29N: las promesas, las cuentas y las contradicciones
Los programas electorales del PSOE, PP y Vox ante el 29N: derechos, financiación, contradicciones y posibilidades de gobierno.
Hay campañas electorales en las que parece que todo se reduce a una pregunta: ¿quién va a ganar?
A mí me interesa otra, que considero bastante más importante: ¿qué país tendremos después de las elecciones y qué posibilidades reales existirán de mejorar la vida de sus ciudadanos?
Porque una cosa es ganar unas elecciones, otra conseguir gobernar y otra, bastante distinta, disponer de la capacidad política, económica y parlamentaria necesaria para cumplir lo prometido.
He querido examinar los programas del PSOE, del Partido Popular y de Vox desde esa perspectiva. No solo lo que anuncian, sino también lo que han hecho, lo que han apoyado o rechazado y las condiciones que necesitarían para convertir sus propuestas en realidades.
Y, naturalmente, no escondo mis preferencias políticas. Pero tenerlas no me obliga a renunciar al sentido crítico. Más bien al contrario: cuanto mayores son las expectativas que deposito en un proyecto, mayor debe ser mi exigencia hacia quienes pretenden llevarlo adelante.
Tres programas, tres formas de entender el país
El PSOE presenta su programa bajo el lema La fuerza de la gente, con una propuesta de continuidad y ampliación del Estado del bienestar.
El PP habla de Reconstrucción Nacional, partiendo de un diagnóstico de deterioro institucional y defendiendo reformas administrativas, económicas y fiscales.
Vox, con Es sentido común, propone una reducción más intensa de impuestos, modificaciones en las políticas migratorias y sociales, una mayor uniformidad territorial y una revisión profunda de determinadas normas.
Sería injusto afirmar que solo uno de ellos se preocupa por la sanidad, las pensiones, la vivienda o la educación. Los tres incluyen compromisos en estas materias.
Pero sería igualmente engañoso concluir que, porque utilizan palabras parecidas, defienden el mismo modelo de sociedad.
La diferencia está en el contenido de los derechos, en quién puede ejercerlos, en cómo se financian y en qué papel corresponde desempeñar a los poderes públicos.
El Estado del bienestar no se construye con declaraciones
La vivienda constituye un buen ejemplo.
El PSOE propone ampliar el parque público, reforzar la intervención sobre el mercado y aumentar los recursos destinados a facilitar el acceso a una vivienda digna.
El PP apuesta por incrementar la oferta, agilizar la disponibilidad de suelo, reducir obstáculos administrativos y establecer incentivos fiscales.
Vox también plantea aumentar la oferta y derogar la legislación vigente en materia de vivienda, incorporando además criterios de prioridad nacional en determinadas ayudas y prestaciones.
No basta con comparar el número de viviendas anunciadas. Hay que preguntar cuántas serán públicas, cuántas tendrán protección permanente, qué precios podrán pagar sus destinatarios y cuándo estarán disponibles.
En materia laboral encontramos diferencias igualmente importantes.
La reducción del tiempo de trabajo, la protección frente al despido, la negociación colectiva y la prevención de riesgos laborales no son cuestiones menores. Afectan a la distribución de la riqueza, a la salud y a la capacidad de los trabajadores para conciliar su vida profesional y personal.
Y aquí los antecedentes cuentan.
La reforma laboral de 2022 salió adelante por un solo voto. El PSOE la apoyó; el PP y Vox se opusieron, con la conocida incidencia del voto telemático de un diputado popular.
Aquella votación no determina por sí sola todas las posiciones futuras, pero forma parte del historial que los ciudadanos tienen derecho a conocer.
Con las pensiones sucede algo parecido.
El PSOE defiende mantener su poder adquisitivo y reforzar las garantías del sistema. El PP también promete expresamente la revalorización conforme al IPC. Vox plantea medidas relacionadas con el empleo, la productividad y la sostenibilidad.
Por eso no sería correcto afirmar que el PP propone eliminar la actualización por inflación. Lo que corresponde es examinar cómo pretende garantizarla y financiarla.
La reforma de pensiones de 2023 recibió el voto favorable del PSOE, el contrario del PP y la abstención de Vox.
Las votaciones no sustituyen al análisis de los programas, pero ayudan a comprobar la distancia que puede existir entre las declaraciones y las decisiones.
Sanidad y dependencia: los derechos también tienen lista de espera
Hay algo que los ciudadanos conocen mejor que cualquier estadística: el tiempo que transcurre desde que necesitan una prestación hasta que finalmente la reciben.
Los datos oficiales de listas de espera quirúrgicas muestran que España continúa afrontando un problema importante de demoras, con diferencias considerables entre comunidades autónomas.
En dependencia, Andalucía ha aumentado las personas atendidas y reducido determinados indicadores de espera, pero mantiene plazos de tramitación prolongados.
Ambas realidades deben reconocerse.
No tiene sentido negar una mejora comprobable por el hecho de que gobierne un partido diferente al que uno vota. Tampoco lo tiene presentar esa mejora como una solución definitiva cuando persisten dificultades importantes.
Aquí aparece una responsabilidad compartida que demasiadas veces se utiliza para eludir explicaciones: el Estado participa en la financiación y establece garantías comunes; las comunidades autónomas gestionan buena parte de los servicios.
El ciudadano no debería tener que resolver un conflicto de competencias para conseguir que se cumpla un derecho reconocido por la ley.
¿Quién paga las promesas?
Esta es, probablemente, la pregunta más incómoda de cualquier campaña electoral.
El PSOE propone reforzar la financiación de las políticas sociales y aumentar la progresividad de determinados impuestos.
El PP plantea reducciones fiscales, estímulos a la actividad económica y mejoras en servicios públicos.
Vox propone una reducción más amplia de la carga tributaria y del gasto que considera innecesario.
Todas esas propuestas merecen ser examinadas, pero ninguna debería quedar dispensada de presentar sus cuentas.
Aumentar impuestos no garantiza automáticamente una recaudación suficiente. Reducirlos tampoco demuestra que el crecimiento económico compensará la pérdida inicial de ingresos. Y anunciar la eliminación de gasto superfluo no permite contabilizar un ahorro hasta identificar qué partidas desaparecerían y cuánto representan.
El Estado del bienestar requiere financiación estable. Los servicios públicos no se sostienen únicamente con buenas intenciones.
Y conviene recordar otra cosa: un presupuesto expresa prioridades políticas.
Cuando se decide financiar una prestación, reducir un impuesto o posponer una inversión, se está eligiendo entre alternativas que tienen consecuencias para la ciudadanía.
Derechos, igualdad y ciudadanía
Los programas también presentan diferencias importantes en igualdad, inmigración y acceso a prestaciones sociales.
El PSOE propone reforzar derechos y políticas de integración.
El PP plantea reformas migratorias y requisitos de arraigo y contribución, manteniendo expresamente determinados compromisos de protección frente a la violencia de género.
Vox propone una preferencia de los españoles en distintas ayudas y servicios, restringir determinadas prestaciones a nacionales y modificar parte del marco legislativo de igualdad.
No son diferencias puramente retóricas.
Una política migratoria puede legítimamente establecer condiciones de entrada, residencia y permanencia. Pero las restricciones de derechos y prestaciones deben respetar la Constitución, el Derecho europeo y las obligaciones internacionales.
Lo mismo sucede con la protección de las mujeres y los menores.
Un eventual acuerdo de gobierno no debería ocultar qué garantías se mantienen, cuáles se modifican y con qué consecuencias.
La cuestión territorial
España es un Estado descentralizado. La sanidad, la educación y los servicios sociales dependen en gran medida de decisiones adoptadas por las comunidades autónomas.
El PSOE propone reforzar la financiación y la cooperación territorial.
El PP defiende reformar el sistema mediante acuerdos multilaterales, manteniendo el marco autonómico.
Vox plantea una mayor uniformidad estatal en distintas políticas.
Aquí surge una dificultad evidente para una eventual coalición PP–Vox: la coordinación entre administraciones puede ser compatible con la autonomía, pero una recentralización profunda de competencias no es una simple reforma de gestión.
Y también surgen dificultades para el PSOE, cuyos posibles apoyos parlamentarios pueden mantener posiciones diferentes sobre la distribución de recursos y el autogobierno.
La igualdad no consiste necesariamente en tratar de manera idéntica territorios con necesidades distintas. Consiste en garantizar que sus habitantes puedan ejercer sus derechos en condiciones suficientemente equivalentes.
El día después de las elecciones
Llegamos así a una cuestión decisiva.
Los ciudadanos votan programas, pero los gobiernos suelen ejecutar acuerdos.
En una sociedad plural, negociar no constituye una traición a los electores. Es una exigencia habitual de la democracia parlamentaria.
Lo que sí merece una explicación es aquello a lo que se renuncia para conseguir una mayoría.
El PP y Vox comparten determinadas propuestas fiscales, de vivienda y de energía, pero mantienen diferencias relevantes sobre organización territorial, inmigración y algunas políticas de igualdad.
El PSOE puede encontrar coincidencias sociales y laborales con partidos situados a su izquierda, pero necesitaría negociar prioridades, financiación y posiblemente apoyos de formaciones territoriales con intereses distintos.
No todos esos partidos son de izquierda. Tampoco cabe dar por supuesto qué decisiones adoptarían después de las elecciones.
Y no debemos olvidar la experiencia de la legislatura anterior: conseguir una investidura no garantiza aprobar presupuestos ni culminar todas las reformas.
La verdadera prueba de un acuerdo de gobierno no es solamente que permita ocupar los ministerios, sino que haga posible gobernar.
Entre la esperanza y la exigencia
No voy a fingir una neutralidad política que no tengo.
Creo en un Estado social capaz de garantizar derechos, corregir desigualdades y ofrecer oportunidades reales a quienes no disponen de los mismos recursos.
Creo también en la negociación colectiva, en el diálogo social y en la función de los servicios públicos como instrumentos de cohesión.
Pero esas convicciones no me obligan a considerar acertada cualquier decisión de un gobierno socialista.
Hay compromisos pendientes, reformas que no llegaron a culminarse y problemas que siguen esperando soluciones. La vivienda, las listas de espera y las dificultades para acceder a determinadas prestaciones son ejemplos demasiado importantes para esconderlos detrás de una consigna electoral.
Precisamente porque considero necesario fortalecer el Estado del bienestar, creo que debemos exigir resultados.
La esperanza política no debería confundirse con la fe ciega.
Tampoco el sentido crítico debería convertirse en una excusa para concluir que todos los proyectos son iguales y que nada merece la pena.
No lo son.
Las diferencias entre los programas existen, afectan a derechos y servicios concretos y pueden determinar el rumbo de nuestro país durante los próximos años.
Mi esperanza está en que España pueda seguir ampliando derechos, mejorando sus servicios públicos y fortaleciendo la protección social. Mi exigencia consiste en que quienes se comprometan a hacerlo expliquen con qué recursos, mediante qué acuerdos y dentro de qué plazos.
Porque los derechos no caen del cielo. Han sido conquistados, defendidos y desarrollados mediante decisiones políticas, negociación y movilización social.
Y conservarlos, como ampliarlos, exige responsabilidad.
No se trata solamente de seguir avanzando. Se trata de saber hacia dónde, con quiénes, con qué medios y sin dejar a nadie atrás.
El Rincón de Kurro
Documentación principal
- Programa electoral del PSOE, La fuerza de la gente, elecciones generales del 29N de 2026.
- Programa electoral del PP, La Reconstrucción Nacional, 2026.
- Programa electoral de Vox, Es sentido común, 2026.
- Congreso de los Diputados: votaciones de las reformas laboral de 2022 y de pensiones de 2023.
- Ministerio de Sanidad: Sistema de Información de Listas de Espera.
- Imserso: estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- Constitución Española y normativa aplicable a las materias analizadas.
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