El 29 de noviembre, entre la memoria, el desencanto y el futuro
Me resisto a creer que España se haya cansado de la democracia. Me resisto a pensar que una sociedad que tanto tuvo que recorrer para conquistar sus libertades haya decidido, de repente, abrazar mayoritariamente postulados ultraconservadores. No me lo creo. O, al menos, necesito encontrar una explicación más convincente.
Y, sin embargo, algo está ocurriendo.
El próximo 29 de noviembre tenemos una cita con las urnas que considero trascendental. No porque cualquier elección carezca de importancia, sino porque esta podría dar paso a una situación inédita en nuestra democracia constitucional: la incorporación de un partido situado en la ultraderecha al Gobierno de España, ocupando sus representantes los sillones azules del Congreso de los Diputados.
No hablo de una posibilidad remota inventada para infundir miedo. Hablo de un escenario contemplado por encuestas que atribuyen al Partido Popular y a Vox una representación conjunta próxima a los doscientos diputados, e incluso superior en algunas estimaciones.
Doscientos diputados. Conviene detenerse un momento en esa cifra.
Son muchos escaños, mucho poder parlamentario y una considerable capacidad para modificar leyes, aprobar presupuestos y orientar las políticas públicas. No es un poder ilimitado, naturalmente. La Constitución impone garantías que ninguna mayoría ordinaria puede eludir. Pero tampoco debemos confundir esas garantías con la imposibilidad de transformar profundamente nuestro modelo social.
Porque una cosa es no poder suprimir las comunidades autónomas sin una reforma constitucional y otra muy distinta es no poder modificar buena parte de la legislación que regula las relaciones laborales, la fiscalidad, la vivienda, la protección social o los servicios públicos.
Y aquí surge mi primera pregunta: ¿somos verdaderamente conscientes de lo que puede cambiar con una mayoría parlamentaria de semejante magnitud?
Durante los últimos ocho años, España ha conocido gobiernos presididos por Pedro Sánchez y, desde enero de 2020, gobiernos de coalición progresista. Un periodo atravesado por acontecimientos extraordinarios: la pandemia, la erupción volcánica de La Palma, la dana de Valencia y sucesivas crisis internacionales.
No han sido años fáciles. Tampoco han faltado errores, controversias, incumplimientos y motivos legítimos de crítica.
Pero sería igualmente injusto ignorar los avances.
España ha alcanzado cifras históricas de ocupación. En el segundo trimestre de 2026 se aproximaba a los 22,8 millones de personas empleadas y la tasa de paro descendía al 9,87 %. El salario mínimo interprofesional ha pasado de los 735,90 euros mensuales de 2018 a los 1.221 euros de 2026, en catorce pagas. Se ha reformado la legislación laboral, se han adoptado medidas de protección del empleo y se ha recuperado la actualización de las pensiones conforme al IPC.
No son opiniones. Son hechos contrastables.
¿Significa eso que todo marcha bien? Naturalmente que no.
La vivienda se ha convertido en un problema angustioso. Hay trabajadores que, aun teniendo empleo, encuentran enormes dificultades para independizarse. El encarecimiento de la vida reduce la percepción de las mejoras salariales. Y, según los datos de 2025, más de una cuarta parte de la población española continúa en riesgo de pobreza o exclusión social.
De poco sirve proclamar que la economía crece si quien escucha tiene dificultades para pagar el alquiler.
Pero precisamente por eso deberíamos ser capaces de distinguir entre lo conseguido, lo pendiente y lo que propone cada alternativa política.
¿Por qué, entonces, la mejora de tantos indicadores no se traduce necesariamente en una mayor confianza electoral?
Creo que una parte de la respuesta está en el clima político que hemos ido construyendo —o permitiendo que se construya— durante estos años.
La discrepancia, indispensable en democracia, ha ido acompañándose de una creciente confrontación personal. El adversario político deja de ser alguien que propone soluciones distintas y pasa a convertirse, para algunos discursos, en un enemigo al que hay que desacreditar.
El insulto sustituye al argumento. La sospecha suplanta a la prueba. El bulo viaja más deprisa que su desmentido. Y la repetición termina dando apariencia de certeza a afirmaciones que quizá nunca debieron superar el primer examen de veracidad.
No pretendo repartir responsabilidades por igual ni disculpar comportamientos concretos. Cada formación y cada dirigente deben responder por sus propias palabras y actuaciones.
Pero sí me preocupa que hayamos normalizado una manera de hacer política en la que parece importar más destruir la credibilidad del contrario que explicar las virtudes del proyecto propio.
En ese contexto, merece una reflexión particular la evolución del Partido Popular.
El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy perdió la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura aprobada por el Congreso, después de conocerse la sentencia del caso Gürtel. Fue un procedimiento plenamente constitucional.
Tengo la impresión de que aquel acontecimiento dejó una profunda herida política en el PP, aunque sería aventurado atribuir a esa circunstancia, por sí sola, toda su evolución posterior.
Lo que sí podemos observar son sus acuerdos con Vox y la creciente presencia de esta formación en el debate sobre las posibles mayorías de gobierno.
Un Partido Popular que históricamente aspiró a representar un amplio espacio de centroderecha se encuentra hoy ante el desafío de competir electoralmente con una derecha más radical y, al mismo tiempo, contemplarla como posible socio.
¿Hasta dónde puede llevar esa relación? ¿Qué parte de sus respectivos programas prevalecería en un eventual acuerdo de gobierno?
No son preguntas menores.
Vox ha defendido la sustitución del Estado autonómico por un Estado unitario, administrativamente descentralizado. Es una propuesta que afectaría a elementos esenciales de nuestra organización constitucional y que exigiría, para llevarse a cabo plenamente, una reforma de la Constitución.
Defender una reforma constitucional es legítimo. Pero también lo es examinar sus consecuencias y discrepar profundamente de ella.
Porque la democracia consiste precisamente en poder confrontar modelos de sociedad, no en dar por supuesto que todos son equivalentes.
Y aquí aparece otro fenómeno que considero extraordinariamente dañino: el mantra de que todos los políticos son iguales.
¡Cuántas veces lo habremos leído o escuchado!
Todos son iguales. Todos prometen. Todos engañan. Todos buscan lo mismo. Da igual quién gobierne.
A fuerza de repetirlo, esa afirmación puede terminar convirtiéndose en una explicación cómoda de cualquier frustración.
Si todos son iguales, ¿para qué interesarse por sus programas? ¿Para qué comprobar qué votan en el Parlamento? ¿Para qué distinguir entre quien aprueba una disposición y quien se opone a ella?
Y, finalmente, ¿para qué votar?
No estoy diciendo que el desencanto sea inventado. Hay motivos reales para la decepción política, y los gobernantes harían mal en ignorarlos.
Pero convertir la legítima desconfianza en la convicción de que ninguna decisión política puede cambiar nada equivale a privar a la ciudadanía de una parte fundamental de su poder democrático.
La abstención adquiere aquí una importancia extraordinaria.
Millones de personas no participan en las elecciones. Unas por desencanto, otras por desinterés, por protesta o por circunstancias personales. Sería injusto reducir todas esas conductas a indiferencia.
Pero el resultado práctico es que las decisiones terminan adoptándose con los votos de quienes sí participan.
No sabemos cómo votarían los abstencionistas si acudieran a las urnas, ni debemos atribuirles de antemano una determinada ideología. Lo que sí sabemos es que su ausencia también condiciona la representación parlamentaria.
Y me pregunto si hemos hecho lo suficiente para comprender por qué tantos ciudadanos han dejado de sentirse protagonistas de la vida pública.
En mis recorridos por las redes sociales encuentro, además, otro problema que me inquieta: el desconocimiento del funcionamiento de nuestras instituciones.
Es frecuente comprobar cómo se atribuyen al Gobierno central responsabilidades que corresponden principalmente a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. Y también sucede lo contrario.
Pensemos en los incendios forestales o en las inundaciones de Valencia.
Las comunidades autónomas tienen responsabilidades esenciales en la prevención y extinción de incendios y en la dirección ordinaria de muchas emergencias. El Estado, por su parte, dispone de competencias y medios de apoyo, coordinación y, en determinadas circunstancias, dirección nacional.
Son responsabilidades diferentes, aunque relacionadas.
Sin embargo, demasiadas veces la exigencia de responsabilidades parece depender menos de las competencias legales que de la simpatía o antipatía política hacia quien gobierna cada administración.
Si gobierna alguien de los míos, buscamos explicaciones. Si gobierna alguien de los otros, buscamos culpables.
Y así resulta muy difícil ejercer un control democrático verdaderamente informado.
Por eso considero que la cultura institucional debería ser una responsabilidad permanente del Estado, entendido en todos sus niveles: local, autonómico y estatal.
No para enseñar a nadie a pensar políticamente de una determinada manera, sino para enseñar cómo funciona nuestro sistema democrático.
Quién legisla. Quién ejecuta. Quién financia. Quién gestiona. Quién responde. Qué es una ley ordinaria, una ley orgánica o una reforma constitucional. Qué pueden hacer los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno de España.
Y, sobre todo, cómo podemos los ciudadanos exigir responsabilidades con conocimiento.
La democracia necesita electores, pero también necesita ciudadanos informados durante los cuatro años que transcurren entre unas elecciones y otras.
No basta con enseñar dónde se introduce una papeleta. Hay que comprender qué decisiones pueden adoptarse gracias a ella.
Y volvemos al principio.
No creo que España se haya cansado de ser democrática. Creo que una parte de la sociedad puede estar cansada, frustrada, desconfiada y, en ocasiones, insuficientemente informada sobre el alcance de sus propias decisiones políticas.
Tampoco creo que debamos interpretar automáticamente unas encuestas favorables a la derecha como la prueba de que España se ha convertido en una sociedad mayoritariamente ultraconservadora.
Hay desplazamientos de voto, desencanto, problemas materiales, diferencias generacionales, debates identitarios y muchos otros factores que merecen analizarse sin simplificaciones.
Pero el próximo 29 de noviembre habrá que convertir todas esas inquietudes en una decisión electoral.
No pretendo decirle a nadie a quién debe votar. Ni siquiera que tenga que compartir mis preocupaciones.
Lo que sí deseo es que conozca las diferencias entre los proyectos políticos, las consecuencias posibles de sus propuestas y los límites que establece nuestra Constitución.
Porque las urnas no deciden solamente quién aparece en la fotografía del próximo Consejo de Ministros. Determinan también quién podrá impulsar, mantener o modificar las leyes que ordenan buena parte de nuestra convivencia.
Y termino con una última reflexión.
Tal vez el problema no sea que hayamos dejado de apreciar la democracia.
Tal vez el problema sea que, entre tanto ruido, tanta descalificación y tanta frustración, estamos olvidando para qué sirve, cómo funciona y cuánto ha costado construirla.
El 29 de noviembre llegará, votaremos quienes decidamos hacerlo y las urnas hablarán.
Pero el verdadero examen democrático no estará solamente en aceptar su resultado. También estará en nuestra capacidad para comprenderlo, vigilar a quienes gobiernen y exigirles que respeten los derechos, las instituciones y las reglas de convivencia que nos pertenecen a todos.
Porque la democracia no es propiedad de quien gana unas elecciones. Ni deja de ser responsabilidad de quienes las pierden. Es patrimonio de toda la ciudadanía.
El Rincón de Kurro
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