LA GESTIÓN DEL ODIO

Cuando la tragedia se convierte en munición política

28 de octubre de 2026 | El Rincón de Kurro

Hay momentos en los que la política debería recordar que, antes que adversarios, somos seres humanos. Momentos en los que el dolor exige respeto, la incertidumbre reclama prudencia y las víctimas merecen algo más que convertirse en protagonistas involuntarias de una disputa partidista.

Hoy debería ser uno de esos momentos.

España vuelve a enfrentarse al horror de un grave accidente ferroviario. Dos trenes de alta velocidad han colisionado en la provincia de Toledo. Los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno, las familias buscan noticias de sus seres queridos y el balance de víctimas continúa siendo provisional.

Todavía hay preguntas fundamentales sin respuesta. Todavía no se han determinado las causas definitivas del siniestro. Todavía no sabemos qué falló, por qué falló ni quién, en su caso, deberá responder.

Pero Santiago Abascal parece tener ya construido su relato político.

Y eso merece una reflexión.

Primero la acusación, después los hechos

El presidente de Vox ha reaccionado al accidente denunciando la supuesta degradación de las infraestructuras y de las instituciones españolas, relacionando la tragedia con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

No se ha limitado a reclamar una investigación rigurosa, transparente e independiente. Ha recuperado acusaciones de corrupción vinculadas a la gestión ferroviaria y ha anunciado que mantendrá su actividad electoral para continuar denunciando al Ejecutivo.

Y todo ello cuando todavía se investigan las circunstancias del accidente.

Conviene dejar algo muy claro: exigir responsabilidades políticas no solamente es legítimo; es una obligación democrática cuando existen razones para hacerlo.

Si hubo negligencias, deben conocerse. Si se incumplieron protocolos de seguridad, deben identificarse. Si existieron decisiones administrativas equivocadas, deben examinarse. Y si aparecen responsabilidades políticas, administrativas o penales, deben exigirse hasta sus últimas consecuencias.

Sin excepciones. Sin privilegios. Sin protección partidista.

Pero una cosa es investigar para determinar responsabilidades y otra muy distinta es señalar culpables antes de disponer de pruebas suficientes.

La responsabilidad se demuestra. No se decreta desde un mitin.

El dolor no debería formar parte de una campaña electoral

Mientras otras formaciones políticas han suspendido sus actividades de precampaña, Vox ha decidido mantener las suyas.

Abascal sostiene que el luto no debe utilizarse para silenciar las críticas.

Y tiene razón en una cosa: ninguna tragedia debe convertirse en una excusa para impedir la fiscalización del poder.

Pero aquí aparece una contradicción que considero difícil de justificar.

¿Quién está impidiendo investigar? ¿Quién ha decretado que no puedan exigirse explicaciones? ¿Quién sostiene que el Gobierno deba quedar exento de responsabilidades?

Suspender durante unas horas un acto electoral no equivale a renunciar al control democrático.

Significa, sencillamente, reconocer que existen momentos en los que la dimensión humana de una tragedia merece prevalecer sobre la confrontación partidista.

La prudencia no es complicidad. El respeto no es sumisión. Y esperar a conocer los hechos no significa conceder impunidad a nadie.

La gestión política del odio

Hay una forma de hacer política que necesita mantener permanentemente encendida la indignación.

Todo debe convertirse en escándalo. Cada problema, en una acusación. Cada dificultad, en una demostración de que España se desmorona. Y cada tragedia, en una nueva oportunidad para señalar al enemigo político.

Es una estrategia que, a mi juicio, termina convirtiendo el sufrimiento colectivo en combustible para la confrontación.

Y tiene consecuencias.

Porque cuando un dirigente transmite que las instituciones están irremediablemente degradadas, que el Gobierno es culpable antes de que se conozcan los hechos y que ninguna explicación oficial merece credibilidad, no está simplemente formulando una crítica política.

Está contribuyendo a instalar una desconfianza generalizada que puede sobrevivir incluso a las conclusiones de una investigación independiente.

Resulta especialmente preocupante que Abascal haya adelantado que no creerá las explicaciones del Gobierno.

La credibilidad de una explicación debería depender de sus pruebas, de su consistencia y de la posibilidad de contrastarla, no de quién la pronuncie.

Si la conclusión está decidida antes de la investigación, los hechos dejan de ser el punto de partida y pasan a convertirse en un estorbo.

Las víctimas no son argumentos electorales

Detrás de las cifras hay personas.

Hay familias esperando una llamada. Hay profesionales sanitarios y equipos de rescate trabajando bajo una presión enorme. Hay ciudadanos que esta mañana emprendieron un viaje ordinario sin imaginar que sus vidas podían cambiar para siempre.

Ninguno de ellos merece que su sufrimiento se convierta precipitadamente en una herramienta de confrontación.

Y aquí es donde considero que la actitud de Abascal resulta especialmente censurable.

No por criticar al Gobierno. No por reclamar responsabilidades. Ni siquiera por cuestionar el estado de las infraestructuras ferroviarias, una cuestión que debe poder debatirse con toda libertad.

Sino por la precipitación con la que introduce acusaciones políticas en un escenario donde todavía faltan certezas esenciales.

Porque la tragedia de unas familias no debería ser la oportunidad electoral de nadie.

Gobernar exige responsabilidad. Oponerse, también.

Existe una idea profundamente equivocada según la cual solamente quienes gobiernan están obligados a actuar con responsabilidad.

No es así.

Quien aspira a dirigir un país también debe demostrar que sabe distinguir entre la denuncia legítima y la acusación temeraria, entre la crítica razonada y el aprovechamiento partidista de una desgracia.

La oposición no tiene que guardar silencio. Tiene que ejercer su función con seriedad.

Y precisamente porque hablamos de seguridad ferroviaria, de vidas humanas y de instituciones públicas, la exigencia de rigor debería ser máxima.

Cuando conozcamos los hechos, habrá tiempo de debatir sobre inversiones, mantenimiento, sistemas de seguridad, decisiones administrativas y responsabilidades.

Habrá que hacerlo con toda la dureza que resulte necesaria.

Pero con documentos, informes y pruebas.

No con sentencias políticas redactadas antes de que termine el trabajo de los equipos de emergencia.

Una última reflexión

No pretendo que Santiago Abascal deje de criticar a Pedro Sánchez. Eso sería absurdo en una democracia.

Lo que considero exigible es algo bastante más elemental: que no confunda la rapidez para acusar con la capacidad para esclarecer.

Que comprenda que el dolor de las víctimas merece un respeto que está por encima de cualquier calendario electoral.

Y que recuerde que una tragedia ferroviaria no es un escenario de campaña.

La democracia necesita oposición. Necesita crítica. Necesita vigilancia del poder. Pero también necesita dirigentes capaces de reconocer que hay momentos en los que la humanidad debe llegar antes que el eslogan.

Hoy España necesita respuestas, atención a las víctimas, una investigación independiente y responsabilidades allí donde se demuestren.

No necesita que nadie convierta las vías de un accidente en una tribuna electoral.

Porque hay algo profundamente inquietante en una política que, ante una tragedia todavía abierta, parece tener más prisa por encontrar un culpable político que por esperar a conocer la verdad.

Y esa es, precisamente, la gestión del odio: convertir cualquier desgracia en una oportunidad para alimentar la confrontación, incluso cuando las víctimas todavía esperan ser rescatadas, identificadas o atendidas.

El Rincón de Kurro