¿ES SENTIDO COMÚN?

Vox, la españolización del trumpismo y la posible cremallera de gobierno con el Partido Popular.

Hay expresiones que parecen contener una verdad tan evidente que apenas admiten discusión. «Es sentido común» es una de ellas. ¿Quién se atrevería a defender lo contrario?

Vox ha elegido precisamente esas palabras para titular su programa electoral de 2026.

Pero el sentido común no es patrimonio de ninguna organización política. Tampoco es una ideología ni una verdad universal que dispense de ofrecer explicaciones.

Para valorar un programa electoral no basta con escuchar sus promesas. Hay que examinar sus consecuencias, los derechos que podrían verse afectados, las garantías que ofrece y, sobre todo, las decisiones que sus autores estarían dispuestos a adoptar si alcanzaran el poder.

Y ahí comienza mi reflexión.

Los derechos no cayeron del cielo

España no llegó a su actual sistema de derechos laborales, sociales y civiles por generación espontánea.

Detrás de muchas conquistas hubo trabajadores organizados, mujeres que se negaron a aceptar un papel subordinado, personas que reclamaron vivir su identidad sin discriminación, movimientos ciudadanos, negociaciones, conflictos y decisiones parlamentarias.

Nada de aquello fue gratuito.

Las leyes pueden reformarse. Naturalmente. Una democracia no consiste en declarar intocable toda norma existente.

Pero una cosa es mejorar una regulación y otra proponer su derogación sin explicar suficientemente qué garantías permanecerán vigentes.

Vox propone derogar la reforma laboral de 2021.

Aquella reforma introdujo cambios relevantes en la contratación temporal, recuperó la ultraactividad de los convenios colectivos y modificó aspectos de la negociación colectiva.

No sería correcto afirmar que su derogación eliminaría automáticamente todos esos avances. Dependería de la legislación que se aprobara después.

Pero esa es precisamente la cuestión.

¿Es de sentido común apoyar la derogación de garantías laborales conquistadas durante décadas, aceptando el riesgo de perderlas, sin conocer qué se pondrá en su lugar?

Los derechos laborales no pertenecen a un Gobierno ni a un partido. Forman parte de un sistema de protección construido durante generaciones.

Ponerlos en cuestión merece algo más que un eslogan.

Las mujeres y las conquistas que vuelven a discutirse

La historia de los derechos de las mujeres es también la historia de una transformación profunda de nuestra sociedad.

El acceso a la educación, al empleo, a la autonomía económica, a la participación política y a la igualdad jurídica no fue una concesión espontánea de quienes ejercían el poder.

Fueron conquistas.

Vox propone derogar las leyes que denomina «de género». Afirma que esas normas no han protegido adecuadamente a las mujeres y promete sustituirlas por otras medidas de protección frente a la violencia.

Conviene ser precisos: no sería correcto afirmar que Vox propone dejar sin protección a todas las víctimas. Su programa incluye compromisos de asistencia y protección.

Pero tampoco basta con prometer una protección diferente.

¿Es de sentido común apoyar la derogación de instrumentos específicos de igualdad y protección sin conocer qué garantías conservarán las mujeres y cuáles podrían desaparecer?

Las leyes vigentes pueden presentar deficiencias. Su aplicación debe evaluarse y los errores corregirse.

Lo que no puede darse por supuesto es que eliminar una regulación especializada y sustituirla por otra todavía imprecisa vaya a mejorar necesariamente la protección.

La igualdad no consiste solamente en proclamar que todos somos iguales. También exige reconocer y afrontar las desigualdades que persisten en la realidad.

Los derechos LGTBI: ¿qué se mantiene y qué se modifica?

Durante mucho tiempo, determinadas personas tuvieron que ocultar su orientación sexual o su identidad para evitar el rechazo, la discriminación o incluso la persecución.

Los avances legales no eliminaron de un plumazo todos esos problemas, pero establecieron garantías que antes no existían.

En esta materia conviene distinguir las posiciones históricas de Vox de los compromisos expresamente recogidos en su programa de 2026.

No todas las propuestas formuladas en etapas anteriores aparecen reproducidas en los mismos términos en el documento actual.

Eso no demuestra, por sí solo, un cambio ideológico. Pero tampoco autoriza a atribuirle automáticamente medidas que no aparecen expresamente en el texto.

La pregunta sigue siendo pertinente:

¿Es de sentido común apoyar cambios en la legislación de igualdad sin exigir que se explique cómo quedarán protegidas las personas frente a la discriminación?

Los derechos individuales no deberían depender de que una mayoría comparta las decisiones personales de quienes los ejercen.

Una sociedad plural necesita reglas de convivencia que protejan también a quienes viven, piensan o sienten de manera diferente.

La prioridad nacional: cuando la españolidad se convierte en criterio de acceso

En otras materias, Vox no deja demasiado espacio a la interpretación.

Su programa proclama la prioridad de los españoles en el acceso a determinadas prestaciones, viviendas y servicios.

La medida 18 propone preferencia para los españoles en vivienda pública, guarderías, comedores, transporte y ayudas sociales.

La medida 20 plantea restringir la asistencia sanitaria ordinaria a extranjeros en situación irregular, con excepciones para determinadas urgencias.

Y la medida 22 reserva el ingreso mínimo vital a españoles con menos recursos.

Aquí no hablamos simplemente de una orientación ideológica. Hablamos de propuestas concretas que modificarían las condiciones de acceso a prestaciones y servicios actualmente reconocidos.

Naturalmente, el Estado puede establecer requisitos legales para acceder a determinadas ayudas. También puede ordenar los flujos migratorios, perseguir las mafias y exigir el cumplimiento de la legislación.

Pero no todos los extranjeros son personas en situación irregular, ni toda diferencia de trato resulta jurídicamente admisible.

¿Es de sentido común considerar que una persona que reside legalmente, trabaja, cotiza y cumple sus obligaciones debe quedar excluida de una prestación exclusivamente por no tener nacionalidad española?

La cuestión exige analizar el principio de igualdad, la legislación vigente y los límites constitucionales y europeos.

También exige recordar que los servicios públicos no son únicamente instrumentos de reparto de recursos: cumplen funciones de prevención, cohesión social y protección de la salud colectiva.

¿Está amenazada la españolidad?

Una de las características más visibles del programa electoral de Vox es la insistencia en la identidad nacional como elemento central de su discurso.

La vivienda, la sanidad, las prestaciones sociales y la inmigración aparecen vinculadas a una misma idea: la necesidad de establecer una prioridad para los españoles.

La pregunta es qué significa exactamente proteger la españolidad.

¿Se trata de preservar una lengua, una cultura, unas instituciones y una historia compartida? ¿O de establecer diferencias jurídicas entre quienes conviven en España y cumplen las condiciones legales para acceder a determinados servicios?

No son cuestiones equivalentes.

Los problemas de acceso a la vivienda, precariedad laboral, saturación de servicios públicos o inseguridad pueden generar preocupaciones legítimas. Pero identificar sus causas exige datos, no solamente apelaciones a la identidad.

El programa de Vox ofrece una interpretación en la que la inmigración y la prioridad nacional adquieren un protagonismo considerable.

Esa formulación puede conectar con sentimientos de pertenencia, incertidumbre o temor al cambio.

Es aquí donde cabe examinar su dimensión populista: la presentación de problemas complejos mediante una contraposición entre una comunidad nacional que debe ser protegida y quienes aparecen asociados a las dificultades que atraviesa.

La cuestión no consiste en negar los problemas ni en descalificar a quienes se sienten preocupados por ellos.

Consiste en comprobar si las soluciones propuestas responden a sus causas reales y qué consecuencias tendrían para los derechos y la convivencia.

Porque defender la identidad de un país y restringir determinadas garantías legales son decisiones distintas, aunque puedan presentarse bajo un mismo lema.

Y esta forma de presentar la realidad merece relacionarse con el ruido político que acaba instalándose en nuestra percepción de los acontecimientos, una cuestión sobre la que reflexioné en «España a 120 decibelios».

La españolización del trumpismo

¿Estamos ante una adaptación española del trumpismo?

La comparación no resulta caprichosa. Hay semejanzas en la forma de presentar la nación como una comunidad amenazada, en la centralidad de la inmigración y en la promesa de recuperar un orden político y cultural que se considera debilitado.

En Estados Unidos, Donald Trump popularizó el lema Make America Great Again. En España, Vox presenta su programa bajo una expresión aparentemente menos ideológica: «Es sentido común».

Los dos lemas son distintos, pero permiten plantear una comparación sobre cómo se construye políticamente la idea de recuperación nacional.

La inmigración deja de ser únicamente una cuestión de política migratoria y se vincula con la vivienda, el empleo, la seguridad y los servicios públicos.

La identidad nacional se convierte en un criterio para interpretar problemas que tienen múltiples causas.

En el caso de Vox, esa orientación no se queda en el discurso. Aparece en propuestas concretas de prioridad nacional para determinadas ayudas, prestaciones y viviendas.

El paralelismo con el trumpismo no significa que ambos proyectos sean idénticos ni que respondan a las mismas circunstancias.

España tiene una Constitución, una estructura territorial, un sistema de protección social y obligaciones europeas diferentes de las estadounidenses.

Pero la comparación permite formular una pregunta relevante:

¿Hasta qué punto un discurso de recuperación nacional puede servir para impulsar cambios legislativos que van mucho más allá de la inmigración?

Y, en el escenario de un eventual gobierno de coalición con el PP, aparece una segunda cuestión: ¿qué elementos de ese proyecto podrían incorporarse a un programa compartido?

La respuesta no depende únicamente de los lemas. Depende de las medidas concretas, de las negociaciones parlamentarias y de los límites jurídicos que cualquier gobierno tendría que respetar.

Cuando el sentido común se vuelve ambiguo

Hay otra característica del programa que merece atención: no todas las materias reciben el mismo grado de concreción.

En 2023, Vox proponía expresamente derogar las leyes del aborto y la eutanasia.

En 2026 no reproduce aquellos compromisos en los mismos términos, aunque mantiene su defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

No hablamos, por tanto, de posiciones desconocidas ni de simples interpretaciones de sus adversarios.

Hablamos de planteamientos que formaban parte expresa de su proyecto político y cuya continuidad o abandono no se aclara suficientemente.

¿Ha cambiado Vox de criterio o solamente ha cambiado la manera de presentarlo?

¿Renuncia a aquellas derogaciones o evita concretar ahora sus consecuencias legislativas?

La cuestión no es menor.

El aborto afecta a la autonomía reproductiva de las mujeres; la eutanasia, a las decisiones personales ante determinadas situaciones de sufrimiento y enfermedad.

Son materias sobre las que la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión qué legislación pretende impulsar un partido que aspira a gobernar.

Y resulta especialmente llamativo el contraste con otras partes del programa: mientras las restricciones en inmigración y la denominada «prioridad nacional» se formulan de manera explícita, las consecuencias legislativas de determinadas convicciones morales quedan abiertas.

Esa diferencia de precisión puede responder a diversas razones, incluidas las prioridades electorales o las posibilidades de negociación con otros partidos. Pero ninguna de esas explicaciones queda acreditada por el documento.

¿Es de sentido común apoyar un programa sin exigir que aclare qué pretende hacer con derechos cuya derogación defendía expresamente hace apenas tres años?

Porque una cosa es no formular una propuesta y otra muy distinta haber renunciado a ella.

Y cuando hablamos de derechos, esa diferencia merece una explicación.

Menos impuestos, mejores servicios: ¿dónde están las cuentas?

Vox propone una importante reducción de impuestos, menos cargas administrativas y una disminución del tamaño y del gasto de las administraciones públicas.

Al mismo tiempo, promete mejorar servicios, reforzar determinadas prestaciones, invertir en infraestructuras y aumentar recursos en diversos ámbitos.

Es perfectamente legítimo defender que una Administración más eficiente pueda ofrecer mejores resultados con menos gasto improductivo.

Pero la compatibilidad entre rebajas fiscales, reducción de deuda y mayores inversiones no se demuestra simplemente proclamándola.

Necesita cifras, plazos y estimaciones contrastables.

¿Es de sentido común apoyar simultáneamente todas esas promesas sin conocer con suficiente precisión cómo se financiarán?

Y una segunda pregunta:

Si finalmente los ahorros previstos no fueran suficientes, ¿qué gastos se reducirían?

El programa anuncia también la eliminación progresiva de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y organizaciones no gubernamentales.

En el caso de los sindicatos, el debate no puede reducirse a estar a favor o en contra de una subvención.

Hay que distinguir la financiación pública de la independencia sindical, los recursos destinados a funciones concretas y los derechos de representación y negociación reconocidos legalmente.

El control del dinero público es exigible a todas las organizaciones.

Pero también lo es explicar cómo se mantendrían las funciones de interés general que actualmente se financian mediante determinados mecanismos.

Dos programas que empiezan a encajar

Hasta aquí hemos examinado el programa de Vox.

Pero las elecciones del 29 de noviembre plantean otra cuestión: qué podría ocurrir si el Partido Popular y Vox negociaran un gobierno de coalición.

Para responder no basta con recordar sus declaraciones públicas. Conviene comparar sus programas electorales de 2026.

Y esa comparación ofrece coincidencias concretas.

Ambos proponen derogar la Ley de Vivienda.

Ambos defienden mantener las centrales nucleares y revisar el calendario de cierre.

Ambos plantean rebajas fiscales, simplificación administrativa y un endurecimiento de la política migratoria.

En materia de ocupación ilegal de viviendas, los dos anuncian procedimientos de desalojo acelerados, aunque con plazos y formulaciones diferentes.

No son programas idénticos, pero existen puntos de encuentro que podrían facilitar acuerdos.

La cuestión se vuelve más interesante cuando examinamos las diferencias.

Vox propone suprimir el arraigo como mecanismo de regularización. El PP plantea conservarlo con carácter excepcional.

Vox establece una prioridad nacional explícita para determinadas prestaciones. El PP propone valorar el arraigo y la contribución a España, pero reconoce expresamente que los criterios deben respetar los límites constitucionales y europeos y no pueden basarse exclusivamente en la nacionalidad.

Hay aproximación política, pero también diferencias jurídicas relevantes.

En otras materias, como la violencia de género, el modelo territorial o determinadas políticas sociales, las discrepancias siguen siendo significativas.

Por tanto, no podemos concluir que ambos programas sean intercambiables.

Sí podemos preguntarnos si contienen suficientes coincidencias y espacios de negociación para construir un programa común.

La cremallera de un posible gobierno

Aquí aparece una hipótesis que merece ser considerada.

¿Y si parte de la redacción de ambos programas facilitara una negociación posterior sin obligar a ninguno de los dos partidos a renunciar expresamente a su discurso ante los electores?

La imagen es la de una cremallera.

Dos piezas distintas, cada una con su forma y sus características, que pueden unirse cuando sus puntos de contacto encuentran el encaje adecuado.

Las coincidencias expresas facilitarían los acuerdos inmediatos.

Las diferencias de intensidad permitirían negociar soluciones intermedias.

Y las materias formuladas con menor concreción podrían dejar margen para aplazar decisiones o pactar regulaciones que ninguno de los dos partidos hubiera anunciado literalmente.

¿Significa esto que PP y Vox han diseñado deliberadamente sus programas para encajarlos después?

No podemos afirmarlo como un hecho demostrado.

La coincidencia entre propuestas no prueba una estrategia concertada, y la ambigüedad de un documento puede tener distintas explicaciones.

Pero la comparación permite plantear una hipótesis política razonable: la compatibilidad de determinadas propuestas puede facilitar un acuerdo de gobierno sin exigir que ambos partidos presenten a sus electores un programa idéntico.

El interrogante decisivo es qué ocurriría con las discrepancias.

¿Qué garantías laborales conservaría un acuerdo?

¿Qué legislación sobre igualdad se mantendría?

¿Qué sucedería con el aborto, la eutanasia y los derechos LGTBI?

¿Qué alcance tendría la prioridad en el acceso a prestaciones?

¿Y cuáles serían los límites que cada partido estaría dispuesto a defender durante una negociación?

Porque el programa con el que se solicita el voto no siempre coincide con el que termina aplicando un gobierno de coalición.

Por eso, las expectativas electorales del 29-N deben examinarse con prudencia. Como planteaba en «29N: no es oro todo lo que reluce», una fotografía electoral no resuelve por sí sola las incógnitas sobre las mayorías y sus posibles acuerdos.

¿ES SENTIDO COMÚN?

Al terminar de leer el programa de Vox, la pregunta inicial adquiere un significado diferente.

No se trata de decidir si cada propuesta es buena o mala porque la presente un partido determinado.

Se trata de exigir explicaciones sobre sus consecuencias.

Los trabajadores tienen derecho a conocer qué garantías conservarían si se derogara la reforma laboral.

Las mujeres tienen derecho a saber qué instrumentos de igualdad y protección seguirían vigentes.

Las personas LGTBI tienen derecho a conocer qué sucedería con las garantías frente a la discriminación.

Los ciudadanos, españoles o extranjeros, tienen derecho a saber cómo cambiarían los requisitos de acceso a prestaciones y servicios.

Y todos tenemos derecho a exigir que las promesas económicas sean suficientemente concretas para poder evaluar su viabilidad.

También tenemos derecho a preguntarnos qué parte de los programas electorales podría convertirse en un acuerdo entre partidos que aspiran a gobernar juntos.

Porque una democracia no consiste únicamente en elegir entre eslóganes.

Consiste en conocer propuestas, valorar sus consecuencias y exigir responsabilidades por las decisiones adoptadas.

El sentido común no se demuestra escribiéndolo en la portada de un programa electoral.

Se demuestra explicando lo que se propone, lo que se pretende cambiar, lo que podría perderse y lo que se ofrece a cambio.

Y, cuando existe la posibilidad de un gobierno compartido, explicando también qué compromisos se está dispuesto a negociar.

Después de todo, quizá la pregunta más importante no sea qué entiende cada partido por sentido común.

Quizá sea otra:

¿ES DE SENTIDO COMÚN ASUMIR RIESGOS PARA DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES SIN CONOCER SUS VERDADERAS CONSECUENCIAS?