Considero que debe ser objeto de un debate parlamentario serio, en el que se concrete su alcance jurídico, su financiación y las garantías que ofrecería.

No me basta con que se prometa.

Quiero saber cómo se pretende llevar a cabo, qué protección efectiva ofrecería y qué apoyos parlamentarios podrían hacerlo posible.

Porque los derechos sociales no se defienden únicamente proclamándolos.

Se defienden legislando, financiándolos adecuadamente y garantizando su cumplimiento.

No pretendo que nadie tenga que creer a Juan Bravo, a Carlos Cuerpo ni siquiera a El Rincón de Kurro.

Quiero que cada lector pueda acudir al BOE, leer la disposición completa, consultar el programa electoral, contrastar las afirmaciones y sacar sus propias conclusiones.

Porque tengo mi parecer, naturalmente.

Y lo expreso sin esconderlo.

Pero prefiero defender mis convicciones con toda la verdad que intentar imponerlas con una verdad a medias.


Fuentes para comprobarlo

1. Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo. Disposición adicional segunda, apartados 1, 2 y 3. BOE-A-2023-6967.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-6967

2. Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto Legislativo 8/2015, artículo 58, sobre revalorización y mantenimiento del poder adquisitivo.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724

3. Constitución española. Artículos 9.3, 41, 50, 167 y 168.

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf

4. AIReF. Informe sobre la regla de gasto de pensiones, 31 de marzo de 2025.

https://www.airef.es/es/centro-documental/informes/informe-sobre-la-regla-de-gasto-de-pensiones/

5. Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero. Revalorización de las pensiones públicas para 2026.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2026/02/03/3/con

6. La Sexta, 13 de noviembre de 2026. Información sobre el intercambio entre Juan Bravo y Carlos Cuerpo durante el debate electoral.

https://amp.lasexta.com/elecciones/generales/cuerpo-psoe-acusa-alarmar-pensiones-bravo-responde-tres-anos-condiciones-cambian-sanchez-puede-bajar-pensiones_202611136af78adcea8d89799784ddae.html

7. PSOE. Programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Propuesta número 100, página 40: blindaje constitucional del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC.

https://www.psoe.es/media-content/2026/11/PROGRAMAPSOE29N26.pdf

8. 65YMÁS. Comparador de propuestas electorales sobre pensiones para el 29N, con las posiciones expresadas por representantes del PSOE, PP y otras formaciones.

https://www.65ymas.com/economia/pensiones/comparador-programas-electorales-29-n-pensiones_87583_102.html

El Rincón de Kurro. Opinión propia, documentos públicos y fuentes contrastables.

domingo, 15 de noviembre de 2026

29N: las promesas, las cuentas y las contradicciones

29N: las promesas, las cuentas y las contradicciones

Los programas electorales del PSOE, PP y Vox ante el 29N: derechos, financiación, contradicciones y posibilidades de gobierno.


Hay campañas electorales en las que parece que todo se reduce a una pregunta: ¿quién va a ganar?

A mí me interesa otra, que considero bastante más importante: ¿qué país tendremos después de las elecciones y qué posibilidades reales existirán de mejorar la vida de sus ciudadanos?

Porque una cosa es ganar unas elecciones, otra conseguir gobernar y otra, bastante distinta, disponer de la capacidad política, económica y parlamentaria necesaria para cumplir lo prometido.

He querido examinar los programas del PSOE, del Partido Popular y de Vox desde esa perspectiva. No solo lo que anuncian, sino también lo que han hecho, lo que han apoyado o rechazado y las condiciones que necesitarían para convertir sus propuestas en realidades.

Y, naturalmente, no escondo mis preferencias políticas. Pero tenerlas no me obliga a renunciar al sentido crítico. Más bien al contrario: cuanto mayores son las expectativas que deposito en un proyecto, mayor debe ser mi exigencia hacia quienes pretenden llevarlo adelante.

Tres programas, tres formas de entender el país

El PSOE presenta su programa bajo el lema La fuerza de la gente, con una propuesta de continuidad y ampliación del Estado del bienestar.

El PP habla de Reconstrucción Nacional, partiendo de un diagnóstico de deterioro institucional y defendiendo reformas administrativas, económicas y fiscales.

Vox, con Es sentido común, propone una reducción más intensa de impuestos, modificaciones en las políticas migratorias y sociales, una mayor uniformidad territorial y una revisión profunda de determinadas normas.

Sería injusto afirmar que solo uno de ellos se preocupa por la sanidad, las pensiones, la vivienda o la educación. Los tres incluyen compromisos en estas materias.

Pero sería igualmente engañoso concluir que, porque utilizan palabras parecidas, defienden el mismo modelo de sociedad.

La diferencia está en el contenido de los derechos, en quién puede ejercerlos, en cómo se financian y en qué papel corresponde desempeñar a los poderes públicos.

El Estado del bienestar no se construye con declaraciones

La vivienda constituye un buen ejemplo.

El PSOE propone ampliar el parque público, reforzar la intervención sobre el mercado y aumentar los recursos destinados a facilitar el acceso a una vivienda digna.

El PP apuesta por incrementar la oferta, agilizar la disponibilidad de suelo, reducir obstáculos administrativos y establecer incentivos fiscales.

Vox también plantea aumentar la oferta y derogar la legislación vigente en materia de vivienda, incorporando además criterios de prioridad nacional en determinadas ayudas y prestaciones.

No basta con comparar el número de viviendas anunciadas. Hay que preguntar cuántas serán públicas, cuántas tendrán protección permanente, qué precios podrán pagar sus destinatarios y cuándo estarán disponibles.

En materia laboral encontramos diferencias igualmente importantes.

La reducción del tiempo de trabajo, la protección frente al despido, la negociación colectiva y la prevención de riesgos laborales no son cuestiones menores. Afectan a la distribución de la riqueza, a la salud y a la capacidad de los trabajadores para conciliar su vida profesional y personal.

Y aquí los antecedentes cuentan.

La reforma laboral de 2022 salió adelante por un solo voto. El PSOE la apoyó; el PP y Vox se opusieron, con la conocida incidencia del voto telemático de un diputado popular.

Aquella votación no determina por sí sola todas las posiciones futuras, pero forma parte del historial que los ciudadanos tienen derecho a conocer.

Con las pensiones sucede algo parecido.

El PSOE defiende mantener su poder adquisitivo y reforzar las garantías del sistema. El PP también promete expresamente la revalorización conforme al IPC. Vox plantea medidas relacionadas con el empleo, la productividad y la sostenibilidad.

Por eso no sería correcto afirmar que el PP propone eliminar la actualización por inflación. Lo que corresponde es examinar cómo pretende garantizarla y financiarla.

La reforma de pensiones de 2023 recibió el voto favorable del PSOE, el contrario del PP y la abstención de Vox.

Las votaciones no sustituyen al análisis de los programas, pero ayudan a comprobar la distancia que puede existir entre las declaraciones y las decisiones.

Sanidad y dependencia: los derechos también tienen lista de espera

Hay algo que los ciudadanos conocen mejor que cualquier estadística: el tiempo que transcurre desde que necesitan una prestación hasta que finalmente la reciben.

Los datos oficiales de listas de espera quirúrgicas muestran que España continúa afrontando un problema importante de demoras, con diferencias considerables entre comunidades autónomas.

En dependencia, Andalucía ha aumentado las personas atendidas y reducido determinados indicadores de espera, pero mantiene plazos de tramitación prolongados.

Ambas realidades deben reconocerse.

No tiene sentido negar una mejora comprobable por el hecho de que gobierne un partido diferente al que uno vota. Tampoco lo tiene presentar esa mejora como una solución definitiva cuando persisten dificultades importantes.

Aquí aparece una responsabilidad compartida que demasiadas veces se utiliza para eludir explicaciones: el Estado participa en la financiación y establece garantías comunes; las comunidades autónomas gestionan buena parte de los servicios.

El ciudadano no debería tener que resolver un conflicto de competencias para conseguir que se cumpla un derecho reconocido por la ley.

¿Quién paga las promesas?


Esta es, probablemente, la pregunta más incómoda de cualquier campaña electoral.

El PSOE propone reforzar la financiación de las políticas sociales y aumentar la progresividad de determinados impuestos.

El PP plantea reducciones fiscales, estímulos a la actividad económica y mejoras en servicios públicos.

Vox propone una reducción más amplia de la carga tributaria y del gasto que considera innecesario.

Todas esas propuestas merecen ser examinadas, pero ninguna debería quedar dispensada de presentar sus cuentas.

Aumentar impuestos no garantiza automáticamente una recaudación suficiente. Reducirlos tampoco demuestra que el crecimiento económico compensará la pérdida inicial de ingresos. Y anunciar la eliminación de gasto superfluo no permite contabilizar un ahorro hasta identificar qué partidas desaparecerían y cuánto representan.

El Estado del bienestar requiere financiación estable. Los servicios públicos no se sostienen únicamente con buenas intenciones.

Y conviene recordar otra cosa: un presupuesto expresa prioridades políticas.

Cuando se decide financiar una prestación, reducir un impuesto o posponer una inversión, se está eligiendo entre alternativas que tienen consecuencias para la ciudadanía.

Derechos, igualdad y ciudadanía

Los programas también presentan diferencias importantes en igualdad, inmigración y acceso a prestaciones sociales.

El PSOE propone reforzar derechos y políticas de integración.

El PP plantea reformas migratorias y requisitos de arraigo y contribución, manteniendo expresamente determinados compromisos de protección frente a la violencia de género.

Vox propone una preferencia de los españoles en distintas ayudas y servicios, restringir determinadas prestaciones a nacionales y modificar parte del marco legislativo de igualdad.

No son diferencias puramente retóricas.

Una política migratoria puede legítimamente establecer condiciones de entrada, residencia y permanencia. Pero las restricciones de derechos y prestaciones deben respetar la Constitución, el Derecho europeo y las obligaciones internacionales.

Lo mismo sucede con la protección de las mujeres y los menores.

Un eventual acuerdo de gobierno no debería ocultar qué garantías se mantienen, cuáles se modifican y con qué consecuencias.

La cuestión territorial

España es un Estado descentralizado. La sanidad, la educación y los servicios sociales dependen en gran medida de decisiones adoptadas por las comunidades autónomas.

El PSOE propone reforzar la financiación y la cooperación territorial.

El PP defiende reformar el sistema mediante acuerdos multilaterales, manteniendo el marco autonómico.

Vox plantea una mayor uniformidad estatal en distintas políticas.

Aquí surge una dificultad evidente para una eventual coalición PP–Vox: la coordinación entre administraciones puede ser compatible con la autonomía, pero una recentralización profunda de competencias no es una simple reforma de gestión.

Y también surgen dificultades para el PSOE, cuyos posibles apoyos parlamentarios pueden mantener posiciones diferentes sobre la distribución de recursos y el autogobierno.

La igualdad no consiste necesariamente en tratar de manera idéntica territorios con necesidades distintas. Consiste en garantizar que sus habitantes puedan ejercer sus derechos en condiciones suficientemente equivalentes.

El día después de las elecciones


Llegamos así a una cuestión decisiva.

Los ciudadanos votan programas, pero los gobiernos suelen ejecutar acuerdos.

En una sociedad plural, negociar no constituye una traición a los electores. Es una exigencia habitual de la democracia parlamentaria.

Lo que sí merece una explicación es aquello a lo que se renuncia para conseguir una mayoría.

El PP y Vox comparten determinadas propuestas fiscales, de vivienda y de energía, pero mantienen diferencias relevantes sobre organización territorial, inmigración y algunas políticas de igualdad.

El PSOE puede encontrar coincidencias sociales y laborales con partidos situados a su izquierda, pero necesitaría negociar prioridades, financiación y posiblemente apoyos de formaciones territoriales con intereses distintos.

No todos esos partidos son de izquierda. Tampoco cabe dar por supuesto qué decisiones adoptarían después de las elecciones.

Y no debemos olvidar la experiencia de la legislatura anterior: conseguir una investidura no garantiza aprobar presupuestos ni culminar todas las reformas.

La verdadera prueba de un acuerdo de gobierno no es solamente que permita ocupar los ministerios, sino que haga posible gobernar.

Entre la esperanza y la exigencia

No voy a fingir una neutralidad política que no tengo.

Creo en un Estado social capaz de garantizar derechos, corregir desigualdades y ofrecer oportunidades reales a quienes no disponen de los mismos recursos.

Creo también en la negociación colectiva, en el diálogo social y en la función de los servicios públicos como instrumentos de cohesión.

Pero esas convicciones no me obligan a considerar acertada cualquier decisión de un gobierno socialista.

Hay compromisos pendientes, reformas que no llegaron a culminarse y problemas que siguen esperando soluciones. La vivienda, las listas de espera y las dificultades para acceder a determinadas prestaciones son ejemplos demasiado importantes para esconderlos detrás de una consigna electoral.

Precisamente porque considero necesario fortalecer el Estado del bienestar, creo que debemos exigir resultados.

La esperanza política no debería confundirse con la fe ciega.

Tampoco el sentido crítico debería convertirse en una excusa para concluir que todos los proyectos son iguales y que nada merece la pena.

No lo son.

Las diferencias entre los programas existen, afectan a derechos y servicios concretos y pueden determinar el rumbo de nuestro país durante los próximos años.

Mi esperanza está en que España pueda seguir ampliando derechos, mejorando sus servicios públicos y fortaleciendo la protección social. Mi exigencia consiste en que quienes se comprometan a hacerlo expliquen con qué recursos, mediante qué acuerdos y dentro de qué plazos.

Porque los derechos no caen del cielo. Han sido conquistados, defendidos y desarrollados mediante decisiones políticas, negociación y movilización social.

Y conservarlos, como ampliarlos, exige responsabilidad.

No se trata solamente de seguir avanzando. Se trata de saber hacia dónde, con quiénes, con qué medios y sin dejar a nadie atrás.

El Rincón de Kurro


Documentación principal

  • Programa electoral del PSOE, La fuerza de la gente, elecciones generales del 29N de 2026.
  • Programa electoral del PP, La Reconstrucción Nacional, 2026.
  • Programa electoral de Vox, Es sentido común, 2026.
  • Congreso de los Diputados: votaciones de las reformas laboral de 2022 y de pensiones de 2023.
  • Ministerio de Sanidad: Sistema de Información de Listas de Espera.
  • Imserso: estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
  • Constitución Española y normativa aplicable a las materias analizadas.

sábado, 14 de noviembre de 2026

¿ES SENTIDO COMÚN?

¿ES SENTIDO COMÚN?

Vox, la españolización del trumpismo y la posible cremallera de gobierno con el Partido Popular.

Hay expresiones que parecen contener una verdad tan evidente que apenas admiten discusión. «Es sentido común» es una de ellas. ¿Quién se atrevería a defender lo contrario?

Vox ha elegido precisamente esas palabras para titular su programa electoral de 2026.

Pero el sentido común no es patrimonio de ninguna organización política. Tampoco es una ideología ni una verdad universal que dispense de ofrecer explicaciones.

Para valorar un programa electoral no basta con escuchar sus promesas. Hay que examinar sus consecuencias, los derechos que podrían verse afectados, las garantías que ofrece y, sobre todo, las decisiones que sus autores estarían dispuestos a adoptar si alcanzaran el poder.

Y ahí comienza mi reflexión.

Los derechos no cayeron del cielo

España no llegó a su actual sistema de derechos laborales, sociales y civiles por generación espontánea.

Detrás de muchas conquistas hubo trabajadores organizados, mujeres que se negaron a aceptar un papel subordinado, personas que reclamaron vivir su identidad sin discriminación, movimientos ciudadanos, negociaciones, conflictos y decisiones parlamentarias.

Nada de aquello fue gratuito.

Las leyes pueden reformarse. Naturalmente. Una democracia no consiste en declarar intocable toda norma existente.

Pero una cosa es mejorar una regulación y otra proponer su derogación sin explicar suficientemente qué garantías permanecerán vigentes.

Vox propone derogar la reforma laboral de 2021.

Aquella reforma introdujo cambios relevantes en la contratación temporal, recuperó la ultraactividad de los convenios colectivos y modificó aspectos de la negociación colectiva.

No sería correcto afirmar que su derogación eliminaría automáticamente todos esos avances. Dependería de la legislación que se aprobara después.

Pero esa es precisamente la cuestión.

¿Es de sentido común apoyar la derogación de garantías laborales conquistadas durante décadas, aceptando el riesgo de perderlas, sin conocer qué se pondrá en su lugar?

Los derechos laborales no pertenecen a un Gobierno ni a un partido. Forman parte de un sistema de protección construido durante generaciones.

Ponerlos en cuestión merece algo más que un eslogan.

Las mujeres y las conquistas que vuelven a discutirse

La historia de los derechos de las mujeres es también la historia de una transformación profunda de nuestra sociedad.

El acceso a la educación, al empleo, a la autonomía económica, a la participación política y a la igualdad jurídica no fue una concesión espontánea de quienes ejercían el poder.

Fueron conquistas.

Vox propone derogar las leyes que denomina «de género». Afirma que esas normas no han protegido adecuadamente a las mujeres y promete sustituirlas por otras medidas de protección frente a la violencia.

Conviene ser precisos: no sería correcto afirmar que Vox propone dejar sin protección a todas las víctimas. Su programa incluye compromisos de asistencia y protección.

Pero tampoco basta con prometer una protección diferente.

¿Es de sentido común apoyar la derogación de instrumentos específicos de igualdad y protección sin conocer qué garantías conservarán las mujeres y cuáles podrían desaparecer?

Las leyes vigentes pueden presentar deficiencias. Su aplicación debe evaluarse y los errores corregirse.

Lo que no puede darse por supuesto es que eliminar una regulación especializada y sustituirla por otra todavía imprecisa vaya a mejorar necesariamente la protección.

La igualdad no consiste solamente en proclamar que todos somos iguales. También exige reconocer y afrontar las desigualdades que persisten en la realidad.

Los derechos LGTBI: ¿qué se mantiene y qué se modifica?

Durante mucho tiempo, determinadas personas tuvieron que ocultar su orientación sexual o su identidad para evitar el rechazo, la discriminación o incluso la persecución.

Los avances legales no eliminaron de un plumazo todos esos problemas, pero establecieron garantías que antes no existían.

En esta materia conviene distinguir las posiciones históricas de Vox de los compromisos expresamente recogidos en su programa de 2026.

No todas las propuestas formuladas en etapas anteriores aparecen reproducidas en los mismos términos en el documento actual.

Eso no demuestra, por sí solo, un cambio ideológico. Pero tampoco autoriza a atribuirle automáticamente medidas que no aparecen expresamente en el texto.

La pregunta sigue siendo pertinente:

¿Es de sentido común apoyar cambios en la legislación de igualdad sin exigir que se explique cómo quedarán protegidas las personas frente a la discriminación?

Los derechos individuales no deberían depender de que una mayoría comparta las decisiones personales de quienes los ejercen.

Una sociedad plural necesita reglas de convivencia que protejan también a quienes viven, piensan o sienten de manera diferente.

La prioridad nacional: cuando la españolidad se convierte en criterio de acceso

En otras materias, Vox no deja demasiado espacio a la interpretación.

Su programa proclama la prioridad de los españoles en el acceso a determinadas prestaciones, viviendas y servicios.

La medida 18 propone preferencia para los españoles en vivienda pública, guarderías, comedores, transporte y ayudas sociales.

La medida 20 plantea restringir la asistencia sanitaria ordinaria a extranjeros en situación irregular, con excepciones para determinadas urgencias.

Y la medida 22 reserva el ingreso mínimo vital a españoles con menos recursos.

Aquí no hablamos simplemente de una orientación ideológica. Hablamos de propuestas concretas que modificarían las condiciones de acceso a prestaciones y servicios actualmente reconocidos.

Naturalmente, el Estado puede establecer requisitos legales para acceder a determinadas ayudas. También puede ordenar los flujos migratorios, perseguir las mafias y exigir el cumplimiento de la legislación.

Pero no todos los extranjeros son personas en situación irregular, ni toda diferencia de trato resulta jurídicamente admisible.

¿Es de sentido común considerar que una persona que reside legalmente, trabaja, cotiza y cumple sus obligaciones debe quedar excluida de una prestación exclusivamente por no tener nacionalidad española?

La cuestión exige analizar el principio de igualdad, la legislación vigente y los límites constitucionales y europeos.

También exige recordar que los servicios públicos no son únicamente instrumentos de reparto de recursos: cumplen funciones de prevención, cohesión social y protección de la salud colectiva.

¿Está amenazada la españolidad?

Una de las características más visibles del programa electoral de Vox es la insistencia en la identidad nacional como elemento central de su discurso.

La vivienda, la sanidad, las prestaciones sociales y la inmigración aparecen vinculadas a una misma idea: la necesidad de establecer una prioridad para los españoles.

La pregunta es qué significa exactamente proteger la españolidad.

¿Se trata de preservar una lengua, una cultura, unas instituciones y una historia compartida? ¿O de establecer diferencias jurídicas entre quienes conviven en España y cumplen las condiciones legales para acceder a determinados servicios?

No son cuestiones equivalentes.

Los problemas de acceso a la vivienda, precariedad laboral, saturación de servicios públicos o inseguridad pueden generar preocupaciones legítimas. Pero identificar sus causas exige datos, no solamente apelaciones a la identidad.

El programa de Vox ofrece una interpretación en la que la inmigración y la prioridad nacional adquieren un protagonismo considerable.

Esa formulación puede conectar con sentimientos de pertenencia, incertidumbre o temor al cambio.

Es aquí donde cabe examinar su dimensión populista: la presentación de problemas complejos mediante una contraposición entre una comunidad nacional que debe ser protegida y quienes aparecen asociados a las dificultades que atraviesa.

La cuestión no consiste en negar los problemas ni en descalificar a quienes se sienten preocupados por ellos.

Consiste en comprobar si las soluciones propuestas responden a sus causas reales y qué consecuencias tendrían para los derechos y la convivencia.

Porque defender la identidad de un país y restringir determinadas garantías legales son decisiones distintas, aunque puedan presentarse bajo un mismo lema.

Y esta forma de presentar la realidad merece relacionarse con el ruido político que acaba instalándose en nuestra percepción de los acontecimientos, una cuestión sobre la que reflexioné en «España a 120 decibelios».

La españolización del trumpismo

¿Estamos ante una adaptación española del trumpismo?

La comparación no resulta caprichosa. Hay semejanzas en la forma de presentar la nación como una comunidad amenazada, en la centralidad de la inmigración y en la promesa de recuperar un orden político y cultural que se considera debilitado.

En Estados Unidos, Donald Trump popularizó el lema Make America Great Again. En España, Vox presenta su programa bajo una expresión aparentemente menos ideológica: «Es sentido común».

Los dos lemas son distintos, pero permiten plantear una comparación sobre cómo se construye políticamente la idea de recuperación nacional.

La inmigración deja de ser únicamente una cuestión de política migratoria y se vincula con la vivienda, el empleo, la seguridad y los servicios públicos.

La identidad nacional se convierte en un criterio para interpretar problemas que tienen múltiples causas.

En el caso de Vox, esa orientación no se queda en el discurso. Aparece en propuestas concretas de prioridad nacional para determinadas ayudas, prestaciones y viviendas.

El paralelismo con el trumpismo no significa que ambos proyectos sean idénticos ni que respondan a las mismas circunstancias.

España tiene una Constitución, una estructura territorial, un sistema de protección social y obligaciones europeas diferentes de las estadounidenses.

Pero la comparación permite formular una pregunta relevante:

¿Hasta qué punto un discurso de recuperación nacional puede servir para impulsar cambios legislativos que van mucho más allá de la inmigración?

Y, en el escenario de un eventual gobierno de coalición con el PP, aparece una segunda cuestión: ¿qué elementos de ese proyecto podrían incorporarse a un programa compartido?

La respuesta no depende únicamente de los lemas. Depende de las medidas concretas, de las negociaciones parlamentarias y de los límites jurídicos que cualquier gobierno tendría que respetar.

Cuando el sentido común se vuelve ambiguo

Hay otra característica del programa que merece atención: no todas las materias reciben el mismo grado de concreción.

En 2023, Vox proponía expresamente derogar las leyes del aborto y la eutanasia.

En 2026 no reproduce aquellos compromisos en los mismos términos, aunque mantiene su defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

No hablamos, por tanto, de posiciones desconocidas ni de simples interpretaciones de sus adversarios.

Hablamos de planteamientos que formaban parte expresa de su proyecto político y cuya continuidad o abandono no se aclara suficientemente.

¿Ha cambiado Vox de criterio o solamente ha cambiado la manera de presentarlo?

¿Renuncia a aquellas derogaciones o evita concretar ahora sus consecuencias legislativas?

La cuestión no es menor.

El aborto afecta a la autonomía reproductiva de las mujeres; la eutanasia, a las decisiones personales ante determinadas situaciones de sufrimiento y enfermedad.

Son materias sobre las que la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión qué legislación pretende impulsar un partido que aspira a gobernar.

Y resulta especialmente llamativo el contraste con otras partes del programa: mientras las restricciones en inmigración y la denominada «prioridad nacional» se formulan de manera explícita, las consecuencias legislativas de determinadas convicciones morales quedan abiertas.

Esa diferencia de precisión puede responder a diversas razones, incluidas las prioridades electorales o las posibilidades de negociación con otros partidos. Pero ninguna de esas explicaciones queda acreditada por el documento.

¿Es de sentido común apoyar un programa sin exigir que aclare qué pretende hacer con derechos cuya derogación defendía expresamente hace apenas tres años?

Porque una cosa es no formular una propuesta y otra muy distinta haber renunciado a ella.

Y cuando hablamos de derechos, esa diferencia merece una explicación.

Menos impuestos, mejores servicios: ¿dónde están las cuentas?

Vox propone una importante reducción de impuestos, menos cargas administrativas y una disminución del tamaño y del gasto de las administraciones públicas.

Al mismo tiempo, promete mejorar servicios, reforzar determinadas prestaciones, invertir en infraestructuras y aumentar recursos en diversos ámbitos.

Es perfectamente legítimo defender que una Administración más eficiente pueda ofrecer mejores resultados con menos gasto improductivo.

Pero la compatibilidad entre rebajas fiscales, reducción de deuda y mayores inversiones no se demuestra simplemente proclamándola.

Necesita cifras, plazos y estimaciones contrastables.

¿Es de sentido común apoyar simultáneamente todas esas promesas sin conocer con suficiente precisión cómo se financiarán?

Y una segunda pregunta:

Si finalmente los ahorros previstos no fueran suficientes, ¿qué gastos se reducirían?

El programa anuncia también la eliminación progresiva de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y organizaciones no gubernamentales.

En el caso de los sindicatos, el debate no puede reducirse a estar a favor o en contra de una subvención.

Hay que distinguir la financiación pública de la independencia sindical, los recursos destinados a funciones concretas y los derechos de representación y negociación reconocidos legalmente.

El control del dinero público es exigible a todas las organizaciones.

Pero también lo es explicar cómo se mantendrían las funciones de interés general que actualmente se financian mediante determinados mecanismos.

Dos programas que empiezan a encajar

Hasta aquí hemos examinado el programa de Vox.

Pero las elecciones del 29 de noviembre plantean otra cuestión: qué podría ocurrir si el Partido Popular y Vox negociaran un gobierno de coalición.

Para responder no basta con recordar sus declaraciones públicas. Conviene comparar sus programas electorales de 2026.

Y esa comparación ofrece coincidencias concretas.

Ambos proponen derogar la Ley de Vivienda.

Ambos defienden mantener las centrales nucleares y revisar el calendario de cierre.

Ambos plantean rebajas fiscales, simplificación administrativa y un endurecimiento de la política migratoria.

En materia de ocupación ilegal de viviendas, los dos anuncian procedimientos de desalojo acelerados, aunque con plazos y formulaciones diferentes.

No son programas idénticos, pero existen puntos de encuentro que podrían facilitar acuerdos.

La cuestión se vuelve más interesante cuando examinamos las diferencias.

Vox propone suprimir el arraigo como mecanismo de regularización. El PP plantea conservarlo con carácter excepcional.

Vox establece una prioridad nacional explícita para determinadas prestaciones. El PP propone valorar el arraigo y la contribución a España, pero reconoce expresamente que los criterios deben respetar los límites constitucionales y europeos y no pueden basarse exclusivamente en la nacionalidad.

Hay aproximación política, pero también diferencias jurídicas relevantes.

En otras materias, como la violencia de género, el modelo territorial o determinadas políticas sociales, las discrepancias siguen siendo significativas.

Por tanto, no podemos concluir que ambos programas sean intercambiables.

Sí podemos preguntarnos si contienen suficientes coincidencias y espacios de negociación para construir un programa común.

La cremallera de un posible gobierno

Aquí aparece una hipótesis que merece ser considerada.

¿Y si parte de la redacción de ambos programas facilitara una negociación posterior sin obligar a ninguno de los dos partidos a renunciar expresamente a su discurso ante los electores?

La imagen es la de una cremallera.

Dos piezas distintas, cada una con su forma y sus características, que pueden unirse cuando sus puntos de contacto encuentran el encaje adecuado.

Las coincidencias expresas facilitarían los acuerdos inmediatos.

Las diferencias de intensidad permitirían negociar soluciones intermedias.

Y las materias formuladas con menor concreción podrían dejar margen para aplazar decisiones o pactar regulaciones que ninguno de los dos partidos hubiera anunciado literalmente.

¿Significa esto que PP y Vox han diseñado deliberadamente sus programas para encajarlos después?

No podemos afirmarlo como un hecho demostrado.

La coincidencia entre propuestas no prueba una estrategia concertada, y la ambigüedad de un documento puede tener distintas explicaciones.

Pero la comparación permite plantear una hipótesis política razonable: la compatibilidad de determinadas propuestas puede facilitar un acuerdo de gobierno sin exigir que ambos partidos presenten a sus electores un programa idéntico.

El interrogante decisivo es qué ocurriría con las discrepancias.

¿Qué garantías laborales conservaría un acuerdo?

¿Qué legislación sobre igualdad se mantendría?

¿Qué sucedería con el aborto, la eutanasia y los derechos LGTBI?

¿Qué alcance tendría la prioridad en el acceso a prestaciones?

¿Y cuáles serían los límites que cada partido estaría dispuesto a defender durante una negociación?

Porque el programa con el que se solicita el voto no siempre coincide con el que termina aplicando un gobierno de coalición.

Por eso, las expectativas electorales del 29-N deben examinarse con prudencia. Como planteaba en «29N: no es oro todo lo que reluce», una fotografía electoral no resuelve por sí sola las incógnitas sobre las mayorías y sus posibles acuerdos.

¿ES SENTIDO COMÚN?

Al terminar de leer el programa de Vox, la pregunta inicial adquiere un significado diferente.

No se trata de decidir si cada propuesta es buena o mala porque la presente un partido determinado.

Se trata de exigir explicaciones sobre sus consecuencias.

Los trabajadores tienen derecho a conocer qué garantías conservarían si se derogara la reforma laboral.

Las mujeres tienen derecho a saber qué instrumentos de igualdad y protección seguirían vigentes.

Las personas LGTBI tienen derecho a conocer qué sucedería con las garantías frente a la discriminación.

Los ciudadanos, españoles o extranjeros, tienen derecho a saber cómo cambiarían los requisitos de acceso a prestaciones y servicios.

Y todos tenemos derecho a exigir que las promesas económicas sean suficientemente concretas para poder evaluar su viabilidad.

También tenemos derecho a preguntarnos qué parte de los programas electorales podría convertirse en un acuerdo entre partidos que aspiran a gobernar juntos.

Porque una democracia no consiste únicamente en elegir entre eslóganes.

Consiste en conocer propuestas, valorar sus consecuencias y exigir responsabilidades por las decisiones adoptadas.

El sentido común no se demuestra escribiéndolo en la portada de un programa electoral.

Se demuestra explicando lo que se propone, lo que se pretende cambiar, lo que podría perderse y lo que se ofrece a cambio.

Y, cuando existe la posibilidad de un gobierno compartido, explicando también qué compromisos se está dispuesto a negociar.

Después de todo, quizá la pregunta más importante no sea qué entiende cada partido por sentido común.

Quizá sea otra:

¿ES DE SENTIDO COMÚN ASUMIR RIESGOS PARA DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES SIN CONOCER SUS VERDADERAS CONSECUENCIAS?

viernes, 13 de noviembre de 2026

La costra de la indiferencia

La costra de la indiferencia

Huelgas preventivas, derechos sociales y una sociedad que corre el riesgo de acostumbrarse al sufrimiento ajeno.

Hay algo que me preocupa más que las advertencias sindicales sobre nuevas movilizaciones después de las elecciones del 29 de noviembre.

Me preocupa que hayamos llegado a un punto en el que anunciar la defensa de los derechos de los trabajadores se presente como una amenaza a la democracia, mientras que las políticas que pueden deteriorar esos mismos derechos se consideran simples decisiones de gobierno.

La huelga general del 11 de noviembre ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja discusión: ¿cuándo es legítimo que los sindicatos movilicen a los trabajadores?

Y, sobre todo, ¿quién decide cuándo deben hacerlo?

Rajoy ya sabía que habría una huelga

Todavía recuerdo aquellas palabras de Mariano Rajoy en Bruselas, en enero de 2012, cuando, sin advertir que estaba siendo grabado, reconoció ante el primer ministro finlandés que la reforma laboral le iba a costar una huelga.

No hablaba de una huelga que ya se hubiera producido. Anticipaba la reacción sindical a una reforma laboral que su Gobierno todavía no había aprobado.

Y sabía perfectamente por qué podía producirse.

Pocos días después, su ministro de Economía, Luis de Guindos, describiría aquella reforma como «extremadamente agresiva».

La reforma laboral de 2012, junto con las políticas de austeridad y contención del gasto público de aquellos años, abrió una etapa de profunda confrontación social.

Y ahora me pregunto:

Si Rajoy podía anticipar una huelga antes de aprobar su reforma laboral, ¿por qué resulta tan escandaloso que CCOO y UGT adviertan hoy de nuevas movilizaciones ante posibles recortes?

¿Era entonces una consecuencia previsible de las decisiones gubernamentales y ahora constituye una intolerable injerencia sindical en la política?

No confundamos las cosas.

Los sindicatos no pueden justificar una huelga simplemente porque no les guste el resultado de unas elecciones. Pero tampoco tienen obligación de esperar pasivamente a que se materialicen políticas que consideran perjudiciales para los trabajadores.

Prevenir antes que intentar reparar

Hay una lección que he aprendido durante tantos años de actividad sindical: resulta mucho más difícil recuperar un derecho perdido que defenderlo antes de que desaparezca.

Las huelgas correctivas, aquellas que intentan revertir decisiones ya adoptadas, se enfrentan con frecuencia a obstáculos que no existían antes de la aprobación de esas medidas.

Una reforma entra en vigor, las empresas adaptan sus prácticas, se modifican las relaciones laborales y las nuevas condiciones empiezan a consolidarse.

Lo que inicialmente se presentó como excepcional puede terminar convirtiéndose en habitual.

La reforma laboral de 2012 constituye un ejemplo ilustrativo. Hubo una importante respuesta sindical y social, pero aquellas movilizaciones no consiguieron impedir su aplicación. Años después, la reforma laboral de 2021 modificó aspectos sustanciales de aquel marco, aunque no lo derogó íntegramente.

No sostengo que las huelgas correctivas sean inútiles. Sería absurdo. Pero sí considero que debemos reflexionar sobre sus limitaciones cuando el perjuicio ya se ha producido.

La huelga preventiva no pretende corregir una injusticia consumada, sino impedir que llegue a producirse.

Y tiene otra virtud que considero incluso más importante.

Informar también es movilizar

Una reforma laboral, una modificación del sistema de pensiones o un recorte de los servicios públicos pueden presentarse mediante expresiones técnicas, argumentos económicos y promesas de eficiencia cuyo verdadero alcance no siempre resulta comprensible para quienes terminarán soportando sus consecuencias.

La movilización previa permite explicar qué se pretende cambiar, a quién afecta, qué derechos pueden verse comprometidos y qué alternativas existen.

Permite organizar asambleas, celebrar debates, contrastar argumentos y trasladar a la ciudadanía información que, de otro modo, podría quedar limitada a los comunicados oficiales y a las interpretaciones de los medios de comunicación.

Naturalmente, esa información debe ser rigurosa. Informar no es manipular, y la credibilidad sindical exige fundamentar las críticas y reconocer los posibles beneficios de una medida cuando existan.

Pero una sociedad informada está en mejores condiciones de defender sus derechos que una sociedad que descubre lo que ha perdido cuando ya es demasiado tarde.

Además, una movilización preventiva no tiene por qué perseguir exclusivamente la retirada completa de una medida.

Puede conseguir que se modifique, que se negocien garantías, que se introduzcan excepciones justificadas o que se atenúen sus consecuencias más perjudiciales.

Es decir, puede contribuir a abortar una reforma lesiva o, cuando menos, modular su alcance.

Y hay una consecuencia adicional.

Cuando una movilización explica que un recorte aparentemente ajeno puede terminar afectando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos o a nosotros mismos, está haciendo algo más que defender intereses laborales.

Está reconstruyendo vínculos de solidaridad.

Una huelga preventiva puede conseguir tres cosas que una huelga correctiva encuentra más difíciles: informar antes de que se decida, movilizar antes de que se consolide y negociar antes de que el daño esté hecho.

Y quizá una cuarta: romper la costra de indiferencia antes de que el problema deje de ser una amenaza para convertirse en un drama humano.

La independencia también se demuestra dentro de casa

Participé en las movilizaciones sindicales contra gobiernos del PSOE y del PP. Nunca entendí que la defensa de los derechos de los trabajadores debiera depender del color político de quien ocupase la Moncloa.

Recuerdo la huelga general de diciembre de 1988 contra el Gobierno de Felipe González. Y recuerdo las movilizaciones contra las políticas laborales y sociales de los gobiernos del Partido Popular.

Pero mi independencia de criterio tampoco terminó a las puertas de mi propia organización sindical.

En una ocasión, junto con otros compañeros, cuestionamos determinadas actuaciones de nuestro sindicato porque considerábamos que se apartaban de su ideario, de la razón y del sentido común.

La respuesta fue una denuncia contra nosotros ante la Comisión de Garantías y la suspensión de nuestra militancia.

Durante diez meses permanecimos suspendidos. Finalmente, el órgano de garantías resolvió a nuestro favor.

No cuento este episodio para ajustar cuentas con nadie ni para reivindicar méritos personales. Lo hago porque ilustra una convicción que he mantenido durante toda mi trayectoria sindical.

La lealtad a una organización no consiste en obedecer incondicionalmente a quienes la dirigen, sino en defender los principios que justifican su existencia, incluso cuando hacerlo tiene consecuencias personales.

Un sindicato no pertenece a sus dirigentes. Pertenece a sus afiliados y debe funcionar conforme a sus normas, sus valores y sus procedimientos democráticos.

Como tampoco un país pertenece a un partido político, a un Gobierno ni a determinados ciudadanos que se atribuyen el privilegio de ser más españoles que los demás.

España no es patrimonio exclusivo de quienes gobiernan, de quienes aspiran a gobernar ni de quienes pretenden monopolizar sus símbolos, su historia o su identidad.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, en su conjunto, como establece nuestra Constitución. Y ese pueblo es plural, diverso y está formado por ciudadanos que no tienen por qué pensar, votar ni sentir de la misma manera.

Gobernar un país no significa poseerlo. Amar a España no concede el derecho a excluir de ella a quienes piensan diferente.

Por eso, cuando defiendo el sindicalismo, no estoy defendiendo ciegamente unas siglas ni justificando cualquier actuación de sus responsables.

Defiendo una herramienta colectiva imprescindible para equilibrar las relaciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores.

Y precisamente porque creo en ella, considero que debe estar sometida a la crítica, al control democrático y a sus propios mecanismos de garantías.

Porque la independencia sindical también exige independencia dentro del sindicato.

Y la lealtad democrática exige algo semejante: ser fiel a los principios constitucionales y a los derechos de todos, no obedecer incondicionalmente a quienes circunstancialmente ejercen el poder.

Cuando escuchar se sustituye por descalificar

Hay algo que me resulta especialmente preocupante de las reacciones políticas a la huelga del 11 de noviembre.

Cuando los trabajadores reclaman salarios dignos, cuando los jóvenes denuncian que no pueden acceder a una vivienda y cuando las organizaciones sindicales exigen participar en las decisiones que afectan a millones de ciudadanos, la respuesta debería ser escuchar, debatir y, cuando resulte posible, negociar.

Pero hemos asistido a declaraciones en las que los argumentos han sido desplazados por descalificaciones.

Isabel Díaz Ayuso ha hablado de «mafia sindical» y «basura sindical», y ha pedido acabar con lo que considera abusos de los sindicatos. Miguel Tellado ha calificado la convocatoria de «huelga electoral», presentándola como un servicio de las organizaciones sindicales al Gobierno de Pedro Sánchez.

Santiago Abascal fue todavía más lejos. Se refirió a quienes, según él, amenazaban a los trabajadores durante la huelga como «milicias criminales de Pedro Sánchez y de sus sindicatos comprados con el dinero de los trabajadores españoles».

Es legítimo denunciar las amenazas, las coacciones y los comportamientos violentos que puedan producirse durante una huelga.

Pero no lo es confundir esas conductas con el ejercicio pacífico de un derecho fundamental.

Y ahí reside el problema de utilizar expresiones que pueden proyectar una sospecha generalizada sobre la actividad sindical.

Y me pregunto:

¿Qué problema social se resuelve llamando mafia a quienes protestan?

¿Qué alquiler se abarata?

¿Qué salario mejora?

¿Qué servicio público se fortalece?

Ninguno.

Cuando no se quiere discutir sobre las reivindicaciones, resulta más cómodo desacreditar a quienes las formulan.

Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de una jornada de huelga.

Porque si conseguimos que una parte de la sociedad contemple a los sindicatos como organizaciones ilegítimas, cualquier reivindicación que promuevan llegará debilitada al debate público, por justa que pueda ser.

La crítica sindical es legítima. La discrepancia política también.

Pero reducir la protesta a una supuesta conspiración partidista, sin examinar sus demandas, no contribuye a resolver los conflictos sociales.

Primero se desacredita al interlocutor. Después se desatienden sus argumentos. Y finalmente se presenta su protesta como un problema, en lugar de preguntarse por los problemas que la han provocado.

Los derechos fundamentales no son concesiones del Gobierno

A algunos parece traicionarles el subconsciente cuando prometen acabar con los piquetes informativos.

Quizá olvidan que no estamos hablando de una concesión graciosa del Gobierno de turno, sino de una actividad que, cuando se desarrolla pacíficamente, está amparada por el derecho fundamental de huelga reconocido en nuestra Constitución.

El artículo 28.2 reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. El artículo 28.1 garantiza la libertad sindical.

Y el Tribunal Constitucional ha reconocido que la información, la propaganda y la persuasión pacífica desarrolladas por los piquetes forman parte del ejercicio protegido del derecho de huelga.

Naturalmente, la violencia, las amenazas y las coacciones no quedan amparadas por ese derecho.

Pero informar, persuadir pacíficamente y solicitar solidaridad son actuaciones legítimas.

Por eso, cuando un dirigente político anuncia que acabará con los piquetes que cierran negocios, convendría preguntarle si pretende combatir conductas ilícitas o restringir también actividades informativas pacíficas.

Porque son cosas muy distintas.

La Constitución no protege solamente el derecho a trabajar. También protege el derecho a dejar de hacerlo colectivamente para defender los intereses de los trabajadores.

Y una democracia saludable no debería temer que los trabajadores se organicen.

Debería preocuparse cuando dejan de encontrar cauces para hacerse escuchar.

La costra de la indiferencia

Después de tantos años de actividad sindical, hay algo que me preocupa incluso más que la posibilidad de nuevos recortes.

Es la indiferencia.

Si tuviera que señalar uno de los mayores triunfos del conservadurismo más radical, no lo situaría exclusivamente en sus resultados electorales, sino en su capacidad para sembrar la desconfianza, alimentar el enfrentamiento entre quienes comparten dificultades y debilitar los vínculos de solidaridad colectiva.

Han conseguido enfrentar al pobre contra el miserable, al de aquí contra el de fuera, al trabajador contra el desempleado, al pensionista contra el joven y al empleado público contra el trabajador de la empresa privada.

Como si el problema de quien apenas llega a fin de mes fuera aquel que todavía tiene menos.

Como si la precariedad del vecino explicase la nuestra.

Como si los derechos de unos fueran necesariamente privilegios arrebatados a otros.

Y, mientras discutimos entre nosotros por las migajas, dejamos de preguntarnos quién se queda con la mayor parte del pastel.

En ese clima, el sindicalismo se convierte en un blanco especialmente conveniente.

Durante años se ha alimentado una imagen de las organizaciones sindicales construida a base de generalizaciones, descalificaciones y maledicencias.

Los errores de algunos dirigentes, que deben investigarse y criticarse cuando corresponda, se han utilizado demasiadas veces para desacreditar a organizaciones enteras y, por extensión, la propia acción sindical.

Y esa deslegitimación tiene consecuencias.

Poco a poco, una parte de la sociedad parece haber desarrollado una especie de costra que la protege de la incomodidad de contemplar el sufrimiento ajeno.

Nos acostumbramos a que haya trabajadores que no llegan a fin de mes.

A que los jóvenes no puedan emanciparse.

A que una familia pierda su vivienda.

A que una persona tenga empleo y, sin embargo, viva en la precariedad.

Son situaciones que deberían conmovernos, indignarnos y empujarnos a buscar soluciones colectivas.

Pero terminan convertidas en cifras, estadísticas o noticias que desaparecen con el siguiente titular.

Y cuando una sociedad deja de conmoverse ante el sufrimiento de sus semejantes, empieza a perder algo más importante que su bienestar: pierde su sentido de comunidad.

Las crisis se socializan y las bonanzas se capitalizan

Y detrás de todo esto hay una cuestión que deberíamos afrontar sin rodeos.

En este país hemos distribuido mal.

No se trata únicamente de cuánto se reparte, sino también de quién soporta los sacrificios y quién recoge los beneficios.

Porque hemos asistido demasiadas veces a una paradoja que parece haberse convertido en una regla no escrita de nuestro sistema económico:

Las crisis se socializan y las bonanzas se capitalizan.

Cuando llegan las dificultades, se invoca la responsabilidad colectiva.

Se exige moderación salarial, se justifican recortes, se contienen las prestaciones y se reclama a los ciudadanos que acepten sacrificios por el bien común.

Pero cuando regresa la prosperidad, cuando crecen los beneficios empresariales y se recuperan los indicadores económicos, aquella responsabilidad colectiva parece diluirse.

Los beneficios pueden concentrarse mientras las mejoras salariales, los servicios públicos y las oportunidades no avanzan en la misma proporción.

No siempre ocurre así, ni todas las empresas ni todos los sectores se comportan de igual manera. Pero el desequilibrio existe y merece ser examinado.

Porque resulta difícil pedir solidaridad en las pérdidas y olvidarse de ella en las ganancias.

Y todavía resulta más difícil justificar que quienes menos tienen deban enfrentarse entre sí para disputar una porción cada vez más insuficiente de la riqueza que contribuyen a generar.

No hablo solamente de repartir dinero. Hablo de cómo se distribuyen los frutos del crecimiento económico, las oportunidades, los sacrificios y las cargas que soporta cada generación.

Una economía puede crecer mientras una parte de sus ciudadanos siente que retrocede.

Podemos mejorar los indicadores macroeconómicos y, simultáneamente, comprobar que demasiadas personas no perciben esa mejoría en su vida cotidiana.

Y cuando eso ocurre, no basta con explicarles que la economía va bien.

Hay que preguntarse por qué sus vidas no mejoran en la misma proporción.

Porque el verdadero éxito de una sociedad no debería medirse únicamente por la riqueza que es capaz de producir, sino también por su capacidad para distribuirla con justicia.

El silencio no es paz social

No creo que esa indiferencia pueda mantenerse indefinidamente.

Porque los problemas que no se resuelven no desaparecen. Se acumulan.

Y cuando las dificultades materiales afectan cada vez a más personas, cuando trabajar deja de garantizar unas condiciones de vida dignas y cuando las expectativas de progreso se frustran, la conflictividad social encuentra nuevos motivos para crecer.

Por eso pienso que, más temprano que tarde, podemos asistir a una intensificación de las movilizaciones sindicales y sociales.

No necesariamente porque los sindicatos quieran aumentar la confrontación, sino porque una parte creciente de la sociedad puede llegar a considerar que no encuentra otras vías eficaces para hacerse escuchar.

Y convendría recordar algo que la historia nos ha enseñado repetidamente.

Las huelgas no son una fiesta. Suponen sacrificios económicos, tensiones personales y responsabilidades colectivas.

Pero muchos de los derechos que hoy consideramos normales no fueron concesiones espontáneas del poder.

Se conquistaron mediante organización, negociación, movilización y, cuando fue necesario, huelgas.

Los sindicatos no crean las injusticias contra las que se movilizan. Pueden contribuir a hacerlas visibles, denunciarlas y combatirlas.

Por eso, antes de preguntarnos si habrá nuevas huelgas después del 29 de noviembre, quizá deberíamos preguntarnos qué políticas podrían evitarlas.

Porque la paz social no se consigue desacreditando a quienes protestan.

Se construye evitando que existan razones cada vez más poderosas para hacerlo.

Gobernar es escuchar, dialogar y negociar

Y quiero terminar con una reflexión que considero fundamental.

Nadie puede pretender gobernar un país democrático, plural y socialmente complejo sin escuchar, dialogar y negociar con los agentes sociales. Con todos los agentes sociales.

Con los sindicatos, que representan y defienden los intereses de los trabajadores.

Con las organizaciones empresariales, que participan en la actividad económica, la inversión y la creación de empleo.

Con las organizaciones agrarias, los representantes de los autónomos, las asociaciones vecinales, las organizaciones de consumidores, los colectivos juveniles, las plataformas sociales y cuantas entidades expresen intereses legítimos de nuestra sociedad.

Cada cual en su ámbito, con su representatividad y conforme a las responsabilidades que le corresponden.

Escuchar a todos no significa que todos tengan razón, ni que cualquier reivindicación deba aceptarse.

Tampoco significa que un Gobierno deba renunciar a su programa electoral o a las responsabilidades que le han confiado los ciudadanos.

Significa comprender que una mayoría parlamentaria otorga legitimidad para gobernar, pero no concede el monopolio de la razón ni convierte el diálogo social en una cortesía prescindible.

La negociación implica escuchar argumentos que no siempre nos gustan, aceptar que nuestras propuestas pueden mejorarse y reconocer que, en ocasiones, el acuerdo exige modificar nuestras posiciones iniciales.

Y también exige responsabilidad a los interlocutores sociales: representar honestamente a quienes dicen representar, formular propuestas viables y mantener su independencia respecto del poder político.

No siempre será posible alcanzar acuerdos. Habrá discrepancias profundas y decisiones que corresponderá adoptar legítimamente al Gobierno y al Parlamento.

Pero una cosa es negociar y no alcanzar un acuerdo, y otra muy distinta es despreciar al interlocutor, descalificarlo o negarle legitimidad para participar.

La democracia no termina cuando se cierran las urnas. Continúa cada día en las instituciones, en los centros de trabajo, en la negociación colectiva y en los espacios donde la sociedad expresa sus necesidades.

Por eso, cuando algunos dirigentes políticos parecen contemplar a los agentes sociales como un obstáculo para gobernar, quizá deberían recordar que esos agentes representan intereses, preocupaciones y aspiraciones de millones de ciudadanos.

No son una molestia que haya que apartar del camino.

Son parte de la sociedad a la que se pretende gobernar.

Y si algo he aprendido durante mi vida sindical es que la autoridad no se fortalece imponiendo silencio, sino ganando legitimidad mediante el respeto, la negociación y el cumplimiento de los compromisos.

Porque gobernar no es mandar sobre una sociedad resignada.

Gobernar es asumir la responsabilidad de construir acuerdos en una sociedad que tiene derecho a discrepar.

Y si algún día dejamos de escuchar a quienes nos advierten de sus problemas, quizá descubramos demasiado tarde que aquella aparente tranquilidad no era paz social.

Era, sencillamente, la costra de la indiferencia.

Una costra que ninguna democracia debería permitirse conservar.