De la moderación prometida a la dependencia de la extrema derecha. Los ciudadanos reparten los escaños; los dirigentes deciden los pactos. Y nadie debería eludir la responsabilidad de sus decisiones.
Hay declaraciones políticas que merecen atención por lo que dicen. Y otras que, por lo que cuidadosamente evitan decir, merecen todavía más.
Alberto Núñez Feijóo acaba de ofrecernos un ejemplo de estas últimas.
En una entrevista publicada por El País este domingo, 8 de noviembre de 2026, el presidente del Partido Popular afirma:
«Hacer una coalición de Gobierno con Vox no depende de mí».
Una frase aparentemente razonable. Serán los ciudadanos quienes determinen la composición del Congreso de los Diputados el próximo 29 de noviembre.
Pero contiene una omisión fundamental: los ciudadanos eligen representantes; no firman acuerdos de Gobierno.
Y esa diferencia, elemental en cualquier democracia parlamentaria, es precisamente la que Feijóo parece interesado en difuminar.
Las urnas pueden hacer necesario negociar. Lo que no hacen es obligar a pactar con Vox.
Las urnas reparten escaños, no ministerios
Los ciudadanos pueden configurar un Congreso en el que ninguna formación consiga gobernar sin negociar.
No estamos hablando de una hipótesis remota. Es precisamente lo que ha sucedido durante las últimas legislaturas de Pedro Sánchez, sostenidas mediante coaliciones y acuerdos parlamentarios con diferentes fuerzas políticas.
Y es justamente lo que el Partido Popular ha criticado con una intensidad extraordinaria, recurriendo en ocasiones a un lenguaje que, en mi opinión, ha sobrepasado los límites de la crítica razonable para adentrarse en la descalificación personal y la zafiedad.
Resulta llamativo que aquello que se ha presentado como una anomalía democrática cuando beneficiaba a Sánchez pueda convertirse en una consecuencia natural de las urnas cuando quien necesita los apoyos es Feijóo.
¿Los pactos son una traición a la voluntad popular cuando gobierna Sánchez y una expresión de esa misma voluntad cuando pretende gobernar Feijóo?
La legitimidad parlamentaria no cambia según quién ocupe La Moncloa.
Feijóo tiene derecho a negociar con Vox. Vox tiene derecho a presentar sus exigencias. Ambos cuentan con la legitimidad democrática que les otorgan sus votantes.
Pero esa legitimidad no convierte sus acuerdos en inevitables.
Si Feijóo acaba gobernando con Vox, será porque ambos partidos hayan decidido hacerlo. No porque los ciudadanos les hayan obligado.
Juanma Moreno: un argumento que ya escuchamos en Andalucía
La frase de Feijóo recuerda poderosamente a la utilizada por Juanma Moreno para explicar su relación con Vox.
Durante la campaña andaluza de 2026, Moreno reivindicaba su moderación y advertía de las complicaciones de depender políticamente de Vox.
Sin embargo, también dejaba abierta la posibilidad de pactar en función de los resultados.
Después llegó el acuerdo entre ambos partidos, justificado por la necesidad de reunir una mayoría suficiente para gobernar.
El razonamiento resulta revelador.
Primero se presenta a Vox como un socio que sería preferible evitar. Después se acepta su participación o influencia en el Gobierno. Y finalmente se presenta esa decisión como una consecuencia de la voluntad de los electores.
Pero las urnas no negocian consejerías.
Los ciudadanos no redactan programas de coalición ni deciden qué competencias corresponde asumir a cada partido.
Eso lo hacen sus dirigentes.
No cuestiono la legitimidad democrática de los acuerdos. Cuestiono la pretensión de convertir una decisión política voluntaria en una obligación impuesta por los resultados electorales.
Moreno ya recurrió a ese argumento en Andalucía. Ahora Feijóo lo reproduce a escala nacional.
María Guardiola: cuando las líneas rojas se vuelven negociables
El caso de María Guardiola, en Extremadura, constituye otro precedente especialmente ilustrativo.
En junio de 2023, la dirigente popular rechazaba incorporar a Vox a su Gobierno.
Había expresado discrepancias importantes con sus posiciones sobre la violencia machista, la inmigración y los derechos LGTBI.
El 20 de junio defendía públicamente que no gobernaría con Vox, incluso si ello suponía afrontar una repetición electoral.
Diez días después, PP y Vox anunciaban un acuerdo de coalición.
Vox obtenía una consejería y compromisos institucionales y programáticos.
¿Qué había cambiado?
No los resultados electorales, que seguían siendo los mismos.
Había cambiado la decisión política de quienes negociaban.
Guardiola tenía derecho a reconsiderar su posición. Lo que merece crítica es la facilidad con la que compromisos presentados como principios irrenunciables pueden transformarse en condiciones negociables cuando entra en juego el acceso al poder.
El precedente demuestra que una línea roja anunciada antes de gobernar no siempre resiste la negociación posterior.
Y eso nos obliga a examinar con particular atención las líneas rojas que Feijóo anuncia hoy.
El Senado: la colaboración empieza antes de las urnas
La relación entre PP y Vox tampoco pertenece exclusivamente al terreno de las hipótesis.
Los acuerdos electorales anunciados para el Senado de cara al 29 de noviembre muestran que ambas formaciones son capaces de coordinar candidaturas y estrategias para mejorar sus posibilidades de representación.
No se trata de una coalición de Gobierno ni debe confundirse automáticamente con una coalición electoral formal.
Pero constituye una colaboración política efectiva.
Y revela algo importante: los acuerdos entre PP y Vox no tienen por qué esperar a conocer los resultados electorales.
Ambos partidos pueden anticiparse, negociar y establecer compromisos cuando consideran que les resultan convenientes.
Podríamos hablar, en sentido político, de una pseudocoalición: una colaboración que no necesariamente adopta la forma jurídica de una coalición, pero que persigue objetivos compartidos.
Feijóo no puede presentar como completamente ajena a su voluntad una relación política que su propio partido ya está gestionando mediante acuerdos concretos.
La moderación que desembarcó en Madrid
Feijóo aspira a representar una derecha institucional, moderada y capaz de ofrecer estabilidad.
¿Les suena?
Es un discurso que recuerda poderosamente al que acompañó su llegada a Madrid en 2022, cuando asumió la dirección nacional del Partido Popular tras la crisis que terminó con el liderazgo de Pablo Casado.
Llegaba envuelto en una promesa de moderación, serenidad, diálogo y recuperación de la política institucional.
Aquella presentación alimentó la expectativa de una derecha menos crispada, capaz de confrontar proyectos políticos sin convertir permanentemente al adversario en un enemigo.
Han pasado más de cuatro años.
Y hoy merece preguntarse cuánto queda de aquella promesa.
Porque la moderación no consiste únicamente en utilizar un lenguaje menos estridente que el de Santiago Abascal.
También exige coherencia entre los principios que se defienden y los acuerdos que se está dispuesto a suscribir.
No se puede pedir al electorado que valore una candidatura por su supuesta moderación y, al mismo tiempo, dejar sin aclarar qué partes del programa de Vox podrían incorporarse a la acción de Gobierno.
Pero cabe una interpretación todavía más inquietante.
¿Y si esa ambigüedad no fuese una muestra de indecisión, sino una estrategia deliberada?
Feijóo conoce los antecedentes autonómicos, las posiciones de Vox y las exigencias que podría plantear Abascal.
También sabe que comprometerse antes de las elecciones a rechazar determinadas políticas limitaría su margen negociador después.
No podemos afirmar que exista un pacto secreto ni que todas las concesiones estén previamente decididas. No tenemos pruebas de ello.
Pero sí podemos señalar que mantener abiertas todas las posibilidades permite adaptar los acuerdos al escenario que resulte de las urnas.
La pregunta es inevitable:
¿Estamos ante un dirigente que todavía no sabe qué hará o ante uno que prefiere no decirlo hasta conocer cuánto necesita a Vox?
Abascal también tiene algo que decir
Hasta ahora hemos planteado una pregunta fundamental:
Si el PP necesita a Vox para alcanzar la Presidencia del Gobierno, ¿qué estará dispuesto a concederle?
Pero existe otra igualmente importante.
Si Vox resulta imprescindible para que Feijóo sea presidente, ¿por qué habría de renunciar a sus principales exigencias programáticas?
La negociación tiene dos protagonistas.
Si el PP queda cerca de la mayoría absoluta, su posición negociadora será relativamente fuerte y podría intentar conseguir apoyos mediante compromisos limitados.
Si necesita decisivamente a Vox, Abascal dispondrá de mayor capacidad de presión y podría exigir medidas legislativas, presupuestarias y programáticas de mayor alcance.
Y si Vox considera que su peso parlamentario justifica participar directamente en el Ejecutivo, podría reclamar ministerios y competencias de Gobierno.
También podría optar por facilitar la investidura desde fuera. Nada obliga a Vox a exigir ministerios ni garantiza que los consiga.
Pero ¿por qué deberíamos dar por supuesto que abandonará gratuitamente sus principales propuestas precisamente cuando su fuerza parlamentaria le permita negociarlas?
¿Renunciaría a sus posiciones sobre inmigración, igualdad, modelo territorial o determinadas políticas sociales?
¿A cambio de qué?
¿Y qué haría Feijóo si Vox condicionara su apoyo a medidas incompatibles con las líneas rojas que hoy anuncia?
Porque la influencia política de un partido no se mide exclusivamente por el número de ministros que ocupa, sino también por las decisiones que consigue imponer o condicionar.
Se puede evitar la fotografía de una coalición sin evitar sus consecuencias políticas.
La escalada: cuando la derecha de ayer se convierte en la moderación de mañana
Pero hay algo que me preocupa todavía más que una eventual coalición entre el PP y Vox.
Es la progresiva normalización de discursos que hace no tantos años habrían encontrado una resistencia mucho mayor.
Vox encontró su espacio político acusando al PP de representar una derecha acomplejada, incapaz de defender con suficiente contundencia determinadas posiciones ideológicas.
La famosa «derechita cobarde» era mucho más que un insulto: constituía una estrategia para disputar al Partido Popular la representación de la derecha española.
Y consiguió hacerse con un espacio electoral considerable.
El PP, en lugar de mantener siempre una frontera política inequívoca frente a esos planteamientos, ha terminado incorporando algunos de sus marcos discursivos, compartiendo gobiernos autonómicos y negociando políticas con Vox.
Pero la radicalización no tiene necesariamente un punto final.
Cuando una formación consigue normalizar determinadas posiciones, pueden surgir otras que consideren insuficiente su radicalidad.
Y aquí aparece Núcleo Nacional.
Una organización de orientación neonazi, con mensajes abiertamente racistas y referencias ideológicas que evocan algunos de los episodios más oscuros de la historia europea.
Su aparición y actividad no pueden explicarse exclusivamente por los acuerdos entre PP y Vox. Sería una simplificación injustificada.
Tampoco estamos hablando de organizaciones equivalentes. PP, Vox y Núcleo Nacional tienen naturalezas, programas y comportamientos diferentes.
Precisamente por eso resulta indispensable distinguirlas.
Pero también es legítimo examinar la dinámica por la que sectores situados todavía más a la derecha consideran insuficiente la radicalidad de Vox, del mismo modo que Vox había presentado al PP como una derecha demasiado débil.
¿Hasta dónde puede desplazarse el debate político cuando cada nueva radicalización acaba convirtiendo a la anterior en una aparente moderación?
Edulcorar el franquismo también tiene consecuencias
No hace falta compartir una ideología extremista para contribuir a normalizar algunos de sus referentes históricos o argumentos.
Y existen declaraciones públicas que justifican esta preocupación.
En junio de 2025, Esperanza Aguirre llegó a afirmar que, a la larga, la dictadura franquista había sido mejor que la Segunda República.
También hemos escuchado declaraciones de otros dirigentes del PP y de Vox que relativizan aspectos de la dictadura o eluden su condena expresa.
No todas esas manifestaciones tienen el mismo alcance. Reconocer una actuación concreta de un régimen tampoco equivale necesariamente a justificar todos sus crímenes.
Pero su acumulación merece una reflexión crítica.
Porque una cosa es estudiar las transformaciones económicas y sociales que se produjeron durante el franquismo y otra muy distinta utilizarlas para establecer una comparación favorable entre una dictadura y un régimen democrático.
Edulcorar el franquismo no requiere reivindicar abiertamente todos sus crímenes. También puede consistir en suavizar su recuerdo, minimizar su represión o presentar sus supuestas virtudes como contrapeso de la ausencia de libertades.
Y cuando ese discurso procede de personas con responsabilidades institucionales destacadas, sus consecuencias políticas merecen ser examinadas.
No afirmo que Esperanza Aguirre, Feijóo o el conjunto del PP compartan el ideario neonazi.
Sería una acusación injustificada.
Lo que sostengo es algo diferente: determinadas manifestaciones pueden contribuir a normalizar referencias autoritarias, incluso aunque quienes las realizan no pretendan promover organizaciones extremistas.
No hace falta demostrar que una declaración concreta haya provocado directamente el crecimiento del neonazismo para cuestionar sus consecuencias políticas y culturales.
No hace falta compartir una ideología extremista para contribuir a crear un ambiente en el que algunos de sus argumentos encuentren menos resistencia.
Y esa responsabilidad merece una reflexión mucho más profunda que la habitual confrontación partidista.
Cuando la polarización sustituye al pensamiento crítico
Existe un elemento que convierte esta evolución en algo todavía más peligroso: el deterioro del debate público.
Una democracia necesita ciudadanos capaces de escuchar, contrastar, disentir y reflexionar.
No exige que todos pensemos igual.
Al contrario, necesita que podamos pensar de manera diferente sin convertir al adversario en un enemigo.
Sin embargo, asistimos a una degradación preocupante del debate político.
La discrepancia se transforma en descalificación. El argumento se sustituye por el insulto. La información se selecciona según su utilidad partidista.
Ya no se pregunta qué ha dicho alguien, sino quién lo ha dicho.
Y cuando pertenece al bando contrario, su argumento puede quedar desacreditado antes incluso de ser escuchado.
La polarización no necesita destruir nuestra capacidad de pensar críticamente. Le basta con conseguir que dejemos de utilizarla frente a quienes consideramos de los nuestros.
Es precisamente en ese ambiente donde la edulcoración del autoritarismo adquiere una dimensión especialmente peligrosa.
Porque no hace falta que una sociedad abrace conscientemente ideas antidemocráticas para que algunos de sus miembros comiencen a tolerar discursos que antes rechazaban.
Basta con que determinadas afirmaciones se repitan, se relativicen y se incorporen progresivamente al lenguaje político habitual.
Basta con que la condena de una dictadura se convierta en una cuestión partidista, en lugar de constituir un principio democrático compartido.
Basta con que dejemos de examinar el contenido de las ideas porque quien las pronuncia pertenece a nuestro espacio político.
El ciudadano deja de ser alguien a quien convencer mediante argumentos y pasa a convertirse, demasiadas veces, en alguien a quien movilizar mediante emociones, miedos y antagonismos.
No pretendo sostener que toda la responsabilidad de la polarización corresponda a una sola fuerza política.
Pero tampoco acepto que esa responsabilidad deba repartirse automáticamente por igual.
Cada dirigente, cada organización y cada medio de comunicación debe responder por sus palabras, sus actuaciones y su contribución concreta al deterioro del debate público.
Y cuando ese deterioro coincide con la banalización de una dictadura, la deshumanización del adversario o la normalización de propuestas excluyentes, el riesgo adquiere una gravedad particular.
El mayor peligro para una democracia no es solamente que existan quienes desean debilitarla. Es que quienes deberían defender sus principios terminen aceptando, por fidelidad partidista o por simple costumbre, aquello que antes consideraban incompatible con ellos.
¿Por qué una coalición vergonzante?
No porque una coalición PP-Vox sea jurídicamente ilegítima.
Tampoco porque sus votantes carezcan de derecho a estar representados o a que sus partidos negocien acuerdos.
La expresión tiene otro significado.
Es vergonzante, en sentido político, la actitud de quien mantiene abierta una alianza, pero parece incómodo reconociendo las responsabilidades que comportaría.
De quien desea disponer de los votos de otro partido, pero prefiere evitar su presencia visible en el Gobierno.
De quien reivindica la moderación mientras se reserva la posibilidad de aceptar propuestas que podrían contradecirla.
Y, sobre todo, de quien presenta como una imposición de los resultados electorales lo que, llegado el momento, será una decisión propia.
Los antecedentes de Moreno y Guardiola muestran que las líneas rojas anunciadas pueden acabar siendo negociables.
Los acuerdos para el Senado muestran que PP y Vox pueden colaborar antes incluso de conocer los resultados.
Y la fuerza parlamentaria que obtenga Abascal determinará hasta qué punto podrá exigir concesiones.
Feijóo parece querer disfrutar de las ventajas parlamentarias de Vox sin asumir plenamente el coste político de aparecer asociado a sus posiciones más controvertidas.
Quiere los votos, pero no necesariamente la fotografía.
Y ese es precisamente el problema.
El 29 de noviembre también se vota sobre esto
Quedan tres semanas para las elecciones generales.
Durante este tiempo escucharemos propuestas económicas, promesas fiscales, compromisos sociales y numerosas acusaciones cruzadas.
Pero existe una pregunta que merece una respuesta particularmente clara.
Si Feijóo necesita a Vox para gobernar, ¿qué principios estará dispuesto a mantener incluso a costa de no ser presidente?
Y otra dirigida a Abascal:
Si Vox resulta imprescindible, ¿qué exigencias considerará irrenunciables?
Porque una democracia no se define únicamente por la celebración de elecciones.
También se define por la transparencia de sus acuerdos, la coherencia de sus dirigentes y la capacidad crítica de sus ciudadanos.
Feijóo no parece avergonzarse de necesitar los votos de Vox.
Lo que parece incomodarle es reconocer hasta dónde estaría dispuesto a llegar para conseguirlos.
Pero Abascal también tiene un programa, unos votantes y unas aspiraciones políticas. Y cuanto más imprescindible resulte, mayor será su capacidad para negociar.
Feijóo puede intentar mantener difusa la coalición antes de las elecciones. Lo que difícilmente podrá ocultar después serán las concesiones que acepte para hacerla posible.
Y no olvidemos la cuestión que trasciende a ambos dirigentes.
Cuando el discurso político se radicaliza, el autoritarismo se edulcora y la polarización sustituye a la reflexión, el peligro no consiste solamente en quién gobierna.
Consiste también en cuánto estamos dispuestos a tolerar para que gobiernen los nuestros.
Porque las democracias no se debilitan únicamente cuando alguien pretende derribar sus instituciones.
También pueden deteriorarse cuando sus ciudadanos dejan de examinar críticamente aquello que se hace en su nombre.
Las urnas decidirán quién tiene los votos.
Los dirigentes decidirán qué hacen con ellos.
Y la sociedad tendrá que decidir si continúa pensando por sí misma.
El Rincón de Kurro — 8 de noviembre de 2026
Artículo de opinión.
