La costra de la indiferencia

Huelgas preventivas, derechos sociales y una sociedad que corre el riesgo de acostumbrarse al sufrimiento ajeno.

Hay algo que me preocupa más que las advertencias sindicales sobre nuevas movilizaciones después de las elecciones del 29 de noviembre.

Me preocupa que hayamos llegado a un punto en el que anunciar la defensa de los derechos de los trabajadores se presente como una amenaza a la democracia, mientras que las políticas que pueden deteriorar esos mismos derechos se consideran simples decisiones de gobierno.

La huelga general del 11 de noviembre ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja discusión: ¿cuándo es legítimo que los sindicatos movilicen a los trabajadores?

Y, sobre todo, ¿quién decide cuándo deben hacerlo?

Rajoy ya sabía que habría una huelga

Todavía recuerdo aquellas palabras de Mariano Rajoy en Bruselas, en enero de 2012, cuando, sin advertir que estaba siendo grabado, reconoció ante el primer ministro finlandés que la reforma laboral le iba a costar una huelga.

No hablaba de una huelga que ya se hubiera producido. Anticipaba la reacción sindical a una reforma laboral que su Gobierno todavía no había aprobado.

Y sabía perfectamente por qué podía producirse.

Pocos días después, su ministro de Economía, Luis de Guindos, describiría aquella reforma como «extremadamente agresiva».

La reforma laboral de 2012, junto con las políticas de austeridad y contención del gasto público de aquellos años, abrió una etapa de profunda confrontación social.

Y ahora me pregunto:

Si Rajoy podía anticipar una huelga antes de aprobar su reforma laboral, ¿por qué resulta tan escandaloso que CCOO y UGT adviertan hoy de nuevas movilizaciones ante posibles recortes?

¿Era entonces una consecuencia previsible de las decisiones gubernamentales y ahora constituye una intolerable injerencia sindical en la política?

No confundamos las cosas.

Los sindicatos no pueden justificar una huelga simplemente porque no les guste el resultado de unas elecciones. Pero tampoco tienen obligación de esperar pasivamente a que se materialicen políticas que consideran perjudiciales para los trabajadores.

Prevenir antes que intentar reparar

Hay una lección que he aprendido durante tantos años de actividad sindical: resulta mucho más difícil recuperar un derecho perdido que defenderlo antes de que desaparezca.

Las huelgas correctivas, aquellas que intentan revertir decisiones ya adoptadas, se enfrentan con frecuencia a obstáculos que no existían antes de la aprobación de esas medidas.

Una reforma entra en vigor, las empresas adaptan sus prácticas, se modifican las relaciones laborales y las nuevas condiciones empiezan a consolidarse.

Lo que inicialmente se presentó como excepcional puede terminar convirtiéndose en habitual.

La reforma laboral de 2012 constituye un ejemplo ilustrativo. Hubo una importante respuesta sindical y social, pero aquellas movilizaciones no consiguieron impedir su aplicación. Años después, la reforma laboral de 2021 modificó aspectos sustanciales de aquel marco, aunque no lo derogó íntegramente.

No sostengo que las huelgas correctivas sean inútiles. Sería absurdo. Pero sí considero que debemos reflexionar sobre sus limitaciones cuando el perjuicio ya se ha producido.

La huelga preventiva no pretende corregir una injusticia consumada, sino impedir que llegue a producirse.

Y tiene otra virtud que considero incluso más importante.

Informar también es movilizar

Una reforma laboral, una modificación del sistema de pensiones o un recorte de los servicios públicos pueden presentarse mediante expresiones técnicas, argumentos económicos y promesas de eficiencia cuyo verdadero alcance no siempre resulta comprensible para quienes terminarán soportando sus consecuencias.

La movilización previa permite explicar qué se pretende cambiar, a quién afecta, qué derechos pueden verse comprometidos y qué alternativas existen.

Permite organizar asambleas, celebrar debates, contrastar argumentos y trasladar a la ciudadanía información que, de otro modo, podría quedar limitada a los comunicados oficiales y a las interpretaciones de los medios de comunicación.

Naturalmente, esa información debe ser rigurosa. Informar no es manipular, y la credibilidad sindical exige fundamentar las críticas y reconocer los posibles beneficios de una medida cuando existan.

Pero una sociedad informada está en mejores condiciones de defender sus derechos que una sociedad que descubre lo que ha perdido cuando ya es demasiado tarde.

Además, una movilización preventiva no tiene por qué perseguir exclusivamente la retirada completa de una medida.

Puede conseguir que se modifique, que se negocien garantías, que se introduzcan excepciones justificadas o que se atenúen sus consecuencias más perjudiciales.

Es decir, puede contribuir a abortar una reforma lesiva o, cuando menos, modular su alcance.

Y hay una consecuencia adicional.

Cuando una movilización explica que un recorte aparentemente ajeno puede terminar afectando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos o a nosotros mismos, está haciendo algo más que defender intereses laborales.

Está reconstruyendo vínculos de solidaridad.

Una huelga preventiva puede conseguir tres cosas que una huelga correctiva encuentra más difíciles: informar antes de que se decida, movilizar antes de que se consolide y negociar antes de que el daño esté hecho.

Y quizá una cuarta: romper la costra de indiferencia antes de que el problema deje de ser una amenaza para convertirse en un drama humano.

La independencia también se demuestra dentro de casa

Participé en las movilizaciones sindicales contra gobiernos del PSOE y del PP. Nunca entendí que la defensa de los derechos de los trabajadores debiera depender del color político de quien ocupase la Moncloa.

Recuerdo la huelga general de diciembre de 1988 contra el Gobierno de Felipe González. Y recuerdo las movilizaciones contra las políticas laborales y sociales de los gobiernos del Partido Popular.

Pero mi independencia de criterio tampoco terminó a las puertas de mi propia organización sindical.

En una ocasión, junto con otros compañeros, cuestionamos determinadas actuaciones de nuestro sindicato porque considerábamos que se apartaban de su ideario, de la razón y del sentido común.

La respuesta fue una denuncia contra nosotros ante la Comisión de Garantías y la suspensión de nuestra militancia.

Durante diez meses permanecimos suspendidos. Finalmente, el órgano de garantías resolvió a nuestro favor.

No cuento este episodio para ajustar cuentas con nadie ni para reivindicar méritos personales. Lo hago porque ilustra una convicción que he mantenido durante toda mi trayectoria sindical.

La lealtad a una organización no consiste en obedecer incondicionalmente a quienes la dirigen, sino en defender los principios que justifican su existencia, incluso cuando hacerlo tiene consecuencias personales.

Un sindicato no pertenece a sus dirigentes. Pertenece a sus afiliados y debe funcionar conforme a sus normas, sus valores y sus procedimientos democráticos.

Como tampoco un país pertenece a un partido político, a un Gobierno ni a determinados ciudadanos que se atribuyen el privilegio de ser más españoles que los demás.

España no es patrimonio exclusivo de quienes gobiernan, de quienes aspiran a gobernar ni de quienes pretenden monopolizar sus símbolos, su historia o su identidad.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, en su conjunto, como establece nuestra Constitución. Y ese pueblo es plural, diverso y está formado por ciudadanos que no tienen por qué pensar, votar ni sentir de la misma manera.

Gobernar un país no significa poseerlo. Amar a España no concede el derecho a excluir de ella a quienes piensan diferente.

Por eso, cuando defiendo el sindicalismo, no estoy defendiendo ciegamente unas siglas ni justificando cualquier actuación de sus responsables.

Defiendo una herramienta colectiva imprescindible para equilibrar las relaciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores.

Y precisamente porque creo en ella, considero que debe estar sometida a la crítica, al control democrático y a sus propios mecanismos de garantías.

Porque la independencia sindical también exige independencia dentro del sindicato.

Y la lealtad democrática exige algo semejante: ser fiel a los principios constitucionales y a los derechos de todos, no obedecer incondicionalmente a quienes circunstancialmente ejercen el poder.

Cuando escuchar se sustituye por descalificar

Hay algo que me resulta especialmente preocupante de las reacciones políticas a la huelga del 11 de noviembre.

Cuando los trabajadores reclaman salarios dignos, cuando los jóvenes denuncian que no pueden acceder a una vivienda y cuando las organizaciones sindicales exigen participar en las decisiones que afectan a millones de ciudadanos, la respuesta debería ser escuchar, debatir y, cuando resulte posible, negociar.

Pero hemos asistido a declaraciones en las que los argumentos han sido desplazados por descalificaciones.

Isabel Díaz Ayuso ha hablado de «mafia sindical» y «basura sindical», y ha pedido acabar con lo que considera abusos de los sindicatos. Miguel Tellado ha calificado la convocatoria de «huelga electoral», presentándola como un servicio de las organizaciones sindicales al Gobierno de Pedro Sánchez.

Santiago Abascal fue todavía más lejos. Se refirió a quienes, según él, amenazaban a los trabajadores durante la huelga como «milicias criminales de Pedro Sánchez y de sus sindicatos comprados con el dinero de los trabajadores españoles».

Es legítimo denunciar las amenazas, las coacciones y los comportamientos violentos que puedan producirse durante una huelga.

Pero no lo es confundir esas conductas con el ejercicio pacífico de un derecho fundamental.

Y ahí reside el problema de utilizar expresiones que pueden proyectar una sospecha generalizada sobre la actividad sindical.

Y me pregunto:

¿Qué problema social se resuelve llamando mafia a quienes protestan?

¿Qué alquiler se abarata?

¿Qué salario mejora?

¿Qué servicio público se fortalece?

Ninguno.

Cuando no se quiere discutir sobre las reivindicaciones, resulta más cómodo desacreditar a quienes las formulan.

Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de una jornada de huelga.

Porque si conseguimos que una parte de la sociedad contemple a los sindicatos como organizaciones ilegítimas, cualquier reivindicación que promuevan llegará debilitada al debate público, por justa que pueda ser.

La crítica sindical es legítima. La discrepancia política también.

Pero reducir la protesta a una supuesta conspiración partidista, sin examinar sus demandas, no contribuye a resolver los conflictos sociales.

Primero se desacredita al interlocutor. Después se desatienden sus argumentos. Y finalmente se presenta su protesta como un problema, en lugar de preguntarse por los problemas que la han provocado.

Los derechos fundamentales no son concesiones del Gobierno

A algunos parece traicionarles el subconsciente cuando prometen acabar con los piquetes informativos.

Quizá olvidan que no estamos hablando de una concesión graciosa del Gobierno de turno, sino de una actividad que, cuando se desarrolla pacíficamente, está amparada por el derecho fundamental de huelga reconocido en nuestra Constitución.

El artículo 28.2 reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. El artículo 28.1 garantiza la libertad sindical.

Y el Tribunal Constitucional ha reconocido que la información, la propaganda y la persuasión pacífica desarrolladas por los piquetes forman parte del ejercicio protegido del derecho de huelga.

Naturalmente, la violencia, las amenazas y las coacciones no quedan amparadas por ese derecho.

Pero informar, persuadir pacíficamente y solicitar solidaridad son actuaciones legítimas.

Por eso, cuando un dirigente político anuncia que acabará con los piquetes que cierran negocios, convendría preguntarle si pretende combatir conductas ilícitas o restringir también actividades informativas pacíficas.

Porque son cosas muy distintas.

La Constitución no protege solamente el derecho a trabajar. También protege el derecho a dejar de hacerlo colectivamente para defender los intereses de los trabajadores.

Y una democracia saludable no debería temer que los trabajadores se organicen.

Debería preocuparse cuando dejan de encontrar cauces para hacerse escuchar.

La costra de la indiferencia

Después de tantos años de actividad sindical, hay algo que me preocupa incluso más que la posibilidad de nuevos recortes.

Es la indiferencia.

Si tuviera que señalar uno de los mayores triunfos del conservadurismo más radical, no lo situaría exclusivamente en sus resultados electorales, sino en su capacidad para sembrar la desconfianza, alimentar el enfrentamiento entre quienes comparten dificultades y debilitar los vínculos de solidaridad colectiva.

Han conseguido enfrentar al pobre contra el miserable, al de aquí contra el de fuera, al trabajador contra el desempleado, al pensionista contra el joven y al empleado público contra el trabajador de la empresa privada.

Como si el problema de quien apenas llega a fin de mes fuera aquel que todavía tiene menos.

Como si la precariedad del vecino explicase la nuestra.

Como si los derechos de unos fueran necesariamente privilegios arrebatados a otros.

Y, mientras discutimos entre nosotros por las migajas, dejamos de preguntarnos quién se queda con la mayor parte del pastel.

En ese clima, el sindicalismo se convierte en un blanco especialmente conveniente.

Durante años se ha alimentado una imagen de las organizaciones sindicales construida a base de generalizaciones, descalificaciones y maledicencias.

Los errores de algunos dirigentes, que deben investigarse y criticarse cuando corresponda, se han utilizado demasiadas veces para desacreditar a organizaciones enteras y, por extensión, la propia acción sindical.

Y esa deslegitimación tiene consecuencias.

Poco a poco, una parte de la sociedad parece haber desarrollado una especie de costra que la protege de la incomodidad de contemplar el sufrimiento ajeno.

Nos acostumbramos a que haya trabajadores que no llegan a fin de mes.

A que los jóvenes no puedan emanciparse.

A que una familia pierda su vivienda.

A que una persona tenga empleo y, sin embargo, viva en la precariedad.

Son situaciones que deberían conmovernos, indignarnos y empujarnos a buscar soluciones colectivas.

Pero terminan convertidas en cifras, estadísticas o noticias que desaparecen con el siguiente titular.

Y cuando una sociedad deja de conmoverse ante el sufrimiento de sus semejantes, empieza a perder algo más importante que su bienestar: pierde su sentido de comunidad.

Las crisis se socializan y las bonanzas se capitalizan

Y detrás de todo esto hay una cuestión que deberíamos afrontar sin rodeos.

En este país hemos distribuido mal.

No se trata únicamente de cuánto se reparte, sino también de quién soporta los sacrificios y quién recoge los beneficios.

Porque hemos asistido demasiadas veces a una paradoja que parece haberse convertido en una regla no escrita de nuestro sistema económico:

Las crisis se socializan y las bonanzas se capitalizan.

Cuando llegan las dificultades, se invoca la responsabilidad colectiva.

Se exige moderación salarial, se justifican recortes, se contienen las prestaciones y se reclama a los ciudadanos que acepten sacrificios por el bien común.

Pero cuando regresa la prosperidad, cuando crecen los beneficios empresariales y se recuperan los indicadores económicos, aquella responsabilidad colectiva parece diluirse.

Los beneficios pueden concentrarse mientras las mejoras salariales, los servicios públicos y las oportunidades no avanzan en la misma proporción.

No siempre ocurre así, ni todas las empresas ni todos los sectores se comportan de igual manera. Pero el desequilibrio existe y merece ser examinado.

Porque resulta difícil pedir solidaridad en las pérdidas y olvidarse de ella en las ganancias.

Y todavía resulta más difícil justificar que quienes menos tienen deban enfrentarse entre sí para disputar una porción cada vez más insuficiente de la riqueza que contribuyen a generar.

No hablo solamente de repartir dinero. Hablo de cómo se distribuyen los frutos del crecimiento económico, las oportunidades, los sacrificios y las cargas que soporta cada generación.

Una economía puede crecer mientras una parte de sus ciudadanos siente que retrocede.

Podemos mejorar los indicadores macroeconómicos y, simultáneamente, comprobar que demasiadas personas no perciben esa mejoría en su vida cotidiana.

Y cuando eso ocurre, no basta con explicarles que la economía va bien.

Hay que preguntarse por qué sus vidas no mejoran en la misma proporción.

Porque el verdadero éxito de una sociedad no debería medirse únicamente por la riqueza que es capaz de producir, sino también por su capacidad para distribuirla con justicia.

El silencio no es paz social

No creo que esa indiferencia pueda mantenerse indefinidamente.

Porque los problemas que no se resuelven no desaparecen. Se acumulan.

Y cuando las dificultades materiales afectan cada vez a más personas, cuando trabajar deja de garantizar unas condiciones de vida dignas y cuando las expectativas de progreso se frustran, la conflictividad social encuentra nuevos motivos para crecer.

Por eso pienso que, más temprano que tarde, podemos asistir a una intensificación de las movilizaciones sindicales y sociales.

No necesariamente porque los sindicatos quieran aumentar la confrontación, sino porque una parte creciente de la sociedad puede llegar a considerar que no encuentra otras vías eficaces para hacerse escuchar.

Y convendría recordar algo que la historia nos ha enseñado repetidamente.

Las huelgas no son una fiesta. Suponen sacrificios económicos, tensiones personales y responsabilidades colectivas.

Pero muchos de los derechos que hoy consideramos normales no fueron concesiones espontáneas del poder.

Se conquistaron mediante organización, negociación, movilización y, cuando fue necesario, huelgas.

Los sindicatos no crean las injusticias contra las que se movilizan. Pueden contribuir a hacerlas visibles, denunciarlas y combatirlas.

Por eso, antes de preguntarnos si habrá nuevas huelgas después del 29 de noviembre, quizá deberíamos preguntarnos qué políticas podrían evitarlas.

Porque la paz social no se consigue desacreditando a quienes protestan.

Se construye evitando que existan razones cada vez más poderosas para hacerlo.

Gobernar es escuchar, dialogar y negociar

Y quiero terminar con una reflexión que considero fundamental.

Nadie puede pretender gobernar un país democrático, plural y socialmente complejo sin escuchar, dialogar y negociar con los agentes sociales. Con todos los agentes sociales.

Con los sindicatos, que representan y defienden los intereses de los trabajadores.

Con las organizaciones empresariales, que participan en la actividad económica, la inversión y la creación de empleo.

Con las organizaciones agrarias, los representantes de los autónomos, las asociaciones vecinales, las organizaciones de consumidores, los colectivos juveniles, las plataformas sociales y cuantas entidades expresen intereses legítimos de nuestra sociedad.

Cada cual en su ámbito, con su representatividad y conforme a las responsabilidades que le corresponden.

Escuchar a todos no significa que todos tengan razón, ni que cualquier reivindicación deba aceptarse.

Tampoco significa que un Gobierno deba renunciar a su programa electoral o a las responsabilidades que le han confiado los ciudadanos.

Significa comprender que una mayoría parlamentaria otorga legitimidad para gobernar, pero no concede el monopolio de la razón ni convierte el diálogo social en una cortesía prescindible.

La negociación implica escuchar argumentos que no siempre nos gustan, aceptar que nuestras propuestas pueden mejorarse y reconocer que, en ocasiones, el acuerdo exige modificar nuestras posiciones iniciales.

Y también exige responsabilidad a los interlocutores sociales: representar honestamente a quienes dicen representar, formular propuestas viables y mantener su independencia respecto del poder político.

No siempre será posible alcanzar acuerdos. Habrá discrepancias profundas y decisiones que corresponderá adoptar legítimamente al Gobierno y al Parlamento.

Pero una cosa es negociar y no alcanzar un acuerdo, y otra muy distinta es despreciar al interlocutor, descalificarlo o negarle legitimidad para participar.

La democracia no termina cuando se cierran las urnas. Continúa cada día en las instituciones, en los centros de trabajo, en la negociación colectiva y en los espacios donde la sociedad expresa sus necesidades.

Por eso, cuando algunos dirigentes políticos parecen contemplar a los agentes sociales como un obstáculo para gobernar, quizá deberían recordar que esos agentes representan intereses, preocupaciones y aspiraciones de millones de ciudadanos.

No son una molestia que haya que apartar del camino.

Son parte de la sociedad a la que se pretende gobernar.

Y si algo he aprendido durante mi vida sindical es que la autoridad no se fortalece imponiendo silencio, sino ganando legitimidad mediante el respeto, la negociación y el cumplimiento de los compromisos.

Porque gobernar no es mandar sobre una sociedad resignada.

Gobernar es asumir la responsabilidad de construir acuerdos en una sociedad que tiene derecho a discrepar.

Y si algún día dejamos de escuchar a quienes nos advierten de sus problemas, quizá descubramos demasiado tarde que aquella aparente tranquilidad no era paz social.

Era, sencillamente, la costra de la indiferencia.

Una costra que ninguna democracia debería permitirse conservar.