De Aznar en el rancho de Bush a Sánchez ante Naciones Unidas. Cuatro presidentes, distintas maneras de ejercer el poder y una reflexión sobre la dignidad política, el respeto democrático y la memoria.
A veces, por estas redes, alguien me pregunta si no siento vergüenza del presidente del Gobierno que tenemos.
La pregunta suele llegar acompañada de algún insulto, una descalificación personal o una de esas sentencias rotundas que pretenden sustituir a los argumentos. Como si el patriotismo se midiera por la intensidad con la que uno desprecia al presidente cuando no pertenece a su cuerda política.
Pues bien, la pregunta me ha hecho recordar otra época.
Y otra vergüenza.
Cuando España se hizo tejana
Recuerdo a José María Aznar junto a George W. Bush. Recuerdo aquella fotografía de los pies sobre la mesa, el puro y la familiaridad exhibida con el presidente de la primera potencia mundial. Y recuerdo especialmente su comparecencia en el rancho de Crawford, Texas, el 22 de febrero de 2003.
Son imágenes de momentos distintos, pero forman parte de una misma etapa política.
Y recuerdo aquel peculiar acento estadounidense de Aznar, que a mis oídos parecía más propio de alguien empeñado en convertirse en tejano de adopción que de un presidente español compareciendo ante la prensa internacional.
Aquello me produjo una considerable vergüenza ajena.
No porque un presidente español deba hablar inglés con una pronunciación impecable. Ni mucho menos. A mí no me preocupa el acento de nuestros gobernantes, sino lo que dicen, lo que hacen y los intereses que defienden.
Lo que me incomodaba era la imagen de un presidente que parecía confundir la relevancia internacional de España con la proximidad personal al hombre más poderoso del planeta.
Pero lo verdaderamente grave no estaba en la pronunciación.
Estaba en Irak.
El problema no era cómo hablaba. Era lo que se estaba decidiendo
Aquel 22 de febrero de 2003, Bush recibió a Aznar en Crawford. Ambos defendieron públicamente la necesidad de desarmar a Sadam Husein.
La transcripción oficial de aquella comparecencia, conservada en los archivos de la Casa Blanca, permite comprobar el tono de sus declaraciones y la posición que ambos mantenían ante Irak.
Apenas unas semanas después, la invasión se convertiría en una realidad.
En septiembre de 2007 conocimos, a través de la publicación de un acta diplomática de aquella reunión, detalles de las conversaciones que habían mantenido ambos dirigentes.
Los preparativos militares estadounidenses estaban muy avanzados. Se hablaba de plazos para la intervención, de resoluciones de Naciones Unidas y de cómo afrontar la oposición que la guerra despertaba en distintos países.
Tambiéŕn en España.
Millones de ciudadanos se habían manifestado contra aquella intervención. No era una protesta marginal ni una ocurrencia de unos cuantos agitadores. Era una movilización social extraordinaria que expresaba un rechazo profundo a una guerra cuyas justificaciones acabarían seriamente desacreditadas.
El Gobierno español, sin embargo, continuó respaldando políticamente la estrategia de Washington.
Pocas semanas después llegó la fotografía de las Azores.
Bush, Blair y Aznar escenificaron una alianza que precedió inmediatamente a la invasión.
Sus defensores sostuvieron que aquella posición respondía a la responsabilidad internacional de España y a sus compromisos con los aliados.
Yo la consideré entonces, y sigo considerándola, un grave error político y moral.
Las armas de destrucción masiva, cuya existencia nos aseguraba aquel pseudotejano y que ocuparon el centro de la justificación de la guerra, no aparecieron. Las consecuencias humanas y geopolíticas de aquella intervención fueron devastadoras.
Por eso, cuando recuerdo el rancho de Crawford, el acento tejano es casi lo de menos.
Era la expresión más pintoresca de algo que me preocupaba bastante más: una manera de entender el prestigio internacional de España excesivamente ligada a la cercanía con el poder estadounidense.
Y siempre he pensado que la importancia de un país no se mide por la confianza personal que su presidente consiga despertar en otro mandatario.
Zapatero: también hay una manera de estar en política
Y ya que hablamos de dignidad institucional, hay otra escena que siempre me ha parecido reveladora.
Noviembre de 2007. Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile.
Hugo Chávez arremete contra José María Aznar y lo califica de fascista.
¿Quién sale en defensa del expresidente español?
José Luis Rodríguez Zapatero.
El mismo Zapatero que había combatido políticamente el apoyo de Aznar a la guerra de Irak. El mismo que, tras llegar al Gobierno en abril de 2004, había ordenado retirar las tropas españolas de aquel país.
Zapatero no compartía las ideas de Aznar. Lo dejó perfectamente claro.
Pero recordó que había sido elegido democráticamente por los españoles y exigió respeto para él.
Aquello marcaba un estilo.
Y, aunque el célebre «¿Por qué no te callas?» del rey Juan Carlos acabó acaparando los titulares, para mí lo verdaderamente importante fue la intervención del presidente del Gobierno.
Zapatero defendió a un adversario político ante un mandatario extranjero.
No defendió sus decisiones. No justificó su actuación en Irak. No renunció a sus convicciones.
Defendió la legitimidad democrática de quien había presidido España.
Y demostró que es posible discrepar profundamente sin convertir al adversario en un enemigo al que todo está permitido.
Esa actitud me sigue pareciendo digna de reconocimiento.
Reconocer los aciertos no obliga a justificar los errores
Y ahora imagino a algunos lectores preparando ya la réplica.
«¿Y Zapatero? ¿Qué me dices de Zapatero y sus problemas judiciales?».
Pues hablemos también de Zapatero.
Considero que fue un gran presidente del Gobierno, especialmente por su contribución a la ampliación de los derechos sociales y civiles.
Durante sus mandatos se aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia de 2006 y otras importantes medidas legislativas en materia de igualdad.
Y retiró las tropas españolas de Irak, cumpliendo uno de sus compromisos electorales más relevantes.
Son decisiones que forman parte de nuestra historia democrática y que merecen ser reconocidas.
Pero eso no significa que comparta toda su gestión.
Siempre he sido crítico con la forma en que afrontó la crisis económica sobrevenida a partir de 2008.
Y quiero explicar por qué.
No ignoro que aquella crisis tuvo un alcance internacional extraordinario. Tampoco que obligó a numerosos gobiernos europeos, de diferentes orientaciones políticas, a adoptar decisiones difíciles.
Mi discrepancia no consiste en negar esas circunstancias.
Consiste en cómo considero que debió responder políticamente a ellas.
La situación económica había cambiado de forma radical respecto de aquella en la que Zapatero obtuvo la confianza de los electores.
Las medidas que terminó aplicando, especialmente a partir de 2010, se apartaban sustancialmente del programa con el que el PSOE había concurrido a las elecciones.
Siempre he pensado que debió explicar con absoluta claridad a los españoles la gravedad de lo que estaba sucediendo, las alternativas existentes y las consecuencias de las decisiones que consideraba necesarias.
Y, sobre todo, creo que debió convocar elecciones.
No porque la Constitución lo obligara, sino porque aquellas medidas suponían, a mi juicio, una modificación tan profunda del compromiso electoral que merecían una nueva legitimación democrática.
Si las circunstancias te obligan a gobernar con un programa sustancialmente diferente del que ofreciste a los ciudadanos, lo políticamente adecuado es pedirles nuevamente su confianza.
Esa era mi opinión entonces.
Y sigue siéndolo ahora.
¿Y las cuestiones judiciales que puedan afectar a Zapatero?
Mi criterio es exactamente el mismo que aplicaría a cualquier otro ciudadano.
Que se investigue cuanto deba investigarse. Que los tribunales trabajen con independencia. Que se respeten las garantías procesales y la presunción de inocencia. Y que, si se acreditan responsabilidades, se exijan conforme a la ley.
Ni sus aciertos políticos le conceden inmunidad ni una investigación permite anticipar una condena.
No necesito convertir a Zapatero en un santo para reconocer sus méritos.
Ni necesito borrar sus aciertos para criticar sus errores.
Rajoy: la dignidad también se pone a prueba en la derrota
Y esa misma vara de medir debe aplicarse a Mariano Rajoy.
Se puede discrepar de sus políticas, criticar su gestión económica y cuestionar sus decisiones sin recurrir a la humillación personal.
Recuerdo, por ejemplo, aquella tarde del 31 de mayo de 2018, cuando se debatía en el Congreso la moción de censura que terminaría desalojándolo de La Moncloa.
Rajoy pasó buena parte de aquellas horas en el restaurante Arahy, mientras el debate parlamentario continuaba sin su presencia.
La escena me pareció poco afortunada.
Comprendo que afrontar una derrota política de semejante magnitud no debe resultar sencillo. Pero precisamente en esos momentos se pone a prueba la manera de ejercer una responsabilidad institucional.
Habría preferido verlo permanecer en el Congreso, escuchar las intervenciones y afrontar políticamente lo que estaba sucediendo.
La documentación parlamentaria de la moción de censura recoge su tramitación y aprobación el 1 de junio de 2018.
Es una crítica a su comportamiento en aquel momento, no una invitación a despreciarlo.
Porque la dignidad institucional no debería depender de si quien ocupa el cargo pertenece al partido al que uno vota.
Pedro Sánchez: resistir, negociar y gobernar en tiempos difíciles
Y llegamos al presente.
Veo a Pedro Sánchez intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas, defender el multilateralismo, reivindicar la legalidad internacional y hablar de paz, cooperación y derechos humanos.
Su intervención del 23 de septiembre de 2026 ante Naciones Unidas constituye, a mi juicio, una muestra de esa voluntad de defender posiciones propias en el escenario internacional.
Lo veo mantener esas posiciones incluso cuando generan discrepancias con algunos de los gobiernos más poderosos del planeta.
Y esa imagen, personalmente, me produce orgullo.
Pero sería injusto reducir mi valoración de Sánchez a su desenvoltura en los escenarios internacionales.
Porque hay algo más que considero especialmente relevante: su resiliencia política y su capacidad para alcanzar acuerdos en un escenario parlamentario extraordinariamente complejo.
No estamos hablando de un presidente que haya disfrutado de cómodas mayorías absolutas ni de una oposición particularmente dispuesta a facilitarle las cosas.
Ha tenido que gobernar mediante coaliciones, negociaciones y acuerdos con fuerzas políticas de intereses muy diferentes, en ocasiones abiertamente enfrentados entre sí.
Y eso, en un sistema parlamentario como el nuestro, no constituye una anomalía democrática.
Es precisamente una de las expresiones de su funcionamiento.
Naturalmente, esos acuerdos tienen costes, generan contradicciones y pueden merecer críticas. No todos me parecen igualmente acertados.
Pero negociar no es claudicar por definición, como tampoco alcanzar compromisos con adversarios equivale a traicionar a los electores.
Gobernar sin mayoría absoluta exige algo más que pronunciar discursos.
Exige escuchar, ceder, negociar y asumir que nadie puede imponer íntegramente su programa.
Y Sánchez ha tenido que hacerlo, además, en circunstancias que difícilmente podrían calificarse de normales.
Primero llegó la pandemia de la COVID-19, con una emergencia sanitaria, social y económica de dimensiones extraordinarias.
Después, la erupción del volcán de La Palma, que arrasó viviendas, explotaciones agrícolas y proyectos de vida enteros.
Más tarde, la invasión rusa de Ucrania, con sus consecuencias sobre los precios de la energía, la inflación y la economía europea.
A ello se han sumado las tensiones internacionales, los problemas de abastecimiento, las dificultades de acceso a la vivienda y un clima político interno de confrontación permanente.
No pretendo atribuir al Gobierno la responsabilidad de acontecimientos que tuvieron su origen fuera de sus decisiones.
Pero tampoco sería razonable analizar su gestión como si esos acontecimientos no hubieran existido.
Y, pese a todo, durante sus mandatos se han aprobado reformas y medidas que considero importantes para la vida de millones de españoles.
La reforma laboral de 2021, acordada mediante el diálogo social, introdujo cambios sustanciales en la contratación y contribuyó a reducir la temporalidad.
Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional mejoraron las retribuciones de numerosos trabajadores con salarios bajos.
La Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, recuperó un mecanismo de revalorización vinculado al IPC, reforzando la protección de los pensionistas frente a la inflación.
También se aprobaron medidas de protección social durante la pandemia, como los ERTE extraordinarios, y se estableció el ingreso mínimo vital, posteriormente regulado por la Ley 19/2021, además de reformas en materia de derechos civiles, igualdad y protección social.
No todas esas políticas han funcionado de manera perfecta. Algunas presentan deficiencias y otras siguen pendientes de ofrecer los resultados esperados.
La vivienda, por ejemplo, continúa siendo uno de los grandes problemas de nuestro país, especialmente para los jóvenes y las familias con menos recursos.
Y sería absurdo negar que el Gobierno tiene responsabilidades en las cuestiones que no ha conseguido resolver.
Pero una valoración equilibrada tampoco puede ignorar las reformas aprobadas, los acuerdos alcanzados y las dificultades extraordinarias en las que ha tenido que gobernar.
Hay quienes presentan su capacidad de resistencia como si fuera exclusivamente una obsesión por permanecer en La Moncloa.
Yo veo también otra dimensión.
La de un dirigente que ha conseguido mantener una acción de gobierno y promover cambios legislativos en un Parlamento donde cada mayoría debe construirse, frecuentemente, desde posiciones políticas muy alejadas.
Se puede discutir el precio político de esos acuerdos. Se puede cuestionar su oportunidad y sus consecuencias.
Pero no se puede negar que requieren capacidad negociadora.
Y conviene recordar algo: en democracia parlamentaria, la legitimidad de un Gobierno no depende de que sus apoyos nos resulten simpáticos, sino de que se obtengan conforme a las reglas constitucionales.
Por supuesto, no considero a Sánchez infalible.
Le reprocho decisiones y actitudes. Creo que en ocasiones ha cometido errores de comunicación, que algunas de sus actuaciones merecen una crítica severa y que determinadas dificultades de su Gobierno no pueden atribuirse siempre a factores externos o a la oposición.
También considero que la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto institucional deben exigírsele con el mismo rigor que a cualquier otro presidente.
Pero reconocer esos aspectos no me obliga a ignorar sus aciertos.
Ni a aceptar esa especie de obligación moral de avergonzarme de él que algunos pretenden imponerme.
Puedo sentir orgullo de su presencia internacional, reconocer su capacidad para construir acuerdos y valorar las reformas sociales impulsadas por sus gobiernos, sin renunciar por ello a mi derecho a criticarlo.
Porque el verdadero ejercicio de independencia política no consiste en encontrar defectos únicamente en quienes piensan de manera diferente.
Consiste también en saber reconocer los méritos de quienes comparten algunas de nuestras convicciones, sin convertirlos por ello en personajes intocables.
Y, sobre todo, en juzgar a los gobernantes teniendo en cuenta no solamente lo que prometieron, sino también las circunstancias en las que tuvieron que gobernar, las decisiones que adoptaron y sus consecuencias reales para los ciudadanos.
Ni la obediencia es patriotismo ni la discrepancia es traición
Hay una idea que me preocupa especialmente en el debate político actual.
La pretensión de que algunos pueden decidir quién siente orgullo de España, quién debe avergonzarse de su presidente y quién merece ser considerado patriota.
Parece que, para determinados sectores, la dignidad nacional depende de quién gobierne.
Si gobierna uno de los suyos, cualquier discrepancia exterior puede interpretarse como un ataque a España.
Si gobierna el adversario, insultarlo se convierte casi en una obligación patriótica.
A mí esa forma de entender la política me resulta profundamente contradictoria.
España no pertenece a ningún partido.
Tampoco a quienes más alto gritan su nombre.
España también somos quienes pensamos de otra manera, quienes discrepamos de determinados discursos y quienes consideramos que el respeto institucional no puede administrarse según las simpatías políticas.
Por eso valoro aquella defensa que Zapatero hizo de Aznar.
Por eso puedo criticar la gestión económica de Zapatero sin negar sus avances sociales.
Por eso puedo cuestionar la actitud de Rajoy durante su moción de censura sin convertir su derrota en motivo de humillación.
Y por eso puedo reconocer determinados aciertos de Sánchez sin sentirme obligado a justificar cada una de sus decisiones.
No encuentro contradicción alguna.
Al contrario.
Creo que la contradicción está en exigir respeto para los propios mientras se considera legítimo cualquier insulto contra los demás.
¿Vergüenza de nuestro presidente?
Vuelvo a la pregunta inicial.
¿Siento vergüenza del presidente del Gobierno que tenemos?
No por las razones que algunos pretenden imponerme.
Puedo discrepar de Pedro Sánchez. Puedo criticar sus decisiones. Puedo exigirle responsabilidades políticas con toda la firmeza que considere necesaria.
Y, si alguna actuación de cualquier responsable público pudiera constituir delito, defenderé que se investigue y se juzgue con todas las garantías.
Pero no voy a aceptar que nadie me dicte de qué debo sentir orgullo o vergüenza.
Recuerdo perfectamente cuándo sentí vergüenza ajena viendo a un presidente español en el rancho de George W. Bush.
Y recuerdo que aquella sensación no procedía simplemente de un acento impostado.
Procedía de lo que estaba ocurriendo detrás de aquella escenificación.
De Irak.
De las Azores.
De una guerra que tantos españoles rechazamos.
También recuerdo con admiración a un presidente socialista defendiendo públicamente a su adversario político ante Hugo Chávez.
Y hoy puedo sentir orgullo al escuchar a otro presidente español defender ante Naciones Unidas posiciones que considero dignas de reconocimiento.
Pero también al observar su capacidad de resistencia política, su habilidad para construir acuerdos parlamentarios y las reformas sociales aprobadas en medio de circunstancias extraordinariamente difíciles.
No hay ninguna incompatibilidad entre esos recuerdos.
Porque la dignidad política no es patrimonio de una sigla.
Y porque la independencia de criterio comienza precisamente cuando somos capaces de reconocer un acierto en quien no nos gusta y un error en quien nos representa.
Así que, cuando vuelvan a preguntarme si siento vergüenza del presidente que tenemos, quizá les responda con otra pregunta:
¿Vergüenza de qué? ¿De que un presidente español defienda sus posiciones ante el mundo y consiga impulsar reformas sociales en medio de enormes dificultades, o de aquella España que quiso hacerse grande poniendo los pies sobre la mesa de los poderosos mientras se preparaba una guerra?
Cada cual tendrá sus recuerdos.
Yo tengo los míos.
Y también tengo muy claro algo:
La dignidad de un presidente no se mide por su proximidad a los poderosos, ni por la cantidad de insultos que recibe de sus adversarios, sino también por su capacidad para defender sus convicciones, alcanzar acuerdos, afrontar las dificultades y mejorar, con sus aciertos y sus errores, la vida de los ciudadanos.
Documentación y fuentes
Para quienes prefieran comprobar los hechos antes de discutir las opiniones, dejo algunas de las fuentes utilizadas:
La guerra de Irak y José María Aznar
- Archivo de la Casa Blanca: comparecencia de Bush y Aznar en Crawford, 22 de febrero de 2003.
- El País: acta de la conversación entre Bush y Aznar sobre Irak, publicada en septiembre de 2007.
Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero
- BOE: Ley 13/2005, que modificó el Código Civil en materia de matrimonio.
- BOE: Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- BOE: Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La moción de censura a Mariano Rajoy
- Congreso de los Diputados: expediente y documentación parlamentaria de la moción de censura de 2018.
Los gobiernos de Pedro Sánchez
- La Moncloa: intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, 23 de septiembre de 2026.
- BOE: Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral.
- BOE: Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.
- BOE: Ley 19/2021, del ingreso mínimo vital.
Las valoraciones políticas expresadas en este artículo son personales. Las referencias documentales se facilitan para distinguir los hechos comprobables de las opiniones que estos me merecen.
El Rincón de Kurro
