LA REMODELACIÓN NACIONAL

Feijóo quiere reconstruir una España que no está destruida

Una reflexión sobre la «Reconstrucción Nacional», las propuestas del Partido Popular, la influencia de Vox y esa peligrosa tentación de confundir el Gobierno de España con la propiedad de España.

Hay palabras que no se eligen por casualidad. Y hay otras que, a fuerza de repetirlas, terminan construyendo una realidad en la conciencia de quienes las escuchan.

Reconstrucción Nacional.

Así ha decidido presentar Alberto Núñez Feijóo su proyecto político para España.

Reconstruir.

El verbo presupone que algo se ha destruido. Que existe un edificio derrumbado, unas instituciones reducidas a escombros, una sociedad devastada que necesita urgentemente la intervención de alguien dispuesto a levantarla de nuevo.

Pero ¿es esa la España en la que vivimos?

¿Un país destruido? ¿Una democracia derrumbada? ¿Un Estado incapaz de sostener sus instituciones?

Naturalmente que no.

España tiene problemas. Algunos graves, otros estructurales y demasiados pendientes de solución. Tenemos una crisis de acceso a la vivienda, dificultades en los servicios públicos, desigualdades persistentes, tensiones territoriales y una ciudadanía que contempla con creciente desconfianza el espectáculo político.

Pero una cosa es reconocer los problemas de un país y otra muy distinta declararlo en ruinas.

No pretenden reconstruir una España destruida, porque tal destrucción no existe. Pretenden remodelar una España que no se ajusta a su proyecto político.

Y esa diferencia no es simplemente semántica.

Es profundamente política.

I. El edificio sigue en pie

Lo más revelador es que el propio discurso programático del Partido Popular reconoce que el Estado continúa existiendo y funcionando.

Cuando un proyecto admite que el edificio institucional sigue en pie, pero insiste en presentarse como una operación de reconstrucción, resulta legítimo preguntarse qué pretende realmente reconstruir.

Porque las instituciones españolas no desaparecen cuando gobierna el PSOE.

La Constitución no deja de existir cuando Pedro Sánchez ocupa la Moncloa.

Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los tribunales, las universidades, los hospitales y las administraciones públicas no se convierten en escombros porque las elecciones produzcan una mayoría parlamentaria que no guste a la oposición.

Por supuesto, su funcionamiento puede y debe ser criticado. Hay decisiones gubernamentales discutibles, errores administrativos, problemas de gestión y responsabilidades políticas que exigir.

Pero criticar un Gobierno no equivale a declarar destruido el país que gobierna.

La reconstrucción es una necesidad cuando algo ha quedado arrasado.

La reforma, en cambio, es una opción política cuando se considera que algo debe funcionar de otra manera.

Y lo que Feijóo propone es, esencialmente, un conjunto de reformas orientadas hacia una determinada concepción económica, social e institucional de España.

Puede defenderlas. Está en su derecho.

Lo que cuestiono es que necesite presentar el país como una ruina para justificarlas.

II. Las reformas tienen ideología, aunque se disfracen de reparaciones

Cuando examinamos las propuestas que acompañan a esa denominada «Reconstrucción Nacional», aparecen decisiones que difícilmente pueden considerarse simples operaciones técnicas de reparación.

Las medidas relativas a inmigración, arraigo, prestaciones sociales, símbolos religiosos, políticas familiares o gestión de las incapacidades temporales responden a opciones políticas concretas.

Se puede defender una determinada política migratoria.

Se puede proponer modificar las condiciones de acceso a determinadas ayudas.

Se puede discutir el papel de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal.

Se puede promover un modelo de protección familiar diferente.

Pero nada de eso constituye, por sí mismo, la reconstrucción de un país destruido.

Son decisiones ideológicas que deben someterse al debate democrático, al examen de sus consecuencias y al respeto de los derechos fundamentales.

Por ejemplo, cuando se plantea reforzar los criterios de arraigo o contribución para acceder a determinadas prestaciones, no estamos ante la reparación de un muro derrumbado. Estamos ante una decisión sobre cómo distribuir recursos y establecer prioridades.

Cuando se propone contar a los concebidos no nacidos a determinados efectos de ayudas familiares, se está defendiendo una concepción concreta de la política familiar.

Y cuando se propone ampliar la intervención de las mutuas en la gestión de las bajas laborales, estamos ante una determinada orientación de la política sanitaria y laboral, cuyos efectos sobre trabajadores, empresas y servicios públicos deben analizarse.

Las propuestas pueden ser legítimas y, al mismo tiempo, profundamente discutibles.

Precisamente por eso deben presentarse como lo que son: opciones políticas.

No como reparaciones inevitables que cualquier ciudadano sensato estaría obligado a aceptar.

III. La mochila de Vox

Hay otra circunstancia que merece atención.

Algunas de las propuestas defendidas por el Partido Popular presentan coincidencias o proximidades con posiciones que Vox lleva tiempo promoviendo, especialmente en materia migratoria, identidad nacional y determinadas políticas sociales.

Eso no demuestra que exista un pacto secreto.

Tampoco significa que ambos partidos sean idénticos.

Pero sí permite preguntarse hasta qué punto el PP está adaptando su oferta política al espacio que ocupa Vox y a la posibilidad de necesitar sus votos para gobernar.

Porque una cosa es negociar después de unas elecciones y otra empezar a incorporar, antes de celebrarlas, parte del lenguaje y de las prioridades de quien podría convertirse en socio parlamentario.

Feijóo conoce perfectamente esa realidad.

Y sabe que una victoria electoral no garantiza por sí sola la Presidencia del Gobierno.

En España no basta con ser la lista más votada. Es necesario reunir los apoyos parlamentarios que permitan la investidura.

Por eso resulta razonable examinar la denominada Reconstrucción Nacional también desde la perspectiva de sus posibles alianzas.

La pregunta no es solamente qué propone Feijóo.

Es también qué parte de su proyecto responde a sus propias convicciones y qué parte anticipa las exigencias de un eventual entendimiento con Vox.

No tenemos una respuesta definitiva.

Pero tenemos motivos suficientes para formular la pregunta.

Y, como dice el refrán, sarna con gusto no pica. Aunque, en política, a veces termina mortificando a quienes no participaron en el acuerdo.

IV. Los salvadores de una patria que consideran suya

Sin embargo, hay algo que me preocupa todavía más que el contenido concreto de las propuestas.

Es la concepción de España que parece asomar detrás del lenguaje de la salvación nacional.

Lo preocupante no es que quieran cambiar España. Están en su derecho.

Lo preocupante es que pretendan presentar sus preferencias ideológicas como reparaciones imprescindibles de un país supuestamente arruinado.

Porque detrás de ese lenguaje parece asomar una concepción de la nación que merece ser examinada: la de quienes no se sienten simplemente candidatos a gobernar un país, sino llamados a rescatarlo.

Como si España les perteneciera de alguna manera.

Como si los gobiernos de distinto signo fueran ocupantes provisionales de una casa cuya propiedad legítima correspondiera siempre a los mismos.

Como si ganar unas elecciones no significara recibir un mandato temporal de los ciudadanos, sino recuperar algo que nunca debió salir de sus manos.

Y aquí quiero ser especialmente claro.

No puedo afirmar que Feijóo se considere propietario de España.

Pero estoy convencido de que su discurso de la Reconstrucción Nacional transmite una concepción patrimonial del poder: la de quienes parecen entender que, cuando gobiernan otros, España se pierde; y cuando gobiernan ellos, España se recupera.

Es una convicción política personal, naturalmente.

Pero no nace de la nada.

Nace de escuchar una y otra vez que España está rota, arruinada, sometida o necesitada de rescate.

Como si la alternancia democrática pudiera convertirse en una anomalía que exige reparación.

Como si la legitimidad de un Gobierno dependiera, más allá de la Constitución y del Parlamento, de que sus ideas coincidieran con una determinada concepción de la patria.

Y ahí está, a mi juicio, el verdadero peligro de la retórica de la salvación nacional.

Cuando alguien se considera el salvador de la patria, corre el riesgo de dejar de verse como su servidor.

Porque el salvador no suele presentarse como una opción entre otras.

Se presenta como una necesidad histórica.

No propone simplemente un programa.

Ofrece una redención.

Y cuando la política se transforma en una misión redentora, el adversario corre el riesgo de dejar de ser un competidor legítimo para convertirse en el responsable de una decadencia que solo el supuesto salvador puede corregir.

V. España no tiene escrituras de propiedad

La democracia tiene una virtud extraordinaria: permite que un país sea gobernado sucesivamente por personas y partidos con proyectos diferentes.

Y eso no constituye una desgracia nacional.

Constituye la esencia del sistema.

Los ciudadanos pueden votar a la derecha, a la izquierda, a partidos nacionalistas, regionalistas o a cualquier opción democrática que consideren adecuada.

Pueden cambiar de opinión.

Pueden castigar a un Gobierno.

Pueden devolverle su confianza.

Y pueden construir mayorías parlamentarias complejas que obliguen a negociar, pactar y alcanzar acuerdos.

Nada de eso significa que España haya sido secuestrada, destruida o arrebatada a sus legítimos propietarios.

Porque España no es una herencia política.

No tiene propietarios naturales.

No pertenece a quienes se envuelven con mayor entusiasmo en su bandera ni a quienes proclaman defenderla con mayor vehemencia.

España pertenece a todos sus ciudadanos, también a quienes no comparten el proyecto político de quienes aspiran a gobernarla.

Ningún partido, por muchos votos que obtenga, recibe las escrituras de propiedad del país.

Recibe un mandato democrático, limitado por la Constitución, las leyes, los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones.

Gobernar no es poseer.

Ganar unas elecciones no es recuperar una finca familiar.

Y perderlas no significa que alguien haya ocupado ilegítimamente la casa.

Conviene recordarlo en una época en la que demasiados discursos parecen confundir la patria con el partido y el interés general con la victoria de los propios.

VI. Reformar sin declarar la ruina

Quiero insistir en algo para evitar equívocos.

No sostengo que España funcione perfectamente.

Sería absurdo.

Tampoco sostengo que el Partido Popular carezca de derecho a proponer reformas profundas.

Todo lo contrario.

La democracia necesita alternativas, proyectos diferentes y una oposición capaz de ofrecer soluciones.

Pero también necesita honestidad en el diagnóstico.

Si la vivienda es inaccesible para buena parte de los jóvenes, hablemos de vivienda.

Si la sanidad pública tiene problemas de personal, organización o listas de espera, hablemos de sanidad.

Si existen desigualdades territoriales, dificultades económicas o deficiencias institucionales, discutamos cómo resolverlas.

Y hagámoslo con datos, propuestas y responsabilidades concretas.

No es necesario declarar España en estado de demolición para justificar un cambio de Gobierno.

Ni convertir al adversario en un destructor de la patria para defender un programa electoral.

La crítica política puede ser firme, incluso durísima, sin necesidad de negar la legitimidad democrática de quien gobierna.

Y las reformas pueden ser ambiciosas sin presentarse como operaciones de salvamento nacional.

VII. La casa común

Me gusta imaginar España como una casa grande, antigua, compleja, construida durante generaciones.

Una casa con habitaciones muy diferentes, con reformas pendientes, con goteras que deben repararse y con espacios que necesitan adaptarse a nuevas necesidades.

En ella convivimos personas con ideas, identidades, culturas e intereses distintos.

Unas veces elegimos a unos administradores.

Otras veces, a otros.

Unos prefieren ampliar determinadas estancias.

Otros quieren redistribuir los espacios.

Algunos proponen invertir más en los servicios comunes.

Otros consideran preferible reducir determinados gastos.

Ese es el debate democrático.

Pero ningún administrador puede llegar afirmando que la casa está destruida simplemente porque no le gusta cómo la organizaron sus antecesores.

Y mucho menos comportarse como si, por haber recibido las llaves, hubiera adquirido también la propiedad del inmueble.

La casa es de todos.

También de quienes votaron en contra.

También de quienes discrepan.

También de quienes no se sienten representados por el nuevo Gobierno.

Por eso, cuando escucho hablar de Reconstrucción Nacional, me pregunto si realmente pretenden reparar lo que no funciona o remodelar la casa para adaptarla a una determinada idea de España.

Porque no es lo mismo.

Y sus consecuencias tampoco lo son.

Epílogo. Las llaves y las escrituras

Señor Feijóo:

Puede usted aspirar legítimamente a presidir el Gobierno de España.

Puede defender su programa, criticar al Gobierno actual y solicitar el voto de los ciudadanos.

Puede proponer reformas profundas e incluso intentar alcanzar acuerdos parlamentarios con Vox, asumiendo las correspondientes responsabilidades políticas.

Todo eso forma parte de la democracia.

Pero no necesita presentar España como un país destruido para justificar sus aspiraciones.

Ni proclamarse, explícita o implícitamente, su rescatador.

Porque España no necesita propietarios.

Necesita gobernantes responsables, instituciones sólidas, servicios públicos que funcionen, derechos protegidos y ciudadanos capaces de convivir en la discrepancia.

Y necesita, sobre todo, que nadie confunda su proyecto político con la única España legítima.

No pretenden reconstruir una España destruida, porque tal destrucción no existe. Pretenden remodelar una España que no se ajusta a su proyecto político.

Esa es mi convicción.

Y por eso termino con una reflexión que resume todo lo anterior:

Señor Feijóo, los españoles podemos entregarle las llaves de la Moncloa durante cuatro años. Lo que nunca le entregaremos son las escrituras de propiedad de España.

Porque España no es suya.

Ni mía.

Es nuestra.